Control Ciudadano

Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang, quienes fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras en 2004, en aplicación de la Lista Tascón

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) recordó, por cuarta vez al Estado venezolano que el 31 de mayo de 2019 venció el plazo de un año para informe sobre el cumplimiento de la Sentencia en el caso de la Lista Tascón.

Mediante una misiva, dirigida al agente del Estado Dr. Larry Davoe, recuerda que se le solicitó al Estado la remisión del referido informe a más tardar el 6 de mayo de 2024.

Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano y víctima en el caso, exhortó al gobernante Nicolás Maduro a dar instrucciones para el cumplimiento de la sentencia.

“Escuchamos al presidente de la República, con ocasión de la Sesión Solemne de Apertura del año Judicial 2024, hablar de justicia y verdad. Este caso, como el de todas las sentencias dictadas por la Corte Interamericana que no se han cumplido por parte del Estado, es una buena oportunidad para que el gobierno honre los principios de justicia y verdad, así como el de reparación a las víctimas. Cumplir las sentencias por parte del Estado sería una buena señal en materia de DDHH por parte de Venezuela”, dijo San Miguel.

Además, agregó: “Presidente Maduro, gire instrucciones para el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Llevamos casi 20 años esperando justicia, verdad y reparación”, indicó San Miguel.

El Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela fue sentenciado en 2018 por la CorteIDH e involucra a tres víctimas: Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang, quienes fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras en 2004, en aplicación de la Lista Tascón.

Estas tres mujeres agotaron 14 años ante el sistema de justicia de Venezuela y el Interamericano hasta obtener sentencia. «Este año se cumplirán 20 años de la violación de sus derechos humanos, según sentencia de la CorteIDH que el gobierno se ha negado a cumplir».

Más sobre este tema:

Organizaciones exigen la liberación de Víctor Venegas y respeto a la actividad sindical

Leer más

La presidenta de la ONG, Rocío San Miguel, recordó que el cumplimiento de la norma militar en torno a estas sanciones evita actos arbitrarios dentro de la Fuerza Armada

La ONG Control Ciudadano pidió este miércoles, 24 de enero, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, explicar la expulsión de un total de 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Estos militares fueron «implicados en conspiraciones» contra la administración oficialista, que incluían el intento de asesinato del gobernante Nicolás Maduro.

En una nota de prensa, la ONG advirtió que las expulsiones y degradaciones anunciadas por el ministro de Defensa «están sujetas a control jurisdiccional y deben cumplirse los extremos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) para efectuarse».

Asimismo, explicó que, de acuerdo con la normativa venezolana, estas son «penas accesorias» y que, además, está previsto que las sentencias de quienes incurran en el delito de «traición a la patria» sean publicadas en prensa nacional.

La presidenta de la ONG, Rocío San Miguel, recordó que el cumplimiento de la norma militar en torno a estas sanciones evita actos arbitrarios dentro de la Fuerza Armada.

Por su parte, el ministro Padrino López informó este miércoles de la expulsión de un total de 33 militares de la FANB, una cifra que hasta el martes era de 18.

En un comunicado, Padrino explicó que estos militares, cuyos nombres, rangos y números de identificación están especificados en el documento, estuvieron «implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano».

Estas acciones -prosiguió- contemplaban «incluso el asesinato del primer mandatario nacional», lo que representa «actos de traición a la patria», por los que el grupo de 33 efectivos castrenses, conformado por 29 hombres y cuatro mujeres, fueron oficialmente expulsados de la FANB.

#24Ene || Comunicado Oficial del MPPD con motivo a Acto de degradación y expulsión de profesionales militares de la FANB.
Enlace: https://t.co/YDMI3Lu8dA#FANB #mppd #FuriaBolivarianaActiva 🇻🇪 #Venezuela pic.twitter.com/RmLQTpPV1u

— Prensa FANB (@PrensaFANB) January 24, 2024

*Con información de EFE

Más sobre este tema:

Gobierno anuncia detención 31 civiles y militares por supuestas cinco “conspiraciones”

Leer más

Vladimir Padrino López, dijo este viernes que la disputa con Guyana, sobre la que se hará un referendo el próximo 3 de diciembre, «no es una guerra armada, por ahora»

La ONG venezolana Control Ciudadano advirtió este viernes que el creciente conflicto entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que ambos países reclaman como suyo, «de seguir así, terminará siendo armado».

San Miguel explicó que acciones del presidente del Gobierno de Guyana, Irfaan Alí, como sus visitas a la zona en disputa o declaraciones públicas en las que ha manifestado que cuenta con el apoyo militar de varios países, representan una «advertencia muy firme para Venezuela».

