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Beatriz Borges

Por qué el Alto Comisionado le cree a Beatriz Borges

“ESTUDIAR DERECHO HOY EN VENEZUELA ES UN ACTO DE REBELDÍA”, les dice a sus alumnos la profesora Beatriz Borges. Es una mujer muy bella, con su rostro siempre serio ante el cual es imposible permitirse broma alguna. Actúa ante la desesperanza y la desmovilización, y lo hace a través de un mecanismo para dar repercusión a las acciones a favor de los Derechos Humanos: ese mecanismo hace que el mundo esté al tanto de lo que ocurre en Venezuela.

Su empeño es, desde lo local, empoderar a la gente, sobre todo a las mujeres, eje transversal de su trabajo que abarca paz, democracia y activismo ciudadano. Hace falta informar e informarse. Eso lo vio claro cuando, dando talleres aquí y allá, le comentaban madres que han sufrido violencia de género: “Quiero saber más, quiero trabajar por los Derechos Humanos”.

Los informes del Centro de Justicia y Paz, Cepaz, su organización, han sido citados en los últimos tres documentos que han aparecido cobre Venezuela emanados de la OEA, de la Comisión Interamericana y del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

—¿Cuándo te diste cuenta de que tenías esa vocación por trabajar a favor de los Derechos Humanos de la gente?

—En mi vocación social la Universidad Católica [Andrés Bello] tuvo mucho que ver, pero yo, desde el colegio, quería trabajar por los demás, recuerdo que fui presidenta del centro de estudiantes en el Santa Rosa de Lima, seguí después con el de la Universidad y en el consejo de Facultad también. Pero la tuve bien clara cuando fuimos a hacer una actividad social en el barrio Las Brisas de Petare, un sábado muy temprano, para dar asistencia jurídica. Había una fila de gente esperando para eso, y yo, estudiante, me di cuenta de que con el conocimiento que estaba obteniendo en la Universidad podía ayudar a muchas personas sin recursos, con problemas: ¡lo que sabía podía ayudar a otros!

—¿Cómo te sentiste?

—Me sentí prendada con mi profesión. Encontré un puente entre el Derecho y los Derechos Humanos  para ayudar. Estuve en el CDH de la UCAB y, frente al incremento de la represión, ante una sociedad desmovilizada, me propuse crear algo, y lo hicimos en 2014.

—¿Cuáles son las ventajas de las redes?

—Son necesarias no solo para poder dar más impacto a nuestras acciones sino para protegernos. Redac [Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos] es una red de empoderamiento ciudadano: personas y organizaciones que se articulan para defender los Derechos Humanos en Venezuela, pero ha trascendido las fronteras y por eso ahora hay miembros de la Redac en diferentes partes del mundo. Otro tema es la lucha por la democracia: hemos documentado cómo se ha deteriorado, cómo la hemos perdido. Y cómo estamos trabajando para su rescate.

—Pero, ¿quiénes conforman específicamente Cepaz?

—Tres profesionales la fundamos, y en total apenas hay un equipo de siete personas, pero en cuatro años hemos desarrollado un trabajo comprometido y una metodología. Esta red ya tiene más de mil 600 activistas y funcionamos como una comunidad conectada y activa.

—¿Quiénes han sido influyentes en tu formación?

—El profesor Ramiro Ávila Santamaría, quien me dio clases en la especialización que hice en la universidad andina Simón Bolívar. Hablaba de la dimensión humana y filosófica de los DDHH, más allá de las normas: como una comprensión de las relaciones humanas y el comportamiento del poder. Hay que pensar en utopías prácticas. Hay que comprometerse con un ambiente de tolerancia y convivencia donde todos podamos ser respetados por la persona que somos.

—Son muchas aristas que toca Cepaz. ¿Su eje cuál es?

—Son tres temas: paz, democracia y activismo ciudadano. El tema de la mujer lo vemos como transversal. Todo lo que hacemos es por defender la paz, la democracia y el activismo ciudadano como una forma de lograr y consolidar esos derechos.

—¿Qué ventajas hay al conectarse con organizaciones en el exterior?

