Los extrabajadores de Pdvsa ahorraron en un fondo de pensiones para asegurarse la vejez. Explican que si Pdvsa paga los intereses de la deuda que tiene con el fondo podrían cobrar una pensión de $660 al mes en lugar de $0,8.
El pasado 7 de octubre un grupo de jubilados de Pdvsa y Pequiven acudió en representación de los beneficiarios del fondo de pensiones (conocido por sus siglas APJ/PDV) a la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, para exponer la opaca situación del instrumento que debía garantizar una vejez tranquila a 28 mil extrabajadores de la empresa y sus filiales, pero que al contrario de lo planificado, están recibiendo una pensión exigua que no les alcanza para alimentarse apropiadamente o comprar medicinas.
Las pensiones de los extrabajadores de Pdvsa no dependen de las finanzas públicas. En 1993 la empresa constituyó un fondo que a partir de esa fecha se nutrió con el aporte de 3% del salario mensual de los trabajadores y 25% de sus prestaciones sociales. Además, Pdvsa hizo un pago único como compensación por antigüedad. El dinero se invirtió en inmuebles, terrenos, bonos y acciones en dólares que crearon una cartera administrada por firmas internacionales como Wachovia Securities.
Irma Sosa, abogada e ingeniera y quien formó parte del grupo de extrabajadores, explica que la última información contable que tienen los jubilados de Pdvsa es el balance del fondo de pensiones correspondiente a 2015 auditado por KPMG Rodríguez Velásquez & Asociados, donde quedó registrado que Pdvsa tiene una deuda con el fondo por 2.347 millones de dólares a través de pagarés que reportan intereses anuales a una tasa de 9,5%.
El informe de la firma auditora también señala que el 29 de diciembre de 2016 Pdvsa reestructuró esta deuda y postergó el vencimiento de los pagarés por cinco años hasta 2021, manteniendo la misma tasa de interés, pero la empresa no cancela los intereses, por tanto, los jubilados apenas reciben una pensión mensual que equivale a 0,8 centavos de dólar al tipo de cambio oficial.
La consecuencia es que los jubilados sin hijos que los ayuden o recursos extra transitan la vejez arruinados, alimentándose precariamente con las cajas de comida que Pdvsa reparte de forma irregular y no cubren los requerimientos de una dieta balanceada.
“Estamos exigiendo el pago periódico de los intereses que debe Pdvsa por financiarse con dinero de los jubilados. Cada año los pagarés reportan intereses por 223 millones de dólares que, de ser repartidos de manera igualitaria entre los jubilados como se ha decidido, se traduciría en que cada jubilado recibiría al mes 660 dólares”, dice Irma Sosa.
Al tomar en cuenta todos los intereses atrasados y descontados los pagos efectuados por parte de Pdvsa, los jubilados calculan que al cierre de 2019 la deuda se ubicó en 3.200 millones de dólares.
En otras propiedades el fondo de pensiones posee en Caracas la parcela de terreno y el edificio donde actualmente funciona el Ministerio para el Turismo y 18 oficinas con estacionamiento en el Centro Letonia en La Castellana, que actualmente ocupa Pdvsa sin pagar el arrendamiento debidamente.
La administración
Un aspecto a tomar en cuenta es que la directiva de Pdvsa tiene amplios poderes en la gestión de los recursos. Irma Sosa explica que “estatutariamente, la designación de los integrantes de la Junta Administradora, las políticas de inversión, los cambios en la cartera de inversiones, la modificación de los estatutos y la distribución de los gananciales requieren la aprobación previa del directorio de Pdvsa antes de la aprobación de la Asamblea de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones”.
A su vez, los estatutos señalan que la Asamblea está formada por los asociados, que son Pdvsa y sus empresas filiales.
Entre 1993-2004 el fondo de pensiones depositó regularmente las ganancias que obtuvo en las cuentas bancarias de los jubilados, mantuvo el acceso a las actas de las asambleas e informó adecuadamente sobre la gestión del dinero.
A partir de 2005, con la llegada de Rafael Ramírez a la presidencia de Pdvsa, todo cambió: “el documento estatutario es un documento excelente que blinda y protege a ambas partes, empresa y jubilados; el problema no es del documento sino las personas que administran. Las inversiones en el exterior fueron vendidas, Pdvsa tomó los dólares que pertenecen a los jubilados y las reemplazó por instrumentos de deuda de Pdvsa, primero bonos que posteriormente fueron reemplazados por pagarés”, dice Irma Sosa.
