AMIA

Un tribunal argentino ordenó el jueves que se investigue la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.

La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, aceptó el pedido de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para que un juez reconsidere la acusación que hizo Nisman el 14 de enero de 2015 contra Fernández, su canciller Héctor Timerman y otros allegados a su gobierno (2007-2015).

Cuatro días después de presentar su denuncia y un día antes de declarar ante el Congreso sobre la investigación, Nisman fue hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires de un disparo en la cabeza. Hasta ahora la justicia no ha podido determinar si se suicidó o fue asesinado.

«Estamos muy esperanzados, esto recién empieza», dijo al canal de cable Todo Noticias Santiago Kaplun, secretario general de la DAIA y abogado de esa institución al valorar la medida del tribunal que reabrió la investigación que había sido archivada por jueces de instancias inferiores.

Kaplun señaló que «hay que ver los fundamentos de donde surgen las instrucciones para que la causa continúe».

La denuncia contra Fernández dividió las aguas entre fiscales y jueces argentinos, quienes en los últimos meses se han pronunciado en distintas instancias a favor y en contra de investigar a la exmandataria por supuestamente haber encabezado un plan para proteger a exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

Nisman sostuvo en su acusación que el memorando de entendimiento firmado por Argentina e Irán en 2013 para esclarecer el atentado era una pantalla y fue la presunta herramienta empleada por el gobierno de Fernández para proteger a los iraníes.

En diciembre de 2015 la justicia dejó firme un fallo que declaró inconstitucional dicho acuerdo, cuestionado por resignar la jurisdicción de la justicia argentina para juzgar a los acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en una comisión internacional extrajudicial.

Irán ha negado siempre cualquier vinculación con el atentado y se ha resistido a entregar a los imputados a la justicia del país sudamericano para ser interrogados.

Otros involucrados en la denuncia de Nisman son el exdiputado Andrés Larroque y los dirigentes sociales izquierdistas Fernando Esteche y Luis D’Elía.

Fernández ha sufrido en los últimos meses el cerco cada vez más estrecho de la justicia. Está procesada por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro que causaron un perjuicio económico al Estado y por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.

La ex mandataria atribuyó las acusaciones a la supuesta parcialidad de jueces que obedecerían órdenes del presidente Mauricio Macri, quien la sucedió en el poder en diciembre de 2015.

«Hemos detectado la existencia de otro grupo más que pertenecería a la Prefectura Naval Argentina que hacía una suerte de vigilancia». El abogado Juan Pablo Vigliero, nombrado por Sandra Arroyo Salgado en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman , reveló anoche que «detectaron» una «custodia» o «vigilancia» extra de la que no se tenía conocimiento y que «se han borrado todos los registros» del celular de Nisman del domingo 18 de enero, día en que fue encontrado muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero con un balazo en la cabeza.

«Además de la custodia regular que ejercía la justicia federal y de la custodia privada del complejo y del servicio adicional de custodia que daba la Prefectura Naval Argentina, hemos detectado la existencia de otro grupo más que pertenecería a la Prefectura Naval Argentina que hacía una suerte de vigilancia que todavía no hemos podido establecer la naturaleza», sostuvo.

En diálogo con Joaquín Morales Solá en el canal TN, Vigliero se preguntó: «¿Cuánto más necesitaba ser cuidado o custodiado o estaba siendo vigilado o seguido?».

«En una de las declaraciones [en la causa] se dejó trascender que el mismo día, ese fatídico sábado [17 de enero], había personal de Inteligencia, concretamente nos refieren a uno, que estaba vigilando, mirando o casualmente parado en la plaza frente a las torres Le Parc», aseguró, en referencia al último día en que Nisman fue visto con vida.

El Celular

Vigliero contó que «en el teléfono celular de Alberto Nisman se han borrado todos los registros del 18 de enero». Y reveló que «no ha quedado ningún registro en su teléfono de los llamados telefónicos, de los WhatsApp ni los correos electrónicos».

