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Los que no se rinden | Codhez: Defensoría, Fiscalía y tribunales son instituciones anuladas
Las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia
La última Encuesta sobre Seguridad Alimentaria realizada en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, demuestra que el programa CLAP es inviable: la comida subsidiada no cubre las necesidades nutricionales de las familias ni está llegando a los hogares con la periodicidad que anuncia el gobierno

@nelapalaciosr

 

La Comisión para Derechos Humanos del Estado Zulia ( Codhez ) advierte que la Defensoría del Pueblo, los tribunales y el Ministerio Público son instituciones anuladas en Venezuela, porque ni están protegiendo a los venezolanos de violaciones de derechos humanos ni están defendiéndolos de los abusos de poder ni están sancionando a sus responsables, de manera efectiva.
El abogado Juan Berríos Ortigoza, coordinador general de Codhez y doctor en derecho, resalta también  que la calidad de vida del pueblo zuliano ha empeorado aún más tras la pandemia del coronavirus, especialmente por la inseguridad alimentaria y el colapso de los principales servicios públicos estatales: agua potable, electricidad, salud y educación, entre otros.
Además, las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019.

¿Cuántos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas ha registrado Codhez en el estado Zulia hasta el momento?

Destacamos los casos registrados a partir de 2017, cuando documentamos, en el contexto de las manifestaciones de ese año, la detención de al menos 635 personas, entre quienes 245 fueron presentadas ante un tribunal: 160 de ellas ante un tribunal penal ordinario, y 85 ante un tribunal militar. En ese mismo contexto reportamos la muerte de 14 personas, que aún se encuentran impunes, incluyendo la de Adrián Duque, un caso que hemos acompañado. También resaltamos la situación de tortura sexual a la que fue sometida una persona detenida ese año luego de haber sido detenida por manifestar. Este caso aún espera justicia.
Entre enero y febrero de 2019 también se desarrollaron protestas que conllevaron a detenciones arbitrarias. En específico, el 23 de enero registramos la detención de 57 personas. En este caso, a pesar de que los detenidos habían sido aprehendidos en lugares distintos, horas distintas, y no se conocían entre sí, fueron presentados ante los tribunales en lotes, en procedimientos masivos.

Con respecto a las muertes como consecuencia de la violencia policial en presuntos enfrentamientos, en 2018 monitoreamos 279 casos, mientras que el año pasado este número escaló hasta 657: 250 en el primer semestre y 407 en el segundo semestre. En contraste, en esos presuntos enfrentamientos, murieron dos funcionarios policiales en 2018 y tres en 2019. Detalles de estos y otros temas han sido publicados en nuestro informe anual 2019 sobre la Situación general de los derechos humanos en el Zulia: 


También publicaron un informe anual sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo. Precísenos las principales conclusiones de esa encuesta, por favor

Este informe contiene el estudio que hemos realizado en 2019 para diagnosticar el contexto del derecho a la alimentación en la segunda ciudad más poblada de Venezuela. En general, los resultados de nuestra segunda Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo demuestran que se ha mantenido la tendencia negativa de los datos arrojados en el 2018 y, en particular, la mayor vulnerabilidad de las poblaciones de los estratos socioeconómicos D y E, y de los wayuu y afrodescendientes.

Con esta encuesta quedó demostrado que el programa CLAP es inviable porque ningún hogar recibió esa caja o bolsa de comida cada mes, y mucho menos cada quincena.

Si bien el quebrantamiento del orden constitucional y democrático ha conllevado a una emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis responden a problemas estructurales. Tememos que no hay conciencia de este carácter estructural de la crisis y, por ende, que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.

Es preocupante, además, que el Estado esté siendo gestionado por grupos que anteponen la lucha por la conservación del poder político al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin discriminación alguna.


La encuesta que se realizó revela que 84,9% de los hogares reportó preocupación porque los alimentos se acabaran. 8 de cada 10 hogares se quedó sin alimentos. En 8 de cada 10, los adultos dejaron de tener una alimentación saludable, tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos y comieron menos de lo que debían. También en 8 de cada 10, los adultos sintieron hambre pero no comieron; en 3 de cada 4, los adultos dejaron de desayunar, almorzar o cenar.  Y en 2 de cada 10, los adultos comieron solo una vez al día o dejaron de comer durante todo un día.

