Los tres nuevos miembros de la Sala Constitucional se han identificado abiertamente con los intereses del chavismo
En la Sala Electoral, uno de los designados es un diputado del Psuv de la Asamblea Nacional saliente
Desde su posición de jueces, algunos de los nuevos magistrados han actuado a favor del Gobierno
EL PASADO 23 DE DICIEMBRE, la Asamblea Nacional designó a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a 21 suplentes con la votación de la mayoría simple del Hemiciclo. La elección se realizó en sesiones extraordinarias convocadas luego de la finalización del año legislativo, violando los plazos establecidos para las impugnaciones de los candidatos y obviando que la Constitución Nacional establece que tales nombramientos sólo pueden hacerse por medio de la aprobación de los dos tercios del Parlamento.
Los nombres que allí se escogieron van ligados al chavismo. En esa lista de nuevos jueces de la máxima corte de la República están exdiputados del Psuv, ex viceministros del gabinete de Hugo Chávez, abogados identificados ideológicamente con la tolda roja, jueces que han actuado en favor del Ejecutivo y funcionarios que tienen manchas en sus hojas de vida: han sido destituidos y reenganchados.
Consulte, sala por sala, quiénes son los nuevos magistrados del TSJ:
Sala_Constitucional
Calixto Ortega
Calixto Antonio Ortega Ríos es abogado con una maestría en Derecho Político de la Universidad del Zulia (LUZ). Fue diputado de la Asamblea Nacional en los periodos 2000—2005 y 2006—2010 y viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En 2013 fue nombrado encargado de negocios en la embajada de Washington por el gobierno de Nicolás Maduro, cargo que no ejerció por mucho tiempo debido a que fue echado y declarado «persona non grata» por la administración estadounidense, en respuesta a las expulsiones que había efectuado el Ejecutivo venezolano días antes.
Ortega fue candidato por lista del Gran Polo Patriótico en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 por el estado Zulia.
En marzo de 1991, Ortega se convirtió en el abogado defensor de la jueza tercera de menores del estado Zulia, María Cristina Sánchez, quien junto a su secretario protagonizó un gran escándalo al ser acusada de realizar una estafa multimillonaria a los familiares de una tragedia aérea: el vuelo 108 de Aeropostal. Se descubrió que los pagos correspondientes a las pensiones de los afectados por el siniestro eran en realidad giradas a las cuentas personales de los funcionarios.
Luis Damiani
Esta no es la primera vez de Damiani en el máximo tribunal. Desde 2011 ha estado dentro de la institución en calidad de magistrado suplente. Fue así como figuró en la sala Constitucional durante el primer año, y en las salas accidentales de Casación Penal, Civil y Social en los siguientes. Mientras ocupó este cargo, participó en 2013 en la Convención de Eliminación de la Discriminación Racial, en Ginebra.
El abogado, y también sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene una amplia carrera académica compartida entre las aulas de su Alma Mater y las de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde ejerció como rector encargado entre 2009 y 2010 y como profesor de la Maestría en Derecho Internacional Público. En esta misma institución cotizó hasta 2011, de acuerdo con la página del Seguro Social. Actualmente es Doctorando en Ciencias Sociales de la UCV, casa de estudios donde fue jefe del Departamento de Métodos de la Escuela de Sociología.
En 2010 fue designado viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Superior. Es miembro del Directorio del Centro Internacional Miranda, profesor de la Escuela de la Magistratura y autor de diversos artículos de sociología política, del conocimiento y epistemología.
Si bien Damiani no es militante del PSUV, sí se reconoce su identificación con el chavismo. Lo dejó claro, por ejemplo, durante su intervención en un foro organizado por la Escuela de Formación Integral de la Asamblea Nacional «Carlos Escarrá» el pasado 16 de diciembre. Allí, en el salón Batalla de Carabobo en el Museo Boliviano del parlamento, finalizó su discurso con un «Venceremos» y la advertencia del peligro que se cierne sobre el país ante un Hemiciclo dominado por la oposición.
En el mismo acto, rechazó la oferta de la MUD de entregar títulos de propiedad a los habitantes de los urbanismo construidos por la Misión Vivienda.
