@loremelendez 

«YA YO HOY ESTOY MÁS LÚCIDA», dice la madre de una de las víctimas de la masacre de Tumeremo, ocurrida hace poco más de 30 días. Afirma que ha retomado poco a poco su rutina, aquella que había perdido la noche del 4 de marzo pasado cuando le dijeron que su hijo había sido asesinado por la banda de «El Topo«, un hombre que tenía bajo su control la mayoría de las minas del municipio Sifontes del estado Bolívar. Ella reconoce que la primera quincena de marzo la pasó entre protestas, llantos e incertidumbre hasta que, finalmente, 10 días después de que su muchacho partiera hacia «la bulla» de Atenas para no volver, el Ministerio Público anunció que habían conseguido su cadáver. Sin embargo, ella nunca lo vio.

«Hoy me preocupa saber si enterré a mi hijo o no lo enterré», comenta la madre al otro lado de la línea telefónica. No vio las fotos que los funcionarios suelen tomarle a los cadáveres cuando los consiguen, tampoco pudo verificar si la ropa con la que lo encontraron era la misma que llevaba cuando salió de su hogar. Lo único que aseguraba que aquel cuerpo era el de su familiar era la palabra de las autoridades, quienes no pusieron evidencia alguna sobre la mesa.

La mujer recuerda cómo transcurrieron las horas siguientes al anuncio del hallazgo de los cadáveres. El martes 15 de marzo la llevaron hasta el Fuerte Tarabay junto con los familiares de las otras 16 personas que tampoco regresaron del pequeño yacimiento ubicado en las cercanías de El Miamo. Allí se supone que les mostrarían los restos hallados que habían estado enterrados en la vía a otra de las minas de «El Topo»: Nuevo Callao. Pero eso, en su caso, no ocurrió.

El hijo de la mujer estuvo entre los primeros tres que reconocieron los forenses. Los funcionarios del Ministerio Público le indicaron que no le mostrarían el cuerpo por el avanzado estado de descomposición en el que estaba. «Mi hija (la hermana de la víctima) dijo que no se iba a quedar conforme hasta verlo y se quedó en el Fuerte hasta la noche, pero tampoco lo vio», apuntó la señora. Al día siguiente, cuando los parientes volvieron al Fuerte, supieron que los muertos ya estaban en urnas selladas.

La mayoría de los familiares enterraron el 16 de marzo los féretros que les habían entregado horas antes. Los cofres funerarios sólo estaban identificados con una pegatina que llevaba el nombre de cada víctima.

Algunos familiares organizaron funerales, pero ni siquiera así pudieron ver los cadáveres de los suyos. Quienes prestaron los servicios se limitaron a preparar las nuevas urnas con cal y aserrín para evitar que la putrefacción saliera de la madera, pero no se atrevieron a abrir las bolsas especiales en las que habían sido metidos los restos. Dijeron que no tenían autorización.

A un mes de la masacre de Tumeremo, las dudas de los familiares sobre los procedimientos hacen pensar que hay elementos que quedaron en secreto. Entre los entrevistados, sólo a uno le devolvieron la ropa que llevaba puesta la víctima; a la esposa de otro le dijeron que habían conseguido un cuerpo con una malla externa que este tenía a raíz de una hernia, pero nunca se la mostraron; la hermana de uno de los muchachos afirma que a su hermano, que era muy alto, lo metieron en un urna pequeñísima. Ninguno vio fotos, ninguno vio el cadáver.

Pero la incertidumbre no se cierne sólo sobre los cuerpos y su identificación, sino sobre una serie de preguntas que aún no tienen respuesta: ¿por qué nunca se difundió una lista oficial de desaparecidos?, ¿por qué tampoco hubo una de los cadáveres hallados? Si hay uno de los desaparecidos que es hoy testigo protegido, ¿de quién es el cuerpo número 17?