La situación alimentaria de los menores de edad también es muy preocupante: en 7 de cada 10 hogares, niños y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable. En 5 de cada 10, dejaron de desayunar, almorzar o cenar. En 6 de cada 10, sintieron hambre, pero no comieron. Y también encontramos hogares donde los niños y adolescentes comieron una sola vez al día o no comieron nada durante todo un día. El ingreso de las familias es insuficiente para comprar alimentos.

La mitad de hogares encuestados declaró ingresos de 200.000 bolívares (Bs) o menos (equivalentes a USD 13,03 para la fecha de la encuesta) y gastos para alimentarse entre 200.001 y 500.000 Bs (USD 13,03 a USD 32,56 en agosto de 2019). Esta incapacidad de las familias para valerse por sí mismas demuestra los problemas que experimenta la mayoría de hogares para acceder a alimentos, en particular, los proteicos como las carnes. El informe completo está al alcance de todos en nuestro portal: 


Violación sistemática de derechos humanos


¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21 para Venezuela?

Las últimas dos décadas han conllevado a mayor pobreza, y por tanto, a una violación sistemática de derechos humanos. Hemos observado cómo el desconocimiento de las libertades ha supuesto el quebrantamiento de las estructuras económicas y sociales, y por tanto, la precarización de las condiciones para un nivel de vida adecuado, mientras se han debilitado, y luego anulado, las instituciones que debían contener y sancionar los abusos en el ejercicio del poder político: tribunales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo.

¿Cómo evalúa Codhez la actuación del TSJ, Ministerio Público y órganos del Poder Moral en Venezuela?

Se trata de instituciones que no han cumplido con su propósito constitucional: proteger y garantizar los derechos humanos, investigar las violaciones a éstos y sancionar a los responsables. La evidencia de que no han cumplido con ese propósito es la emergencia humanitaria compleja que padecemos.

Transición y democratización

Si llega a abrirse un proceso de transición y democratización en Venezuela, ¿cuáles serían las tres principales recomendaciones que daría a los líderes de ese proceso para garantizar el respeto de los derechos humanos en territorio nacional y corregir las fallas del sistema actual?

La primera, considerar la preeminencia de los derechos humanos como premisa fundamental e ineludible que debe orientar todas las decisiones que se tomen. Este es un valor previsto en la Constitución no por casualidad sino porque es el desiderátum de la sociedad venezolana: el respeto, la protección y la garantía de la dignidad humana deben preponderar. En consecuencia, deben atenderse con urgencia, desde ya incluso, las necesidades de la gente: desconocer los problemas sociales incentiva el desinterés general por la participación política.

Asimismo, la transición no debe ser entendida solo como un arreglo político-partidista o de élites. Reclama, para su legitimidad y viabilidad, ser entendida como un proceso que conlleve a la justicia, la recuperación de la confianza, la integración social y, por tanto, la restauración democrática, que no se logrará si no se reconoce la diversidad política, cultural y social propia de cualquier sociedad.

El desafío será apreciar la cuestión nacional de la transición no como una coyuntura, sino como una problemática estructural que exige conversaciones, difíciles pero necesarias, para revisar de forma consciente las causas de esta emergencia histórica. En estas conversaciones debe darse lugar a la participación de la sociedad civil.

¿Cómo describiría usted la situación de los derechos humanos de los zulianos actualmente? Tomando en cuenta los informes anuales que publica Codhez y que evalúan a profundidad temas tan sensibles como el de la situación del sector salud, la crisis eléctrica, el hambre, la desnutrición y la falta de servicios públicos tan básicos como el del suministro de agua potable, ¿cuáles serían los principales problemas que enfrenta el Zulia hoy y cómo podríamos empezar a solucionarlos?

Para solucionarlos es necesario que se reconozcan. Esto no ha ocurrido. Los zulianos sentimos que estos problemas son ignorados. Y de hecho, entendemos que es un sentimiento compartido por el resto del país. Priorizar, aunque es una tarea necesaria, es difícil en una circunstancia tan compleja. En todo caso, pudiéramos apuntar a un plan de recuperación económica como una fórmula necesaria para incentivar la mejora de las condiciones básicas de vida.

