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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó este jueves en un informe que en su examen preliminar sobre Venezuela ha incluido las protestas sucedidas en enero de este año en ese país, donde supuestamente murieron más de 30 opositores y un oficial de policía, reseñó la agencia de noticias EFE.

Asimismo, la oficina de la Fiscalía, dirigida por la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en ocho países, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela, este último abierto en febrero de 2018.

 

Según informaciones recibidas por Bensouda, entre 30 y 47 opositores fueron asesinados en las protestas sucedidas entre el 21 y el 25 de enero de este año por las fuerzas de seguridad o por civiles que actuaron en coordinación con las autoridades.

Acotó que “algunas fuentes alegaron además que miembros de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos selectivos de opositores durante allanamientos de casas”.
En el informe indica que entre enero y mayo de este año unas 2.000 personas fueron detenidas supuestamente en Venezuela por motivos políticos y que “la información sobre la duración de esas detenciones no estaba generalmente disponible”.

 

Bensouda dijo en el documento que espera finalizar el análisis sobre su posible jurisdicción de la situación en Venezuela a principios de 2020 y que, si decide seguir adelante el examen, pasará a la tercera y última fase, en la que se evaluaría la admisibilidad de los casos.

 

Venezuela depositó su instrumento de ratificación al Estatuto el 7 de junio de 2000. Por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002 en adelante.

Tarek William Saab anunció la desarticulación de bandas que robaban materiales de Corpoelec y Pdvsa

El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó sobre el desmantelamiento de bandas que robaban material “estratégico” de Corpoelec y también de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“El día de hoy informamos al país sobre dos golpes importantes ejecutados contra bandas dedicadas al hurto y comercialización ilegal de material estratégico perteneciente a empresas del Estado”, agregó el fiscal en declaraciones a la prensa.

Saab explicó que el 22 de octubre se descubrió en un galpón de la empresa Instalaciones Eléctricas Jairo Chirinos en Guacara, estado Carabobo, un carrete de cable lineal de cobre de mil metros, con un peso de seis toneladas.

Aseguró que el material encontrado fue sustraído de Corpoelec por Alberto Alzate, quien trabajaba en la empresa como gerente de distribución. Igualmente fue detenido Jairo Chirinos, propietario de Instalaciones Eléctricas.

Luego de las detenciones, el fiscal indicó que también encontraron equipos eléctricos y aires acondiciones, propiedad de Corpoelec en la vivienda de Alzate.

Igualmente denunció que el 23 de octubre se hizo una inspección en la empresa Postes Carabobo 2010 donde encontraron dos mil metros de guaya acerada y 100 toneladas de guaya eléctrica de aluminio y tres mil conectores eléctricos. 

Agregó que ese mismo día fueron descubiertos ocho trabajadores de la estatal Pdvsa intentando robar 302 tubos del Campo Morichal en Maturín, estado Monagas. Saab señaló que estas tuberías son utilizadas para hacer reparaciones en pozos petroleros.

Estos empleados de Pdvsa fueron imputados por comisión de delitos de tráfico ilícito de material estratégico y asociación para delinquir. 

Balance general 

El fiscal impuesto por la ANC señaló que en todo el año han sido denunciadas 581 causas por daños al sistema eléctrico. “Esto nos alerta que pudiera ser todo esto inducido para buscar el colapso del sistema eléctrico nacional”, alertó.

También informó que hay 313 investigaciones por hurto de cableado eléctrico, 268 por hurto de equipos como lámparas para el alumbrado público y que hay 707 personas privadas de libertad. 

“Frente a este tipo de delitos no puede haber contemplación ni medidas sustitutivas”, sentenció.

 

 

Fiscalía abre investigación contra Guaidó por

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó en rueda de prensa que desde ayer el Ministerio Público (MP) inició una investigación penal en contra del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, la representante diplomática designada por la AN en Reino Unido, Vanessa Neumann y Manuel Avendaño, luego de las denuncias realizadas ayer por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de estar presuntamente involucrados en una negociación para entregar el territorio de El Esequibo.

Wuilliam Saab afirmó que tanto Guaidó, como Neumann y Avendaño estarían relacionados con la negociación ilegal del territorio a cambio de apoyo político del Reino Unido, lo que según aseveró constituye un delito de “traición a la patria”.

