Bases comiciales

LAURA LOUZA, LA DIRECTORA DE LA ONG Acceso a la Justicia, rechazó la elección de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por sectores, tal como lo prevén las Bases Comiciales anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 23 de mayo, porque se impone una sola corriente de pensamiento.

«Vivimos una época de monarquía absoluta en la que el rey tiene derecho a gobernar, no hay separación de poderes y la sociedad no tiene derechos sino deberes y además el gobernante otorga privilegios a sectores que él escoja, como un clero. La Constitución de 1947 reconoció el voto directo, universal y secreto y ahora nos hablan de una votación por sectores, lo cual es propio de regímenes fascistas, son sectores que te van a representar y que son parte del Gobierno como la administración pública», expresó Louza en una entrevista radial.

De acuerdo con las normas del proceso consignadas por Maduro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) se elegirá un constituyente sectorial por cada 83 mil electores de un “registro electoral sectorial”. Dichos grupos son: trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos  indígenas, pensionados, empresarios y Consejos Comunales.

Louza rechazó que los ciudadanos vayan a un proceso electoral representados por grupos escogidos por el Jefe de Estado y que le son afectos. Acceso a la Justicia defiende el derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto (artículo 63 de la Constitución) por lo que consideró que el sistema de elección de constituyentistas tal como lo establecen las Bases Comiciales es limitativo y discriminatorio.

Voto a voto

Otro aspecto de la convocatoria a la Constituyente que Acceso a la Justicia considera grave porque vulnera la igualdad de posibilidades para elegir y ser elegido es el esquema territorial que se tomará en cuenta para la elección de los constituyentistas, lo cual implica que el voto de un habitante de un estado o municipio menos poblado vale más que el sufragio de quienes viven en una entidad o localidad más poblada.

«El pueblo debe poder elegir a los constituyentes voto a voto; cada ciudadano un voto. Pero resulta que en pequeños poblados dominados por el chavismo a través de la comida, las fuentes de empleo, el voto valdrá más que en Caracas. Técnicamente no es una ANC es un golpe de Estado», aseguró Louza.

Lo dicho implica que, si una persona vive en Caracas, pese a ser más poblada, su voto vale menos que un habitante de Apure (su población es la cuarta parte del Distrito Capital) porque elige menos constituyentistas (7 frente a 8 en la entidad llanera) al tomarse los municipios como base de elección, lo cual viola el principio según el cual todos los votos son iguales

La abogada también se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 31 de mayo, según la cual no es constitucionalmente obligante la realización de un referendo consultivo para preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo o no con la convocatoria a una ANC, porque la iniciativa la tuvo el Jefe de Estado, electo por el pueblo.

«La Sala Constitucional ha ido creando un  Estado autocrático, totalitario, vamos más hacia una dictadura tradicional en la que no vamos a tener elecciones, somos una masa que está representada por un grupo de gente que escoge el gobierno y ellos son los que mandan y el que no esté de acuerdo es un enemigo», subrayó.

Indicó que dicha sentencia que enaltece a la democracia representativa en la figura del jefe de Estado, contradice la jurisprudencia referida a los Consejos Comunales en la que se defiende la democracia participativa por encima del poder constituido en los estados y municipios a través de gobernadores y alcaldes.

«Antes decían que mejor era la democracia participativa, ahora les parece mejor la representativa porque estás participando a través del Presidente que hizo la convocatoria y luego  de los grupos que él  escoja, con el objetivo de imponer su poder y su pensamiento, ahora vemos que las mayorías, lema tan defendido por el chavismo, ya no importa, lo que vale es el vocero que me representa  de acuerdo con  los intereses de un grupo de poder para mantenerse en Miraflores. Eso no es democrático», finalizó.

Con información de Acceso a la Justicia 

RATIFICANDO SU INTENCIÓN DE LLEVAR A CABO un proceso contrario a la Constitución y sobre todo a la democracia, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, dictó las «Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente». Su característica principal es el desconocimiento del voto universal, secreto y directo. A continuación, explicamos las violaciones en que incurren a los derechos de los venezolanos:

1. Desconocen la soberanía popular al presentarlas ante el Consejo Nacional Electoral sin que se celebre previamente un referendo en el que los venezolanos las aprueben o rechacen, de acuerdo con el artículo 347 de la Constitución de Venezuela que establece expresamente que es el pueblo de Venezuela el “depositario del poder constituyente originario” y, en concordancia, con el principio democrático según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” (artículo 5).

