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Desapariciones forzadas

Argentina entregará informe a la CPI sobre torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas en Venezuela

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de Argentina, Germán Garavano viajará el próximo 15 de octubre a la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene sede en La Haya, Países Bajos, para hacer entrega del informe sobre las torturas, violaciones y ejecuciones que denunciaron haber visto y sufrido decenas de venezolanos que residen en la Argentina.

Garavano tiene previsto reunirse con el fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y entregarle el informe completo, con nombres y detalles de la denuncia de unos 40 venezolanos residentes en el país.

También se remitirá a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien elaboró su propio archivo de denuncias de abusos de venezolanos acosados por el gobierno de Nicolás Maduro. 

A finales del mes de septiembre, El Clarín obtuvo parte del informe que elaboró el Ministerio de Justicia entre julio y agosto de 2019, en donde testimonios de víctimas -sin nombres para preservar las identidades- relataron casos de asesinatos torturas, encarcelaciones y privaciones graves a la libertad física, de violencia sexual, y desapariciones forzadas. También de persecución por razones políticas y en todas se demostraría el uso de la fuerza indebida, también para reprimir manifestaciones. Al menos, 29 de las más de 40 denuncias encuadran dentro de la figura de crímenes de lesa humanidad bajo el llamado Estatuto de Roma. 

Los testimonios fueron recibidos en el Centro de Orientación a Migrantes, que creó el gobierno en julio por decreto para recibir también de manera telefónica los testimonios, que según se afirma disminuyeron tras las PASO del 11 de agosto pasado, en gran parte por temor a un cambio de gobierno.

Este Centro trabajó bajo la órbita de la secretaría de Derechos Humanos, que dirige Claudio Avruj. Los testimonios fueron recibidos por profesionales y técnicos que buscaron como primera medida la extrema protección de la identidad.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ya confirmó que retirará a la Argentina del Grupo de Lima, una instancia central en la política de alianza de Argentina hoy con Estados Unidos, y que presiona al régimen de Maduro. Igual hay diferencias dentro del albertismo sobre cómo llevar el tema Venezuela: mientras el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se mostró en Nueva York durísimo contra Caracas, en el cristinismo hay quienes desean un vínculo de negocios y política similar al que hubo en el pasado y, lejos de condenar a Maduro, lo consideran una víctima de factores externos.  

En cuanto a los elementos que Garavano le va a entregar al museo de la Corte sobre la dictadura argentina, se trata de un fichero con réplicas de denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos, un ejemplar del Nunca Más -el emblemático informe sobre las violaciones a los derechos humanos en este país- y las tapas de las versiones de este libro publicadas en Israel, Brasil, Inglaterra, Alemania y España, una serie de fotos del juicio a las juntas militares y copias de su sentencia original firmada.

Derechos sin revés: Para lograr que crímenes contra los DDHH no se repitan es indispensable recuperar la verdad y vencer el miedo

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En Cofavic estamos convencidos de que para lograr que los graves crímenes contra los derechos humanos no se repitan, es indispensable recuperar la verdad y vencer al olvido y al miedo.

Por eso mantenemos en la memoria los casos de las desapariciones forzadas de Vargas, las ejecuciones extrajudiciales contra la familia Barrios, la masacre del Retén de Catia y el Caracazo. Todos recibieron sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en todos los casos ha habido incumplimiento de las obligaciones que debió asumir el Estado venezolano.

Esas omisiones las recordó recientemente Liliana Ortega, coordinadora general de Cofavic, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referida a Venezuela. La CIDH recibió, en su sede en Washington, a más de 12 organizaciones de la sociedad civil venezolana en su 161 periodo de audiencias para discutir el derecho a la verdad, acceso a la justicia y la persecución política en Venezuela.

Allí, Cofavic recordó que el rescate de la verdad debe romper con el silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios. Debe propiciarse la reconciliación y debe tratarse a las victimas sin doble rasero, evitando nuevas exclusiones y discriminaciones que solo sirven para re victimizarlas y perpetuar la impunidad.