Atenas, El Peregrino y Nuevo Callao

El viernes 18 de marzo, el mayor general Gustavo González López, ministro de Interior y Justicia, ofreció una rueda de prensa para mostrar los avances que había en la investigación de la masacre. Ese día habló de cómo ocurrieron los hechos, de los detenidos, de los testigos protegidos y también de la organización de las bandas que se habían disputado el poder de «la bulla» de Atenas: la del «Gordo Lizandro», que supuestamente había controlado hasta ese día la mina y tenía al barrio La Caratica de Tumeremo como centro de operaciones, y la de «El Topo», que presuntamente perpetró la matanza.

De acuerdo con los datos difundidos por el representante del Ejecutivo, desde la madrugada del 4 de marzo, «El Topo» instaló una alcabala de al menos 30 personas en las cercanías del fundo El Peregrino, en la vía hacia «la bulla» de Atenas, a donde diariamente acudían a trabajar personas de Tumeremo y otras localidades del sur del estado Bolívar. Allí, los delincuentes detuvieron a quienes se trasladaron en moto por el camino. Los clasificaron entre mineros y malandros. A los primeros, los amarraron, amordazaron y obligaron a permanecer en un descampado bajo el sol. A los últimos, los ejecutaron con armas de fuego.

Pero la matanza no fue sólo allí. En horas de la tarde «El Topo» y parte de su gente siguieron el camino hasta la mina, alrededor de las 4:00 pm, en donde asesinaron a otras cuatro personas. Esos cadáveres los montaron en un camión que estaba en el lugar y obligaron a su conductor a que los llevara al fundo El Peregrino, en donde aguardaban las otras víctimas. Allí descargaron los cuerpos que traían de Atenas y los montaron en un volteo. En total, 17 personas cayeron ese día: 16 recibieron disparos en la cabeza y sólo uno tenía un tiro en el pecho.

Fuente: Ministerio de Interior y Justicia

En horas de la noche, los de «El Topo» liberaron al resto de los mineros. A todos los amenazaron con matarlos si contaban algo en el pueblo. Antes de dejarlos ir, cargaron el volteo con todos los asesinados y los condujeron hasta las cercanías de la mina Nuevo Callao. Una retroexcavadora fue trasladada hasta el sitio para hacer una fosa común de tres metros de ancho por cinco metros de profundidad. Durante el recorrido, atravesaron Tumeremo por la Troncal 10, escoltados con motos.

Según González López, la banda de «El Topo» se llevó consigo a un par de rehenes que fueron liberados 10 días después debido a la «presión policial». Uno de los cautivos fue Jairo Rojas Vaca, quien había sido declarado como desaparecido en la tranca que hicieron los familiares para reclamar los cadáveres. Su foto era una de las 17 que había en la pancarta con la que los parientes difundieron los nombres de los que no habían vuelto.

Los protagonistas

La banda de «El Topo», de acuerdo con lo expuesto por González López, tiene una estructura compuesta por personas de confianza, que colaboran con sus negocios y fechorías; encargados de armas y reclutamiento, además de cinco jefes de mina entre los que se cuentan dos de sus hermanos. Los últimos de su cuadro son sus sicarios: 18 personas, de las cuales se ha difundido la identidad de cuatro. Estos últimos estaban comandados por un jefe: alias «Toribio».

La estructura de la otra banda, la que supuestamente controlaba la mina, es más sencilla. Se trata de la organización liderada por Alixandro Lizandro González Montilla, alias “El Gordo Lizandro”, y José Enrique Zurita Arévalo, alias “El Potro”, quienes actuaban con la colaboración de alias “Coporo”, su lugarteniente. Todos, según el ministro, están reclamados por la justicia por extracción minera ilegal, extorsión y secuestro, y mantienen vínculos con “sectores políticos y financieros” del municipio.

El grupo, según las autoridades, cuenta con 15 sicarios y cuatro personas de alta confianza que son Joangel José Granados, alias Marihuana, y Lizangel Alexander Romero, conocido como «El gato» y los hermanos José Ángel Ruiz Montilla, alias «Tita» y José Armando Ruiz Montilla, alias “Ku”, todos solicitados.

