Abogados denuncian que defensora pública murió de un infarto tras ser despedida por no asistir a marcha del oficialismo

Las directoras de la organización Justicia Venezolana, abogadas Lilia Camejo y Neida Pérez denunciaron al país el fallecimiento repentino y prematuro de la defensora pública de la delegación Guarenas-Guatire, Yosmar Hernández, producto de un infarto ocasionado al ser despedida por no asistir a las marchas convocadas por el Gobierno.

Hernández tenía 42 años de edad, era madre soltera y deja dos hijos de 17 y 9 años de edad. La funcionaria falleció el martes 25 de abril, luego de haber sido sometida a una serie de presiones y acosos laborales durante las últimas dos semana. Había sido destituida de su cargo junto a 6 compañeros de trabajo, todos abogados con años de servicio, de los cuales dos se encuentran de reposo.

Las convocatorias para las marchas y concentraciones son llamadas internamente “actividades especiales” y de no asistir a las mismas son causal de remoción inmediata. Días antes de fallecer, la defensora Yosmar Hernández había manifestado a sus compañeros en repetidas ocasiones estar cansada de que la obligaran a asistir a actividades políticas del oficialismo, además de expresar su preocupación por ser despedida si se negaba a esta exigencia de sus superiores.

“Todo esto por no asistir a la marcha convocada al puente Llaguno el 13 de abril por la directora general de la Defensa Pública Susana Barreiros, y posteriormente convocados con carácter obligatorio el día 16 a la Plaza Bolívar del Valle a los fines de barrer y limpiar las calles de la avenida Intercomunal, para lo cual les suministraron escobas y bolsas negras a los que asistieron. Los mismos fueron agredidos desde los edificios aledaños con bolsas de hielo”, explicó Lilia Camejo.

Las representantes de Justicia Venezolana indicaron que el 18 de abril los superiores les solicitaron a todos los defensores que no podían retirarse de sus puestos de trabajo e hicieron devolver a los que ya estaban en sus casas, supuestamente para presentar un cuadro de informe de las causas y detenidos, el cual debería ser entregado como se los ordenó el director de seguridad mayor Baltazar Barreiros, quien se encuentra en Comisión de Servicios. “De esta manera lograron retener a todos los Defensores Públicos en sus oficinas los cuales fueron fotografiados orden emitida por el coordinador delegado Luis Manzo”, señaló la abogada Neida Pérez.

A las 7:00 p.m. llegó una comisión de la dirección de recursos humanos con las notificaciones de despidos firmados por la directora de recursos humanos, informándoles que habían sido removidos de sus cargos sin explicación alguna, solicitándole sus carnet y credenciales. “Nos enteramos que el mismo procedimiento fue realizado en el Palacio de Justicia de Caracas en contra de 18 defensores y adicional a esto quienes se negaron a ir a barrer presentaron las respectivas renuncias, aunque no han sido aceptadas”.

Las directoras de la organización Justicia Venezolana, abogadas Lilia Camejo y Neida Pérez denunciaron al país el fallecimiento repentino y prematuro de la defensora pública de la delegación Guarenas-Guatire, Yosmar Hernández, producto de un infarto ocasionado al ser despedida por no asistir a las marchas convocadas por el Gobierno.

Hernández tenía 42 años de edad, era madre soltera y deja dos hijos de 17 y 9 años de edad. La funcionaria falleció el martes 25 de abril, luego de haber sido sometida a una serie de presiones y acosos laborales durante las últimas dos semana. Había sido destituida de su cargo junto a 6 compañeros de trabajo, todos abogados con años de servicio, de los cuales dos se encuentran de reposo.

Las convocatorias para las marchas y concentraciones son llamadas internamente “actividades especiales” y de no asistir a las mismas son causal de remoción inmediata. Días antes de fallecer, la defensora Yosmar Hernández había manifestado a sus compañeros en repetidas ocasiones estar cansada de que la obligaran a asistir a actividades políticas del oficialismo, además de expresar su preocupación por ser despedida si se negaba a esta exigencia de sus superiores.

“Todo esto por no asistir a la marcha convocada al puente Llaguno el 13 de abril por la directora general de la Defensa Pública Susana Barreiros, y posteriormente convocados con carácter obligatorio el día 16 a la Plaza Bolívar del Valle a los fines de barrer y limpiar las calles de la avenida Intercomunal, para lo cual les suministraron escobas y bolsas negras a los que asistieron. Los mismos fueron agredidos desde los edificios aledaños con bolsas de hielo”, explicó Lilia Camejo.

Las representantes de Justicia Venezolana indicaron que el 18 de abril los superiores les solicitaron a todos los defensores que no podían retirarse de sus puestos de trabajo e hicieron devolver a los que ya estaban en sus casas, supuestamente para presentar un cuadro de informe de las causas y detenidos, el cual debería ser entregado como se los ordenó el director de seguridad mayor Baltazar Barreiros, quien se encuentra en Comisión de Servicios. “De esta manera lograron retener a todos los Defensores Públicos en sus oficinas los cuales fueron fotografiados orden emitida por el coordinador delegado Luis Manzo”, señaló la abogada Neida Pérez.

A las 7:00 p.m. llegó una comisión de la dirección de recursos humanos con las notificaciones de despidos firmados por la directora de recursos humanos, informándoles que habían sido removidos de sus cargos sin explicación alguna, solicitándole sus carnet y credenciales. “Nos enteramos que el mismo procedimiento fue realizado en el Palacio de Justicia de Caracas en contra de 18 defensores y adicional a esto quienes se negaron a ir a barrer presentaron las respectivas renuncias, aunque no han sido aceptadas”.