En su informe sobre la situación socioambiental de Venezuela, el Observatorio de Ecología Política denunció que los derrames petroleros, la devastación de la actividad minera y el avance de la deforestación y del turismo depredador son los principales problemas ambientales del país
El OEP contabilizó 73 derrames petroleros en 2021, un promedio de aproximadamente 7 derrames al mes
Denuncian que la actividad minera está afectando los parques nacionales, especialmente Canaima y Yapacana. En Canaima, la explotación de oro ha implicado la deforestación de 1.000 hectáreas. Mientras que en Yapacana, se habrían destruido unas 2.227 hectáreas
La deforestación producto de la actividad minera también está presionando un aumento de casos de malaria en el país
Los parques que sufren más agresivas modificaciones a fin de instalar estructuras turísticas lujosas o para disfrute de particulares son Canaima, Morrocoy, Los Roques y Waraira
Repano/Ávila
El Observatorio documento también 131 reportes relacionados con la tala y poda de árboles entre enero y diciembre de 2021. El fenómeno de pérdida de biomasas se ha detectado en, al menos, 16 estados del país. Solo en el Área Metropolitana de Caracas, se han talado unos 300 árboles
Por: @MrsYaky
El Observatorio de Ecología Política (OEP) presentó un informe sobre la situación socioambiental en Venezuela, en el que advierten que la degradación ambiental «avanza de manera sistemática en todo el territorio nacional».
Afirman que los problemas que describen en el informe son «producto de una política gubernamental orientada a la creación de enclaves territoriales para así facilitar la intensificación del extractivismo y el establecimiento de una infraestructura turística para élites económicas en áreas protegidas».
El Observatorio destaca que las consecuencias de la destrucción de los parques nacionales en Venezuela no deben asumirse como problemáticas aisladas: «Se conectan y tienen incidencia directa en el grave problema que tiene la población venezolana con respecto al acceso al agua potable e, incluso, en la crisis eléctrica».
A continuación, las siete denuncias más resaltantes del documento.
Siete derrames petroleros al mes en promedio
Los derrames de hidrocarburos constituyen uno de los principales problemas ambientales de nuestro país.
En el documento se expresa que, aunque hay un gran número de reportes de este tipo de siniestros, desde el año 2016 no se publican cifras oficiales.
Ante la ausencia de datos por parte de Pdvsa, el Observatorio hizo un balance de los derrames ocurridos en 2021, a partir de la sistematización de información que incluye los derrames reportados por el biólogo Eduardo Klein y otras denuncias de siniestros de la industria petrolera.
Así, contabilizaron 73 derrames petroleros, un promedio de aproximadamente 7 derrames al mes. Septiembre fue el mes con más número de incidentes (12). Falcón, Zulia y Anzoátegui fueron las entidades que reportaron más siniestros.
También, se contabilizaron 8 explosiones/incendios en el 2021, con Anzoátegui y Monagas a la cabeza de este tipo de siniestros.
Como causas de estos sucesos, indican que coinciden tanto la industria con el «progresivo aumento de la siniestralidad producto del abandono, avería y desinversión en Pdvsa» como la pérdida de personal capacitado.
Además, indican que los derrames petroleros tienen un impacto sobre los ecosistemas de manglar en Venezuela. Refieren un artículo de la investigadora María Beatriz Barreto al respecto.
de intercambio de gases en los neumatóforos y elimina el hábitat para una alta diversidad de organismos sésiles», especifican.
Minería, la actividad más devastadora
El Observatorio de Ecología Política llama la atención sobre la «explotación intensiva de minerales en Venezuela», lo que denuncian, está dejando a su paso «graves consecuencias» en los territorios y sus habitantes.
Indican que el Gobierno ha promovido la actividad minera como vía predilecta para salir de la crisis económica, creando mecanismos legales que han propiciado «la creación de proyectos mineros en diversas entidades del país».
«El impacto ambiental de la actividad minera no se limita a la minería metálica sino que incluye a la extracción de recursos no metálicos como las arenas, el sílice, el yeso, el carbón,
las calizas, el mármol, el cuarzo, entre otros», reza un apartado del informe.
