GNB Aragua «ratifica su lealtad y compromiso a nuestro Comandante en Jefe y Presidente» FOTO: @GNB_Aragua
En la última andanada de detenciones, Contrainteligencia Militar está metiendo en una misma conspiración a un grupo heterogéneo que va desde el gocho de los audios hasta el general Tomate
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
Y llegó la nueva conspiración militar contra Maduro. Tenía que suceder. Y si no existía, había que fabricarla. A juzgar por las detenciones e interrogatorios en masa que se adelantan en los cuarteles, la Contrainteligencia Militar huele que algo grande se cocina, pero todavía no tiene en sus manos todos los ingredientes.
Las detenciones comenzaron el jueves 17 de mayo, cuando ya estaba en desarrollo la fase electoral de la Operación República para la elección presidencial. Y continuaron durante todo el fin de semana. Hubo un primer grupo, conformado por siete efectivos de la Armada y dos de la Aviación, casi todos pertenecientes a unidades élite emplazadas, respectivamente, en Turiamo (Aragua) y Maracay (Aragua). Fueron trasladados a Caracas, interrogados en Boleíta y presentados entre el lunes 21 y el martes 22 de mayo en los tribunales de Fuerte Tiuna.
En esta primera camada destacan los capitanes de corbeta Luis Cunes (oficial técnico, paracaidista) y Carlos Macsotay Rauseo, jefe de uno de los regimientos de la Brigada de Comandos del Mar. Este oficial egresó de la Escuela Naval en 2001.
Simultáneamente fueron privados de libertad el comandante del Grupo 20 de Operaciones Especiales de la Aviación, con sede en la base Libertador de Maracay, teniente coronel Ruperto Molina, y el coronel Juan Pablo Saavedra, un especialista en derecho mercantil asimilado a la fuerza castrense.
La investigación parecía apuntar hacia una supuesta conspiración de efectivos de fuerzas especiales de por lo menos dos componentes armados emplazados en el centro del país, donde se encuentra precisamente el corazón de la FAN, por razones históricas y operativas.
Las cosas, sin embargo, comenzaron a enrarecerse con la detención de dos civiles, a quienes ligan a este supuesto complot. En San Antonio del Táchira los de la Dgcim se llevaron a Carlos Andrés Mora, el famoso Gocho de los audios transmitidos a través de whatsapp, y al traumatólogo de origen colombiano José Alberto Marulanda, durante un allanamiento a su residencia en El Hatillo.
La abogada del Foro Penal y defensora de ambos civiles, Maria Fernanda Torres, dijo que hasta el momento desconoce cuáles fueron los elementos evaluados para meter en el mismo saco a un médico ligado al ámbito universitario en Caracas y a un comerciante tachirense conocido por su actividad en las redes sociales. Indicó que el único documento al que ha tenido acceso desde que se constituyó en apoderada judicial es la notificación sobre las imputaciones por traición a la patria e instigación a la rebelión. Esta ha sido una práctica recurrente: en las primeras de cambio, el expediente de la investigación por la que resultan detenidos tanto civiles como militares es dosificado, de manera que no se puede tener una noción real sobre el alcance de las pesquisas ni la solidez de los delitos atribuidos.
Mezuca y el general Tomate
Las cifras sobre las detenciones practicadas durante los últimos días varían desde cuarenta personas hasta doscientas. Pero en el caso del último complot contra Maduro solo han sido presentados ante los juzgados en Fuerte Tiuna dieciocho militares y dos civiles.
El 22 de mayo la Dgcim protagonizó un controversial procedimiento en el municipio Sucre, que dejó un saldo de un muerto y por lo menos dos personas heridas. Se investigaba una supuesta sustracción de fusiles. Uno de los sargentos, plaza del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Sucre), fue detenido luego de una persecución desde Mezuca, donde cumplía funciones. Se trata de Jorge Luis Morillo Fernández, quien supuestamente se resistió al arresto junto al también sargento Edgar Andrés García Florida.
Pero estos no fueron los mismos efectivos de tropa presentados por la supuesta conspiración de las fuerzas especiales (Alonso Ojeda, Blanco Rondón y Peña Quintana). El asunto se complica todavía más cuando se involucra a un general de división y uno de brigada de la Guardia Nacional. Son, respectivamente, Pedro Naranjo Suárez y Nelson José Morales Guitián. El primero fue comandante de la División Aérea de la GN, y desde octubre se desempeñaba como Director de Apoyo al Desarrollo Nacional de la referida fuerza. Morales, en cambio, se dio a conocer en 2017 por haberse negado a enviar tropas para reprimir a manifestantes en Carabobo. Desde entonces, fue removido del comando de zona y lo depositaron en la jefatura de Productos Agrícolas Tomate, Pimentón, Cebolla, Papa y Ají. Al titular de ese cargo se le conoce como el general Tomate. Naranjo y Morales, por lo tanto, eran una parte más de la creciente burocracia militar, y carecían de mando sobre tropas.
Como se ve, estos veinte detenidos forman un grupo heterogéneo en el que resulta muy complicado encontrar un hilo conductor. Esto hace pensar que las detenciones continuarán, especialmente en el seno de la institución militar.