En el Zulia ha habido iniciativas recientes en este sentido en el ámbito académico. El restablecimiento de la prestación de los servicios de electricidad y agua potable con calidad para todos es, de seguro, una reivindicación que la mayoría de los zulianos identificaría como primordial. También, el de los servicios de salud y educación, que han sido muy afectados en los últimos años. La deficiencia en estos ámbitos está comprometiendo nuestro presente y futuro. En todo caso, esto debe ocurrir en un escenario que propicie seguridad, respeto, protección y garantía a las libertades, con instituciones de justicia y defensa de los derechos humanos que cumplan con su rol constitucional.

5 años y contando…

¿Cómo y cuándo nace esta organización?

Codhez fue fundada en junio de 2015 por iniciativa de cinco abogados que convergimos en la documentación y defensa de situaciones violatorias de derechos humanos durante las manifestaciones contra el gobierno nacional en 2014. En esa época se conformó una coalición de profesores y estudiantes de derecho de las universidades del Zulia y Rafael Urdaneta, el Colegio de Abogados del Estado Zulia, y abogados voluntarios, para registrar lo que estaba ocurriendo, y además, prestar asistencia legal gratuita a quienes fueran detenidos de forma arbitraria. El registro quedó asentado en un par de informes que dieron cuenta, con detalle, de lo que había ocurrido en el Zulia.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

En la época en que convenimos fundar Codhez, a mediados de 2015, el contexto era de persecución y violencia política, aunque ya eran evidentes los síntomas de lo que luego evolucionó a una emergencia humanitaria compleja. Desde entonces, la situación, en relación con el respeto, la garantía y la protección a los derechos humanos solo ha empeorado. No obstante, a pesar de las dificultades, diversas iniciativas sociales y comunitarias se han desarrollado, en procura de la reivindicación de los derechos de todos, propiciando el espacio cívico necesario para lograr la restauración del orden democrático en el país.

¿En qué áreas se desempeña la organización?
Nuestro propósito es observar la situación general de los derechos humanos en el Zulia, hemos atendido casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, también, hemos hecho seguimiento de la situación de inseguridad alimentaria a través de una encuesta basada en el cuestionario tipo de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Elcsa), y del monitoreo quincenal de la oferta y el precio de los alimentos desde octubre de 2018 en el municipio Maracaibo.

En los últimos meses hemos proseguido nuestro estudio sobre inseguridad alimentaria mediante un sondeo aplicado mediante un formulario electrónico con el objetivo de conocer la situación en otros municipios del Zulia, indagando sobre el consumo diario y semanal de alimentos, así como las estrategias que afrontan los hogares para lograr alimentarse.

¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta Codhez?

Unos eran abogados litigantes, otros recién estaban comenzando sus carreras profesionales en el área del derecho, y en mi caso, aún me dedico a la docencia y la investigación jurídica en el área universitaria. En cierta forma ya estábamos involucrados, aunque desde nuestros espacios, en la promoción y defensa de los derechos.

¿Qué servicios ofrece?

Promovemos y defendemos derechos humanos a través de la documentación de situaciones violatorias, prestando asistencia legal y acompañamiento psicológico en caso de ser necesario. También, hemos realizado talleres de formación para activistas, abogados y periodistas, en tanto actores claves para la reivindicación de los derechos humanos.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En este momento en Codhez hay 10 personas activas en nuestra organización en las áreas de documentación, empoderamiento (asistencia psicológica y trabajo comunitario), defensa (asistencia legal) y comunicaciones.

 

Alianzas estratégicas


¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

En 2017 tuvimos como iniciativa la conformación de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), que agrupa un conjunto de 15 organizaciones y activistas de derechos humanos en diversas áreas: derechos de las mujeres, ambientales, pueblos indígenas, salud sexual y reproductiva, salud mental, movilidad urbana, y anticorrupción, y que al día de hoy es una referencia de trabajo colectivo por los derechos humanos en la región zuliana y el país.

De hecho, desde 2018 organizamos un Encuentro por los Derechos Humanos, como estrategia para incentivar el espacio cívico en nuestra región, con el objetivo de reunir y propiciar alianzas entre diversidad de actores de la sociedad civil zuliana (activistas y organizaciones de derechos humanos, fundaciones, gremios, universidades).