«Y tenemos que tener mucho cuidado con ese disparate que están prometiendo la oposición de entregarle los derechos de propiedad de los apartamentos, porque seguro vamos a ver que va a pasar igual que con Acción Democrática cuando cedieron los terrenos que fueron vendidos rápidamente a los terratenientes. Apartamentos que se dan a vender y con ese dinero van a volver a construir un rancho (…) Es necesario trabajar con la conciencia para derrotar el individualismo, el egoísmo y poder pensar dentro de los valores de solidaridad que se encuentra en nuestra Constitución», afirmó.
Lourdes Suárez Anderson
Se trata de la hermana de Danilo Anderson, el fiscal que fue asesinado el 18 de noviembre de 2004 con un explosivo que detonó dentro de su camioneta. Suárez Anderson apoyó y colaboró con las investigaciones del caso y siempre estuvo del lado de la versión oficial, al contrario que otros de sus dos hermanos, quienes aún señalan que el homicida está dentro del gobierno venezolano.
Durante las investigaciones, actas de declaraciones del proceso salieron a la luz a través de los medios de comunicación. En una de estas, Suárez Anderson aseguró que, a pesar de nunca haber conocido al abogado y amigo de su hermano, Sócrates Tiniacos, éste la llamó para entregarle más de 80 millones de bolívares que le había dejado el asesinado, porque el resto del dinero -de acuerdo con la disposición de Anderson- había que repartirlo entre dos fiscales, cuatro jueces y tres abogados, “uno de ellos representante de un banquero».
Pero, Suárez Anderson desmintió la veracidad de las actas publicadas al poco tiempo de que se conocieran, así como también la afirmación de Carlos Herrera, concejal y amigo de su hermano asesinado, quien la acusó de haber desaparecido unas motos de agua propiedad de la víctima.
La abogada se puso del lado de la familia que sostenía las tesis arrojadas por el gobierno. Al final, el caso fue archivado.
De acuerdo con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Suárez Anderson entró en enero de 2011, en la nómina de la Defensa Pública. En ese organismo fue coordinadora de Apoyo Técnico Pericial, de Vigilancia y Disciplina y, desde noviembre del año pasado, directora de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Esta no era la primera vez que Suárez Anderson se postulaba como magistrada. La lista de los Comités de Postulaciones Judiciales de los años 2010 y 2014 señalan que ya lo había hecho, sin éxito, tanto en 2010 como en 2014.
Sala Penal
Juan Luis Ibarra
Abogado egresado de la Universidad Santa María, con al menos tres estudios de postgrado en Derecho y Ciencias Penales.
Fue magistrado titular de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua. En 2007 fue destituido de su cargo como juez rector de la Circunscripción Judicial del estado Aragua y los medios lo vincularon al exgobernador Didalco Bolívar. El 28 de enero de 2015 regresó a la Corte de Apelaciones de Aragua.
Entre sus sentencias más recientes está la reafirmación a 8 años de cárcel a los ciudadanos Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado.
Yanina Karabín
Fue la suplente que asumió el cargo de la magistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ, Ninoska Queipo, quien en octubre de 2012 falleció como consecuencia de una infección masiva debido a una lipoescultura.
Su nombre completo es Yanina Beatriz Karabín Marín de Díaz y nació en Barquisimeto. Según el IVSS trabaja desde abril de 2008 en la Dirección Administrativa Regional del estado Lara. Allí ha sido presidenta del Circuito Judicial Penal de la entidad y magistrada integrante de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del estado Lara.
Es hermana de Luis Karabín, subdirector del Cicpc y también ex director de la Policía Nacional Bolivariana, y esposa de Luis Díaz, abogado que heredó las causas que ella llevaba en Lara una vez que pasó al TSJ.
A Karabín de Díaz se le ha señalado por sus vínculos con el exmagistrado Eladio Aponte Aponte. Fue ella quien se encargó de los casos que este había llevado antes de ser destituido por sus supuestos lazos con el narcotraficante Walid Makled. Su nombre fue mencionado en las causa del secuestrador Leonardo Del Moral, quien salió en libertad. La entonces presidenta del Circuito Penal de Lara había anulado la recepción de pruebas que lo incriminaban.
La hoy magistrada ya había optado para el cargo de principal en un par de oportunidades: en 2010 y en 2014. En esta última, su candidatura fue impugnada.
Sala Político Administrativa
Marcos Medina
Posee una larga trayectoria en cargos del TSJ: ha sido abogado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, juez de instancia, juez de violencia contra la Mujer en el estado Lara, juez presidente de la Corte de Apelaciones y presidente del Circuito Judicial Penal del estado Táchira en 2011.
