Calixto Ortega

Según Calixto Ortega, la actividad económica de Venezuela creció 14,65 % y 19,07 % en el tercer y cuarto trimestre de 2021

Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, señaló este miércoles, 24 de agosto, que en el país «lo único que crece es la desigualdad».

A través de su cuenta de Twitter, Guaidó compartió un audio con unas declaraciones que hizo Nicolás Maduro hace un tiempo, donde aseguraba que han logrado un «crecimiento» de la economía. 

«La hiperinflación inducida la vamos bajando. El ataque a la moneda lo vamos controlando. El crecimiento económico lo hemos logrado», señaló Maduro en el audio.

Además, Maduro aseguró que hay un crecimiento en la producción de alimentos, petrolera, de gasolina, petroquímica, de textiles e industrial.

Ante eso, Guaidó sentenció: «En Venezuela lo único que crece es la desigualdad (…) Las sanciones obligaron a la dictadura ha permitir zonas de distensión económica o burbujas, donde mafias y tribus sacan ventaja y donde la mayoría del país no tiene acceso».

En Venezuela lo único que crece es la desigualdad.

Las sanciones obligaron a la dictadura ha permitir zonas de distensión económica o burbujas, donde mafias y tribus sacan ventaja y donde la mayoría del país no tiene acceso.

¡La recuperación vendrá con democracia y garantías! pic.twitter.com/PpsFz7P0Dr

— Juan Guaidó (@jguaido) August 24, 2022

El pasado martes, 23 de agosto, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, anunció que la economía del país creció dos dígitos durante el último año.

Según Ortega, la actividad económica de Venezuela creció 14,65% y 19,07% en el tercer y cuarto trimestre de 2021. Asimismo, dijo que la mejora en los primeros tres meses de 2022 fue de 17,04% y entre abril y junio fue de 18,7%. Todos son cálculos estimados.

«Tenemos suficientes razones para ser optimistas en lo que queda de año 2022 y el próximo año», señaló Ortega.

Por otra parte, aseguró que el BCV ha fortalecido la política fiscal, cambiaria y monetaria y ha avanzado en los «principales objetivos» en materia económica.

«Ha sido un momento inédito (…) Hemos aprendido mucho», expresó,

También, prometió que para los próximos días presentarán la actualización de la información sobre el producto interno bruto (PIB) en la página web del banco.

*Con información de La Prensa Lara

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El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, anunciaron un nuevo convenio cambiario en que el bolívar tendrá libre convertibilidad en todo el país, e instaron a los empresarios a aperturar cuentas en moneda extranjera.

Zerpa, anteriormente parte de la directiva de PDVSA y uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos, indicó que el nuevo convenio cambiario abre una puerta de trabajo para la inversión productiva, que permitirá que los empresarios traigan divisas al país.

«Estamos dando todas las condiciones, las reglas están claras , todos aquellos que están alimentando el sistema criminal, sépanlo que están trabajando en la sombra, el nuevo mercado de divisas venezolano está abierto para cualquier persona natural o jurídica», señaló el ministro durante la rueda de prensa.

Bajo este nuevo convenio, el BCV centralizará la compra y venta de divisas obtenidas de las exportaciones de las empresas públicas nacionales. En el caso de las empresas privadas, se mantendrá la proporción de 80/20, que permite que las empresas conserven el 80% de las divisas obtenidas y deben vender el 20% restante al Banco Central. Las operaciones turísticas también se regirán por esa proporción.

El detalle del convenio vino acompañado de un llamado de Zerpa al sector exportador privado del país a «cumplir con el Estado».

Con la nueva medida, según Zerpa, el mercado cambiario será único y flotante, resultado de las operaciones de compra-venta del sistema DICOM.

Además, anunció que la banca pública y privada del país podrá llevar a cabo operaciones de menudeo de divisas, una función hasta ahora única de las pocas casas de cambio habilitadas por el gobierno.

«Queremos fortalecer el régimen para mantener cuentas en moneda extranjero (…) Hacemos un llamado a las empresas y personas naturales a apertura cuentas en moneda extranjera, lo importante es que se manejen estas divisas desde Venezuela pese al bloqueo internacional de Estados Unidos», declaró el ministro sancionado.