«Se está complicando el escenario (…) va a una velocidad muy rápida y lo más peligroso para el Gobierno de Venezuela es que está entrando en una encerrona estratégica, es decir, va a exhibir un posible triunfo en el referendo, pero, ¿cómo lo va a aplicar frente a un país que tiene ya a su presidente a escasos metros de los estados (venezolanos) Bolívar y Delta Amacuro?», dijo la activista.

Aseguró que Guyana ya tiene «un despliegue operacional» en el sitio en pugna y que el apoyo manifiesto de los países de la Commonwealth, de la Comunidad del Caribe (Caricom) y otros socios externos debe alertar a Venezuela.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que la disputa con Guyana, sobre la que se hará un referendo el próximo 3 de diciembre, «no es una guerra armada, por ahora».

«Salgan a votar (en el referendo). Esta no es una guerra armada, por ahora, no es una guerra armada», dijo el ministro, quien aseguró que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estarán «vigilantes permanentemente» de «cualquier acción que atente» contra la «integridad territorial».

Entretanto, el vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo, dijo este jueves que la próxima semana representantes del Departamento de Defensa de EE.UU. visitarán Guyana, como parte de la cooperación que Georgetown explora con sus aliados a fin de prepararse para cualquier eventualidad en la disputa con Venezuela, cuyo referendo rechaza.

Más sobre este tema:

Caso Esequibo: vicepresidente de Guyana plantea establecer bases militares con apoyo extranjero

Leer más

La organización destacó que, si bien las autoridades militares han detallado el despliegue de más de 25.000 militares en Yapacana para «erradicar, definitivamente, la minería ilegal», hasta la fecha no se han determinado responsabilidades

Este martes, 26 de septiembre, la ONG Control Ciudadano solicitó a la Fiscalía y demás autoridades «determinar las responsabilidades» de funcionarios civiles y militares «que permitieron que, durante la última década, se instalará la minería ilegal» en el parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas.

«Control Ciudadano exhorta al Ministerio Público y demás autoridades competentes a determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios públicos, civiles y militares, con competencia de guardería ambiental, por la omisión de su deber de impedir los daños ecológicos ocasionados al parque nacional Yapacana», pidió la ONG en un comunicado.

La organización destacó que, si bien las autoridades militares han detallado el despliegue de más de 25.000 militares en Yapacana para «erradicar, definitivamente, la minería ilegal» y el desalojo de más de 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales» desde el 1 de julio, hasta la fecha no se han determinado responsabilidades por la omisión del deber de «guardería ambiental».

Desde julio, la Fuerza Armada ha llevado a cabo múltiples operativos en la Amazonía venezolana que han resultado en la expulsión de más de 14.000 personas señaladas como «mineros ilegales» y en el desmantelamiento de «más de 4.500 estructuras tipo campamentos» usadas para la práctica ilícita de esta actividad, según la institución castrense.

El pasado jueves, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó de la detención de 51 personas acusadas de practicar la minería ilegal en la Amazonía, 42 de ellas extranjeras, de las cuales 37 son de nacionalidad colombiana, dos brasileños, dos ecuatorianos y un peruano.

El militar dijo recientemente que un tribunal ha autorizado la aplicación de «medidas judiciales precautelares» contra los acusados de practicar la minería ilegal en Yapacana.

Se deben vigilar los DDHH y uso proporcional de la fuerza

Un trabajo publicado en el portal web TalCual destacó que las operaciones de la Fuerza Armada Nacional (FAN) contra la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana pasan por el respeto a los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.

El portal reseñó que el investigador y profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile y especialista en Relaciones Internacionales, seguridad y Defensa, indicó que a la Fuerza Armada no le corresponden este tipo de operaciones salvo que esté en juego la defensa territorial.

Puntualizó que, en una misión de no guerra, debería haber un criterio de «supervigilancia» respecto a los derechos de los grupos originarios y también reportes de derechos humanos.

Vladimir Aguilar, director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA, refiere que en la zona «ha habido excesos, pero también quienes están haciendo la minería han violado los derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza».

Más sobre este tema:

Exigen a la FANB precisar número de aeronaves de narcotráfico neutralizadas en los últimos años

Leer más

La ONG exhortó al comando castrense a «publicar oficialmente el registro de inutilización y derribo de aeronaves provenientes del narcotráfico»

La ONG Control Ciudadano exigió este lunes, 18 de septiembre, que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) aclare la información sobre las aeronaves vinculadas al narcotráfico que han sido neutralizadas en los últimos años.

Mediante una nota de prensa, la organización explicó que esta solicitud se da a fin de «hacer creíble la política de derribo e inutilización» de estos vehículos aéreos.

También, la ONG aseguró que el comando militar «no ha aportado detalles sobre la matrícula de las aeronaves inutilizadas, procedencia de las mismas, identidad de las tripulaciones, localización geográfica de las operaciones realizadas y las razones por las cuales las aeronaves fueron consideradas vinculadas al narcotráfico».

