TRANSPARENCIA VENEZUELA IDENTIFICÓ QUE LA BANCA PÚBLICA, conformada por nueve instituciones financieras, tiene ventajas comparativas en términos de capitalización, rentabilidad y liquidez, otorgadas por normativas y mandatos del poder Ejecutivo, lo que afecta negativamente a las instituciones privadas y potencia los riesgos de abuso de poder por parte del Gobierno.
Como ocurre en otros sectores analizados, la banca pública también ha estado sujeta a cambios frecuentes sin explicación suficiente de los motivos: creación, nacionalizaciones, intervenciones, fusiones, liquidaciones. Es emblemático que el Banco Industrial de Venezuela fue intervenido cinco veces y recibió auxilios por Bs. 171 millones antes de acordarse su liquidación y absorción por fusión con el Banco del Tesoro, en 2016. A pesar de esto último el Banco Industrial de Venezuela publicó su presupuesto 2017 en Gaceta Oficial 6.280 por un monto de Bs. 25,9 millardos.
La información se desprende de una evaluación que realizó Transparencia Venezuela del Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, Banco Agrícola de Venezuela, Banco de la Fuerza Armada y Banco de Comercio Exterior, durante los años comprendidos entre 2012 y 2016 a través de indicadores técnico-financieros: solvencia, calidad de activos, gestión administrativa, intermediación y rentabilidad.
En el estudio no se evalúan los indicadores financieros de tres de las nueve instituciones bancarias -Banco de Desarrollo de la Mujer, Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES) y Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)- porque no se encuentran publicados en las estadísticas mensuales de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). Hasta el 4 de agosto de 2017, la página web de BANDES aparece “En construcción”, y en la página web del BANAVIH no se encuentran publicados sus estados financieros.
Entre los hallazgos encontrados destaca que la banca pública aglutina 82,6% de los depósitos oficiales y de éstos, 99% son depósitos a la vista. Además, tienen el monopolio de las operaciones en divisas por ley en el contexto de un país con control de cambios desde el año 2003, lo que conlleva a que operaciones conexas se trasladen a las instituciones financieras estatales para garantizar liquidez al momento de pagar las divisas.
Otras ventajas que benefician a la banca pública son la financiación desde el Estado del Mercado de Capitales a través de bonos de la República y de otras empresas estatales, la creciente oferta monetaria y la inflación.
Cabe destacar que uno de los riesgos advertidos por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF), en relación con la participación del Estado como empresario, es que alteran las condiciones de competitividad de los mercados, provocando una competencia desleal con condiciones desventajosas para el sector privado. En el caso del sector financiero en Venezuela, es evidente.
Empresas Propiedad del Estado, una estructura para el control
El caso de la banca estatal fue estudiado por Transparencia Venezuela, en el marco de una investigación iniciada en julio de 2016, para identificar el mapa de las empresas propiedad del Estado venezolano.
Hasta el 30 de septiembre de 2017 el estudio logró identificar 526 empresas públicas en 16 sectores económicos y no solo en los considerados estratégicos o monopolios naturales, es decir, energía, transporte, telecomunicaciones y agua. Los sectores que mayor número de empresas tienen son manufactura (24,9%); agroalimentario, ganadería y pesca (13,5%) y sector petróleo (11,8%). En menor proporción el Estado tiene instituciones financieras, de servicio, transporte, construcción, comunicación, minería, comercio, agua, hotelero, electricidad, gas, multipropósito y hasta de actividades espaciales.
Arrojó la investigación que 74% del total de empresas propiedad del Estado, es decir, 386, fueron creadas o expropiadas en los gobiernos de Chávez y Maduro. La mayor parte entre 2006 y 2010.
De las 526 empresas identificadas, 114 son filiales de PDVSA, aunque 42 de ellas no son petroleras. Esto indica que la estatal petrolera actuó como la gran financista de la expansión del Estado empresario.
Según el estudio que también ahondó en los casos de las empresas productoras de azúcar y café, de construcción, banca, además en PDVSA, Sidor y Corpoelec, todas, a partir de 2012, registran un descenso en la producción y en 2016, arrojaron pérdidas por el orden de Bs. 775.000 millones.
Hoy en día, sostiene el estudio, las empresas en manos del Estado han perdido toda capacidad de reinversión, no cubren la demanda interna de productos y servicios, y tampoco pueden cubrir sus compromisos con recursos propios.
El estudio permite concluir que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro propiciaron una estructura institucional de empresas para la extracción de recursos por parte de una élite, la captura del Estado y el control político, en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, elementos que son característicos de una cleptocracia.
