defensora pública

Por Armando Altuve

Los compañeros de trabajo de la defensora pública de Guarenas, Yosmar Hernández, denunciaron no pudieron acudir a su funeral este miércoles porque fueron obligados a concentrarse en la Plaza Morelo de Caracas, donde se encuentra la sede de la Defensoría del Pueblo, para participar en una convocatoria oficialista que coincidió con la agenda de movilizaciones de la oposición venezolana.

Los denunciantes señalaron que se les ha impuesto ir a las manifestaciones oficialista para “hacer bulto” y aseguran que, tras la pérdida de la capacidad de convocatoria del Gobierno, en los organismos públicos acostumbrar a mandar a los funcionarios públicos de Caracas y del interior de país a las marchas chavistas.

Hernández, quien tenía 42 años, falleció este lunes, 25 de abril, de un infarto luego haber sido destituida del cargo que desempeñaba en la Defensoría Pública, tras negarse a participar en actividades políticas planeadas por el oficialismo, según denunciaron las abogadas de la organización Justicia Venezolana, Lilia Camejo y Neida Pérez. Las juristas señalaron que tanto Hernández como los otros seis compañeros que también fueron despedidos fueron acosados y presionados por las autoridades de la Defensa Pública, organismo que dirige Susana Barreiro.

Los empleados públicos resaltaron que los trabajadores de Defensa Pública tienen prohibido, de acuerdo con su Ley Orgánica, participar en actividades donde se promueva el proselitismo político. Denunciaron también el fallecimiento del defensor público de Caracas, Miguel Salazar, quien murió tras sufrir complicaciones por una obstrucción respiratoria hace dos semanas. Aseguraron que las presiones, amenazas y vigilancias constantes de la que era víctima dentro la institución habrían influido en el agravamiento de la enfermedad.

Las directoras de la organización Justicia Venezolana, abogadas Lilia Camejo y Neida Pérez denunciaron al país el fallecimiento repentino y prematuro de la defensora pública de la delegación Guarenas-Guatire, Yosmar Hernández, producto de un infarto ocasionado al ser despedida por no asistir a las marchas convocadas por el Gobierno.

Hernández tenía 42 años de edad, era madre soltera y deja dos hijos de 17 y 9 años de edad. La funcionaria falleció el martes 25 de abril, luego de haber sido sometida a una serie de presiones y acosos laborales durante las últimas dos semana. Había sido destituida de su cargo junto a 6 compañeros de trabajo, todos abogados con años de servicio, de los cuales dos se encuentran de reposo.

Las convocatorias para las marchas y concentraciones son llamadas internamente «actividades especiales» y de no asistir a las mismas son causal de remoción inmediata. Días antes de fallecer, la defensora Yosmar Hernández había manifestado a sus compañeros en repetidas ocasiones estar cansada de que la obligaran a asistir a actividades políticas del oficialismo, además de expresar su preocupación por ser despedida si se negaba a esta exigencia de sus superiores.

«Todo esto por no asistir a la marcha convocada al puente Llaguno el 13 de abril por la directora general de la Defensa Pública Susana Barreiros, y posteriormente convocados con carácter obligatorio el día 16 a la Plaza Bolívar del Valle a los fines de barrer y limpiar las calles de la avenida Intercomunal, para lo cual les suministraron escobas y bolsas negras a los que asistieron. Los mismos fueron agredidos desde los edificios aledaños con bolsas de hielo», explicó Lilia Camejo.

Las representantes de Justicia Venezolana indicaron que el 18 de abril los superiores les solicitaron a todos los defensores que no podían retirarse de sus puestos de trabajo e hicieron devolver a los que ya estaban en sus casas, supuestamente para presentar un cuadro de informe de las causas y detenidos, el cual debería ser entregado como se los ordenó el director de seguridad mayor Baltazar Barreiros, quien se encuentra en Comisión de Servicios. «De esta manera lograron retener a todos los Defensores Públicos en sus oficinas los cuales fueron fotografiados orden emitida por el coordinador delegado Luis Manzo», señaló la abogada Neida Pérez.

A las 7:00 p.m. llegó una comisión de la dirección de recursos humanos con las notificaciones de despidos firmados por la directora de recursos humanos, informándoles que habían sido removidos de sus cargos sin explicación alguna, solicitándole sus carnet y credenciales. «Nos enteramos que el mismo procedimiento fue realizado en el Palacio de Justicia de Caracas en contra de 18 defensores y adicional a esto quienes se negaron a ir a barrer presentaron las respectivas renuncias, aunque no han sido aceptadas».