Debido a diferentes regulaciones migratorias y la imposibilidad de viajar como consecuencia de la pandemia, ahora es mucho más difícil para los venezolanos emigrar a distintos países
Acnur ha hecho esfuerzos y alianzas con gobiernos y otras agencias humanitarias, con la finalidad de brindar apoyo a los venezolanos
Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, advirtió que, las restricciones de la pandemia han limitado las redes de apoyo a los migrantes, lo que ocasionará una migración más “precaria y con menores recursos”
@Andrea_GP21
Con la agudización de la crisis económica y política en Venezuela, desde el año 2015 se ha producido un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), asciende a más de 5,4 millones de personas que han salido del país.
Acnur estima que ha habido un aumento del 8,000 % en el número de venezolanos y venezolanas que solicitaron la condición de refugiado en todo el mundo desde el año 2014, principalmente en la región de las Américas. Pero son muchos los que están incluso fuera de esa estadística.
Muchos han salido a pie recorriendo Sudamérica. Comienzan por Colombia, país que según Acnur alberga más de 1,7 millones de venezolanos, la mayor densidad de migrantes que han salido de Venezuela en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Esta migración masiva “se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo”, señala la agencia.
Por lo general llegan con recursos muy escasos; tienen la necesidad inmediata de documentación, protección, albergue, alimentos y medicamentos, algo que algunos gobiernos han decidido tratar, ante la magnitud de la migración.
Crisis migratoria y pandemia
Acnur ha hecho esfuerzos y alianzas con gobiernos y otras agencias humanitarias, con la finalidad de brindar apoyo a los venezolanos, que en muchos de los casos no ha logrado vivir en condiciones dignas fuera del país, algo que se ha agudizado con la pandemia de COVID-19.
“Los confinamientos, la pérdida de medios de vida y el empobrecimiento obligan a muchas personas a depender cada vez más de la asistencia humanitaria de emergencia para sus necesidades de salud, alojamiento, alimentación, protección y educación”, dice el informe de Acnur.
Por otra parte, el impacto de la pandemia también ha provocado un drástico aumento de la “violencia de género y las necesidades de salud mental, la inseguridad alimentaria, la desnutrición e incidentes de estigmatización”.
Según el ministro de Salud de Colombia, entre enero y septiembre del 2020 se registró un incremento de casi el 40% de los incidentes de violencia de género que afectan a la población venezolana, en comparación con el mismo período del año anterior, reseña Acnur.
Para dar respuesta a esta problemática, Acnur creó el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) para el año 2021 para satisfacer estas necesidades cambiantes.
“Han perdido sus medios de vida y al mismo tiempo no están incluidas sistemáticamente en los planes de asistencia social que se han establecido para las poblaciones locales”, dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.
Citada por la Acnur, la abogada Rogmalcy Vanessa Apitz, que ayudó a poner en marcha una fundación sin ánimo de lucro en Cúcuta desde la que se proporciona apoyo a mujeres venezolanas víctimas de la violencia de género, contó que diariamente tratan hasta 100 casos, frente a unos 15 casos diarios antes de que comenzara la pandemia.
La mayoría de los venezolanos que llegan a países vecinos son familias con hijos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. En algunas ocasiones han tomado rutas irregulares, han sido víctimas de traficantes, tratantes y grupos armados irregulares, siendo Chile uno de los casos que más llama la atención.
A su vez, de acuerdo con datos de la Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2020 se detuvo la salida por vías regulares, lo que generó el uso de pasos irregulares para trasladarse entre territorios.
Un ejemplo es el caso de Chile, donde se evidenció un aumento sostenido de la cifra de personas que ingresan por pasos no habilitados desde la implementación de la Visa de Responsabilidad Democrática, pasando de 101 ingresos por vías irregulares en 2018 a 3.333 en 2019 y 4.226 a septiembre de 2020, según datos del Servicio Jesuita a Migrantes en este país.