2. Constituyen una violación de los derechos políticos de los venezolanos especialmente el derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto (artículo 63 constitucional) porque el sistema para la escogencia de los constituyentes previsto en la Base Comicial Primera, impuesto por el Ejecutivo es limitativo y discriminatorio.

3. La Base Comicial Quinta desconoce el principio de la soberanía popular y la universalidad del sufragio al imponer que el CNE elabore un padrón electoral o un registro «segmentado», es decir subregistros que contradicen el Registro Electoral (RE), que está institucionalizado constitucionalmente (artículo 293.7) y que, a la luz del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, es la base de datos que contiene la inscripción de todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al sufragio.

4. La Base Comicial contenida en el artículo Sexto en la que establece que las postulaciones de los candidatos a la Constituyente se realizarán por iniciativa propia, a través de los grupos de electores y electoras y por iniciativa de los sectores, Acceso a la justicia advierte que se ignora el derecho de postulación que constitucionalmente tienen reconocido los partidos políticos (artículo 67) al impedirles que puedan concurrir en estas elecciones para postular candidatos como constituyentes. Esto es discriminatorio.

5. Las Bases Comiciales, en su artículos Segundo, Tercero y Cuarto establecen un sistema electoral «paralelo». Es decir, se fija una distribución de cargos elegibles por el voto nominal y el voto-lista pero bajo una fórmula establecida por el mismo Ejecutivo que atiende al carácter coyuntural que actualmente vive el país y que beneficiaría a la militancia y simpatizantes del oficialismo, sobre todo en la votación «sectorial» en donde destacan, entre otros, las Comunas y Consejos Comunales que como se sabe están bajo la rectoría del Poder Ejecutivo y forman parte del “Estado Comunal”, instaurado inconstitucionalmente en el país por las llamadas “Leyes Populares” para servir a una ideología política.

6. Asimismo la Base Comicial Tercera, al establecer los municipios como base elección viola el principio de que todos los votos son iguales, pues el Estado Apure teniendo una cuarta parte de la población del Distrito Capital, elige más constituyentes que esta (8 y 7, respectivamente), es decir que los votos de Apure valen más que los de Caracas. Esto también es discriminatorio.

Con información de Acceso a la Justicia 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este domingo la ampliación de las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante la incorporación de un referendo para la aprobación o no del nuevo texto constitucional que emane de este proceso.

Desde el parque Vinicio Adames, estado Miranda, informó que mañana acudirá a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar esa nueva consideración “constitucional”.

El jefe de Estado aseveró que una vez se instale la ANC y él sea invitado a comparecer, consignará la Constitución de 1999 para que sirva como base de redacción de la nueva Carta Magna.

El primer mandatario reiteró que con la Constituyente se instalará una “poderosa” comisión de la verdad para investigar los “crímenes” ocurridos en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas el 1 de abril de este año.

Aseveró igualmente que el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, se postuló como candidato a constituyentista, aunque minutos más tarde el parlamentario opositor desmintió la información.

La droga que Maduro cree opositores usan

El presidente de Venezuela también dijo este domingo que algunos de los manifestantes que han salido a las calles a protestar contra su Gobierno lo hacen bajo los efectos del captagón, una droga que, afirmó, “utiliza el Estado Islámico”.

“Están usando unas drogas que se utilizaron y utiliza el Estado Islámico (…) captagón, es una droga poderosísima”, dijo Maduro en su programa semanal, al recordar que un manifestante terminó con quemaduras luego de una “acción temeraria” en la que intentó incinerar la motocicleta de un policía durante una protesta.

El captagón mueve miles de millones de dólares anuales, y todo apunta a que Siria es uno de sus mayores productores, dijo a Efe en febrero de 2016 la experta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Angela Me.

El estimulante es conocido como “la droga de los yihadistas” por su supuesto uso por parte de los combatientes del Estado Islámico, pese a que la experta reconoció que la ONUDD no había podido documentar esto.

El gobernante venezolano señaló hoy que esta droga es “entregada” a los manifestantes que se tornan violentos, a los que calificó como “terroristas”, para que estos cometan acciones violentas “en medio del éxtasis y la aceleración”, sin ofrecer mayores detalles.

Los opositores al Gobierno se mantienen en protestas de calles desde hace 65 días, lo que ha degenerado en algunos hechos violentos que se saldan con 65 muertos y al menos un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía.

Mientras el Gobierno acusa a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por la violencia desatada, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha atribuido “con propiedad” la responsabilidad a la fuerza pública por 19 de las muertes y por haber causado lesiones a cerca de 600 personas.