Parte de la medida fue la autorización de la negociación en bolívares de la emisión de valores y títulos en moneda extranjera para las empresas privadas nacionales en la Superintendencia Nacional de Valores, el órgano al que Zerpa encargó para detallar la estructuración de los mecanismos de financiamiento para empresas.

Asimismo, informó la extensión por una semana más del plan de «ahorro en oro», el cual supuestamente ha emitido 2.000 certificados de ahorro y 11.000 certificados fraccionados.

Por último, dijo que Nicolás Maduro dará anuncios importantes en los próximos días «para que sigan confiando en este sistema de intercambio de divisas».

Calixto Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), explicó que los billetes con denominaciones inferiores a 1.000 bolívares fuertes no tendrán valor a partir del 20 de agosto.

El presidente del BCV señaló que solo permanecerán en vigencia los billetes con denominaciones superiores a 1.000 bolívares.

“Las personas que tengan billetes inferiores a 1.000 bolívares podrán ir a la banca y depositar esos billetes, dado que esos billetes ya no van a ser utilizados y no van a coexistir con el Bolívar Soberano”, indicó Ortega Sánchez este martes.

Destacó que los billetes con denominaciones superiores podrán coexistir con el nuevo cono monetario.

Solo serán vigentes las denominaciones superiores a mil (1000) bolívares actuales, las piezas de valor inferior serán desmonetizadas desde el #20Ago, explicó el Presidente del #BCV, Calixto Ortega Sánchez | #BolívarSoberano pic.twitter.com/0xBxzVFydr

— Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) August 14, 2018

En solo año y medio el Banco Central de Venezuela ha tenido tres presidentes designados por el gobierno. Ninguno de los nombramientos fue autorizado por la Asamblea Nacional como lo establece el artículo 9 de la Ley del banco central, según el cual la máxima autoridad del instituto emisor debe ser ratificada por el voto de la mayoría de los miembros del Parlamento.

En enero de 2017 Ricardo Sanguino asumió la conducción del BCV por orden del presidente Nicolás Maduro. En octubre pasado –cuando el país entró por primera vez en hiperinflación–, la asamblea nacional constituyente, presidida entonces por Delcy Rodríguez, lo destituyó y en su lugar designó a Ramón Lobo.

El ex titular ocupó el cargo durante ocho meses hasta que el martes la ANC, a minutos de haber sido nombrado Diosdado Cabello como su presidente, aprobó la solicitud de Maduro de elegir un nuevo jefe del BCV. Calixto José Ortega Sánchez se convirtió en el tercer presidente del instituto emisor sin autorización del Parlamento.

A pesar de que la Ley del banco central indica que su presidente es escogido para un período de siete años, ni Sanguino ni Lobo pasaron más de nueve meses en el puesto.

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Nuevamente la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió al Tribunal Supremo de Justicia, en esta ocasión para solicitar un antejuicio de mérito contra seis magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes.

La petición ante la Sala Plena es contra los magistrados Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Lourdes Suárez, Luis Damiani, Carmen Zuleta y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves.

«La designación de magistrados express carece de legitimidad de origen, estas personas no pueden continuar en sus cargos y deben ser separados», dijo en las escaleras del TSJ.

«No puede ser que al TSJ no le guste la Asamblea Nacional y la elimine, que no le guste la Fiscalía y trate de eliminarla», agregó.

Denunció que organismos de seguridad del Estado impiden a las personas llegar al TSJ. «Cualquier ciudadano puede solicitar aclaratorias de sentencias».

#ENVIVO Declaraciones de la Fiscal General @lortegadiaz desde el TSJ #13Jun https://t.co/8ubNV7MXrF

— Ministerio Público (@MPvenezolano) 13 de junio de 2017

13 funcionarios principales y 20 suplentes conforman el Tribunal Supremo de Justicia. Sus designaciones fueron aprobadas por mayoría simple oficialista el 23 de diciembre de 2015, durante la última sesión extraordinaria convocada por la Asamblea Nacional ese año cuando Diosdado Cabello era presidente del parlamento.

Este lunes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que es necesario la «desincorporación inmediata» de 13 magistrados principales y sus suplentes del TSJ.