La oficina de la OEA recuerda también el caso del naufragio de una embarcación con un grupo de personas que dejó la costa de Venezuela hacia Trinidad y Tobago antes del 12 de diciembre. Los primeros cuerpos habrían sido hallados a 6,3 millas náuticas de la ciudad de Güiria, Sucre, dentro de la jurisdicción de Venezuela.
Según Acnur, la difícil condición en la que se encuentran muchos migrantes venezolanos los ha llevado a considerar regresar a Venezuela, a menudo en condiciones inseguras, lo que genera riesgos adicionales de protección y salud.
Olga Sarrado, portavoz para América Latina de Acnur para el sur de América Latina, señaló el pasado 24 de febrero que durante la pandemia muchos migrantes venezolanos se quedaron sin empleos, fueron desalojados y perdieron la poca calidad de vida, lo que ocasionó que al menos 140.000 personas tomaran la decisión de volver a Venezuela.
“No les quedaba nada más y al menos sabían en Venezuela que muchos de ellos contaban con un hogar”, dijo en una entrevista ofrecida al segmento Conversaciones Postpandemia de Nelson Eduardo Bocaranda, por Onda La Superestación.
Además, Sarrado señaló que desde octubre del 2020 la situación de malas condiciones en otros países comenzó a mejorar y estimó que en la actualidad unas 2,000 personas podrían estar saliendo cada día de Venezuela, pero señaló que las fronteras siguen cerradas, por lo cual esos datos son estimaciones. Sin embargo, alertó que muchos de esos movimientos se producen, en su mayoría, por las vías irregulares, lo que representa un riesgo.
No obstante, la portavoz indicó que en las últimas semanas se han observado nuevas restricciones en algunos países, debido al aumento del número de casos de COVID-19, lo que ha causado un doble flujo de personas que salen de Venezuela y otras que vuelven a retornar.
Aumenta la vulnerabilidad
Ligia Bolívar, socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), señaló que la situación de los migrantes venezolanos en la región, en el marco de la pandemia, ha sido muy precaria y con desmejoramiento de condiciones.
De acuerdo con Bolívar, la pandemia ocasionó la pérdida de empleos en muchos países, pero hay una diferencia entre los nacionales y los migrantes, señalando que los nacionales tienen redes de ayuda por parte del Estado, mientras que los migrantes no, lo cual provocó que muchos de los venezolanos retornaran a su país.
“He encontrado muchas personas en situación de precariedad como resultado de que sus empleos fueron eliminados, hubo reducciones de nómina, cierre de comercios y de empresas. Entonces mucha gente que ya estaba establecida se vio en la calle sin estas redes de apoyo”, lamentó.
Bolívar recordó que los venezolanos han salido masivamente del país desde el año 2015, huyendo de la crisis humanitaria y económica que azota a Venezuela, añadiendo que, desde el tercer trimestre del 2020 se volvió a ver una migración masiva aun cuando se produjo “una apertura de la economía”.
Además, alertó que, debido al cierre de fronteras, muchos de los venezolanos salen sin documentos, por lo cual se produciría un ingreso irregular al país de origen y tránsito, señalando como ejemplos las trochas para llegar hacia Colombia y los pasos hacia Brasil.
“Una de las cosas que estamos viendo es la existencia de grupos familiares completos y extendidos. También, otro fenómeno preocupante es el aumento de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Esa cifra está aumentando significativamente, a pesar de la pandemia”, advirtió.
Otro factor preocupante es la pérdida de las redes de ayuda que había en distintos puntos, especialmente para los caminantes, causado por la pandemia de COVID-19. Según Ligia Bolívar, muchas organizaciones prestaban apoyo a los connacionales con asesoría jurídica para la obtención del estatus de refugiado, para la regularización como migrante, las transferencias monetarias, establecimientos de comedores, centros de acopio de ropa, apoyo a madres en proceso de lactancia, entre otros.
“Durante la pandemia, las medidas de restricción que se impusieron para frenar el contagio generaron vacíos de protección. Por ejemplo, para los caminantes existían unas rutas de apoyo y todos desaparecieron. Fueron cerrados, no porque las organizaciones lo hayan querido así, sino que fue una decisión del Estado”, lamentó.