Medina fue designado el 29 de abril de 2015 como Juez Rector de la Circunscripción Judicial del estado Táchira y ahora es uno de los magistrados seleccionados por la presente AN para la Sala Político Administrativa.
Eulalia Coromoto Guerrero
A Eulalia Guerrero, de 51 años, se le identifica como parte del entorno de la magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Laboraba en el despacho número 1 de la Sala Constitucional.
El 20 de mayo de 2015 fue designada coordinadora general encargada de la Inspectoría General de Tribunales, adscrita al TSJ, según Gaceta Oficial 40.664.
Asiste como representante del Alto juzgado en eventos nacionales e internacionales. A comienzos de octubre de 2015, participó en el «Congreso internacional sobre criminalidad y sistemas de justicia penal en América Latina y el caribe», celebrado en San José de Costa Rica, encabezando la delegación venezolana junto con la magistrada Francia Coello González, vicepresidenta de la Sala de Casación Penal y el embajador de Venezuela en Costa Rica, Jesús Javier Arias Fuenmayor.
El 30 de diciembre de 2014, asistió junto con el juez José Luis Agüero, ambos en representación del TSJ, a la inauguración de los Tribunales penales municipales de los estados Lara y Monagas (AVN).
Antes de trabajar en el TSJ, fue coordinadora integral del despacho de la Procuraduría General de la República según designación publicada en Gaceta Oficial 39.542 del 01/11/2010. Prestó servicio en este organismo hasta junio de 2011, indica su ficha de cotización del IVSS. [/accordion]
Sala Civil
Vilma Fernández
Nació en Sabaneta, mismo lugar de nacimiento de Hugo Chávez, el 11 de marzo de 1970. Es abogada egresada de la Universidad De Los Andes (ULA-Mérida). Se especializó en Derecho Penal en la Universidad Santa María (Barinas).
En 2002 ocupó el cargo de asesor jurídico de la Contraloría General del estado Barinas; de 2004 a 2006, fue Jueza Suplente del Tribunal de Control N° 01 del Circuito Judicial del estado Barinas; en 2006 pasaría a ser Jueza Titular de Primera Instancia por Concurso de Oposición; posteriormente, funge como Jueza Provisoria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas y, desde 2011, fue juramentada por Luisa Estella Morales como Jueza Rectora del Poder Judicial del Estado Barinas y como Jueza Presidenta del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
Francisco Velásquez
Francisco Ramón Velásquez Estévez ya conocía los predios del Alto juzgado. El ahora magistrado por la Sala Civil del TSJ fue designado magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ el 28 de diciembre de 2014, según designación de la Asamblea Nacional (publicado en Gaceta Extraordinaria 6.165).
Nacido en San Fernando de Apure hace 42 años, Velásquez Estéves fue juez superior civil, juez rector y presidente del circuito judicial de su estado natal.
A Velásquez Estévez no le ha frenado el mandato de que los magistrados no deben demostrar inclinaciones partidistas. Como suplente de la Sala Constitucional, el 12 de marzo de 2015 participó en un foro abierto en Apure sobre la sentencia 100 emitida por el TSJ, que consideraba una injerencia y un acto de agresión el decreto Obama, que implicó la sanción a 7 funcionarios venezolanos y tildó al país de amenaza para EEUU.
En 2012, actuó como juez rector y coordinador del Circuito de Protección de Niños, Niñas y adolescentes de la circunscripción judicial del estado Apure.
Trabaja en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) desde el primero de julio de 2009, según su ficha de cotización del IVSS.
Iván Darío Bastardo Flores
Para 2007, tenía diecisiete años de servicios dentro de la Administración Pública desglosados de la siguiente manera: seis años en la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP); cuatro años como abogado del Tribunal Supremo de Justicia; siendo designado Juez en fecha 27 de noviembre de 2000, tomando posesión del cargo el 15 de enero de 2001, en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, siendo juramentado como Juez titular el 19 de mayo de 2006.
Compitió para ser designado magistrado del TSJ en 2014, proceso en el cual no fue seleccionado luego de que se señalara que estaba inhabilitado.
La ley exige que los postulados no tengan manchas en sus hojas de servicio judicial; pero Bastardo, junto con Maikel José Moreno –hoy también magistrado del Tribunal Supremo de Justicia– y Jesús Bravo Valverde, en su carácter de jueces integrantes de la Sala n° 7 (Accidental) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fueron revocados por admitir una apelación de la Fiscalía, pese a saber que la Sala Constitucional ya había tomado el caso y había determinado una serie de medidas.