“Queremos hacer un llamado y una alerta como personajes anónimos en una especie de cartel, aparecen en varios lugares del mundo, como personeros de este gobierno virtual y usurpador que encabeza el ciudadano Guaidó, donde se les da una preeminencia que no tienen para negociar no solamente el Esequibo, sino también Citgo, las reservas de oro venezolano y nuestras cuentas bancarias”, dijo Saab. 
En tal sentido, destacó que el MP designó a la Fiscalía número 30 con competencia nacional para proseguir con la investigación contra del presidente del Parlamento.
 
El fiscal manifestó preocupación porque, según su criterio, la AN le entregó “una patente de corso” a estas personas para “acabar con nuestros recursos y entregarlos potencias extranjeras”.
 
 
EEUU acuerda pagar servicios de caballos que pertenecían a Alejandro Andrade

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS selló acuerdos con un herrero y una clínica veterinaria para pagarles decenas de miles de dólares por servicios que ofrecieron a caballos de Alejandro Andrade un exfuncionario del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, encarcelado por multimillonarios sobornos.

Uno de los pactos estipula que el gobierno pagará unos 10.300 dólares al herrero Paul Tracy, quien asegura haber atendido a los caballos de Andrade antes de que fueran confiscados por el gobierno estadounidense y vendidos.
A cambio, el herrero retirará un reclamo por esa suma, de acuerdo con documentos que aparecen en el expediente en línea. Los documentos no ofrecen detalles sobre los servicios ofrecidos ni la fecha exacta.
En el otro acuerdo, la Fiscalía se comprometió a pagar casi $85 mil a Palm Beach Equine Clinic por atención veterinaria a unos 14 caballos de Andrade, cuyo hijo practicaba equitación y llegó a representar a su país en competencias olímpicas. Los documentos tampoco aclaran qué servicios veterinarios recibieron los equinos.
A través de los acuerdos el gobierno se comprometió a pagar las sumas reclamadas por el herrero y la clínica veterinaria con el dinero recaudado en la subasta.
Los acuerdos aun deben ser aprobados por la jueza federal del sur de Florida, Robin Rosenberg. Es improbable, no obstante, que la magistrada los rechace.
Los caballos que fueron rematados en febrero de 2019 en una subasta en línea le dejaron al gobierno cerca de $1,7 millón de dólares de ingresos netos con su venta, de acuerdo con los documentos presentados por la Fiscalía Federal que aparecen en el expediente.
Andrade fue exguardaespaldas de Chávez y luego tesorero nacional de Venezuela. Desde finales de febrero cumple una sentencia de 10 años de cárcel por su participación en una asociación ilícita para lavar más de mil millones de dólares de sobornos que beneficiaron con operaciones de cambio de divisas al empresario de medios venezolanos Raúl Gorrín Belisario, entre otros.
Para obtener una reducción de su pena, Andrade selló un acuerdo con la Fiscalía en 2017 en el que se comprometió a cooperar tras declararse culpable de conspirar para lavar dinero de los sobornos.
Su caso, que permaneció en secreto por casi un año, se ventiló en momentos en que el gobierno de Estados Unidos investiga a miembros de una élite que hizo fortunas durante la revolución bolivariana que inició Chávez.
Tras dejar el gobierno venezolano, Andrade se mudó al sur de Florida y vivía en una mansión rodeada por caballos en Wellington, un área ubicada al noroeste de Miami que es conocida internacionalmente por sus actividades hípicas.
Fiscalía abre investigación a Juan Guaidó por sabotaje eléctrico

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, Tarek William Saab, informó este martes 12 de marzo que el despacho a su cargo abrió una investigación al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela, por presuntamente ser autor intelectual del sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que el gobierno de Nicolás Maduro asegura fue la causa del apagón que sufrió Venezuela desde el pasado jueves siete de este mismo es.

El titular del Ministerio Público acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para informar la apertura del expediente. Allí, Saab señaló como elemento que se maneja para vincular a Guaidó con el sabotaje eléctrico una publicación en la red social Twitter del parlamentario, en el que éste expresa que “Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación”, publicación que se dio apenas a dos horas, subrayó Saab, de haberse iniciado el apagón.

Un elemento de convicción señalado por Saab fue un artículo de la revista estadounidense Forbes, en la que se indica que sería bastante realista la posibilidad de una interferencia remota por parte de EEUU en la red eléctrica de Venezuela, acción enmarcada en estrategias de ciberguerra.