*Con información de EFE y El Universal

Nicolás Aznaréz

El madurismo, consciente de la erosión de legitimidad que no pudo suplir con palabras vacías, alusiones permanentes e imágenes repetidas del fallecido presidente Chávez, ha evitado en los últimos años cualquier confrontación democrática en las urnas. Dificultó la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución (artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV), persiguió a cuanto movimiento, interno o externo, se le oponía y postergó sine die las elecciones a gobernadores y parlamentos de los Estados, incumpliendo la Constitución de 1999 y actuando con pretensiones autoritarias. El intento en abril de 2017 del Tribunal Supremo de finiquitar las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, radicalizó el conflicto y desnudó las verdaderas intenciones del madurismo.

La última sorpresa ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente que Maduro realizó el pasado 1 de mayo y que se tradujo en el citado decreto, norma que requiere ser analizada desde dos puntos de vista: el de su oportunidad y el de su constitucionalidad.

Desde el punto de vista de la oportunidad, el decreto está dividiendo aún más a un país al borde de un definitivo conflicto violento. Se trata de una huida hacia adelante que fácilmente puede ser leída como un intento de mantener el poder a toda costa, a pesar de la imparable pérdida de popularidad y legitimidad. La propuesta del Gobierno significa arrasar con los avances democráticos de la Constitución de 1999 y redactar un texto constitucional que responda a los intereses de quienes ahora gobiernan y quieren seguir haciéndolo. El decreto no prevé un referéndum de activación del poder constituyente, como el que convocó Hugo Chávez en 1999; se plantea la elección de constituyentes representantes de los sectores sociales de incierta procedencia y elección. Pero el asunto más grave es que se trata de una convocatoria acomodada a los intereses del Gobierno y que desecha la idea de integrar a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que se posicionan contra el madurismo. Por tanto, no se podría hablar de una Asamblea Constituyente democrática.

Quienes crean que los sectores que confrontan al actual Gobierno venezolano son exclusivamente la oposición golpista, aquella que siempre se ha posicionado contra el proceso de cambio, están totalmente equivocados. Por supuesto, también existen poderosos sectores de oposición no democrática. Pero en la actualidad buena parte de los sectores contrarios al Gobierno están formados por personas que participaron a favor del chavismo y que entienden que el madurismo ha traicionado los fundamentos democráticos del proceso iniciado en 1998. Estos sectores no se han movido de la posición ideológica que mantuvieron durante los últimos años y han reclamado en innumerables ocasiones una rectificación por parte del Gobierno. Rectificación que nunca ha llegado.

Desde el prisma de la constitucionalidad, el decreto es inconstitucional. Una lectura del artículo 347 de la CRBV (“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente…”) y del artículo 348 CRBV (“La iniciativa a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros…”) solo puede tener una lectura democrática: la Constitución diferencia entre la decisión de convocar la Asamblea Constituyente y la iniciativa para tomar tal decisión. La iniciativa corresponde al presidente de la República, entre otros órganos; pero la decisión compete en exclusiva al pueblo. Por tanto, es requisito necesario el referéndum constituyente. En definitiva, Maduro tiene competencia para preguntarle al pueblo si quiere activar un nuevo proceso constituyente, pero no para convocarlo.

Consiguientemente, tanto desde la perspectiva de la oportunidad como desde un análisis jurídico, el presidente Maduro no puede convocar legítima y directamente una Asamblea Constituyente democrática. De consolidarse el decreto del 1º de mayo, el resultado sería una farsa que tristemente confirmaría la tendencia autoritaria del Gobierno.

Es por ello por lo que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del presidente Maduro, si se produce sin consultar al pueblo, sería un nuevo atentado a la voluntad democrática del mismo. Corresponde por tanto denunciarlo, en particular por quienes, fieles a la memoria del presidente Chávez, no pueden permitir que se acabe con el último vestigio del modelo impulsado por el creador de lo que se ha dado en llamar chavismo: la Constitución que Hugo Chávez Frías impulsó y que, bajo su Gobierno, permitió generar en Venezuela un modelo democrático y unas políticas públicas que, por primera vez en décadas, mejoraron el nivel de vida de las clases desfavorecidas y generaron un sistema de atención médica, educativa y social como escasas veces se ha dado en Latinoamérica.

Los argumentos anteriores no pueden descartar que en un futuro no deba pensarse en un nuevo proceso constituyente que mejore y actualice la Constitución de 1999. Pero este proceso debería ser democrático, fruto del principio una persona, un voto, impulsado desde la ciudadanía, producto de un auténtico diálogo social donde se incluya a los sectores opositores, y que huya de la violencia y la confrontación.

*Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau son profesores de Derecho Constitucional de la Universitat de València y fueron asesores del proceso constituyente venezolano de 1999.

