Algunos familiares de los gobernantes o políticos latinoamericanos han hecho pasar a estos por momentos “incómodos”, tras ser vinculados a casos de corrupción, trafico de influencias e, incluso, han sido los mayores críticos a sus gestiones.
Desde hijos de presidentes, hermanos, padres hasta cónyuges forman parte de la larga lista de casos polémicos, que demuestran que la política también puede ser un negocio de familia.
El más reciente tiene que ver con Máximo Kirchner, hijo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, a quien se vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en Estados Unidos e Irán y que al parecer comparte la titularidad de alguna de ellas con la exministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré.
Diferentes sectores de la oposición han pedido que se investigue al hijo mayor de la mandataria y del fallecido expresidente Néstor Kirchner, quien ha negado que tenga depósitos en el extranjero sin declarar y atribuyó las acusaciones a una maniobra política.
Por otra parte, Máximo y su hermana Florencia figuran como directores suplentes en la sociedad Hotesur, de la que es accionista Cristina Fernández y que tiene a su cargo la administración del hotel Alto Calafate, en el sur de Argentina.
La sociedad Hotesur es investigada por la Justicia por presuntas irregularidades administrativas.
También Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, está siendo investigado junto a su esposa, Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de información privilegiada.
El caso en que está involucrado el hijo de Bachelet es un negocio inmobiliario en el que adquirió tierras con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de unos los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mayor.
En México, una investigación periodística reveló a finales de 2014 que la primera dama, Angélica Rivera, encargó a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana, conocida como la Casa Blanca, lo que desató uno de los escándalos más sonados de los últimos años.
Las críticas desatadas en torno a la residencia llevaron a Rivera, actriz de profesión, a anunciar la venta de la propiedad y al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a hacer pública su declaración patrimonial completa.
Fabio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”, fue cuestionado por los jugosos negocios con grandes empresas que consiguió como propietario de una compañía de desarrollo de juegos de computador cuando su padre, Luiz Inácio Lula da Silva, era presidente de Brasil.
Sin embargo, nunca fue acusado formalmente y los procesados fueron los medios de comunicación que ventilaron el asunto.
En Colombia, los hijos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), Tomás y Jerónimo, protagonizaron un escándalo en abril de 2013, cuando sus nombres aparecieron en una lista de personalidades con inversiones en un paraíso fiscal, lo que provocó que se pidiera una investigación judicial al respecto.
Según pesquisas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicadas en el rotativo británico The Guardian, los hijos del ahora senador eran accionistas de una corporación llamada Asia America Investment Corporation, con sede desde 2008 en las Islas Vírgenes.
Los jóvenes explicaron que la compañía nunca operó ni produjo ingresos y a que los pocos meses de crearla se retiraron mediante acto jurídico formal, algo que no convenció a varios sectores políticos del país, que recordaron que Tomás y Jerónimo fueron acusados de tráfico de influencias mientras su padre fue presidente.
Además de sus hijos, también levantó controversia uno de los hermanos del expresidente Uribe, Santiago, quien el año pasado fue señalado ante la Fiscalía de presuntamente colaborar en el asesinato de un conductor de autobús en 1994 como parte de una estrategia del grupo paramilitar “Los doce apóstoles”.
En Bolivia, a una empresa vinculada con la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera se le entregó la concesión de un contrato de cátering de la aerolínea estatal BOA.
La adjudicación, por un valor de 2,5 millones de dólares, fue denunciada en marzo de 2014 por un partido de la oposición.
García Linera consideró entonces que la denuncia formaba parte de la “guerra sucia” de la oposición contra el Ejecutivo y defendió la legalidad del contrato, pero ordenó su rescisión con el argumento de que este no acompañaba su “discurso ético”.
También está el caso del hermano del mandatario de Perú, Ollanta Humala, Antauro, quien paga una condena de 19 años de prisión por la muerte de seis personas en un caótico levantamiento militar contra el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en 2005.
El caso de la familia Humala es especial, ya que varios de sus miembros han sido fuertes críticos del propio presidente. Antauro lo tilda de “conserje”, otro hermano dice que quien manda es su esposa Nadine, un tercero ofreció en su nombre negocios en Rusia y su padre lo trata de traidor.
En Nicaragua los familiares del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002) estuvieron involucrados en casos de corrupción en Estados Unidos, Panamá y Nicaragua, al considerar que sus cuentas en bancos provenían de actividades ilícitas, principalmente del erario público.
En Panamá se investiga actualmente a Marta Susana de Varela, quien fue viceministra de Desarrollo Social durante el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y tía del actual presidente del país, Juan Carlos Varela, por la compra con supuestos sobrecostes de comida deshidratada a través del gubernamental.
A la exministra una fiscalía anticorrupción le impuso esta semana prohibición de salida del país mientras investiga el caso.