El resultado de aquella decisión fue la destitución de Bastardo como juez de la corte mencionada por un “error grave e inexcusable”. Tal acto fue perdonado en 2009 y por eso lo designaron juez titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Ordinario. El caso por el cual destituyeron a estos funcionarios fue el proceso judicial abierto contra Edward Báez y Johnny Esté, acusados de asesinar a Consuelo Ramírez en 2003.[/accordion]
Sala Social
Jesús Manuel Jiménez Alfonzo
Fue juez vigésimo de juicio del Circuito Judicial penal del Área Metropolitana de Caracas, institución que durante 2015 también presidió.
Su nombre fue llevado hasta la Corte Disciplinaria en 2012, luego de que se le señalara de haber negado la solicitud de revocatoria de la medida de privación de libertad de un joven, a quien también le retrasó la causa por casi dos años. La causa fue sobreseída.
Jiménez Alfonzo ha salido a relucir en un par de casos conocidos en el país. En diciembre de 2014, declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por fiscales del Ministerio Público en contra del sobreseimiento de la causa de Gran Alexander Ritchie Silva y Eduin Flores Suloaga, empresarios de Degran & Compañía, C.A y Ediperca, dos de las implicadas en “la mafia de las cabillas”. A los señalados se les había imputado por el delito de concierto de funcionario público con contratista, luego de haber pactado con la empresa Orinoco Iron obviando todos los procesos de licitación y mecanismos internos de la estatizada. La decisión tuvo un efecto extensivo a favor de Luis Velásquez, quien había sido director de comercialización de Sidor, presidía la comisión de transición en las briqueteras Matesi y Orinoco Iron y era amigo del actual gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
El otro caso en el que participó Jiménez Alfonzo fue en el del periodista Leocenis García, acusado en 2010 de porte ilícito de armas, extorsión, y resistencia a la autoridad. En junio de ese año, el abogado defensor de García, Pedro Aranguren, reclamó ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una decisión del juez, luego de que este anulara una recusación sobre el caso que él mismo había llevado. Aranguren declaró que tal actuación era una “violación del derecho a la defensa y del debido proceso”.[/accordion]
Sala Electoral
Christian Zerpa
La ficha biográfica del exdiputado está en la web del Psuv, donde se cuentan sus andanzas académicas y políticas. Zerpa egresó como abogado y politólogo de la Universidad de Los Andes, casa de estudios en donde continuó el activismo político que había ejercido desde el bachillerato. Es allí donde, según él, comenzó a simpatizar con las ideas de Hugo Chávez, lo que luego le llevó a afiliarse al MVR y, posteriormente, a ser promovido a diversos cargos públicos dentro de la Gobernación de Mérida, cuando estaba comandada por el chavista Florencio Porras; el Despacho de la Presidencia de la República y comandos de campaña del PSUV.
En 2010 fue elegido diputado a la Asamblea Nacional por la tolda roja, luego de haber ganado en el Circuito 1 del estado Trujillo. En el parlamento, integró la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración y fue parte del Bloque Parlamentario Región Los Andes.
El pasado mes de octubre, durante una reunión con los miembros del Comité de Derechos Humanos de la Unión Inter Parlamentaria (UIP), afirmó que en Venezuela existía una “plena separación de los poderes públicos” dentro del marco del estado de derecho constitucional.
Zerpa perdió en las elecciones primarias del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) por el estado Trujillo este año, lo que le impidió postularse nuevamente como diputado.
Fanny Márquez Cordero
La magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por designación de la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015 tiene experiencia en el área económica.
La abogada es Intendente Nacional de Tributos Internos del Seniat, en calidad de titular, desde el 11 de septiembre de 2015, registra la Gaceta Oficial 40.743. El cargo lo ocupada desde 2008, luego de la destitución de una veintena de intendentes del Seniat.
También, se desempeña como vicepresidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), cargo para el que fue nombrada por el presidente Nicolás Maduro el 4 de enero de 2015. Junto con el presidente del organismo, Rocco Albisinni, tiene la tarea de «repotenciar el sistema de comercio exterior», fortalcer la generación de fuentes de divisas y «velar por su uso correcto».