La organización también dejó claro que la reparación integral no se limita únicamente a una indemnización económica para las víctimas, sino que debe apuntar fundamentalmente al restablecimiento de la verdad, la aplicación de la justicia y la implementación efectiva de las garantías mínimas de no repetición.

La verdad, la reparación y la reconciliación no se pueden imponer y mucho menos plantearse dejando de lado a casos emblemáticos e históricos que están en la memoria colectiva del país. Aquí recordamos cuáles son:

Caso desapariciones forzadas de Vargas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de 28 de noviembre de 2005, indicó que el Estado violó, en perjuicio de Oscar Blanco Romero, Roberto Hernández Paz y José Rivas Fernández, los derechos a la Vida; a la Integridad Personal; a la Libertad Personal; Garantías Judiciales y de Protección Judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como incumplió con las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Asimismo, dispuso por unanimidad que el Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas, llegar al esclarecimiento de los hechos y sancionar a los responsables. También se solicitó la adecuación del tipo penal a estándares internacionales en materia de desaparición forzada, y la capacitación de funcionarios de Fuerzas Armadas respecto de la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza

así como adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar Blanco Romero, Roberto Hernández Paz y José Rivas Fernández a la mayor brevedad. En caso de que sean halladas sin vida, dichas medidas deben orientarse a entregar los restos mortales a sus familiares, para que sean sepultados de la forma que lo crean conveniente.

A la fecha los hechos se mantienen en impunidad. COFAVIC exhorta al Estado venezolano a dar cumplimiento a esta importante sentencia, reparando de manera integral a las víctimas, apegado a los principios de nuestra Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 

Caso Familia Barrios:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que Venezuela ha incumplido con las medidas de reparación que le impuso en su sentencia de 2011 por el caso de la familia Barrios, en el que diez miembros de dicha familia fueron ejecutados extrajudicialmente, en su mayoría por agentes de la policía.

Benito Antonio (1998), Narciso (2003) y Rigoberto Barrios (2005) —este último de tan solo 16 años de edad—, fueron ejecutados por agentes de la policía del estado de Aragua. En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011). Ante estas muertes y otras agresiones enfrentadas por familiares, la Corte IDH emitió un fallo el 24 de noviembre de 2011 en el que condenó a Venezuela. Aun así, Jorge Antonio Barrios (2012), Víctor Tomás Navarro Barrios (2012) y Roni David Barrios Alzul (2013) fueron asesinados posteriormente a la sentencia y en circunstancias similares.

De acuerdo con la resolución publicada el pasado 28 de septiembre, la Corte señaló que a más de tres años de haber iniciado la supervisión de cumplimiento de la sentencia, el Estado venezolano no ha realizado un esclarecimiento efectivo de los hechos. La Corte destacó que, a pesar de la identificación de los autores de las muertes de dos de las víctimas, no se ha efectuado condena alguna.

La Corte también citó un incumplimiento de las demás reparaciones y del deber de informar sobre las mismas. Recalcó que, además de la falta de información sobre los avances en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales, en los casos de los integrantes que sufrieron de privación de libertad, amenazas y allanamientos, no ha existido actualización alguna. Ante estas ausencias, el Tribunal Interamericano subrayó la importancia de mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto a todas las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia.

Por último, se recuerda la obligación de continuar las acciones desarrolladas en materia de capacitación y la implementación, en un plazo razonable, de un programa o curso de formación para los policías del Estado Aragua.

 

Caso Masacre de Retén de Catia:

Otro caso emblemático que la Comisión de la Verdad no investigó y que si estaba en el marco del periodo que se estableció, es la masacre del Retén de Catia ocurrida en 1992. La Corte Interamericana emitió una sentencia en este caso en 2006 que contemplaba pautas diseñadas para evitar que estos crímenes en las cárceles venezolanas se repitan. El Estado venezolano, lamentablemente, no ha cumplido ningún punto resolutivo de esta sentencia. Ni siquiera se ha producido la publicación en gaceta de la sentencia de la Corte. No se han identificado los restos de las personas desaparecidas ni se han entregado estos restos a los familiares de las víctimas. Nadie ha sido condenado ni enjuiciado por este caso donde resultaron asesinados unas 63 personas.