Conoce a los magistrados principales:

Maikel Moreno

Implicado en dos asesinatos y condenado cuando formaba parte de la Disip y era escolta de Carlos Andrés Pérez ingresó al sistema judicial como alguacil en 1994. Gracias al chavismo se hizo juez de Control, primero en Delta Amacuro y posteriormente en Caracas luego de los sucesos de abril de 2002. Representó al concejal Richard Peñalver, a Henry Atencio, Rafael Cabrices y los demás «pistoleros de puente Llaguno». Fue acusado por el magistrado Luis Velásquez Alvaray de pertenecer a la llamada «Banda de los Enanos».Es el responsable de negarle al expresidente del gobierno español, Felipe González, sumarse a la defensa de Leopoldo López, alegando que “no permitiría bochinches”. Ante la partida de Gladys Gutiérrez fue nombrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Calixto Ortega

Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designado el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Diputado suplente del parlamento latinoamericano. Es abogado con una maestría en Derecho Político de la Universidad del Zulia (LUZ). Fue diputado de la Asamblea Nacional en los periodos 2000-2005 y 2006-2010 y viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Fue candidato voto lista del Gran Polo Patriótico en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 por el estado Zulia.

Luis Fernando Damiani

Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designado el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Fue magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras que ocupó este cargo participó en 2013 en la Convención de eliminación de la discriminación racial en Ginebra. En el año 2010 figuró como viceministro de Desarrollo Académico. De acuerdo con la página del Seguro Social cotizó hasta el año 2011 para la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Lourdes Suárez Ánderson

Hermana de Danilo Anderson, fiscal del Ministerio Público asesinado producto de la detonación de un explosivo oculto en su carro. Fue defensora pública penal N° 41° del Área Metropolitana de Caracas. En diciembre del año 2014 se nombró como Defensora Pública Cuadragésima Primera con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del área Metropolitana de Caracas. El día 23 de diciembre de 2015 fue designada como magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional.

Juan Ibarra Verenzuela

Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia designado el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Juez de la República Bolivariana de Venezuela. Un grupo de abogados y familiares de Luis Ramos González y Jesús Guerra García mostró su oposición a la postulación ante el diputado Elvis Amoroso, por el deseo que tenía de pertenecer al TSJ. Acusan a Ibarra de haber tomado decisiones que beneficiaron al grupo Contuy Medio, una contratista que se encargó de la construcción del tren de los Valles del Tuy, pese a que hubo un herido grave y un fallecido en un accidente laboral. Ibarra es abogado egresado de la Universidad Santa María con al menos tres estudios de postgrado en derecho y ciencias penales. También tiene diplomados y otros estudios relacionados. En 2007 fue destituido de su cargo como juez rector de la Circunscripción Judicial del estado Aragua y los medios lo vincularon al ex gobernador Didalco Bolívar. Después de su remoción, fue transferido al estado Miranda.

Yanina Karabín de Díaz

Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia designada el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Presidió el Circuito Judicial Penal del estado Lara. También fue Fiscal Superior de Lara. Entró al Tribunal Supremo de Justicia como consecuencia de la muerte de Ninoska Queipo.

Marco Antonio Medina Salas 

Magistrado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia designado el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Tiene un magister en Ciencias Penales y Criminológicas con doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad del Zulia. Es presidente del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, profesor universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa). Se encargó de la sala de recursos humanos del Instituto Autónomo de Protección Civil del Táchira. De acuerdo con la página del Seguro Social cotiza desde mayo de 2015 para la dirección administrativa del estado Táchira.

Vilma Fernández

Jueza Provisoria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas y profesora de Derecho Civil en la Universidad Nacional Experimental De Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Es egresada de la Universidad de los Andes (ULA). Trabajó como asesora jurídica de la compañía Seguros La Seguridad y Seguros Los Andes. En el año 2004 figuró como analista en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Fue magistrada suplente en el año 2014. De acuerdo con la página del Registro Nacional de Contratistas es contralora con el 16.6% de las acciones de Asociación Cooperativa Susej 6231 R.L, empresa encargada de: “Realizar mantenimientos y construcciones de obras civiles, hidráulicas y petroleras”. El día 23 de diciembre de 2015 fue designada magistrada de la Sala Civil Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Nacional.