«El software se ha accionado sobre el hardware, lo tiene que haber hecho alguien con conocimientos especiales, algún experto», detalló.

La semana última, un experto en seguridad ofreció pruebas de que el teléfono celular de Nisman había sido infectado con un poderoso programa espía.

El canadiense-neozelandés Marquis-Boire, prestigiosa figura de la seguridad informática, dijo que Nisman «había sido blanco de un RAT, siglas de Remote Access Toolkit». Y explicó: «Se trata de una clase de software que permite a un hacker o a un espía acceder de forma remota a la computadora o el dispositivo móvil de alguien».

«Esta clase de programa le permitiría a terceros grabar los correos electrónicos, mensajes de texto, obtener capturas de pantalla, incluso oír a esa persona por medio del micrófono o tomar fotos usando la webcam de la notebook o la cámara del teléfono», detalló.

«Sorprendente»

El profesional nombrado por la jueza Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y querellante en la causa en representación de sus hijas, planteó que es «sorprendente» que «siga habiendo novedades a siete meses de que empezó la investigación» y que «no se hubieran sabido antes estas cosas».

Además, el abogado del estudio Casal, Romero Victorica & Vigliero hizo hincapié en «los recursos destinados» a la custodia del entonces titular de la Unidad Fiscal AMIA. «La Policía Federal Argentina, la seguridad privada, la Prefectura y otro grupo de Prefectura que aparentemente en el sumario no había conocimiento.», enumeró.

««Vigilancia personal, custodia personal». Parece un tema de palabreo, pero, cuánto más hay que cuidar a una persona que, además, me pregunto, ¿lo cuidaron?», sostuvo.

«Se murió en circunstancias que hay que aclarar en las narices de la Policía Federal, de la Prefectura, en un complejo privado resguardado con cámaras y custodia privada. Es realmente llamativo: no sabemos qué pasó», concluyó.

El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) no asistió hoy al inicio del juicio oral en su contra por supuesto encubrimiento en la investigación del atentado al centro comunitario judío Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires que en 1994 dejó 85 muertos.

El actual senador, de 85 años, se ausentó a la primera audiencia por problemas de salud, según explicaron sus abogados al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de la ciudad de Buenos Aires, citó DPA.

Menem sufrió «un agravamiento» del cuadro de «hipertensión, sumado a diabetes, esclerosis y artrosis», precisó su abogado Omar Daer.

Entre los 13 acusados de supuesto encubrimiento está también ex juez federal Juan José Galeano, quien asumió la investigación horas después del estallido de la bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.

Otros que serán juzgados a partir del jueves son dos ex fiscales, un ex jefe de inteligencia, ex miembros de la policía, un líder judío y un mecánico que entregó la camioneta que estalló frente a la AMIA.

La presidenta Cristina Fernández figura en la lista de más de 140 testigos que van a declarar durante el proceso, cuya sentencia está prevista para 2016.

«Después de 21 años de falta de justicia, engaño y estafa moral a los familiares, esperamos que se sepa la verdad sobre todos aquellos que complotaron para encubrir y desviar la investigación», expresó Olga Degtiar, madre de una de las víctimas.

Aunque la justicia argentina ha dado por acreditado que el grupo fundamentalista islámico Jezbola fue el responsable del atentado con apoyo de Irán, persisten las dudas sobre la complicidad de Siria y de ciudadanos argentinos.

La fiscalía sostiene que el ex juez Galeano, por presión de Menem, dejó de investigar la pista que involucraba al ciudadano sirio-libanés Alberto Kanoore Edul, detenido al descubrirse que había llamado a Carlos Telleldín, el último propietario de la camioneta, días antes del atentado.

Kanoore Edul, cuyo padre tenía relación con la familia Menem que también era originaria de Siria, tenía en su agenda al entonces agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por su supuesta participación en el atentado.

En entrevista con AP Galeano negó haber recibido una orden de Menem y explicó que investigó a Kanoore Edul pero no encontró pruebas suficientes para procesarlo. AP intentó comunicarse con Menem y sus abogados pero no obtuvo respuesta.

