Héctor Faúndez destaca la necesidad de cambiar de estrategia y de abogados

Los expertos consultados consideran que hay argumentos para demostrar la nulidad del Laudo Arbitral de 1899

Por: @reyestheis

La fase previa del juicio para evaluar la validez del Laudo Arbitral de 1899 que fijó los límites entre Venezuela y Guyana sigue su curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y para el experto venezolano Carlos Ayala Corao, es necesario dar demostraciones de unidad nacional en ese escenario.

Durante dos semanas, la sede de la Corte en La Haya, Países Bajos, fue escenario de la presentación de los argumentos de Venezuela y la respuesta de Guyana sobre una objeción preliminar de inadmisibilidad de la demanda presentada por la parte venezolana y que encabezó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.

Según Ayala, exfacilitador en el proceso de los Buenos Oficios en representación de Venezuela sobre el tema Esequibo, la presencia de altas autoridades no necesariamente es buena, sino se cumplen dos condiciones: “Que sean expresión de una unidad nacional comprobada, y no aparente” y que se expresen “argumentos sólidos”.

Guyana acreditó como parte de su representación ante la CIJ a Ronald Austin, asesor del Líder de la Oposición en Asuntos Fronterizos, mientras del lado venezolano no hubo representación de los sectores políticos que adversan al gobierno, a pesar que las partes firmaron en septiembre de 2021 un “Acuerdo para la Ratificación y Defensa de la Soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”, en el marco de las negociaciones en México.

Pero frente a la Corte, ese supuesto espíritu unitario no ha tenido una expresión concreta.

Ayala Corao y el abogado Héctor Faúndez, ambos individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, coinciden en que Venezuela cuenta con elementos suficientes para comprobar la nulidad del Laudo Arbitral, que despojó al país de los más de 159 mil kilómetros cuadrados del territorio Esequibo.

“Venezuela tiene muy buenos argumentos sobre la nulidad del Laudo”, sostiene Ayala Corao. Entre ellos señaló que la sentencia dictada a finales del siglo XIX carece de motivación.

Aquella decisión estuvo en manos de un tribunal compuesto por dos representantes de Gran Bretaña, dos de Estados Unidos que representaban a Venezuela y uno de Rusia, cuyo voto era decisivo.

Ayala explica que para llegar a la sentencia se llevó a cabo un abordaje con argumentos y uso de mapas, pero por disposición del árbitro ruso, Federico de Martens, este arbitraje no tuvo motivación de los hechos ni de derecho.

“Soltó una hojita y dijo ‘esta es la decisión’”, aunque “objetivamente, la tendencia aceptada por el derecho internacional es que los laudos deben ser motivados”, explicó.

El abogado Héctor Faúndez, coincide en las posibilidades de éxito: “Las raíces de la nulidad es por lo menos un decena, sostenerlo para Venezuela es fácil, pero no con ese equipo de abogados”, sostiene.

Asevera que hay que cambiar de estrategia y cambiar de abogados. «Con esos, no vamos a ganar”, sostiene. 

Los argumentos para inadmisibilidad

Tras varios años deshojando la margarita entre participar o no en el juicio ante la CIJ, la representación venezolana hizo su primer movimiento concreto: presentó una objeción preliminar de inadmisibilidad de la demanda. Venezuela expuso su argumento al sostener que debido a que el Laudo Arbitral fue producto de un fraude propiciado por el Reino Unido (Guyana era una colonia de esa nación), la representación británica debía formar parte del proceso.

El abogado Christian Tams, uno de los representantes de Venezuela, alegó que el Reino Unido es una parte indispensable. “No es un tercero realmente, es el otro Estado. El único otro Estado”, señaló y agregó “que este caso no puede seguir adelante sin la presencia del Reino Unido”.

La posición del abogado fue previamente esgrimida en esa instancia por Delcy Rodríguez y por el embajador ante la ONU, Samuel Moncada.

Del lado de Guyana ripostaron. Carl Greendige, excanciller guyanés y hombre familiarizado desde hace décadas con la reclamación venezolana sobre el Esequibo, destacó lo que consideró «inconsistencias» entre el discurso oficial venezolano contra el colonialismo y la pretensión de hacer al Reino Unido parte del proceso.

Apuntó además que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, no permitió ningún avance, por lo que respaldó la decisión del secretario general de la ONU de llevar el caso ante la CIJ.

Ayala Corao sostiene que Venezuela ha debido trabajar muy duro en la década pasada, como no lo hizo, para evitar que el caso llegara a la Corte Internacional de Justicia.

¿La CIJ rechazará la excepción preliminar¿

Por su parte, Faúndez es crítico sobre el recurso de inadmisibilidad que intentó Venezuela. “Supongamos que la tesis venezolana triunfara en este momento y que le diga a Inglaterra ‘vaya y siéntese ahí¡. ¿En qué forma beneficia eso a Inglaterra? Y ¿qué gana Venezuela en litigar con el formidable equipo de abogados de Guyana y además contra otro formidable equipo como el de Inglaterra, que fueron quienes inventaron la rueda en materia de derecho internacional?”

Considera que en uno o dos meses,  la CIJ va rechazar la excepción preliminar que planteó Venezuela.

«¿Esto es fatal para Venezuela? No, porque lo que interesa no es eso. El problema es que no se debía plantear nunca. El tema es que nos deja muy mal ante la Corte, demuestra que no tenemos confianza en los argumentos y que tenemos un grupo jurídico pésimo para defender los argumentos de Venezuela”, asevera.

Opinó que si la representación de Venezuela lo que pretendía era ganar tiempo para preparar la defensa sobre el fondo de asunto, que es la validez o nulidad del Laudo Arbitral, debió preparar un documento bien hilvanado, pues la demanda se presentó hace más de 4 años y medio.

A su juicio, si se presentan los hechos y se determina el derecho aplicable, y además, el país presenta argumentos en función de esos hechos y ese derecho «de manera coherente y bien hilvanada», sería «extremadamente difícil» que la Corte diga que ese Laudo es válido. 

Asimismo, recalca que Venezuela debe prepararse en caso que la CIJ decida la nulidad del Laudo, porque se entraría en otra fase.

“Sería terrible que venga un equipo de abogados que ponga como punto central la nulidad del Laudo, que logremos que la Corte diga que el Laudo es nulo, pero como no nos hemos preparado en el otro tema, que es la cuestión de los títulos territoriales, la Corte diga, ‘el Laudo es nulo, pero el territorio es de Guyana’”.

La validez del Laudo: el fondo del asunto

Por su parte, Ayala Corao sostiene que “después de la sentencia de 2020 sobre la afirmación de la competencia de la Corte», Venezuela debió haber estado preparando no solo su contestación, «sino la posibilidad de contrademandar»,  para no tener que depender «exclusivamente», de la demanda del equipo de Guyana.

El paso siguiente en la disputa judicial es que la Corte decida sobre la medida de inadmisibilidad presentada por Venezuela.

Ayala considera que en esta instancia, la CIJ va a tener que entrar en un elemento de fondo relacionado con la sucesión de los derechos de estado, es decir, si Guyana heredó de Gran Bretaña tales derechos.

Una vez resuelta la excepción preliminar, hay que entrar en el fondo del asunto, la evaluación de la validez del Laudo, un proceso que es largo y que podría durar más de un año. Guyana solicitó que Venezuela presente su contra memoria en un plazo no mayor de 9 meses.