Average al día:
Durante el año 2023 #FANB ha inutilizado 39 aeronaves en la lucha contra el narcotráfico, para un total de 362 aeronaves desde el año 2012 hasta la fecha.

Venezuela ha sido exitosa con su doctrina y métodos en la lucha contra el narcotráfico, así no sea… pic.twitter.com/DrZ3fK1sE0

— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) September 19, 2023

Además, la ONG exhortó al comando castrense a «publicar oficialmente el registro de inutilización y derribo de aeronaves provenientes del narcotráfico, aportando el mayor número de datos, para un efectivo control democrático de esta actividad, en defensa de la seguridad y defensa nacional».

El ministro de Interior, Remigio Ceballos, informó el miércoles de la detención de dos brasileños por traficar 455 kilos de cocaína en una avioneta que fue obligada a aterrizar en una «pista clandestina utilizada para el tráfico internacional de droga» en el estado Falcón.

Las fuerzas de seguridad han incautado 33,5 toneladas de drogas en lo que va de año, tiempo en el que 11.612 personas fueron detenidas, producto de 8.954 procedimientos, por delitos relacionados con el tráfico de estas sustancias, según datos oficiales.

*Con información de EFE

Más sobre este tema:

SOS Orinoco sobre situación en Yapacana: Durante 20 años militares permitieron que minas crecieran

Leer más

Control Ciudadano pidió que este proceso de intervención genere «una ventana de oportunidad para los cambios normativos y de gobierno interno de esta institución»

La ONG Control Ciudadano pidió a la junta «ad hoc» de la Cruz Roja venezolana, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras intervenir, el pasado 4 de agosto, la organización internacional humanitaria en el país, que garantice la «transparencia» y el respeto a los «principios de independencia y neutralidad».

En un comunicado, la ONG pidió que este proceso de intervención genere «una ventana de oportunidad para los cambios normativos y de gobierno interno de esta institución».

Estos cambios, prosiguió, «pueden y deben hacer compatibles los principios de independencia y neutralidad con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al derecho de libre asociación en una sociedad democrática».

Además, Control Ciudadano mostró su alarma por lo que consideró «el uso reiterado de la judicialización para la intervención de entes societarios no estatales», y llamó la atención ante «cualquier intento» de utilizar el caso de la Cruz Roja como precedente para intervenir de manera «indiscriminada» otros «entes asociativos independientes».

Aseguró que la investigación y sanción a responsables de cualquier hecho de «acoso o abuso» que haya tenido lugar dentro de esta organización, no está reñido con la garantía del debido proceso.

«Estamos convencidos que la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja debe continuar su existencia y su labor ininterrumpidos desde su fundación. En este sentido, tomamos la palabra de las nuevas autoridades que han llamado a un proceso abierto a la sociedad civil», señaló.

Más sobre este tema:

Utopix: En Venezuela ocurren entre 15 a 20 femicidios cada mes

Leer más

Junta reestructuradora de la Cruz Roja

La Cruz Roja Venezolana anunció que siete personas conformarán la junta reestructuradora ad hoc que sigue a la intervención del organismo tras sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.  

Aseguraron que esta junta solicitará el acompañamiento  del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con la intención de  «crear mecanismos de transparencia, integridad de voluntarios y realización de elecciones democráticas en un plazo de 12 meses».

Los integrantes serán Ricardo Cusanno, empresario venezolano que fue presidente de Fedecámaras y quien se anunció desde el día uno de la intervención como quien presidirá este grupo reestructurador.

Le acompañarán la recientemente electa vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, María Fátima Garcés, quien fuera coordinadora académica de la Facultad de Medicina de dicha casa de estudios, exdirectora de la Escuela de Bioanálisis y quien posee estudios de PHD en Bioquímica. 

Otro nombre que figura en la lista es el del esgrimista, medallista olímpico y exdiputado oficialista Rubén Limardo, quien es presidente de la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Esgrima, según la información publicada en la cuenta de la Cruz Roja. Limardo ganó oro en esgrima en Londres 2012 y luego en 2015 fue electo como diputado suplente del estado Bolívar por el PSUV a la AN que controló la oposición.

5️⃣Rubén Limardo, deportista y medallista olímpico, presidente de la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Esgrima

(6/9)

— Cruz Roja Venezolana (@CruzRojaVe) August 7, 2023

Se suman al grupo Alberto C. Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa y Fundador de Proyecto Alcatraz: «La familia Vollmer donó en 1938 los terrenos donde fue construida la sede actual de la Cruz Roja Venezolana y ha sido partícipe de distintas iniciativas que han favorecido la organización», se detalla en la nota de prensa sobre esta junta. 