El otro eje del juicio es el pago de 400.000 dólares a Telleldín, entonces el único detenido por el atentado, para que revelara a quiénes había entregado la camioneta. Según la investigación el pago lo negoció Galeano con el guiño del gobierno, ya que el dinero provino de la Secretaria de Inteligencia del Estado.

Tras recibir el dinero Telleldín declaró que había entregado la camioneta a policías de la provincia de Buenos Aires. Ese testimonio fue determinante para que más de una decena de policías fueran detenidos y sometidos a juicio en 2001. Tres años después un tribunal declaró nula la causa y absolvió a los acusados.

Galeano admitió que el pago no fue correcto pero que lo hizo porque sintió que la memoria de las víctimas justificaba cualquier medio para llegar a la verdad. También dijo que está convencido de que parte de los policías involucrados por Telleldín tuvieron vinculación con el ataque.

Mientras la fiscal Namer confía en que el juicio «arroje luz sobre la investigación del atentado y nos permita generar un movimiento en la investigación», otros se han mostrado escépticos.

«En la búsqueda de la verdad no hay posibilidad de esclarecimiento si no se apunta directamente a extirpar aquello que impide el conocimiento de la verdad que es la cuestión del Estado… exigimos una comisión investigadora independiente y la apertura de los archivos secretos», manifestó Laura Ginsberg, de una agrupación de familiares de víctimas.

El jurista brasileño Paulo Vannuchi, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, será veedor durante el juicio a pedido de los familiares.

Menem y Galeano se exponen a penas de tres a 15 años de prisión. El exmandatario, que ha enfrentado otros juicios en los últimos años, si es condenado no irá a prisión debido a que tiene fueros de senador y es mayor de 70 años.

El proceso oral comienza cuando la opinión pública todavía está sensibilizada por la muerte del fiscal a cargo de la investigación del atentado, Alberto Nisman.

Nisman apareció muerto en misteriosas circunstancias cuatro días después de presentar una denuncia contra la presidenta Fernández y otros funcionarios por el supuesto encubrimiento del ataque.

El reconocido programa argentino Periodismo Para Todos, conducido por el periodista Jorge Lanata, viajó a los Estados Unidos y a Venezuela para investigar sobre la conexión iraní que estaba investigando el fiscal Alberto Nisman.

¿Por qué mataron a Alberto Nisman? ¿Qué era lo que el fiscal sabía? Jorge Lanata afirmó que hace dos años Nisman presentó un informe muy duro en el que acusó al régimen iraní de haber armado una red terrorista en Sudamérica para cometer varios atentados en la región.

«El tema Nisman oculta algo mucho más importante que es una relación paralela entre la Argentina e Irán respecto al tema nuclear«, sostuvo el periodista.

Periodismo Para Todos viajó a los Estados Unidos y a Venezuela para entrevistar a especialistas en el tema. «Creo que Nisman no estaría muerto si no fuera por la investigación«, afirmó Douglas Farah, consultor de seguridad en Latinoamérica desde Washington. Farah y Joseph Humire, otro experto en seguridad consultado por el programa, no dudaron en calificar al fiscal como un experto en la relación Irán – América Latina.

En la investigación también se recordó el trabajo de la revista brasileña Veja en la que se habla de un acuerdo entre el presidente Chávez y su homólogo iraní, Mahmud Ahmadineyad, para que el mandatario venezolano sirviera de puente a las armas nucleares argentinas. Incluso se habla de que acuerdos entre Irán y Venezuela, cuando estaba en su mejor punto la relación, sirvieron de fachada para las dobles intenciones de Irán.

Mariel Fitz Patrick -periodista de PPT– sostuvo: «Todas las fuentes a las que consultamos en los Estados Unidos afirmaron que el verdadero motivo de Irán para desembarcar en la región no era aumentar el intercambio comercial, sino que desarrollar su programa nuclear«.

*Con información de El Trece TV

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BUENOS AIRES (AP) — A pocos días de que se cumplan tres meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el presidente de la Corte Suprema argentina instó el lunes a que se esclarezca el hecho, cuya investigación ha sumado más dudas que certezas.