De los 540 constituyentes que el presidente Nicolás Maduro anunció que conformarían la ANC, 364 –el 67% del total– se elegirán territorialmente: uno por cada municipio del país de forma nominal y 2 escogidos en lista por la municipio capital de estado. En ese número se incluyen siete corredactores en lista por el Distrito Capital.

Este diseño no respeta la densidad poblacional. Zulia, por ejemplo, donde existen 2.404.025 electores, elegiría 22 constituyentistas territoriales; mientras que Trujillo, que solo registra 523.353 electores, escogería 21; o Táchira, donde en el Registro Electoral figuran 828.970 ciudadanos, tendría 30 representantes.

Si se toma el resultado de las elecciones parlamentarias de 2015, en el estado Miranda, por ejemplo, el oficialismo obtendría 12 constituyentes y la oposición 10. Esto, pese a que la MUD en esa oportunidad obtuvo 62% de los votos, y el PSUV apenas 36%.

El voto lista en las capitales de estado y en Distrito Capital –donde se establece “el principio de representación proporcional”– le permite al chavismo resguardar espacios electorales. Un ejemplo de ello: en las elecciones parlamentarias de 2015, en Caracas el oficialismo apenas ganó 4 de las 22 parroquias, pero obtuvo 1 diputado a la Asamblea Nacional, al igual que los opositores, al sumar el 39,7% de la votación lista en toda la entidad.

Modifica el sistema de elección de los representantes indígenas, tal como se ha empleado habitualmente en los últimos procesos electorales. La propuesta de Maduro contempla que los 8 integrantes indígenas de la ANC “serán elegidos de acuerdo a sus costumbre y prácticas ancestrales”, sin especificar más detalles. No utiliza el modelo de votación por regiones con participación de todos los electores como hasta ahora.

El resto de los constituyentistas, para completar los 540 redactores de la Carta Magna, serán seleccionados de forma sectorial, a través de 8 grupos que citó Maduro: Trabajadores, Campesinos y Pescadores, Estudiantes, Personas con discapacidad, Pensionados, Empresarios, así como Comunas y consejos comunales.

No es claro sobre qué ente determinará el padrón electoral de estos sectores. Aunque Maduro en su propuesta dice que el Consejo Nacional Electoral es quien debe solicitarle la data de estos grupos a las “instituciones pertinentes”, no es taxativo en este aspecto. ¿A qué sindicatos reconocerá el Gobierno? ¿Los agremiados de Fedecámaras contarán? ¿Se utilizará el registro del IVSS para determinar los trabajadores?

La categoría de trabajadores se subdivide discrecionalmente. Se establecen como grupos de trabajadores: Petróleo, Minería, Industria Básica, Comercio, Educación, Salud, Deporte, Transporte, Construcción, Intelectuales, Prensa, Ciencia y Tecnología, y Administración Pública. ¿Si algún ciudadano no figura dentro de estos grupos, pierde su voto sectorial?

Se establecen varios sistemas de votación en paralelo. Al menos tres formas de votación figuran en la propuesta de Maduro: La municipal nominal y lista (la más tradicional), un modelo indígena basado en sus “formas ancestrales” y una elección por listas regionales a través de las comunas y los consejos comunales.

La propuesta no reconoce a los partidos políticos y establece límites de postulación. Las bases presentadas por Maduro determinan que sólo podrán ser candidatos a la ANC aquellos que se postulen a través de grupos de electores, por iniciativa propia, y en representante de los sectores. En los dos últimos casos, los aspirantes deben sumar las firmas de 3% de los electores del municipio o el sector, según sea el caso.También se establece que no podrán competir por un cargo a la ANC quienes hoy sean alcaldes, gobernadores o diputados, entre otros cargos. Para postularse deberían separarse de sus funciones. En la historia: Maduro compitió para la elección presidencial siendo Presidente encargado -por «continuidad administrativa»-, mientras que Henrique Capriles debió separarse de la gobernación de Miranda cuando intentó llegar a Miraflores.

Establece que la ANC funcionará en la sede del Palacio Federal Legislativo. Maduro, que no reconoce a la actual Asamblea Nacional, decide que esta nueva instancia ocupará parte de sus instalaciones, lo que eliminaría el monopolio que la oposición tiene sobre esta edificación en el centro de Caracas.

No se establece tiempo de funcionamiento de la ANC, que pudiera ejercer sus poderes plenipotenciarios el tiempo que considere pertinente, y tampoco se define si tras la redacción del nuevo texto constitucional se llamará a un referendo consultivo para aprobar la Carta Magna.