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Asociación de Alcaldes de Venezuela

Asociación de Alcaldes condenó persecución política por parte del gobierno

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Este miércoles la Asociación de Alcaldes de Venezuela ofreció una rueda de prensa para fijar posición sobre las persecución política a las que han sido sometidos los alcaldes venezolanos.

El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, aseguró que la ley orgánica del poder público municipal que rige a alcaldías y concejos municipales establece que solo existen ciertos tipos de razones para ratificar la ausencia de un alcalde de su puesto: La renuncia, el deceso y el revocatorio.
«La persecución a los alcaldes inició en 2014 cuando Enzo Scarano fue destituido de su cargo y acusado injustamente. Días después pasó lo propio con Daniel Ceballos. Fue destituido y además sigue encarcelado sin un juicio.(…) Ya cumplió la pena de desacato y está cumpliendo un juicio abierto y recientemente se le quitó la medida de casa por cárcel», señaló Blyde.

Exigió a nombre de la Asociación de Alcaldes, que se revoquen las órdenes de detención emitidas por el Sebin en contra de todos sus miembros.

Agregó que el Ministerio Público no tiene ninguna investigación abierta contra el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, por lo que no tiene justificación alguna la citación realizada por el Sebin.
Indicó que lo mismo sucedió con los alcaldes de los municipios Mariño y Arismendi del estado Nueva Esparta, en este caso la Fiscalía ratificó que no existía investigaciones en contra de ellos.
El alcalde de Baruta señaló que si el gobierno desea destituir alcaldes debía solicitar un referéndum revocatorio, Así como lo hizo la MUD para revocar a Maduro de su cargo.
«El único que puede romper el contrato con el servidor público es el pueblo a través del voto», agregó.
Por su parte, el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, aseguró que “del grupo de alcaldes que fuimos electos en diciembre de 2013, 26 tenemos juicios o acusaciones ante fiscalías por motivos políticos y varios han sido separados de sus cargos de forma ilegal”.
Muchacho afirma que “el gobierno al meter presos a alcaldes electos sin una orden de detención, sin una razón más allá de la posición política que tenemos, no solo viola nuestros derechos como funcionarios sino que viola los derechos de todo un pueblo que nos eligió por voto directo”. El jefe municipal también criticó que el SEBIN, la policía política, sea un organismo de persecución y amedrentamiento.
El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, utilizó su cuenta de Twitter para ratificar el pedido de los alcaldes de revocar todas las órdenes de detención.

 

33 de 77 alcaldes de oposición enfrentan proceso judicial en su contra

Ocariz

 

De los 77 alcaldes de oposición que fueron electos el 8 de diciembre de 2013, 33 tienen procesos judiciales abiertos en su contra, denunció el presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Carlos Ocariz. Esto que equivale a 42,8% del grupo de autoridades locales opositoras en el país.

Ocariz resaltó como uno de los casos emblemáticos el de la alcaldesa del municipio Córdoba, en Táchira, Virginia Vivas, quien ha sido amenazada con ser inhabilitada por supuesta difamación agravada.

Gustavo Marcano, autoridad local de Urbaneja, en Anzoátegui, ha asistido en varias oportunidades a tribunales por denuncias en su contra debido a protestas en Lechería, señaló Ocariz. También recordó la situación del alcalde de Maturín, Warner Jiménez, a quien se le ordenó la intervención de la policía municipal por presuntamente participar en la violación de derechos humanos.

Reiteró también los casos de las autoridades de El Hatillo y de Baruta, David Smolansky y Gerardo Blyde, respectivamente, señalados de haber permitido los disturbios en sus municipios el año pasado.

A ello se agrega que en octubre de 2014 el Tribunal Supremo de Justicia acordó una medida cautelar innominada que le ordenó al alcalde Ocariz recolectar inmediatamente, sin dilaciones y de forma regular y periódica, la basura y los desechos.

Además, uno de ellos, Enrique Franceschi, de Río Caribe, estado Sucre, fue asesinado por un presunto robo en su casa.

“Pareciera ser parte de la política oficial contra los que piensan distinto. Todos tenemos un arma apuntándonos en la cabeza”, manifestó Ocariz.

Acerca del estatus de estos procesos, el alcalde mencionó que la mayoría está a la espera de decisión, con excepción de Enzo Scarano, exalcalde de San Diego, en Carabobo, quien fue liberado luego de cumplir sentencia de prisión por 10 meses y 15 días.

Scarano fue detenido el 19 de marzo de 2014 durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y acusado de desacatar un fallo judicial que le dictaba remover cualquier obstáculo en las calles.

Por su parte, Daniel Ceballos, quien había ganado la Alcaldía de San Cristóbal, continúa privado de libertad, por no cumplir la orden de eliminar las barricadas y mantener el tránsito en orden.

Atacan alcaldía. La directora general de la Alcaldía Metropolitana, Helen Fernández, denunció que, luego de conocerse la decisión del Tribunal Sexto de Control de Caracas de ratificar la privativa de libertad al alcalde Antonio Ledezma, un grupo de desconocidos causó destrozos en el Centro Agroecológico de Caricuao. El centro es una de las dos sedes que le quedan a la alcaldía después del retiro de competencias. Robaron aires acondicionados y quitaron afiches de Ledesma. Allí realizan jornadas de formación agrícola y actividades de promoción ambiental.

También se reportaron daños al office móvil, un vehículo en el cual realizan jornadas de nutrición, asistencia legal y atención a mascotas, entre otras actividades.