Pero lo que no dijo el ministro fue que «Tita» y «Ku» fueron asesinados en la masacre junto a otro de sus hermanos: Nestor de Jesús Ruiz Montilla. De hecho, a su madre le fueron entregadas tres urnas que se velaron brevemente el 16 de marzo en la cancha del barrio La Caratica, donde vivían ellos y «El Potro».

«Pero por ahí se dice que uno de ellos está vivo, porque ya lo han visto en la calle», sentencia la hermana de otro de los asesinados. Por esa razón, en las calles de Tumeremo, muchos dudan que las identidades de los cuerpos coincidan con las de quienes habían sido declarados por los desaparecidos.

Los detenidos

El 10 de marzo se encontraron los primeros vehículos relacionados con el caso. La retroexcavadora que había sido utilizada para hacer la fosa en donde se enterraron los 17 cuerpos, en la vía a Nuevo Callao, fue hallada en los alrededores del sitio. Ese mismo día, en la madrugada, se dio con el paradero del camión que había trasladado a los cuatro cadáveres entre «la bulla» de Atenas y el fundo El Peregrino. También se encontró una camioneta Silverado que era, supuestamente, propiedad de «El Topo».

La primera detención ocurrió el 12 de marzo, cuando las autoridades capturaron a Rosa Zoraida Gil, conocida como «La Doña», presunta administradora de «El Topo». Su fundo, ubicado en el sector Las Guaicas, fue una de las paradas que hicieron los delincuentes después de enterrar los cuerpos.

Durante esa misma semana detuvieron a los hermanos Carlos y Manuel Balaguer, dueños de la retroexcavadora, y también a Luis Rueda, sobrino de Gil y presunto colaborador de «El Topo». El 18 de marzo capturaron a Francisco David Carache Zambrano, alias “Goliat”, quien se dedicaba a reclutar personas para que trabajaran en las minas controladas por «El Don».

La última detención de la que se tiene noticia es la de Edgar José Gómez Tremaria, hecha el 31 de marzo, vinculado a la banda de «El Topo».

Tumeremo, a un mes

«Aquí uno vive con la misma zozobra de todos los días», comenta el hermano de una de las víctimas, quien asegura que cada noche hay un muerto en el pueblo. Asegura que sabe de personas que han llegado al lugar para preguntar por la masacre, pues tienen familiares desaparecidos y temen que también hayan caído en «El Peregrino».

Dos de asesinatos ocurridos recientemente en Tumeremo guardan relación con el caso. Trascendió que en la madrugada del jueves santo, el pasado 24 de marzo, una pareja de motorizados le disparó a Luis Alberto Romero Malavé, de 15 años y Brayan Correa Villamizar, de 20, quienes estaban en la vivienda de un hijo de Rosa Gil. Fuentes policiales, consultadas por el Correo del Caroní, aseguraron que los muertos eran sobrinos de «La Doña».

El hombre señala que el peligro se corre fuera y dentro de las minas. Si bien la gente de «El Topo» ya no está en los yacimientos, sí lo están los militares y las comisiones que investigan la masacre. «Ellos han atropellado y hasta golpeado a los mineros, por eso quieren hacer una protesta en la plaza Bolívar», agrega.

Sus palabras concuerdan con una nota del Correo del Caroní en la que se indica que varias minas fueron militarizadas: Guacamaya, El Pilón, El Limón, Murciélago, La Luisa, Nuevo Callao, Hoja de Lata I-II y Vuelvan Caras. Allí es donde supuestamente han sucedido las irregularidades.

Mientras tanto, las familias, además de esperar justicia por la muerte de los suyos, aguardan por una indemnización que llegará a través del gobierno regional. Eso fue lo que prometió Francisco Rangel Gómez, la máxima autoridad del estado Bolívar, en una reunión que sostuvo con las madres y viudas de los que asesinados, días después de que consiguieron los cuerpos. «Él nos dijo que no había venido antes porque no quería que el caso lo agarraran como pura politiquería. A mí no me convenció», dijo la mamá de uno de los asesinados. A una de las viudas le prometieron una vivienda.