Francisco Velázquez

Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia designado el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Fue magistrado suplente de la Sala Constitucional electo en diciembre de 2014. Hasta esa fecha fue juez rector del Circuito Judicial Penal del estado Apure desde el 26 de octubre de 2005. Nació el 5 de abril de 1973.

Fanny Márquez Cordero 

Magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia designada el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Vicepresidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), nombrada en el cargo por el presidente Nicolás Maduro el 4 de enero de 2015. Márquez es abogada y también ocupó la consultoría jurídica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), según Gaceta Oficial del 14 de agosto de 2003. En 2008, luego de la destitución de una veintena de intendentes del Seniat, comenzó a trabajar en el organismo tributario como intendente nacional.

Christian Zerpa

Magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia designado el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Fue diputado al parlamento por el estado Táchira en el periodo 2010-2015. Perdió en las elecciones primarias del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) por el estado Trujillo. Egresó como abogado y politólogo de la universidad de Los Andes. Es militante del Partido Socialista Unidos de Venezuela e integró de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración.

Eulalia Guerrero Rivero

Magistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia designada el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Trabaja en el despacho 1 de la Sala Constitucional del TSJ. Coordinó el despacho de recursos humanos de la Procuraduría General de la República. De acuerdo con la página del Seguro Social cotizó hasta el año 2011 para la Procuraduría General de la República.

Jesús Jiménez Alfonzo

Magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia designado el día 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional. Fue juez vigésimo de juicio del Circuito Judicial penal del Área Metropolitana de Caracas. Participó en el caso del periodista Leocenis García, acusado de porte ilícito de armas, extorsión, y resistencia a la autoridad.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este lunes que la Asamblea Nacional (AN) usurpa «competencias atribuidas» al jefe de Estado, Nicolás Maduro, en materia de estado de excepción y relaciones exteriores.

La sentencia proviene de la Sala Constitucional del TSJ y responde a una solicitud de pronunciamiento hecha por Maduro el pasado 26 de mayo sobre la constitucionalidad de la Ley Especial para atender la crisis nacional de salud, aprobada por el Parlamento, de mayoría opositora, el 3 de mayo.

Ley Especial para atender la Crisis Nacional en Salud, compuesta por 15 artículos, fue la respuesta de la Asamblea Nacional para afrontar la crisis de salud que afronta el país. La herramienta le sugiere al estado aceptar la Ayuda Humanitaria solicitada por la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional ante la OMS y la comunidad internacional.

La la ley establece los parámetros para que Venezuela pueda obtener medicina de alta calidad y de manera gratuita, con transparencia en la adquisición y distribución. Sin embargo, la Sala Constitucional asegura con esta ley, organizaciones internacionales y países cooperantes podrían decidir en qué consistiría la ayuda «y con qué calidad y condicionalidad sería entregada la misma, lo cual, expondría a grave riesgo a la población, al obligar a la recepción de productos medicinales que podrían estar en etapa de investigación (pre comerciales), así como, de fármacos susceptibles de afectar la salud y de prohibida administración en seres humanos o productos que, pudiendo fabricarse en el país, su libre ingreso afecte a la industria farmacéutica nacional».

Con ponencia del magistrado Calixto Ortega, el exdiputado del PSUV, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de dicha Ley por «usurpar» – también – el «carácter exclusivo» del Ejecutivo relacionadas con estados de excepción.

El pasado 3 de junio, el consultor jurídico de la Presidencia de la República, Elvis Amoroso, introdujo ante el Supremo una demanda con solicitud de amparo constitucional contra el Legislativo por la supuesta usurpación de funciones.

La ONG Transparencia Venezuela realizó un perfil de los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quienes firmaron la sentencia número 9 del 1 de marzo dónde limitan la función contralora de la AN sobre otros poderes públicos y señala como «inconstitucional» la remoción de los llamados «magistrados exprés».

En la listán están magistrados con trayectoria como Calixto Ortega, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, e incluso Lourdes Benicia Suárez Anderson, la hermana del fiscal Danilo Anderson.