Alertan que la actividad minera está afectando los parques nacionales, especialmente Canaima y Yapacana. En Canaima, la explotación de oro en ha implicado la deforestación de 1.000 hectáreas.
Mientras que en Yapacanay según datos de la ONG SOS Orinoco, la presencia de al menos 2.000 mineros ilegales causó la destrucción de 2.227 hectáreas.
La actividad minera también está impulsando la migración de pueblos indígenas; «asesinatos y desapariciones; casos de esclavitud moderna; incursión y permanencia de grupos armados irregulares; aumento de casos de violencia de género en las zonas mineras; deforestación y destrucción de ecosistemas acuáticos y terrestres; contaminación con mercurio por bioacumulación en organismos y por dispersión ambiental en ecosistemas acuáticos y las cuencas hidrográficas en general», abunda el documento.
Añaden que los proyectos de explotación de minerales no metálicos también están perjudicando los ecosistemas y a las comunidades, aunque estos conflictos socioambientales han sido «menos visibilizados mediáticamente que aquellos que se dan en el contexto del Arco Minero del Orinoco».
El grave avance de la deforestación
El informe también denuncia que las actividades agropecuarias y las mineras son causantes de la deforestación en la Amazonía venezolana.
La deforestación producto de la actividad minera también origina un aumento de casos de malaria en el país.
Citan un estudio de la epidemióloga venezolana María Eugenia Grillet, quien señala que en el país se han incrementado significativamente los casos de malaria (10 veces más).
«La pérdida de masa forestal y la acumulación de aguas para desarrollar la actividad minera aluvial propician mayor incidencia de casos de esta enfermedad. Preocupa el hecho que la malaria se ha ido expandiendo desde las zonas mineras del sur de Venezuela hacia otras áreas del país. En la actualidad hay presencia de malaria en al menos 18 entidades del territorio nacional. Una de las razones de la propagación se debe a la migración de personas de otros estados para trabajar en las minas: cuando estas regresan a su lugar de origen, muchas de ellas llevan consigo el patógeno, expandiendo así la malaria a otras zonas», advierten.
Por otra parte, las talas realizadas por particulares están ocasionando la pérdida de cobertura vegetal en otros estados del país.
El fenómeno de pérdida de biomasas ocurrió en todo el país en 2021. El OEP recopiló denuncias de deforestación en 16 estados de Venezuela: Aragua, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira y Trujillo.
Miranda concentró un 40% del total de 131 casos analizados. El segundo lugar lo ocupó el Distrito Capital, específicamente el municipio Libertador, que representa un 18% del total de los casos. El tercer puesto en denuncias sobre pérdida de masa arbórea lo ocupa Aragua.
En el caso del Área Metropolitana, se estima que por lo menos 300 de árboles han sido talados según lo indica Ciudad Laboratorio, organización que se ha dedicado hacer seguimiento de la deforestación urbana en los distintos municipios que conforman la ciudad.
«Estas cifras de deforestación urbana son preocupantes, por no decir alarmantes y más si tomamos en cuenta la gran importancia que cumplen los árboles en este contexto de crisis climática. Aunado a ello, en Venezuela el 13% de las 4.812 especies arbóreas están en peligro de extinción, según lo ha indicado un estudio realizado por el Botanic Gardens Conservation International (BGCI) y el Global Tree Assessment (GTA)», recuerdan.
Se expande el turismo depredador
En 2021, fueron constantes las denuncias que apuntan a una «violación sistemática de los reglamentos de uso de los parques nacionales» para así posibilitar en ellos la ejecución de actividades prohibidas.
Los parques que sufren más agresivas modificaciones a fin de instalar estructuras turísticas lujosas o para disfrute de particulares son Canaima, Morrocoy, Los Roques y Waraira Repano/Ávila.
El informe hace referencia al trabajo de investigación de la Alianza Rebelde Investiga (diciembre, 2021) “Los Roques a la orilla de un desastre ambiental», en el que se denunció la grave situación socioambiental que está dejando a su paso la construcción de mansiones de lujo en el Gran Roque, el principal islote habitado del archipiélago.