—Las organizaciones de DDHH hacemos una labor de incidencia a nivel nacional e internacional. En este contexto ha sido clave poder articularnos con otras organizaciones, por ejemplo ahora estamos trabajando con colombianas en torno al tema de las mujeres migrantes; también los derechos políticos, sobre todo el derecho al voto. Y es mucho el riesgo que corremos, el gobierno debe tomar en cuenta que es responsabilidad del Estado garantizar y proteger a los defensores de Derechos Humanos. Por eso es necesario que otras organizaciones sean nuestra voz en el exterior y conozcan  de primera mano lo que sucede en Venezuela. ¿Por qué? Porque para nosotros se hace cada vez más riesgoso actuar aquí. Es muy complejo el desafío. Antes ibas a los tribunales, ejercías las acciones; ahora no lo dejas de hacer pero sabes que es importante llegar afuera para poder mostrar los casos, porque si hay algo que el gobierno busca es la desinformación.

—Eso es importante, ¿no? Que se sepa en el mundo.

—Es decir, no hay información oficial y la única que hay es la que ofrecemos desde la sociedad civil, y es básicamente la que los organismos internacionales buscan para demostrar lo que está pasando.

—¿Qué cosas han citado específicamente esos documentos del Alto Comisionado, de la CIDH y de la OEA de los informes de ustedes?

—En el caso de Cepaz hemos hecho seguimiento al proceso de debilitamiento de la democracia, y a la persecución; y también sobre cómo afecta la crisis humanitaria a las mujeres. Eso ha sido recogido por las instancias internacionales como parte de ese diálogo que tenemos abierto con ellas. Es una forma de obtener insumos para tomar decisiones puesto que, por ejemplo, al Alto Comisionado no lo dejan entrar a Venezuela. No hay cifras oficiales. No hay medios de comunicación, entonces levantamos nosotros la información a través de nuestro contacto con las víctimas y nuestro trabajo de campo. Con un enfoque de Derechos. De hecho, la labor de documentación es fundamental.

—Hay otros países que sufren guerras civiles y hambrunas, ¿cómo crees que ven desde afuera el caso de Venezuela?

—Es un caso inédito. En Venezuela la crisis humanitaria no es producto de un conflicto armado ni de un desastre natural, sino de la ruptura de la institucionalidad, y además se da como una política deliberada en detrimento de los Derechos Humanos de los venezolanos. Entre las crisis migratorias que se dan a nivel mundial, nosotros estamos entre los cuatro primeros países; los otros tres están en guerra. Es una crisis humanitaria compleja porque hay factores diferentes a los habituales.

—Entonces, ¿qué le espera al país?

—Es un gran desafío para quienes estamos aquí, pero seguimos creyendo en que hay que trabajar por recuperarnos. El cambio político va a requerir de un aporte importante desde el punto de vista de la justicia transicional: la búsqueda de la verdad y la reparación por las violaciones a los Derechos Humanos. Eso nos permitirá construir una nueva Venezuela, una Venezuela que lidie con su pasado sabiendo que estamos trabajando por las nuevas generaciones. Sigo dando clases y les digo a mis alumnos que estudiar Derecho hoy en Venezuela es un acto de rebeldía. Y que les tocó el desafío de prepararse para un país en el que esperamos que haya una transición y una recuperación de la democracia. Y eso vale para todos los que estudian hoy: tendrán que reconstruir el país.

—Entre los valores de tu organización está el de la tolerancia. Pero tu trabajo, todo el tiempo, es responderle a la intolerancia. ¿Cómo lo llevas?

—Así es, ese es mi trabajo, y te voy a explicar cómo tratamos de hacerlo: entendemos la paz como un derecho donde el Estado tiene responsabilidad. Pero los ciudadanos deben generar una conducta, una cultura, para que ese derecho sea posible en una sociedad. O sea, depende de lo que haga el Estado pero también de cómo los ciudadanos asumamos ese derecho. La paz no es ausencia de conflicto, es poder desarrollar herramientas y habilidades para manejar el conflicto y para entender la diversidad. La forma de trabajar la tolerancia es saber ponerme en los zapatos del otro y entenderlo. Eso es también la base de los Derechos Humanos. El cambio político no debe significar quitar a unas personas y poner otras sino un cambio de visión de país. Y para poder hacerlo debes entender al otro, no anularlo. Que, aun cuando yo no piense como tú, podamos coexistir y respetarnos. Por eso será difícil para Venezuela después de tanta venganza y dolor, el perdón. Pero no puede haber perdón sin saberse la verdad y sin hacer justicia.

—El gobierno chavista o madurista siempre se ha ufanado de sus progresos por la igualdad de género, pero uno lo que ve es que utilizan a las mujeres en los papeles más viles. ¿Qué opinas tú?