Ricardo Lorenzetti dijo a Radio La Red que «es el momento en el cual tienen que tomarse definiciones concretas» para resolver la muerte de Nisman, hallado sin vida en su apartamento de Buenos Aires el 18 de enero.

El cadáver del fiscal fue encontrado en un cuarto de baño con un tiro en la cabeza cuatro días después de que denunciara a la presidenta Cristina Fernández de ser la presunta ideóloga de un plan para encubrir a los iraníes acusados del atentado a un centro judío de Buenos Aires en 1994.

«Nos ha pasado en muchos casos que los homicidios no se resuelven, o terminan en cuestiones subalternas, derivadas, y esto no puede ser así», señaló Lorenzetti, quien no quiso opinar sobre el trabajo que realiza la fiscal a cargo de la investigación del caso, Viviana Fein.

El magistrado sostuvo que cuando se demora la resolución de un caso «las víctimas terminan siendo culpables» y afirmó que «lo importante es evitar la frustración de la gente que reclama justicia».

Pocas horas, Fein señaló en un comunicado que «pretende el avance de la investigación en procura de la verdad, pero las reiteradas presentaciones de la parte querellante lo impiden».

La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer del fallecido fiscal y querellante en la causa, cree que Nisman fue asesinado y ha denunciado que el fiscal recibió diversas amenazas en los últimos años. La magistrada está disconforme con la tarea de Fein e intenta que sea apartada de la causa.

Un informe realizado por peritos de la querella difiere con el oficial acerca de la hora y las circunstancias en que murió Nisman. Según la pericia oficial todo apuntaría a que habría terminado con su vida con la pistola encontrada junto a su cuerpo. Para la querella, en cambio, fue asesinado mientras estaba arrodillado frente a la bañadera y su cuerpo fue luego reacomodado para hacerlo pasar por un suicidio.

El jefe de Gabinete Aníbal Fernández cuestionó la insistencia de Arroyo Salgado en que la muerte de su ex esposo fue un homicidio.

«Si se calificara la muerte de Nisman como homicidio, la responsabilidad del Estado sería muy grande porque hubiera faltado al deber de servicio y las sumas a reclamar serían inmensas» por parte de los familiares, dijo el funcionario.

Arroyo Salgado objetó días atrás la forma en que se había conformado una junta médica para despejar las contradicciones entre la investigación oficial y el peritaje de la querella y señaló que dicho equipo forense debería realizar un estudio interdisciplinario.

Hasta hora el único imputado en la causa es Diego Lagomarsino, un asesor informático de Nisman acusado de haberle prestado al fiscal la pistola con la que se produjo el disparo. Lagomarsino alegó que le dio el arma al investigador porque éste le dijo que temía por su vida.

La fiscal Fein comenzó a investigar una cuenta a nombre de Nisman en el Bank of America Merrill Lynch en Nueva York de la que es cotitular Lagomarsino y a la que también tienen acceso la madre y la hermana del investigador.

La presidenta ha descalificado la denuncia de Nisman, que ha sido desechada por un juez y una cámara de alzada.

Pocos días después de la muerte de Nisman, Fernández acusó a Antonio Stiuso, un prominente ex jefe de espías, de haber suministrado datos falsos al fiscal para fundamentar denuncia y sugirió que aquel estaría detrás de la muerte del investigador.

Asimismo el gobierno denunció a Stiuso, quien fue echado del servicio de inteligencia a fines de 2014, por «presunta violación de los deberes de funcionario público», ya que habría ocultado a sus superiores información vinculada con la pesquisa del atentado contra la AMIA.

El caso Nisman, la muerte en circunstancias aún sin esclarecer del fiscal que imputó a Cristina Fernández de Kirchner por presunta complicidad terrorista, sigue su rumbo zigzagueante, incierto y, cada día, con ingredientes nuevos, escabrosos, frívolos y desconcertantes.

