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Colectivos asediaron a periodistas que cubrían visita de comisión de la ONU en Lara

REPORTEROS DEL MEDIO DIGITAL EL PITAZO Y DEL DIARIO EL INFORMADORen el estado Lara, fueron asediados por colectivos este sábado, 16 de marzo, mientras cubrían una protesta frente al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, donde se esperaba la visita de misión de la Oficina de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que el director de Salud de la entidad, Javier Cabrera, descalificó a la prensa y expuso a los periodistas. «Son actores políticos. Vienen a tergiversar la información», afirmó. Ante esto, los reporteros debieron resguardarse dentro del hospital, con ayuda de los familiares de los enfermos para evitar agresiones.

El reportero gráfico Emmanuel De Sousa, de El Informador, fue amenazado por colectivos en el urbanismo de la Misión Vivienda Alí Primera, mientras cubría la vista de la comisión de la ONU. Allí lo persiguieron y acosaron para arrebatarle sus equipos.

Tales ataques ocurren un día después de que la misma comisión visitara el Hospital Central de Valencia, donde colectivos agredieron a dirigentes estudiantiles y familiares de pacientes que manifestaban en el lugar.

Supuesto colectivo amenazó cuchillo en mano a trabajador de la prensa

MIENTRAS SE PRODUCÍA UNA MANIFESTACIÓN frente a la sede del Ministerio de Educación en el centro de Caracas, un supuesto colectivo agredió al reportero de la cadena NTN24, Luis Gonzalo Pérez, e igualmente amedrentó a los representantes del canal VPI.

En un vídeo se observa como un sujeto de franela verde empuña un cuchillo frente a un grupo de personas y posteriormente lo guarda en un koala.

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, así como el Colegio Nacional de Periodistas repudiaron el hecho.

 

SIP condena hostigamiento contra periodistas en Venezuela

LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (SIP) expresó hoy su condena por el hostigamiento que sufren periodistas y medios de comunicación independientes de Nicaragua, Venezuela y Cuba.

El organismo, con sede en Miami, manifestó en un comunicado su «alarma por el clima de inseguridad y hostigamiento» contra profesionales de la prensa y medios que «enfrentan situaciones graves de violencia e inestabilidad» en esos tres países.

La SIP hizo hincapié que en el marco de las marchas que desde abril pasado se registran en Nicaragua, y que han dejado entre 322 y 481 muertos según datos de diferentes organizaciones humanitarias, «los periodistas han sido víctimas de acoso, difamación en redes sociales y amenazas» por la cobertura que han hecho de ese estallido social.

El organismo detalló las recientes denuncias hechas por Tania Narváez, corresponsal de El Nuevo Diario; Elba Molina, corresponsal del Canal 10; y Marisol Montenegro, colaboradora de VosTV, ocurridas en el departamento de Carazo.

Estas protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.

La SIP señaló además que, en el caso de Venezuela, en lo que va de este año dejaron de circular 26 diarios, de los cuales «20 cerraron definitivamente», mientras que desde 2013 han desaparecido 55 periódicos, según un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

«El desmantelamiento de los medios con líneas editoriales independientes forma parte de la política oficial del régimen de Nicolás Maduro, una inercia que se mantiene desde las casi dos décadas de vida del régimen chavista», señaló en el comunicado Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Rock compartió su preocupación de que a su vez en Cuba hayan «aumentado las detenciones arbitrarias y la intimidación» desde que en abril pasado asumiera la Presidencia Miguel Díaz-Canel.

La SIP hizo mención a la documentación hecha por la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), con sede en La Habana, de «14 casos de represión contra periodistas y sus familiares que son coaccionados y atemorizados».