Estatutos socialistas
Tras gestiones en el registro público, los jubilados lograron constatar que los estatutos del fondo fueron modificados el 27 de julio de 2009 cuando se modificaron varios artículos, entre ellos el artículo 33. La modificación fue ratificada el 5 de agosto de 2013 en una asamblea extraordinaria a la que asistieron las autoridades de entonces: Rafael Darío Ramírez, presidente de Pdvsa; Eulogio Del Pino, por la Corporación Venezolana de Petróleo; Asdrúbal Chávez, por PDV Marina; Fadi Kabboul, por Pdvsa Ingeniería y Construcción; Ower Manrique por Bariven y Héctor Pernía por Pdvsa Naval. La Asamblea fue presidida por Víctor Aular en su condición de presidente de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones.
El cambio de los estatutos, protocolizado en el registro público el 26 de noviembre de 2014, tiene consecuencias. En la versión anterior a la modificación queda establecido que los haberes del fondo pertenecen a los beneficiarios, es decir, a los jubilados y en la nueva versión se habla de los “haberes de los asociados”, es decir, Pdvsa y sus empresas filiales.
“Fue una modificación de los estatutos para atribuirle a Pdvsa la propiedad de los haberes de los beneficiarios, con lo cual se pretendería eliminar la deuda y legalizar la situación de hecho que venía ocurriendo desde años atrás”, dice Irma Sosa.
Inmediatamente agrega que “la facultad de la Asamblea de efectuar modificaciones a los estatutos, que es el argumento que nos alega Pdvsa, jamás puede ser contraviniendo preceptos constitucionales y legales. Esta modificación estatutaria violenta preceptos contenidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas suscrita por Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo, en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Código Civil”.
El acta de la asamblea extraordinaria donde se modificaron los estatutos, en poder de los jubilados obtenida en la Oficina de Registro Público, explica que el cambio se produjo para “garantizar que la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela pueda instruir libremente a la Asamblea de la Asociación (Administradora de los Fondos de Pensiones) la forma en que serán distribuidos los rendimientos y cualesquiera otros beneficios”.
Añade que la idea es “establecer formas de distribución de los rendimientos (cuando los haya) que respondan a verdaderos principios de justicia social, solidaridad e igualdad” para llevar a cabo el proceso de redistribución del ingreso nacional.
El caso Illaramendi
En noviembre de 2003 Francisco Illaramendi, un venezolano que trabajaba para Credit Suisse, se conectó con el chavismo cuando diseñó para el Ministerio de Finanzas de entonces, bajo la batuta de Tobías Nóbrega, una emisión de bonos en dólares. Posteriormente, Illaramendi comenzó a asesorar a Pdvsa y en 2006 fundó la firma Michael Kenwood Group, en Connecticut.
El fondo de pensiones le entregó a Francisco Illaramendi 380 millones de dólares para que los administrara, pero en 2011 Michael Kenwood Group se declaró en quiebra y las autoridades de Estados Unidos descubrieron un esquema fraudulento. Illarramendi fue sentenciado a trece años de prisión tras declararse culpable en marzo del 2011 de cinco cargos, entre ellos fraude, fraude electrónico, conspiración para obstruir a la justicia y estafa a la Comisión de Valores de Estados Unidos.
Pdvsa se hizo parte del juicio en Estados Unidos y los jubilados temen que el dinero que pueda recuperarse se extravíe en la caja de la empresa. “Los fondos que pudieran estar bloqueados a Pdvsa por recuperación de activos relacionados al proceso judicial en Estados Unidos contra Michael Kenwood Group relacionados al fondo de pensiones son recursos privados y por consiguiente solo pueden destinarse para los jubilados”, dice Irma Sosa.
Petición a la Asamblea
En un documento entregado a la Asamblea Nacional, los jubilados solicitan que el Parlamento apruebe un acuerdo que reconozca que los haberes del fondo de pensiones les pertenecen y deje constancia de la deuda de Pdvsa.
Además, solicitan “que se tenga presente en las gestiones realizadas por la Asamblea Nacional, relativas a fondos congelados o bloqueados en el exterior” que los dólares recuperados por la quiebra de Michael Kenwood Group solo debe destinarse a cubrir la deuda de Pdvsa con el fondo de pensiones.
Una parte del dinero del fondo de pensiones podría estar en Novo Banco, una entidad financiera de Portugal, donde la administración de Nicolás Maduro tiene 1.500 millones de dólares bloqueados por las sanciones económicas.