La ex mujer de Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, recusó a la fiscal Viviana Fein porque dice que sólo contempla «el suicidio». Fein protestó por sentirse «muy agraviada». Casi en simultáneo, Diego Lagomarsino, el informático que le entregó a Nisman la pistola de la que salió la bala que le mató, dice ahora que su jefe le exigía la mitad de su sueldo y que Arroyo Salgado, «tal vez esté ocultando algo». Al tiempo, reconoce que compartía una cuenta corriente con el fiscal, la madre y la hermana de éste en Estados Unidos.

Mientras, sigue el circulo vicioso de fotografías de Nisman muertoy otras con él vivo en escenarios lúdicos. Todo, analizado por el ministro de la Presidencia, Aníbal Fernández, que aprovecha para ensañarse con la presunta corrupción del hombre que investigaba el mayor atentado contra la colectividad judía tras la segunda Guerra Mundial y al que le atribuye –aunque esté sin vida– los delitos de «cohecho» y «malversación de caudales públicos».

En ese contexto de presiones y de todos contra todos entre protagonistas, afectados personales y políticos, la jueza Fabiana Palmaghini suspendió la junta médica donde debía aclararse algo aparentemente tan sencillo como el día y la hora de la muerte de Nisman; y algo bastante más complicado como es si el hombre se suicidó voluntariamente, le indujeron a hacerlo o le mataron unos auténticos profesionales de un balazo en la cabeza.

La decisión de Palmaghini responde a las demandas de Arroyo Salgado que encabeza la querella familiar que apunta, sin fisuras, al asesinato del padre de sus dos hijas y no al suicidio como le reprocha a la fiscal Fein, a la que desprecia porque considera que «actúa con falta de objetividad, legalidad y oficialidad y que «se aferró a la hipótesis del suicidio», según se lamentó en declaraciones al periódico La Nación. Allí también insistió en que la fiscal «no representa los intereses míos ni de mis hijas». Para dar un ejemplo, mencionó «los afiches» con los que empapelaron recientemente Buenos Aires de fotos de su ex marido enfiestas con chicas que estaban en la memoria de su teléfono móvil.

Feinn, por su parte, lamentó que todo el proceso se dilate «constantemente por los planteamientos» de la ex mujer de Nisman y se pregunta: «No se qué pretende». Una respuesta se la dio Carlos Kunkel, diputado, colaborador y algo parecido a padrino político en los años 70 de Néstor Kirchner, al criticar la conducta de Arroyo Salgado. «Hay un desesperado intento por cobrar los seguros (de vida) y cuando alguien se suicida no se paga el seguro», proclamó.

Mientras unos y otros defienden su posición, Lagomarsino, el único imputado –por prestarle la pistola homicida a Nisman, quien no contaba con licencia vigente para portar armas– y responsable de la seguridad informática de la Unidad Fiscal-Amia, se autocalifica de «pelotudo» (gilipollas) por entregar el arma y compartir la cuenta en EE.UU. Ahora afronta una investigación por lavado de dinero y todavía asimila la acusación implícita de asesino que le hizo la presidenta del Gobierno. En declaraciones a La Nación, Lagomarsino recordó que se enteró de la denuncia de Nisman a la presidenta de Argentina «hace unos ocho ó nueve meses en su casa». Según su versión, Nisman sacó unos papeles y le dijo: «Con esto me llevo puesta a Cristina».

Nisman imputó en enero a la viuda de Néstor Kirchner, con otros colaboradores, por organizar un supuesto «plan criminal» de encubrimiento a los iraníes prófugos de la justicia argentina que presuntamente cometieron el atentado a la AMIA. El 18 del mismo mes, a los cuatro días de presentar la querella, Nisman, que iba a defenderla sin tener obligación de hacerlo en el Congreso, apareció muerto en el cuarto de baño de su casa. Posteriormente la querella pasó de manos y fue desestimada en dos ocasiones. La Cámara de Casación, máxima instancia penal, está pendiente de pronunciarse. En caso de rechazarla, la causa podría llegar a la Corte Suprema.