Si la conspiración cuyo liderazgo fue atribuido en marzo al comandante del batallón Ayala Igbert Marín era protagonizada por un grupo de importantes jefes del Ejército, esta de mayo más bien parece un menestrón, donde todo cabe.
Una nota final: si tendemos la mirada hacia los complots contra Maduro, reales o ficticios, nos daremos cuenta que los primeros fueron encabezados por oficiales aislados o retirados, usualmente generales que no hacían otra cosa sino rumiar su descontento hacia el Gobierno. Eran, además, de la Guardia Nacional (golpe Fénix) y en menor medida de la Aviación (golpe Azul). Ahora, esto ha cambiado. Los últimos son de unidades operativas del Ejército y la Armada, con importante poder de fuego y movilidad. Fueron, además, oficiales formados plenamente durante el gobierno de Hugo Chávez. Algo que se sale de todo cálculo. Acaso sea por eso que ahora el presidente reelecto se empeña en que los militares le juren lealtad. Jurar lo obvio resulta, cuando menos, sospechoso.
Breves
*La reyerta en el retén del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, el miércoles 16 de mayo, tuvo más de una consecuencia. En primer lugar, comenzó un desalojo de la mayoría de los presos comunes, que se acumularon allí durante años en condiciones infrahumanas, de acuerdo con un informe presentado en 2017 por la organización Una Ventana para la Libertad. Para el momento de la redacción de estas líneas, se informó que en esos calabozos quedan aproximadamente 50 personas. En 2017, la población reclusa llegó a rondar los 340. En segundo lugar, se generaron condiciones que permitieron constatar otras irregularidades, más allá del evidente hacinamiento, como por ejemplo, la permanencia de cuatro menores de edad y de otras personas que seguían en poder de la policía política, a pesar de que los tribunales habían emitido órdenes de excarcelación, así como otras que estaban recluidas sin órdenes de aprehensión, es decir, en una privación ilegítima de su libertad. Una comisión designada por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público evaluó los casos de los detenidos que siguen en Helicoide, con la finalidad de otorgarles la libertad mediante un acto especial de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta situación ya había sido evaluada en 2017 por la presidenta de esa entidad, Delcy Rodríguez, pues entonces la idea era incorporar a un grupo de militares –tanto activos como retirados- que no se encuentran en el Helicoide. Todavía no está claro cuál será la figura jurídica a la que acudirá el régimen, ni si será aceptada por los beneficiarios, en virtud de lo que eso implicaría un reconocimiento tácito a un poder cuya legitimidad está cuestionada.
*Desde este espacio se ha advertido sobre el creciente involucramiento de los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en actividades delictivas. Las últimas informaciones ya indican que el delito llegó hasta las barracas y los cuarteles de la propia institución, favorecido por una ausencia de controles que ya parece crónica. El 23 de mayo, por ejemplo, se detectó que tres funcionarios de la Brigada Motorizada introdujeron en el dormitorio policial a igual número de menores de edad, de 15, 16 y 17 años, con fines aparentemente sexuales. Una de ellas, incluso, era solicitada por haber desaparecido de su vivienda. Cuando el comisionado director de la brigada se percató de la situación, el grupo ya se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. Otro caso: el sábado 26 de mayo, la Policía de Chacao recibió información sobre un asalto perpetrado en El Rosal por agentes uniformados de la PNB, que circulaban a las 4:30 am en una patrulla Land Cruiser con el rotulado de esa policía. A la víctima la despojaron de dos millones de bolívares, un teléfono celular e incluso le quitaron un par de zapatos deportivos. Tercer caso: el 28 de mayo, tres oficiales de esa policía fueron aprehendidos por el secuestro express de una mujer, a la que interceptaron en Santa Mónica. El rescate fue pagado mediante una transferencia bancaria a la cuenta de una mujer, aparentemente ligada a este grupo. Todos estos incidentes fueron reportados en un lapso de apenas cinco días, y solamente en el Área Metropolitana.
*El lunes 28 de mayo, una comisión de inteligencia antidrogas incautó en el terminal especializado en contenedores del puerto de La Guaira 100 panelas de cocaína (peso bruto 111 kgs) que iban a ser embarcados en carguero Panavera con destino en Kingston, Jamaica. Los militares bajo el mando del coronel Carlos Gómez detuvieron a los sargentos Carlos González Ramírez, supervisor de Operaciones del terminal, y a Dulio Herrera, encargado de colocar los precintos a los contenedores. También fueron privados de libertad los civiles José Armao Colomo, receptor de contenedores vacíos, y el conductor Juan Carlos Blanco, quien supuestamente manejó el vehículo en el que entró el contenedor con la droga. Durante la pesquisa, uno de los militares de guardia, el sargento Daniel Alberto Palladino, huyó del lugar. Fue detenido en el sector Marapapiache de Catia La Mar. Armao Colomo es empleado de la empresa Texeira Duarte, que opera el terminal desde 2017 gracias a un convenio con la estatal Bolivariana de Puertos.
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