Añadió que la averiguación contra Guaidó se suma a la realizada a partir el día 29 de enero, por la cual la Fiscalía solicitó al TSJ la imposición de una serie de medidas cautelares “que este ciudadano de manera pública y notoria desacató burlándose del sistema de justicia de Venezuela y las instituciones democráticas”.

Saab afirmó que se emitieron mensajes, no solo por parte de Guaidó, sino de otros ciudadanos que, aparte de alarmistas, escandalosos y de exaltación de la violencia, se incitaba al saqueo, algo  que, remarcó, es ilegal en cualquier país.

Detalló que, en tales mensajes, se hacía referencia a las necesidades económicas de la población para justificar el saqueo.

El fiscal sostuvo que el sabotaje eléctrico no es un hecho casual, sino que se suma a una escalada de eventos a partir de “una autoproclamación que no es reconocida ya por muchos gobiernos que le habían dado el visto bueno”.

De la escala de eventos refirió que la publicación, también estadounidense, New York Times detalló en un reportaje que fueron los manifestantes en contra del gobierno de Nicolás Maduro los que prendieron fuego al camión con la supuesta ayuda humanitaria que querían ingresar desde Colombia hacia Venezuela.

Agregó que desde 2013 se bloqueó el acceso de Venezuela al sistema financiero internacional lo que impide al Estado obtener créditos y renegociar la deuda, y que el Banco de Inglaterra bloqueó $1.200 millones dólares depositados en sus bóvedas, lo que calificó de vulgar robo.

Por último felicitó al pueblo de Venezuela por no caer en llamados a saqueos, violencia, ni guerra fratricida.

Expediente de Fiscalía contradice versión de Tarek sobre “suicidio” de Fernando Albán

A UN MES Y 11 DÍAS DE LA MUERTE DEL CONCEJAL  del municipio Libertador Fernando Albán, las causas de su fallecimiento todavía no están aclaradas. Y es que según las últimas informaciones dadas por el equipo de abogados del dirigente de Primero Justicia, el fiscal impuesto por la ilegal Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, solo han contribuido a colocar un velo de misterio sobre el caso.

El abogado Joel García destacó que el fiscal general ha afirmado en sendas rueda de prensa que Fernando Albán se suicidó, “situación que nosotros hemos reprochado. Iniciando la investigación él no tenía como comprobar que se tratase de un suicidio”, algo que contradice el propio expediente sobre la muerte del concejal.

La representación del Ministerio Público, el fiscal puso como causa de muerte el homicidio, y ello se basa en las informaciones que dieron los funcionarios policiales que llegaron de primeros al lugar (…) Léase el folio 5 donde aparece esa orden de inicio por el delito de homicidio”, indicó García.

Sobre la versión del fiscal de que Albán se lanzó por una ventana luego de pedir permiso para ir al baño, el abogado destacó que en el folio 155 “está un levantamiento planimétrico del piso 10. En ese folio usted podrá ver que no hay baño adyacente a ese lugar”.

Otra de las versiones que desmonta el equipo de defensa de Albán, es que se encontraba el 8 de octubre en horas del mediodía esperando en ese piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en plaza Venezuela, para ser trasladado a tribunales.

Puedes leer más de este caso aquí: Piso 10: el “comité de bienvenida” del Sebin

“Es falso, él no estaba siendo preparado para ir a ese tribunal. Si usted revisa ese expediente, vea el folio 83 una declaración de un funcionario del Sebin; y en el folio 26 las novedades, específicamente el numeral 6 alrededor de las 9 de la mañana, que indican que la fiscal Dinorah Bustamante había solicitado que Albán no fuera trasladado ese día, sino el día siguiente, es decir, el martes 9”, señaló el abogado García.

Sin fotos, sin sangre

El abogado relató que en las pocas fotos de Fernando Albán cuando lo rescatan de ese pozo, estaba sin calzado. “Cómo es que una persona iba a ser trasladada sin zapatos a algún tribunal y no aparece fijación alguna (/fotografía) de sus zapatos y dónde fueron encontrados”.