Estas construcciones, destaca el OEP, «violan el reglamento y la normativa de uso del parque nacional en muchos sentidos».
«En 2004 se había establecido en Gaceta Oficial la prohibición de nuevas construcciones, en vista de que diversos estudios habían determinado que el parque ya se
encontraba por encima de su capacidad», resaltan.
Pese a estas prohibiciones, el reportaje de ARI comprobó que se han construido más edificaciones que «violan de manera expresa el artículo 28 que rige la normativa de uso de este archipiélago con respecto al diseño arquitectónico, las medidas y los materiales permitidos para la construcción de edificaciones».
«En este reporte se muestra como estas mansiones rompen totalmente con la armonía del paisaje de este parque nacional. Estas viviendas han sido construidas por una élite que pasa por encima de las leyes y reglamentos sin ningún tipo de obstáculos. Desafortunadamente, el impacto de estas mansiones sobrepasa lo estético y está ocasionado problemas ambientales en el archipiélago de Los Roques. Según este reportaje, ya se aprecian manglares talados y contaminados en la isla El Gran Roque», amplía el Observatorio de Ecología Política sobre la investigación especial de ARI.
Inadecuada gestión de desechos sólidos y restos biológicos y hospitalarios
En este punto, el Observatorio de Ecología Política advierte que el Estado no garantiza a la población venezolana el manejo adecuado y sostenible de los desechos y residuos, lo cual genera diversos problemas ambientales y de salud pública.
«El 80% de los desechos generados en el país se deposita en vertederos a cielo abierto, lugares en los cuales a su vez se vive una grave situación social que se refiere a la cantidad de personas que trabajan en condiciones deplorables recogiendo desechos en esos espacios sin que se les garanticen derechos laborales o la información y formación requerida
para este trabajo. Asimismo, resulta preocupante la mala gestión de los restos biológicos y hospitalarios, reportándose algunos casos en los que no se les da el tratamiento diferenciado que exige la normativa oficial», precisa el reporte.
Crisis hídrica
Afirma el Observatorio de Ecología Política que en el país hay una crisis hídrica, como consecuencia del «severo problema de acceso al agua y la calidad de la misma».
Destacan la existencia de un proceso de seria afectación de las cuencas hidrográficas que tiene impactos negativos en los ciclos del agua y, por tanto, en el conjunto
de la vida.
Cambio climático acentúa las desigualdades y vulnerabilidad
El OEP advierte que el cambio climático acentúa las «desigualdades sociales y la situación de vulnerabilidad» en la que ya se encuentra sumergida la población venezolana. Además de la crisis socioeconómica.
«Nuestra sociedad tendría que enfrentar los riesgos asociados al cambio climático que se expresan en inundaciones en zonas costeras; sequías y precipitaciones extremas; que afectaran la agricultura, agravarían la crisis hídrica del país, entre otros».
Aclaran que los diferentes eventos climáticos extremos ya están afectando a Venezuela. En 2021 se reportaron fuertes inundaciones debido a intensas lluvias que afectaron gran parte del territorio nacional.
«El OEP registró en el periodo de agosto a octubre de 2021, al menos 34 eventos meteorológicos, relacionados con lluvias intensas que afectaron distintas entidades del territorio nacional. Estas lluvias generaron inundaciones en 15 estados de Venezuela: Apure, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Guárico, Lara, Miranda, Mérida, Portuguesa, Sucre, Vargas y Zulia. Los grupos sociales sociales en condiciones de pobreza, generalmente son los más vulnerables ante la ocurrencia de los eventos climáticos
extremos y los que menos oportunidad tienen de recuperarse de los mismos», describen.
Por esta razón, consideran que el tema debe incluirse como elemento central en la agenda de discusión y acción de todos de cada uno de los actores de la sociedad venezolana.
Asimismo, consideran imperativo que el Gobierno Nacional haga del conocimiento público sus «planes de mitigación y adaptación al cambio climático» y asuma compromisos reales para enfrentar este fenómeno.
