Por primera vez desde que comenzó a aplicar el ajuste para desacelerar la inflación, el gobierno cede a la presión de los trabajadores. Tamara Herrera indica que un aumento del gasto público mayor al programado obligaría a elevar la oferta de divisas
Bajo la asesoría de Patricio Rivera, exministro de finanzas de Ecuador, Nicolás Maduro aplica un severo ajuste para desacelerar la inflación. Hasta ahora el conjunto de medidas había avanzado sin concesiones, pero la protesta de maestros y profesores universitarios lo ha obligado a dar una muestra de flexibilidad en una pieza clave: la contención del gasto.
El plan consiste en restarle combustible a la inflación mediante el control de la liquidez y la estabilidad del dólar. Esto implica disciplina en el gasto del gobierno con mínimo aumento del salario e incluso reducción de beneficios a los trabajadores del Estado. Además, aumento de los impuestos, disminución del crédito y oferta de dólares para satisfacer la demanda de billetes verdinegros.
En marzo, tras diez meses de salarios congelados y alta inflación, Maduro aprobó un aumento a los trabajadores del Estado pero al mismo tiempo la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un órgano bajo su control, modificó la estructura de los tabuladores y las fórmulas de cálculo de beneficios, como primas por antigüedad y formación.
El resultado es que los trabajadores, en especial los de educación y salud, denuncian que hubo una desmejora en sus ingresos que viola la contratación colectiva. A esto se añadió que el gobierno pretendió pagar el bono vacacional de manera fraccionada postergando la mayor parte del pago hasta el próximo año.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social precisa que en el primer semestre de 2022 hubo 3.892 protestas en el país de las cuales 1.642, el 42%, se produjo por el reclamo de derechos laborales, en especial, “un salario digno y suficiente”.
La intensidad de las protestas de los maestros y profesores universitarios obligó al gobierno a dar marcha atrás y anunció que pagará el bono vacacional por completo, pero los gremios todavía demandan la derogación “del instructivo Onapre” y mejora sustancial del salario.
El salario básico de un profesor titular a dedicación exclusiva, el máximo escalafón en las universidades públicas, equivale a tan solo 87 dólares mensuales y el de un profesor instructor a tiempo completo 45 dólares mensuales.
A cuentagotas
Tamara Herrera, directora de la consultora Síntesis Financiera, explica que las proyecciones apuntan a que este año la inflación culminará en torno a 95% una cifra que si bien sigue siendo muy elevada es una desaceleración importante respecto a 686% en 2021 y entre las causas figura un gasto suministrado gota a gota.
“El comportamiento nos dice que hay un control y monitoreo estrecho del gasto, una programación financiera entre el gobierno y el Banco Central. Esto no quiere decir que el gasto no esté creciendo, quiere decir que está controlado”, dice Tamara Herrera.
Precisa que aun tomando en cuenta la reducción a través de la modificación de los tabuladores, primas y derechos adquiridos por los trabajadores, el gasto ha aumentado desde un desembolso mensual en el primer trimestre de 2.200 millones de bolívares hasta 3.500 millones en el segundo trimestre y en julio alcanzó 4.500 millones.
“Creemos que seguirá aumentando poco a poco y al tomar en cuenta la desaceleración de la inflación entonces habrá un aumento en términos reales que debiera tener algún pequeño poder impulsor de la economía”, agrega.
No obstante Tamara Herrera señala un aspecto clave: “El gasto aumentó porque habría sido intolerable que no lo hiciera, pero está subiendo mucho menos de lo que se requiere para satisfacer salarios dignos en la administración pública”.
Vasos comunicantes
El control del gasto público es esencial en la estrategia del gobierno para desacelerar la inflación porque junto al alza de los impuestos y la contracción del crédito reduce la cantidad de bolívares que podría utilizarse para comprar dólares. Esto ayuda a que la cotización del dólar tenga poca volatilidad y actúe como un ancla para los precios.
Tamara Herrera destaca que “no pueden elevar el gasto público sin reforzar algunas de las otras tres patas antiinflacionarias y la presión tributaria ya es excesiva y atenta contra la recuperación incipiente de la economía, mientras que el crédito ya está bastante contraído por el alto requerimiento de encaje a la banca”.
Añade que para equilibrar el efecto de un aumento del gasto más allá de lo programado habría que aumentar la oferta de dólares en el mercado cambiario. “Tendría que acentuarse la esterilización de bolívares a través de la venta de divisas por parte del Banco Central de Venezuela y no parece que haya una holgura demasiado amplia para hacerlo”, sostiene.
Ingresos petroleros
Tras desplomarse a un promedio de 569 mil barriles diarios en 2020, la producción petrolera de Venezuela creció hasta un promedio de 733 mil barriles diarios en los primeros siete meses de 2022. Además, hubo un aumento importante en los precios del barril.
En el primer semestre de este año el precio del crudo Brent, que sirve de marcador en Europa, se cotizó a un promedio de 106 dólares el barril, lo que se traduce en un incremento de 40% respecto al promedio de 2021.
A simple vista el gobierno tendría un alza importante de recursos para elevar el gasto, pero al tomar en cuenta que una parte importante del petróleo que exporta Venezuela no genera caja y que hay un descuento relevante en el precio para colocar los barriles al margen de las sanciones de Estados Unidos, queda claro que el efecto en el ingreso es limitado.
Por ejemplo, una porción del petróleo exportado se entrega como pago por los condensados y crudos que el país está recibiendo de manos de Irán.
Reloj electoral
La política está presente en el manejo de la economía. En 2024 habrá elecciones presidenciales y por tanto es previsible que el gobierno contemple una mayor dosis de gasto público a partir del segundo semestre de 2023 para tratar de generar una percepción de mejoría en la situación de los trabajadores públicos.
“Uno supone que entre las metas económicas está muy presente que hay un evento electoral de primer orden en 2024. Entonces, se va a querer dosificar y administrar bien el flujo de divisas y dosificar el gasto en bolívares, que debería aumentar de manera más intensa a partir del segundo semestre de 2023”, dice Tamara Herrera.
Para evitar saltos en la cotización del dólar que aceleren la inflación, la mayor inyección de bolívares tendría que acompañarse de mayor oferta de divisas. “Necesitas mantener y aumentar la intervención en el mercado cambiario que este año estimamos que llegará a 3.300 millones de dólares”, indica Tamara Herrera.
Una pieza del rompecabezas es que el futuro de los precios del petróleo comienza a nublarse por los temores a un debilitamiento de la demanda por una eventual recesión en Estados Unidos y Europa. Además, hay señales de desaceleración en China.
“El consenso apunta a que los precios del petróleo van a estar más bajos el año que viene y no vemos que podamos prever un crecimiento importante de la producción”, advierte Tamara Herrera.