Tampoco se ha adecuado la legislación interna a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza ni se ha puesto en funcionamiento un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil. Por el contrario se ha profundizado la militarización de las cárceles y se presentan graves deficiencias en hacinamiento, acceso a alimentación y a medidas de protección de salud mínimamente adecuadas. Hoy día existen grupos armados civiles que controlan algunas cárceles con la tolerancia y aquiescencia del Estado sometiendo a los privados de libertad a graves niveles de vulnerabilidad y sufrimiento.

 

Caso del Caracazo:

Caso que le dio origen a Cofavic y el cual fue oportunamente denunciado en el momento en que ocurrieron los hechos en 1989 y cuya lucha por 28 años se ha llevado incansablemente. Este caso obtuvo una sentencia en 1999 de la Corte Interamericana que es el único tribunal que se ha pronunciado de manera definitiva al respecto.

Luego de 28 años nadie ha sido condenado por estos gravísimos crímenes. Los familiares de las victimas luego de 28 años no tienen acceso pleno al expediente, señalándose por parte del órgano jurisdiccional que lleva el caso que las víctimas no son parte en el proceso. Luego de 28 años el Estado venezolano sigue negando de manera sistemática que los familiares de las victimas puedan contar con la asistencia de expertos independientes para que se proceda a la plena identificación y se entreguen los restos de los desaparecidos. Este mínimo gesto humanitario de identificar y entregar las victimas a sus seres queridos para que las entierren en sus lugares de preferencia y sus creencias religiosas ha sido negado sistemáticamente por el estado. Tampoco se han adecuado los planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales. Muy por el contrario, los planes operativos desarrollados han profundizado la participación militar, el ocultamiento de la identidad de quienes los desarrollan y la perpetuación de procedimientos ilegales de allanamientos, detenciones arbitrarias y torturas.

 

Cofavic advierte: Desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad

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A la vista de Cofavic ( Organización No Gubernamental para la protección y promoción de los derechos humanos),  las detenciones de Yon Goicoechea y Braulio Jatar, ambos aprehendidos en procedimientos practicados por el Estado venezolano, podrían configurar el crimen de desaparición forzada.

La ONG llamó la atención sobre los prolongados períodos de incertidumbre e incomunicación de los detenidos previos a la oficialización de la aprehensión y precisó que las desapariciones forzadas están claramente descritas en la Constitución y el derecho internacional.

En un comunicado difundido este lunes en la tarde, Cofavic reitera que la desaparición forzada “está perseguida por el Derecho Internacional como un crimen de lesa humanidad imprescriptible”, esto aunque las víctimas aparezcan con vida o se reconozca su detención.

Goicoechea, dirigente del partido Voluntad Popular,  fue detenido el pasado 29 de agosto por el Sebin.  De su aprehensión se supo a través de denuncias  e informes extraoficiales, puesto que en principio ningún vocero del Estado la confirmó.  Fue el sábado 3 de septiembre cuando su abogado defensor Nizar el Fakih, anunció que el líder de VP, acusado de posesión de material explosivo que presuntamente iba a ser usado en la marcha del 1S,  fue imputado y permanecerá bajo prisión preventiva.

 

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Jatar, director del portal web Reporte Confidencial, fue apresado el viernes 2 de septiembre durante los hechos de Villa Rosa, Nueva Esparta, donde un grupo de residentes caceroleó al presidente Nicolás Maduro. Durante el sábado y el domingo sus familiares denunciaron la imposibilidad de comunicarse con el periodista, a quien hoy le dictaron medida privativa de libertad y le imputaron legitimación de capitales.