También, hacemos parte de la red nacional de defensores de derechos humanos, y en concreto, hemos sido apoyados por Civilis, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el ámbito internacional, hemos promovido actividades en conjunto con Asuntos del Sur, una organización argentina que promueve la innovación política.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

El Zulia es una región muy empobrecida. La vulnerabilidad de las personas que hemos atendido viene dada por cuestiones estructurales, entre otras, situaciones de precariedad económica, abandono, violencia, inseguridad, amenazas y abusos de funcionarios civiles y militares, que empeoran por la falta de respuesta de las instituciones que tienen el mandato constitucional de resolver esas situaciones.

¿En qué zonas operan?

En la actualidad Codhez opera en Maracaibo, aunque hacemos un monitoreo sobre la situación general en toda la región: Guajira, Perijá, Sur del Lago y Costa Oriental del Lago.

¿Cuentan con voluntariado?

Sí, contamos con una red de voluntarios que nos apoyan, en particular, para nuestras tareas de documentación y promoción de nuestros eventos, sobre todo para el Encuentro por los Derechos Humanos y la Feria de Derechos Humanos.

¿Cómo pueden ayudar a esta organización las personas que estén interesadas en hacerlo?

En la documentación, reportando sus denuncias de situaciones violatorias a derechos humanos en toda la región a través de los canales que tenemos a disposición: nuestras redes sociales (@Codhez en Facebook, Instagram y Twitter), nuestra web o nuestra dirección de correo electrónico [email protected] Asimismo, cada año Codhez convoca un encuentro para voluntarios, de modo que cualquier persona interesada puede asistir y manifestar su disposición a apoyarnos en cualquier otra área.

Retos y desafíos

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

En este momento, el desafío de Codhez es mantener nuestros estándares de trabajo ante los riesgos de salud por la pandemia, y las dificultades asociadas a la emergencia humanitaria compleja, entre otras, la precarización de las condiciones de vida que solo se intensifican con el paso del tiempo.

 



Las amenazas vienen dadas por la hostilidad propia del contexto político. Nadie está exento de aquellos riesgos ni de estas amenazas. El compromiso por reivindicar un hogar mejor para todos los zulianos es nuestro sostén.

¿Podría detallarnos algunos casos emblemáticos o testimonios del trabajo realizado por Codhez de los que se sienta especialmente orgulloso?

En general, lograr la libertad de personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas es uno de nuestros primeros méritos. En tiempos más recientes, sumar a la discusión pública la situación de inseguridad alimentaria en la región zuliana, es también una importante contribución de Codhez.

Quizás la Feria de Derechos Humanos como espacio de encuentro es nuestra contribución a la esperanza por una vida buena. Un espacio que, desde hace cuatro años, convoca a involucrarse en el activismo por la reivindicación de nuestros derechos, demostrando que en nuestra diversidad podemos reunirnos para conversar sobre lo humano.

En la Feria activistas y organizaciones de derechos humanos del Zulia, Venezuela y América, convergen para presentar su trabajo al público. Además de los ciclos de conferencia, en la agenda se incluyen obras de teatro, danza, música, exposiciones de arte, conciertos en vivo, entre otras expresiones culturales, para masificar la cultura en derechos humanos.

Los que no se rinden

Los que no se rinden | Transparencia Venezuela: Para vencer a la corrupción necesitamos transformar al sistema 

 

Fiscalía pide al TSJ que aclare si Voluntad Popular es una organización terrorista
Tarek William Saab culpó al partido político de las protestas de 2014 y 2017, así como de la salida de DirecTV y de impedir que tanqueros iraníes llegaran al país con gasolina y aditivos

 

El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, introdujo este lunes 25 de mayo ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, para determinar si Voluntad Popular es una «organización terrorista» y si puede ser sancionada como tal.

William Saab considera que la tolda naranja tiene una «historia criminal» y por consecuencia «debe ser disuelta» y recibir sanciones por ello.

El fiscal recordó que el partido fundado por Leopoldo López y del que el presidente (e) Juan Guaidó era militante, forma parte de una «trama neonazi», y considera que un «prólogo» de esto sería el golpe de Estado de 2002.

«Recordemos cómo Leopoldo López y otros personajes salieron a la calle la mañana del 12 de abril de 2002 a apresar a miembros del Estado venezolano sin orden judicial, como nosotros que teníamos inmunidad parlamentaria; además de ministros y gobernadores», indicó Saab.