Entre los puntos de apoyo a los caminantes, Bolívar destacó la existencia de establecimientos para que los migrantes se asearan; espacios donde las madres podían lactar a sus bebés, cambiarles los pañales o asearlos; recibían orientación sobre geografía y lo que podían encontrar en la zona. “Muchos no saben lo que significa pasar por una zona en conflicto en Colombia, que puede estar en manos de la guerrilla, del narcotráfico o de paramilitares”, dijo.
“Vamos a tener una migración más precaria y con menores recursos, a pesar de que las organizaciones han estado trabajando en diferentes áreas, pero ahorita están limitadas por estas restricciones impuestas por la pandemia”, alertó Bolívar.
Respuesta de gobiernos ante la migración
Algunos países de la región han implementado distintas normativas y beneficios exclusivos para migrantes venezolanos. Algunas se implementaron años antes de la pandemia.
Es Colombia el país que más venezolanos ha acogido, con más de 1,7 millones de venezolanos dentro de su territorio, según datos presentados por Acnur. Le sigue Perú con poco más de un millón de migrantes y Chile con más de 450,000 venezolanos.
Uno de los casos más importantes es el de Colombia, cuyo gobierno otorgará el Estatuto Temporal de Protección (ETP) a migrantes venezolanos, aprobado por el presidente Iván Duque, el cual tendrá una vigencia de 10 años y busca que los migrantes puedan acumular el tiempo necesario para solicitar este documento. Según Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, el Estatuto será entregado en octubre de 2021.
Otro caso es el de Chile, país que desde hace al menos un par de años creó el documento llamado Visa de Responsabilidad Democrática, el cual tiene una vigencia de un año, prorrogable por el mismo período y ofrece distintos beneficios al migrante como el acceso a empleos, arriendos, educación, entre otros.
También, el pasado 19 de enero, un día antes de dejar la presidencia de Estados Unidos, el exmandatario norteamericano, Donald Trump, suspendió durante 18 meses y con algunas excepciones las deportaciones ciudadanos a venezolanos presentes en ese país, beneficio conocido como la Salida Obligatoria Diferida (DED, en inglés).
También, el pasado lunes 8 de marzo, la administración del presidente Joe Biden (EEUU), anunció que otorgará un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a miles de venezolanos que estén ya en el país. Los beneficiarios de este tipo de programas obtienen protección contra la deportación y permisos de trabajo temporales, pero no les conceden la residencia.
A su vez, existen otros casos como el de Panamá, cuyo presidente Juan Carlos Varela anunció en agosto del año 2017 que se exigiría visa a los venezolanos que viajaran a Panamá, aduciendo razones económicas y de seguridad.
También, recientemente el gobierno de Curazao, en la vocería del ministro de Justicia, Quincy Girigorie, anunció que ese país otorgará un permiso a los inmigrantes indocumentados bajo ciertas condiciones.
“El permiso va dirigido a personas que ingresaron a Curazao ilegalmente antes del 13 de marzo del año pasado, ahora tienen un trabajo y, por ejemplo, también hijos que van a la escuela”, detalló Girigorie.
Runrun.es tomó a considerar ocho países del hemisferio occidental (Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana), para hacer una comparativa de cuáles son las exigencias migratorias, beneficios de protección, condiciones especiales, solicitud de visas particulares, entre otros.
Como dato adicional, de acuerdo con las cifras de Acnur, en los países seleccionados por este medio se registra la siguiente cantidad de migrantes venezolanos:
Colombia: 1.729.537
Perú: 1.043.460
Ecuador: 415.835
Estados Unidos: 351.144
Chile: 457.324
Argentina: 179.203
República Dominicana: 114.500
Panamá: 120.910
De acuerdo con Ligia Bolívar, aun cuando se han implementado algunas medidas en distintos países, la respuesta de las naciones hacia los migrantes venezolanos en este último año, a propósito de la pandemia, “ha sido limitada”.