 

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Cofavic recordó a los integrantes de las fuerzas de seguridad el contenido del artículo 25 de la Constitución:  “Todo acto dictado en el ejercicio del Poder Público, que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarios públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores”

El recordatorio sumó lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna, relativo al debido proceso y garantías judiciales.  De igual forma la ONG subrayó lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Venezolano (Copp) sobre las detenciones en flagrancia.

La tipificación de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad está recogida por el Estatuto de la Corte Penal Internacional en su artículo 7.1.i). La definición operativa es semejante a la de la Convención Interamericana, con un elemento subjetivo adicional que figura en la última frase del artículo 7.2.i), el cual dispone:
“Por desaparición forzada de personas, se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa de informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.”

Cofavic finaliza su comunicado con una detallada referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada, luego de lo cual insta al Estado venezolano a investigar “de manera independiente, exhaustiva y conclusiva las graves falencias de los procedimientos presumiblemente irregulares de los cuales han sido objeto Yon Goicoechea y Braulio Jatar”.

 

 

 

 

 

Cofavic: A propósito del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada

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“Las víctimas de desapariciones forzadas se ven privadas de su libertad, recluidas en secreto y rara vez son liberadas. A menudo se ignora la suerte que han corrido, con frecuencia padecen torturas y temen por su vida en todo momento. Aun en los casos en que se las libera, las secuelas físicas y psicológicas permanecen para el resto de sus vidas. Sus familias y sus seres queridos también sufren una angustia enorme”.

Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, comenzó de esa manera el mensaje que ofreció el 30 de agosto del año 2015, a propósito del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, fecha que se conmemora cada 30 de agosto y que se instauró desde el 21 de diciembre de 2010, en virtud de la preocupación que generó el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Ban Ki-moon precisó que las desapariciones forzadas no son exclusivas de las dictaduras militares, pues algunos Estados siguen recurriendo a ese método. Tan solo en el último año, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, los dos mecanismos de las Naciones Unidas competentes en materia de desapariciones forzadas, integrados por expertos independientes, recibieron 246 solicitudes presentadas por familiares en todo el mundo para que se actuara de manera urgente. Esta cifra representa tan solo una mínima parte de los miles de casos que nunca se denuncian por las condiciones de seguridad o porque se desconoce la existencia de mecanismos internacionales que pueden servir de ayuda.

En los últimos años también ha habido un número alarmante de actos cometidos por agentes no estatales, como grupos extremistas y terroristas, equiparables a desapariciones forzadas que también constituyen abusos flagrantes de los derechos humanos.

Las desapariciones forzadas están terminantemente prohibidas. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas afirma de manera inequívoca que recurrir a las desapariciones forzadas es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluida la guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.

La desaparición forzada es un delito de derecho internacional que con demasiada frecuencia queda impune. Constituye una violación a los derechos humanos de la persona que ha desaparecido. En muchos casos, la persona desaparecida no queda jamás en libertad, y no llega a conocerse su paradero.

La Convención, que entró en vigor en 2010 y ha sido firmada por 93 Estados y ratificada por 50, proporciona una sólida base para la lucha contra la impunidad, la protección de las personas desaparecidas y sus familias y el refuerzo de las garantías que ofrece el estado de derecho, entre ellas, la investigación, el enjuiciamiento, la justicia y la reparación.

La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas hoy en día pueden considerarse un método de represión política y es motivo de especial preocupación:el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.

Una desaparición forzada se define por tres elementos acumulativos:

La privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada;

La participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia;

La negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

A propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es importante recordar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el operativo de seguridad que desarrolló el Estado venezolano en el estado Vargas, luego del deslave de 1999, y la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela, la cual fue publicada el 28 de noviembre de 2005.

La Corte confirmó que el Estado violó los derechos a la Vida; a la Integridad Personal; a la Libertad Personal; Garantías Judiciales y de Protección Judicial de los ciudadanos Oscar Blanco Romero, Roberto Hernández Paz y José Rivas Fernández. Asimismo, dispuso por unanimidad que el Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas, y sancionar a los responsables.