William Saab culpó a los dirigentes de Voluntad Popular de presionar a AT&T para que sacara a DirecTV de Venezuela y pedir a Estados Unidos que impidiera que los tanqueros iraníes llegaran al país con gasolina y aditivos. «Han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio», sentenció. 

Guaidó no acudirá a la Fiscalía pese a citación de Saab
Guaidó afirmó que Saab “no tiene funciones”, por lo cual no asistirá a la Fiscalía

El presidente encargado Juan Guaidó informó que no acudirá a la Fiscalía este jueves 2 de abril, pese a la citación que le impuso Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC.

Saab citó a Guaidó a la Fiscalía para declarar sobre  los señalamientos en su contra por parte del mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones.

Vale acotar que Guaidó fue señalado de supuestamente aprobar una acción militar contra el mandatario Nicolás Maduro.

Durante una entrevista en EVTV, Guaidó indicó que la citación “no tiene mucho sentido” debido a que Saab “no tiene funciones”.

En tal sentido, Guaidó expresó: “En mi prerrogativa constitucional como presidente del Parlamento y presidente encargado no le da funciones y mucho menos a un usurpador para citarme”.

“Debería citar más bien a aquellos señalados de narcotráfico, incluso si quiere hacer una parodia de que cumple funciones cuando lo que hace es perseguir a los que piensan distinto”, agregó.

 

Por otra parte, criticó que Maduro instalara una “farsa” de Consejo de Estado, que a juicio de Guaidó “de esa forma se bloquean soluciones”.

Con información de Tal Cual

Fiscalía de EEUU denuncia que Maikel Moreno recibió $700.000 del dueño de una televisora
La fiscal Ariana Fajardo describe en el indictment transacciones enviadas desde las cuentas de dos empresas. De acuerdo con las indagaciones, al menos una de las compañías pertenece a Raúl Gorrín. También dio $40.000 al organizador de un evento de belleza en Venezuela.“No tengo nada que ver con eso”, dijo Osmel Sousa

ARI

 

La fiscal Ariana Fajardo, del Distrito Sur de Florida, describió en el expediente en contra del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, que el funcionario venezolano recibió $700.000 de dos empresas pertenecientes al propietario de un medio televisivo en Venezuela.

En el indictment se destaca que en octubre de 2014, Maikel Moreno dijo a las autoridades de EEUU que anualmente ganaba $12.000 por su trabajo como miembro del Poder Judicial en Venezuela. Sin embargo, los investigadores detectaron que entre 2012 y 2016, sus cuentas mostraron un flujo de $3.000.000, es decir, un promedio de $600.000 por año.

De ese monto, al menos $700.000 fueron transferidos desde las empresas Western Cape y Eaton Global Limited, ambas relacionadas con la persona que se le identifica en el expediente como el Conspirador 1. De acuerdo con la descripción realizada en el documento, esta persona es “un exabogado criminalista en Venezuela, que actualmente controla un medio de comunicación en Venezuela”.

La empresa Eaton Global Limited también figura en el expediente introducido en la Corte del Sur de Florida, el 25 de julio de 2018, por el lavado de $1.200 millones de la estafa a Pdvsa. En ese indictment se señala la participación de un dueño de un medio televisivo en Venezuela. Investigaciones posteriores han llevado a determinar que se trata de Raúl Gorrín, presidente de Globovisión y de Seguros La Vitalicia, solicitado por EEUU por ser presunto cómplice de Alejandro Andrade.

Para esta nota se trató de entrevistar a Gorrín, pero no hubo respuesta al correo enviado a Globovisión.

Vida de certamen de belleza

La fiscal también develó cuentas millonarias con más de $3.000.000, gastos de hasta $600.000 en tiendas de las marcas Salvatore Ferragano y Prada; y “el pago de aproximadamente $40.000 dólares al director de un concurso de belleza en Venezuela”.

Desde 2015, Maikel Moreno está casado con la modelo itala-venezolana, Debora Menicucci. La boda se realizó en República Dominicana. La pareja se conoció cuando la joven participaba en el concurso Miss Venezuela, entonces dirigido por Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza.