—La política feminista es completamente falsa y te doy un ejemplo: uno de los grandes logros del feminismo fue que las mujeres controlaran si querían tener hijos o no, a través de los métodos anticonceptivos. En Venezuela tenemos un noventa por ciento de escasez de anticonceptivos. No hay pastillas. La propaganda que hace el Estado sobre el parto humanizado, bueno, fíjate: entre 2015 y 2016 aumentó 65 por ciento la mortalidad materna; tenemos los más altos índices de embarazo adolescente. Las mujeres son las que deben hacer colas para acceder a los alimentos, y sus caras son las mismas que usa el gobierno para sus mecanismos de control social. Los casos por violaciones a los Derechos Humanos de la mujer por razones de género (feminicidio, violencia económica, violencia psicológica) llegan a 99 por ciento de impunidad. Además de que no hay ni una cifra pública que te permitan diagnosticar las problemáticas. Hay un informe que hicimos, “Mujeres al límite”, que es aterrador. En ese informe se trata también la esclavitud moderna: las mujeres venezolanas (pero también los hombres), por la misma crisis humanitaria son presa fácil de las redes internacionales de trata que las prostituyen, se sabe de mafias de este tipo operando en sitios como Panamá, México y España, pero también en otros lugares. Tampoco hay cifras oficiales al respecto, pero lo último constatado es que, durante los dos últimos años hasta 2017, se había incrementado este comercio en 300 por ciento.

@sdelanuez

NOTA
Para mayor información el lector puede consultar la página oficial de Cepaz (https://cepaz.org.ve/). Allí hay una herramienta de denuncia, “DENÚNCIALO YA”, que los ciudadanos deberían utilizar.

 

Organizaciones de sociedad civil presentan al país una agenda urgente por los derechos humanos

ESTE MARTES, LAS ORGANIZACIONES Cepaz, PROVEA y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, dieron a conocer la Agenda Urgente por los Derechos Humanos. Un documento que ofrece un diagnóstico y propuestas de acción específicas en cinco temas en situación de crisis que, ahora mismo, vulneran los derechos humanos de gran parte de la población venezolana y que requieren la aplicación urgente de medidas correctivas. Estas recomendaciones son el producto del consenso entre 296 organizaciones de sociedad civil de todo el país, con diferentes áreas de especialización, y 549 activistas.

Los temas abordados son: Participación Ciudadana y Procesos Electorales; Emergencia Humanitaria: Derecho a la Alimentación y a la Salud; Estado de Derecho, Institucionalidad Democrática y Justicia; Cultura de Paz y Diálogo Ciudadano y Libertad de Expresión, Asociación y Manifestaciones Pacíficas.

Beatriz Borges, directora de Cepaz, señaló que el cierre de este proceso de formación, discusión, articulación y consenso, que se materializa en una agenda pública por los derechos humanos, se da en un contexto muy difícil para Venezuela.

“La Agenda Urgente se ha desarrollado en un momento el deterioro vertiginoso que nos llevó a la pérdida de la democracia en Venezuela. Sin instituciones, sin la posibilidad de celebrar elecciones íntegras, con una emergencia humanitaria grave y compleja, con la pérdida de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, la usurpación de funciones de organismos electos por el voto popular como la Asamblea Nacional, con la imposibilidad de manifestar y expresar las opiniones libremente y con graves vulneraciones a los derechos de quienes disientan de las políticas del gobierno. En definitiva, una agenda de derechos humanos que se plantea en un país donde no hay las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos”.

Sin embargo, Borges indicó que, “a pesar de la adversidad, la sociedad civil organizada, y los activistas comprometidos, encontraron un espacio de trabajo y articulación muy importante para la lucha, la cual es determinante ante un régimen opresor, en un entorno donde la paralización y la desmotivación de la ciudadanía se combate con propuestas y acciones con objetivos claros que requieren de la participación de todos”.

La presentación contó con la participación de representantes del cuerpo diplomático y diputados que han apoyado la iniciativa desde sus inicios y que ahora en su momento de presentación destacan su importancia y el compromiso que adquieran para que estas propuestas sean tomadas en cuenta.

Por su parte, Juderkis Aguilar, Coordinadora de Educación de PROVEA, destacó que “la Agenda Urgente es trabajo por los derechos humanos, es articulación de la sociedad civil y es una ruta para la recuperación de nuestros derechos pero, sobre todo, la Agenda Urgente es un espacio de acción para recordar y defender la democracia en Venezuela”.

Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y también promotora de la iniciativa, recordó que la organización continuará su trabajo de formación de activistas en documentación, denuncia y tratamiento de casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y, en ese sentido, informó que “la Agenda Urgente en Derechos Humanos seguirá siendo un espacio abierto para quienes quieran hacer aportes, pensar y actuar por el país e involucrase en transformar la sociedad en que vivimos, hoy en una situación difícil pero que tiene grandes potencialidades para su recuperación”.

Algunas de las propuestas de acción por mesa de trabajo son:
Participación Ciudadana y Procesos Electorales
  • Realizar continuos posicionamientos y comunicados.
  • Rechazar permanente la Asamblea Nacional Constituyente.
  • Exigir al CNE el compromiso democrático.
  • Llevar a cabo acciones legales frente a ANC y violación permanente a la constitución.
  • Apoyar otras iniciativas emitidas desde la sociedad civil en materia de participación ciudadana y procesos electorales.
  • Llevar a cabo acciones ciudadanas de contraloría electoral.
Emergencia Humanitaria: Derecho a la Alimentación y a la Salud
  • Documentar las violaciones del derecho a la alimentación, mediante acciones coordinadas entre organizaciones y con trabajo en todos los estados del país.
  • Realizar denuncias públicas y ejercicio o adhesión a acciones judiciales en instancias locales, nacionales e internacionales.
  • Participar en peticiones a organismos competentes en las que se demande la publicación regular y detallada del balance alimentario del país, de los boletines del sistema de vigilancia nutricional y de los procesos de fortificación de alimentos.
  • Crear redes de solidaridad y colaboración entre grupos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para casos de ayuda en situaciones de urgencia.
  • Desarrollar alianzas entre organizaciones de la sociedad civil para ejercer acciones conjuntas de incidencia internacional.
  • Ampliar las capacidades de organizaciones y grupos de la sociedad civil para involucrarse en la defensa del derecho a la alimentación como derecho humano, fortaleciendo especialmente sus posibilidades de realizar la mayor cantidad de capacitaciones dirigidas a la población, enfocadas en la defensa contra la discriminación y las represalias por el ejercicio de sus derechos.
Estado de Derecho, Institucionalidad Democrática y Justicia
  • Llevar a cabo una reforma legislativa que modifique y sustituya las normas atributivas de Potestades Discrecionales y los Conceptos Jurídicos Indeterminados, por normas que contemplen potestades regladas.
  • Establecer una normativa legal que garantice la transparencia administrativa.
  • Profesionalizar la Administración Pública y el Poder Judicial, mediante la sustitución del personal no capacitado para el ejercicio de los cargos. Dando cumplimiento estricto a las normas jurídicas relativas a las carreras administrativas y judicial.
  • Realizar campañas educativas masivas para concientizar a la población sobre la importancia del cumplimiento de las normas y la separación de poderes.
  • Hacer efectiva la Responsabilidad Personal de los funcionarios públicos por los excesos, arbitrariedades y/o ilegalidades cometidas en el desempeño de sus funciones.
  • Reparar a las víctimas de violaciones de DDHH.
Cultura de Paz y Diálogo Ciudadano
  • Abordar la problemática de la violencia, realizando un diagnóstico sobre las diversas modalidades de violencia.
  • Promover la cultura de paz a través de la generación de confianza, colaboración, comprensión y apoyo mutuos.
  • Recuperar el predominio de la sociedad civil sobre lo militar.
  • Restablecer la independencia de los poderes, que permita el ejercicio de contrapesos y cooperación, cuando sea requerido, entre instancias públicas nacionales, estadales y municipales.
  • Frente a la Censura y Autocensura de los medios de comunicación: diseñar páginas web, blogs, micros, videos, campañas y webinars. Interposición de recursos administrativos ante: CONATEL, cuerpos colegiados.
  • Ante los atropellos y violaciones de los DDHH: documentar y denunciar ante la Fiscalía. Agotar las vías internas y posteriormente recurrir a los mecanismos de protección internacionales.
 Libertad de Expresión Asociación y Manifestaciones Pacíficas
  • Formación y asesoría legal: esta acción persigue capacitar a miembros de organizaciones sociales, así como comunidades y grupos de la sociedad civil, en temas de libertad de expresión.
  • Incidencia internacional: incluye mantener intercambio de información constante con organismos internacionales de derechos humanos que incluyen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva de la Organización de Estados Americanos, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, la Relatoría de Libertad de Pensamiento y de Expresión de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
  • Documentar los casos de violaciones a la libertad de expresión.
  • Realizar campañas de visibilización sobre protección de periodistas.
  • Llevar a cabo acciones judiciales para revertir la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos.
  • Llevar a cabo acciones judiciales contra las restricciones jurisprudenciales y legales al derecho a la manifestación pública.
El documento completo puede ser consultado en www.agendaurgenteddhh.com.ve