Cierran el grupo de siete el cardiólogo Juan Simón Muñoz, director del Servicio de Hemodinamia del Instituto Médico La Floresta, Clínica Rescarven y Clínica Vista California;  Jhoanna Pantoja, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela y voluntaria de la Cruz Roja Venezolana y Griswill Fonseca, médico ginecobstetra a quien presentan como experta en primeros auxilios y programas anticonceptivos.

6️⃣Jhoanna Pantoja, Presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, voluntaria de la Cruz Roja Venezolana

(7/9)

— Cruz Roja Venezolana (@CruzRojaVe) August 7, 2023

Con información de EFE

Control Ciudadano determinó que el 90 % de las operaciones del primer trimestre de 2023, no se reportaron las siglas de las aeronaves (matrícula) y en el 100 % se desconoce el destino de las tripulaciones y la supuesta carga ilícita de las aeronaves

La ONG Control Ciudadano denunció este martes, 4 de abril, la opacidad en la información sobre el derribo de aeronaves utilizadas para el narcotráfico en Venezuela.

Según explica la ONG, el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) es la autoridad competente para aplicar las medidas de interceptación, persuasión, inutilización e inmovilización de aeronaves presuntamente provenientes del narcotráfico, debiendo dejar registro de estos procedimientos. Sin embargo, no ofrece detalles al respecto.

«Queda en evidencia la opacidad de la política de derribo e inutilización de aeronaves provenientes del narcotráfico, pues el registro oficial de estos procedimientos no se conoce, quedando muchas dudas al respecto», señala la ONG.

Control Ciudadano determinó que en el 90 % de las operaciones del primer trimestre de 2023 no se reportaron las siglas de las aeronaves (matrícula) y en el 100 % se desconoce el destino de las tripulaciones y la supuesta carga ilícita de las aeronaves.

«También se evidencia total opacidad de información del Ceofanb sobre la inutilización o derribo de narcoavionetas, en el 45 % de las operaciones realizadas en el primer trimestre de 2023», señala Control Ciudadano.

Control Ciudadano: Inutilización y derribo de narco avionetas, es opaca en Venezuela

90 % de las operaciones del primer trimestre de 2023, no reporta matrícula y en el 100 %, se desconoce destino de tripulaciones y supuesta carga ilícita

Nota completa en https://t.co/gWK6ydt32Y pic.twitter.com/YWiZuAsdAG

— Control Ciudadano (@ovesede) April 4, 2023

Se desconoce la cooperación militar 

En 2023 y años anteriores, en Apure, Barinas, Falcón y Zulia, se efectuaron las operaciones de derribo e inutilización de narco avionetas. Sin embargo, también se desconoce si se está efectuando cooperación militar con Colombia y el Reino de los Países Bajos.

Control Ciudadano exhorta al Ceofanb a publicar oficialmente el registro de estos eventos, aportando el mayor número de datos para un efectivo control democrático de esta actividad.

Más sobre este tema:

Homicidios en fronteras de Venezuela bajaron 34% en 2022 de acuerdo con Fundaredes

Leer más

La organización espera que ambos países avancen en la cooperación con acciones como un «patrullaje conjunto de pasos irregulares», a fin de disolver las «mafias que los controlan» y la «persecución del narcotráfico»

La ONG Control Ciudadano criticó este 24 de marzo el «nulo» avance en la cooperación militar entre Venezuela y Colombia, sobre todo en la frontera que comparten ambos países, cuyas relaciones diplomáticas se reanudaron en agosto, luego de tres años de ruptura.

«Y lo que hay es silencio, ningún avance concreto (en la cooperación militar)», dijo a EFE la presidenta de la ONG, Rocío San Miguel, quien denunció que, desde el encuentro entre el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, y su homólogo colombiano, Iván Velásquez, en septiembre, los «problemas de seguridad fronteriza» no solo «persisten», sino que «se están agravando».

En este sentido, la organización espera, prosiguió San Miguel, que ambos países avancen en la cooperación en esta materia con acciones como un «patrullaje conjunto de pasos irregulares» a fin de disolver las «mafias que los controlan» y la «persecución del narcotráfico».

Además, Control Ciudadano considera que se debe llevar a cabo un «intercambio de información sobre el pie de fuerza de grupos armados» que operan en la frontera, así como discutir las «reglas de enfrentamiento para combatirlos».

Un día antes de las declaraciones de San Miguel, Nicolás Maduro y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, celebraron una reunión en Caracas. Sin embargo, ambos salieron de su encuentro sin ofrecer información sobre lo conversado, que, según dijo posteriormente la Presidencia colombiana, fue, en parte, la lucha contra el narcotráfico y la colaboración en la frontera mutua.

Con información de EFE