Menicucci, en 2017, mostró en Instagram una imagen de Sousa junto al coche de su hija, con la leyenda: “Yo tengo un niñero muy particular”, lo que generó críticas en las redes sociales, dirigidas directamente al zar. 

El ahora expresidente de la Organización Miss Venezuela no niega su amistad con la pareja Moreno – Menicucci. Pero al ser contactado por teléfono dijo, de forma tajante, antes de cortar la llamada: “No tengo nada que ver con eso”. 

Al ser consultado sobre si algún representante del gobierno de EEUU lo había citado, Sousa respondió con un escueto mensaje escrito: “No, nunca”.

Se trató de conocer la versión de Moreno, pero desde la oficina de prensa del TSJ no respondieron el correo enviado solicitando una entrevista con el magistrado.

Cobro de sobornos

Uno de los aspectos en los que más enfatiza el indictment es en el presunto enriquecimiento de Moreno a través del cobro de sobornos, dictar sentencias penales y civiles favorables a quien pagara.

En este apartado del expediente, la fiscal cita a dos fuentes. Un exsocio y un colega muy cercano a Moreno. Ambos describen situaciones en las que presenciaron cómo el presidente del TSJ cobraba sobornos de $100.000 o más para dictar sentencia favorable.

Entre los casos que se detallan, está el del cobro de una coima a un abogado de General Motors para permitir la venta de la planta de la ensambladora de automóviles. Acordaron que le pagarían una comisión del monto final de la transacción.

Además, narra que como parte de un esquema de estafa a Pdvsa, recibió el pago de una quinta ubicada en Alto Hatillo, valorada en $1.000.000.

 
 
Saab cita a Guaidó a comparecer en la Fiscalía el jueves #2Abr
Saab indicó que Guaidó debe comparecer sobre el supuesto intento de golpe de Estado que supuestamente confirmó Cliver Alcalá Cordones

Tarek William Saab, fiscal designado por la ANC, citó al presidente encargado Juan Guaidó a comparecer ante la Fiscalía este jueves 2 de abril.

De acuerdo con una nota de Tal Cual, Saab citó a Guaidó para comparecer sobre el supuesto intento de golpe de Estado que supuestamente confirmó Cliver Alcalá Cordones.

“Se entregó una citación, que firmó su jefe de seguridad, a Juan Guaidó para que comparezca ante el fiscal que lleva la causa y responda ante los señalamientos hechos por el prófugo de la justicia sobre este intento de golpe de Estado y magnicidio. La citación es para el jueves a las 9 a.m”, señaló Saab.

Por otra parte, recordó que el 23 de marzo se incautó un “importante arsenal de asalto en territorio colombiano que iba a ser trasladado ilegalmente a nuestro país para ser usado contra nuestras autoridades”.

Según recordó Saab, el hecho anterior que se denunció por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez previamente.

Entretanto, afirmó que desde Colombia Alcalá Cordones confesó este plan y señaló que había sido autorizado por Juan Guaidó.

 

Vale recordar que se abrió una investigación y hay dos fiscales nacionales en el proceso, así como fueron giradas órdenes de aprehensión contra Clíver Alcalá y Antonio José Sequea Torres.

Las personas acusadas son señaladas por los delitos de traición a la patria, asociación, intento de magnicidio, terrorismo.

Con información de Tal Cual

Tarek William Saab, fiscal generado por la Constituyente, informó este lunes que sobre los avances en la investigación del asesinato del sacerdote Jesús Manuel Rondón Molina.

El Ministerio Público confirmó que tras haber realizado las experticias pertinentes se pudo determinar que Rondón cometió abusos sexuales contra el joven de 17 años que lo asesinó y contra su hermano menor. Asimismo, Saab señaló que las investigaciones arrojaron que este “comportamiento era reiterado y del conocimiento de sus superiores”. Recordó que entre los años 2014 y 2015 al menos dos niños más presentaron denuncias contra Jesús Rondón ante la iglesia.

Rondón desapareció el 16 de enero y fue hallado muerto el 21 de enero por funcionarios de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). El titular del Ministerio Público agregó que el 20 de enero recibieron la denuncia de la desaparición de Rondón Molina y el día 21 un adolescente citado como testigo confesó haberlo asesinado por los abusos sexuales cometidos en su contra durante años y por haber amenazado a su hermano.

