Una primera reunión entre el Gobierno de Venezuela y sus acreedores para discutir una reestructuración de la deuda externa del país y de su petrolera estatal concluyó sin propuestas concretas el lunes, dijeron varios participantes a Reuters al salir del encuentro.
Los inversores salieron de la reunión cargados de bolsas de finos chocolates y café, pero sin un panorama claro sobre como proseguirán las conversaciones que apuntan a renegociar los términos de unos 60.000 millones de deuda soberana y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Casi un centenar de inversores -o sus representantes- acudieron a la sede administrativa del palacio presidencial en el centro de Caracas para asistir al encuentro promovido por el mandatario, dijeron dos testigos.
La reunión, que duró unos 15 minutos, se consideraba clave para comprender la estrategia del Gobierno que, aunque ha esperado hasta el último día para realizar pagos clave, ha seguido cumpliendo con sus obligaciones.
“No salió nada de allí, fue una oportunidad perdida”, dijo uno de los inversionistas que había viajado especialmente a Caracas para la reunión.
“No hubo oferta, ni términos”, dijo otro de las participantes a la salida.
El ministro de Finanzas, Simón Zerpa, y el vicepresidente, Tareck El Aissami -ambos funcionarios sancionados por los Estados Unidos- participaron del encuentro, lo que obligó a algunos acreedores a mantenerse en una sala anexa a la reunión, para evitar encontrarse con ellos.
Sanciones financieras que impuso Washington al Gobierno de Venezuela prohíbe a los ciudadanos y empresas de ese país negociar con los funcionarios, los principales delegados gubernamentales, porque están en sus listas negras.
Otros inversionistas se habían negado a viajar a Caracas, una de las capitales más violentas del mundo, también argumentando que El Aissami y Zerpa serían un obstáculo en la negociación.
El Aissami leyó un comunicado a los asistentes donde criticó al sistema financiero global por poner trabas para que el país petrolero haga sus pagos a tiempo a raíz de las sanciones, agregó otro de los asistentes.
Los asistentes también relataron que el representante del Gobierno solicitó ayuda de los acreedores para conjuntamente buscar vías para evitar el efecto de las sanciones, que les complican el uso de los sistemas de pago internacional, mientras que enfatizó en la voluntad del país de seguir honrando sus pagos.
“Quieren establecer mesas de negociación de aquí en adelante, pero no precisaron nada, sólo que cuentan con la mejor asesoría legal”, agregó un inversionista local.
PAGOS CLAVE
Entre tanto, la incertidumbre sobre la capacidad de pago de Venezuela va en aumento desde que el equipo financiero de Maduro comenzó a retrasar en octubre el abono de cupones de bonos por unos 750 millones de dólares.
El breve encuentro se realizó en un día clave en el calendario de deuda venezolana, porque el país tiene hasta el lunes para cancelar casi 300 millones de dólares en intereses demorados que ya no tienen período de gracia.
El pago no había llegado aún a las cuentas de al menos tres inversionistas consultados el lunes en la tarde.
Dos inversionistas dijeron que El Aissami les informó que el banco alemán Deutsche Bank suspendió algunos servicios al Gobierno, siguiendo el paso de otros como Citibank.
Deutsche Bank no contestó de inmediato a una solicitud de información.
La semana pasada, PDVSA dilató, por primera vez, la amortización de unos 1.100 millones de dólares de capital por un título vencido durante más de tres días, postergando el abono de los intereses para los próximos 30 días.
Un comité de la asociación del mercado de derivados ISDA dijo el lunes que postergó para el martes la discusión para evaluar un posible incumplimiento de la estatal por la demora en el pago del bono vencido.
La decisión del comité podría activar el cobro de los seguros contra incumplimiento de crédito (CDS) de PDVSA.
El inusual comportamiento de un gobierno que hasta ahora no había demorado este tipo de pagos, pese a la crisis, provocó el desplome de los bonos venezolanos por varios días.
Las actuales medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump impiden a quienes operan en ese país aceptar nueva deuda venezolana como resultado de alguna renegociación que proponga el gobierno de Maduro, a menos que haya un aval del Departamento del Tesoro.
Venezuela no tiene más vencimientos en 2017, pero el año entrante el país enfrenta pagos de deuda por unos 9.000 millones de dólares, que recortarían aún más sus menguadas importaciones, vitales para la población.