Además, en una entrevista con Vladimir Villegas, el fiscal impuesto por la ANC dijo que no podía afirmar o existía evidencia alguna de que Fernando Albán estuviera esposado antes de su muerte. El abogado lo invitó a leer todas las entrevistas de los folios 18 al 33. “Ocho declaraciones de ocho funcionarios que aseveran que Fernando Albán estaba esposado”.

 

*Vea la nota completa en Tal Cual 

#MonitordeVíctimas | Fiscalía imputa a cuatro PNB por homicidio de niño en la Av. Bolívar

CUATRO FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA fueron privados de la libertad por su presunta responsabilidad en la muerte del niño Kevin Antonio Segovia Carrero de 12 años de edad, ocurrida el 11 de octubre cuando se dirigía a su colegio junto a su familia y quedaron atrapados en medio de un tiroteo entre funcionarios policiales y un presunto asaltante.

El hecho se registró en la avenida Bolívar de Caracas, a un lado del Museo de los Niños.

De acuerdo con la investigación preliminar, un supuesto delincuente habría despojado a una transeúnte de una cartera en las proximidades de la estación de Bellas Artes del metro. Al percatarse del hecho un grupo de funcionarios de la PNB emprendieron la persecución del desconocido, quien abordó una moto y en su huida rebasó el vehículo donde viajaba la víctima.

Según testigos del suceso, el presunto asaltante disparó en una oportunidad el arma de fuego contra los funcionarios que lo seguían lo que provocó reacción de los policías quienes dispararon en respuesta.

Un disparo atravesó la ventana del asiento trasero del vehículo, donde estaba sentada la víctima y lo alcanzó en la cabeza, junto al niño muerto viajaba su hermano menor, quien no fue alcanzado por las balas.

Después de lo ocurrido, los cuatro policías se pusieron a la orden del Ministerio Público, razón por la cual los fiscales 34º y 79º nacional imputaron a los oficiales Cristhian Chacón (23), Ronald Sifontes (34) y Jonathan Acosta (29), por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía en grado de coautoría y uso indebido de arma orgánica.

Mientras que a Rosmary Rengifo (22), le fue imputado el delito de homicidio intencional calificado con alevosía en grado de cómplice necesario.

Todos los delitos fueron imputados con el agravante del artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente a los efectos del cálculo de la pena, en virtud de que la víctima es un menor de 12 años de edad.

Los cuatro funcionarios fueron presentados ante el Tribunal 36º de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que acogió la precalificación fiscal, decretó la medida privativa de libertad y acordó como sitio de reclusión la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en Caracas.

Sobrino de Cilia Flores era el Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa cuando se realizó parte de la operación de lavado

 

Según el expediente presentado este miércoles por la Fiscalía de EEUU en una corte de Miami, en el que se denuncia a ocho personas, entre ellos cinco venezolanos, quienes habrían participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, la operación se activó en diciembre de 2014, con un primer movimiento de $600 millones. Luego, en mayo de 2015, cuando Carlos Erick Malpica Flores era el vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, ocurrió el otro desembolso de la estatal petrolera, también de $600 millones, para un total de $1.200 millones.

El 30 de diciembre de 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la nueva directiva de Pdvsa, entre ellos a Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, quien desde ese momento ocuparía la vicepresidencia de Finanzas de la estatal petrolera, al mismo tiempo que era Tesorero de la Nación, cargo que recibió en septiembre de 2013. En ambas funciones estuvo hasta noviembre de 2015.

 

 

De acuerdo con el expediente, el esquema de lavado de dinero parte de préstamos en bolívares realizados a Pdvsa por una empresa ubicada en Caracas llamada Rator. La estatal petrolera pagó la deuda con euros. Por el diferencial cambiario existente en el país desde que el expresidente Hugo Chávez estableció el control de cambio en 2003, existe un precio de las divisas oficial y otro en el mercado negro. De esa diferencia se aprovecharon los prestamistas para obtener una ganancia.

En este caso, el expediente reporta una operación de por Bs 7,2 milllados el 23 de diciembre de 2014, siete días antes de que se nombrara oficialmente a Malpica Flores como vicepresidente de Finanzas, en sustitución de Víctor Aular, aunque ya para la fecha el sobrino preferido de Cilia Flores era Tesorero de la Nación. Pdvsa, dice el expediente, en vez de pagar 35 millones de euros por el empréstito, pagó 510 millones, equivalentes a $600 millones.
*Vea la nota completa en El Pitazo