Ante eso, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB presentó un informe en el cual se evaluó la respuesta de los Estados a los migrantes venezolanos. Se indagó en las áreas más apremiantes como alimentación, transferencias monetarias, salud, vivienda (incluyendo albergues de tránsito o para personas en situación de calle) y protección del estatus migratorio.
Entre los hallazgos, la organización determinó que, en el área de alimentación, “Costa Rica quizás el país con una respuesta más estructurada, habiendo adaptado programas preexistentes a la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad frente al COVID-19; en ellas se ha incluido población migrante y refugiada”. Sin embargo, señalan que no existen programas exclusivos, por parte del Estado, dirigidos a estas poblaciones.
Asimismo, en el área de la salud, países como “Bolivia, Chile, Ecuador, EEUU y Trinidad Tobago no han emitido disposiciones especiales para la atención de la salud de migrantes y refugiados en el marco de la pandemia”.
El informe concluye que las áreas de alimentación y vivienda “presentan grandes vacíos y hay una opinión unánime sobre la insuficiencia de las respuestas brindadas para atender las necesidades de la población migrante y refugiada en estos temas”.
Respuesta de los Estados a la situación de personas migrantes y refugiadas en el marco del COVID-19 by Andrea González Parra on Scribd
La experiencia del migrante
Muchos de los migrantes venezolanos que se encuentran en la región han aprovechado los beneficios migratorios que se les ofrecen especialmente a los connacionales.
Yskelia Rivera, de 25 años, contó que llegó a la localidad de Arequipa, en Perú, en marzo del 2018 en búsqueda de mejores condiciones y fue beneficiaria del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que tiene una validez de un año.
“Yo llegando no hice los trámites de inmediato para el PTP, porque no tenía mucho conocimiento de los requisitos que pedían. Lo que hice fue pedir un permiso de trabajo por refugio”, comentó.
Rivera cuenta que cuando llegó a Perú tenía la renovación del pasaporte que dura dos años, pero ya se venció. Además, contó que tras tramitar el PTP pudo acceder a empleos formales, servicios de salud, firma de contratos, entre otros. Tras culminar el año de vigencia, se le otorgó el Carnet de Extranjería que rige para todos los extranjeros.
Por su parte, la joven Heilyn Porras, de 28 años, quien reside actualmente en Bogotá, Colombia, tiene el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), creado en 2017 para regularizar la migración de venezolanos hacia el vecino país. Porras relató un poco de su experiencia y lo que espera del nuevo Estatuto Temporal de Protección para venezolanos.
Ella llegó a Colombia en mayo del 2019 junto a su esposo. “Lo veo bastante útil porque hay demasiadas personas venezolanas en Colombia que no cuentan con los medios para conseguir trabajos bien pagados”, reflexionó.
“Al mismo tiempo me parece útil en el sentido de que es muy importante saber quiénes y cuántos hay en un país, sea de la nacionalidad que sea, porque eso mantiene el orden y las leyes y no se puede mantener un orden sin un registro”, dijo al agregar que se va a apegar a este beneficio, que puede ayudar a muchas personas.
Acnur pide ayuda para los migrantes venezolanos
Acnur advirtió en diciembre del 2020 que, al estar las fronteras cerradas, muchos venezolanos se ven obligados a ingresar a Colombia y a los otros países de acogida a través de cruces fronterizos no oficiales, lo que dificulta la regularización de su situación.
Debido a la recesión económica, resultado por la pandemia, que además ha afectado a toda la región, las comunidades de acogida podrían resistirse a acoger a las personas recién llegadas.
En ese sentido, 159 organizaciones humanitarias que participan en la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial R4V, lanzaron un llamado para obtener 1.440 millones de dólares y responder a las necesidades de los 4,6 millones de migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe, así como a las comunidades que los acogen.
De acuerdo con Acnur, con este plan se espera responder a las crecientes necesidades que se han visto gravemente exacerbadas este año como consecuencia de la pandemia de COVID 19.
Para realizar donativos, las personas interesadas en hacerlo pueden ingresar haciendo click aquí.