 

Centro de Justicia y Paz registró 273 denuncias de violaciones de derechos humanos el 6D

Elecciones6D2015

La organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz presentó su informe sobre la primera experiencia nacional de veeduría ciudadana, realizada en el marco de las elecciones parlamentarias de 2015. Con 84 denuncias, el “derecho al sufragio” fue el más vulnerado durante el proceso electoral del 6 de diciembre.

El Cepaz trabajó en conjunto con la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, para realizar la primera actividad nacional que denominaron Veeduría electoral con enfoque en derechos humanos, durante el proceso electoral del 6 de diciembre de 2015.

El proyecto contó con la participación de 280 veedores ciudadanos, distribuidos en 10 estados del país: Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Mérida, Trujillo, Táchira, Zulia, Anzoátegui, Nueva Esparta y Bolívar. En total, registraron 273 denuncias, siendo Distrito Capital el estado con mayor cantidad de reportes, con 84 denuncias.

En cuanto a los derechos vulnerados, el derecho al sufragio y al voto fueron los más reportados, con 84 y 57 denuncias, respectivamente. Otros derechos vulnerados registrados fueron integridad personal (19), libertad de expresión (18), libertad personal (11), libre tránsito (6), derecho a la asociación (1) y denuncia sin derecho identificado (62).

Carmen González, quien es representante de la Asociación Civil Saber es Poder, y estuvo a cargo de coordinar el equipo de veedores de Distrito Capital, explicó que las violaciones al derecho al sufragio y al voto se dieron, en la mayoría de los casos, por acciones que inhibieron a los ciudadanos a ejercer su derecho. “Por ejemplo, personas que iban a votar y se enfrentaron con obstáculos físicos —motorizados que apoyaban a un partido y trancaron la vía—, intimidaciones —como puntos rojos donde se verificaba quién salía a votar— y el voto asistido no requerido; eran acciones que buscaban desestimular o inhibir la acción de ir a votar”.

De acuerdo con González, la experiencia les permitió constatar una realidad: aunque muchos ciudadanos saben cuáles son sus derechos y en qué momento están siendo vulnerados, no saben qué hacer o a dónde acudir para denunciar esa vulneración. “Esa formación hay que darla. No obstante, la mayor satisfacción tras esta primera iniciativa nacional de veeduría ciudadana es saber que el ciudadano tiene poder para hacer contraloría; poder que debe ser accionado”, dijo.

Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, explicó que todas las personas que denunciaron recibieron el acompañamiento de la organización. “El acompañamiento fue inmediato en el plano legal; nosotros trabajamos con las 3 ‘D’ de los derechos humanos: documentación, denuncia y difusión”.

Borges señaló que las denuncias registradas pasan a ser catalogadas como violaciones a los derechos humanos, desde el momento en que el Estado no hace nada para garantizar el respeto a tales derechos. “Por ejemplo, cuando veíamos a grupos de motorizados armados alrededor de los centros de votación, sabemos que el Estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los electores para el ejercicio del sufragio”.

De cara a las elecciones regionales a celebrarse en diciembre de este año, Borges informó que tienen planificadas acciones, en conjunto con actores políticos y otras organizaciones no gubernamentales, para colocar en la agenda nacional el tema del derecho electoral.

Entre las recomendaciones de Cepaz para fortalecer el proceso electoral nacional destacan: mejorar la propaganda electoral del Consejo Nacional Electoral con respecto al llamado a votar, resaltando la garantía del secreto del voto; mejorar la capacitación de los miembros de mesa; mejorar el modelo de financiamiento de las campañas electorales; alcanzar una cobertura equilibrada de los medios y mejorar las condiciones para que haya una mejor participación de las organizaciones de la sociedad civil en la observación de los procesos electorales.