A la fecha, los hechos se mantienen en impunidad.

Caso Tumeremo: “Mientras más tiempo corra, habrá más espacio para la impunidad”
Expertos en derechos humanos analizan lo que se conoce de la supuesta masacre y aseguran que podría tratarse de desapariciones forzadas. Esto ubicaría el hecho en las categorías de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad

 

DE CONFIRMARSE LA MASACRE de los 28 mineros desaparecidos en el estado Bolívar, estaríamos frente a crímenes de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales no son hechos nuevos para las comunidades mineras del sur del país, sin embargo, la magnitud de esta masacre y la presunta participación de cuerpos de seguridad del Estado, son elementos que diferencian este caso, a juicio de cuatro organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos consultadas por Runrun.es

Lexis Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, aseveró que las organizaciones de derechos humanos tienen como prioridad “los testimonios y las peticiones de las víctimas; creemos que todas sus denuncias tienen que ser investigadas; no se puede tener a sus familiares sin respuesta; tiene que haber alguien, ya sea la Fiscalía, la Defensoría, el Ministro de Interior y Justicia o el Ministro de la Defensa, que dé respuesta acerca de dónde están los 28 mineros que no aparecen”.

Rendón resalta una irregularidad en el manejo oficial de la denuncia: “Es una irresponsabilidad del gobernador del estado Bolívar haber desestimado las denuncias de los familiares de los mineros desaparecidos; mientras ellos no aparezcan, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos estaremos demandando respuestas; pero mientras más tiempo corra, habrá más espacio para la impunidad”.

“Las denuncias de algunas personas que se hacen llamar sobrevivientes describen una masacre de trabajadores de la minería; esa situación no es nueva, lo que evidencia cómo el Estado ha cedido espacio para que se establezcan mafias y grupos delictivos”, dijo Rendón.

La coordinadora del Laboratorio de Paz explica que la ausencia de una denuncia formal no impide que se abra una investigación. “Hay un hecho público y notorio: una comunidad entera denunciando la desaparición de sus familiares; eso obliga al Estado a abrir una investigación de oficio; sí tiene que haber una denuncia formal, pero su ausencia no es una limitación para abrir la investigación. La Defensoría sabe que desde el mismo momento en que la comunidad denuncia esta desaparición, debe investigar para ofrecer respuestas”.

Las 3 características de la masacre

Tres características destacan del caso de la presunta masacre de los 28 mineros en Tumeremo: la magnitud, el comportamiento de las autoridades y el tipo de crimen, explica Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Si esos casos se comprueban, estamos hablando de presuntas desapariciones forzadas de personas, de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y de presuntos casos de tortura, es decir, los casos más graves que establece el derecho internacional, los denominados crímenes de lesa humanidad”.

Ortega aclara que hasta que los hechos se investiguen, sus impresiones se basan exclusivamente en la información que han aportado los familiares de las presuntas víctimas a través de los medios de comunicación. “Sobre este caso en particular, únicamente podemos hablar con base en la información que se ha hecho pública; pero sí es importante conocer el contexto más amplio: en Venezuela, entre 2000-2008, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público (MP), se evidenció que el promedio de presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales asciende a 1.044 casos por año; la cifra más alta de América Latina”.

El culpable habitual: “presuntos enfrentamientos”

Cofavic realizó un monitoreo independiente en 23 estados del país, en el cual contabilizó 1.107 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en 2014. Del total de los casos registrados, 92% corresponde a presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que 7,8% a presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; 0,2% de la muestra se refiere a casos de desaparición forzada.

Ortega ofrece otro dato: 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no llega a juicio. “La línea de investigación del MP en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es muy pobre; generalmente se conforma con la versión oficial de presuntos enfrentamiento”.

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La directora de Cofavic lamentó que en la mayoría de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, el MP no aplique un estándar internacional conocido como el Protocolo de Minnesota, el cual está diseñado específicamente para poder determinar si se está o no frente a ejecuciones extrajudiciales.