Saab, informó que han condenado a mil 340 personas por delitos de abuso a menores.

Indicó que desde el año 2017 el Ministerio Público ha recibido 8 mil 966 casos de abuso sexual, se han solicitado 837 órdenes de aprehensión y se han imputado a 4 mil 335 personas y acusados a 3 mil 289 individuos.

“No podemos permitir que eso se desarrolle en Venezuela, puesto que no es una simple preferencia sexual, el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y la juventud, es algo sagrado que no puede ser entorpecido con acciones como ésta”, dijo.

 

 

*Con información de TalCual

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó este jueves en un informe que en su examen preliminar sobre Venezuela ha incluido las protestas sucedidas en enero de este año en ese país, donde supuestamente murieron más de 30 opositores y un oficial de policía, reseñó la agencia de noticias EFE.

Asimismo, la oficina de la Fiscalía, dirigida por la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en ocho países, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela, este último abierto en febrero de 2018.

 

Según informaciones recibidas por Bensouda, entre 30 y 47 opositores fueron asesinados en las protestas sucedidas entre el 21 y el 25 de enero de este año por las fuerzas de seguridad o por civiles que actuaron en coordinación con las autoridades.

Acotó que “algunas fuentes alegaron además que miembros de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos selectivos de opositores durante allanamientos de casas”.
En el informe indica que entre enero y mayo de este año unas 2.000 personas fueron detenidas supuestamente en Venezuela por motivos políticos y que “la información sobre la duración de esas detenciones no estaba generalmente disponible”.

 

Bensouda dijo en el documento que espera finalizar el análisis sobre su posible jurisdicción de la situación en Venezuela a principios de 2020 y que, si decide seguir adelante el examen, pasará a la tercera y última fase, en la que se evaluaría la admisibilidad de los casos.

 

Venezuela depositó su instrumento de ratificación al Estatuto el 7 de junio de 2000. Por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002 en adelante.

Tarek William Saab anunció la desarticulación de bandas que robaban materiales de Corpoelec y Pdvsa

El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó sobre el desmantelamiento de bandas que robaban material “estratégico” de Corpoelec y también de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“El día de hoy informamos al país sobre dos golpes importantes ejecutados contra bandas dedicadas al hurto y comercialización ilegal de material estratégico perteneciente a empresas del Estado”, agregó el fiscal en declaraciones a la prensa.

Saab explicó que el 22 de octubre se descubrió en un galpón de la empresa Instalaciones Eléctricas Jairo Chirinos en Guacara, estado Carabobo, un carrete de cable lineal de cobre de mil metros, con un peso de seis toneladas.

Aseguró que el material encontrado fue sustraído de Corpoelec por Alberto Alzate, quien trabajaba en la empresa como gerente de distribución. Igualmente fue detenido Jairo Chirinos, propietario de Instalaciones Eléctricas.

Luego de las detenciones, el fiscal indicó que también encontraron equipos eléctricos y aires acondiciones, propiedad de Corpoelec en la vivienda de Alzate.

Igualmente denunció que el 23 de octubre se hizo una inspección en la empresa Postes Carabobo 2010 donde encontraron dos mil metros de guaya acerada y 100 toneladas de guaya eléctrica de aluminio y tres mil conectores eléctricos. 

Agregó que ese mismo día fueron descubiertos ocho trabajadores de la estatal Pdvsa intentando robar 302 tubos del Campo Morichal en Maturín, estado Monagas. Saab señaló que estas tuberías son utilizadas para hacer reparaciones en pozos petroleros.

Estos empleados de Pdvsa fueron imputados por comisión de delitos de tráfico ilícito de material estratégico y asociación para delinquir. 

Balance general 

El fiscal impuesto por la ANC señaló que en todo el año han sido denunciadas 581 causas por daños al sistema eléctrico. “Esto nos alerta que pudiera ser todo esto inducido para buscar el colapso del sistema eléctrico nacional”, alertó.

También informó que hay 313 investigaciones por hurto de cableado eléctrico, 268 por hurto de equipos como lámparas para el alumbrado público y que hay 707 personas privadas de libertad. 

“Frente a este tipo de delitos no puede haber contemplación ni medidas sustitutivas”, sentenció.