Entre los criterios que aplica este Protocolo están determinar cómo se produjeron los disparos para saber si las víctimas fueron asesinadas bajo custodia; y determinar si hay evidencias de tortura.

Justamente con relación a este aspecto, Ortega destaca que “uno de los problemas principales que encontramos en nuestra estadística, es que en 47% de los casos podrían tener presunta participación, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,  Penales y Criminalísticas. Eso genera un problema muy serio de falta de independencia, porque ese es el organismo que tiene el control del sitio del suceso, del cadáver, y de la investigación inicial de los hechos. En Venezuela, es muy difícil que un funcionario que presuntamente haya participado en una violación de derechos humanos, pueda ser investigado de manera autónoma”.

Reactivación del Arco Minero y el repunte de la violencia

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El coordinador de Provea, Inti Rodríguez, explica que desde hace unos 3 años se vienen presentando situaciones de violencia en el estado Bolívar por el control de las minas de oro, no obstante, dice que “pareciera que con el decreto relativo a la reactivación del Arco Minero del Orinoco, se están generando mayores situaciones de enfrentamientos violentos”.

Con la publicación en Gaceta Oficial de la ley que reserva al Estado la explotación de oro, se crea además la figura de las Brigadas de Mineros, las cuales estarán compuestas por órganos del Poder Popular y particulares que se constituyan en cooperativas.

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“Esta figura de las Brigadas de Mineros podría estar alentando estos enfrentamientos por el control de las minas, con la intención de poder negociar con el Estado el otorgamiento de las concesiones”, afirma Rodríguez.

“Es muy peligrosa esta figura de las Brigadas de Mineros porque no se explica bien cómo se implementará. En el caso de los mineros de Tumeremo, no dudamos de los testimonios de las víctimas porque no se trata de algo nuevo. Lo que evidencia que el Estado no ha hecho nada para evitar o detener esta situación”. El coordinador de Provea afirma que no se trata solamente de un problema de mafias o de grupos delictivos, sino de una situación alentada y tolerada por el propio Estado, a través de una parte importante de funcionarios, especialmente militares, que estarían involucrados.

Delito organizado y violación de derechos humanos

El representante de la organización Paz Activa, Luis Cedeño, señala que si se confirman los hechos y la participación de grupos de seguridad del Estado que presuntamente estarían involucrados, “estaríamos en presencia de delito organizado, ya que el interés económico en la zona es muy grande, vinculado con serias violaciones de derechos humanos”.

“Si hubo involucramiento de funcionarios del Estado que trabajaron en conjunto con bandas criminales, estos serían culpables no solo de cargos criminales, sino de violación de derechos humanos. Repito, si se llega a comprobar que hubo participación de algún cuerpo de seguridad del Estado o de algún funcionario electo, para asesinar y desaparecer a una persona, se trataría de una violación de derechos humanos; delitos de lesa humanidad que no prescriben”, argumenta Cedeño.

“Hay que eliminar el patrón de impunidad que caracteriza al Estado, el cual da pie a que hechos de este tipo se repitan; lo mínimo que los ciudadanos esperan del Estado es que proteja el derecho a la vida. Lamentablemente, más allá de la estadística de 99% de impunidad, lo que esa palabra significa es que aquellos que matan hoy, podrán seguir matando mañana”, asevera Cedeño.

 

Así debe ser la investigación:

Liliana Ortega describe tres características que deberían tener las investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos:

1.- La investigación debe ser independiente, es decir, que aquellos cuerpos de seguridad que presuntamente están involucrados, deben ser apartados de la investigación.

2.- No depende del impulso de las víctimas el resultado de la investigación, depende del Estado, es decir, que el miedo de los familiares y presuntos sobrevivientes a denunciar formalmente los hechos, no debe impedir que el Estado dé inicio a la investigación.

3.- La investigación tiene que ser conclusiva, esto es, que debe producir resultados y ofrecer respuesta a las víctimas.