La esperada cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) del 27 de noviembre en Viena se saldó con una noticia que le produjo escalofríos a muchos de sus miembros. Pese a la insistencia de Venezuela y de Irán, que buscaban que la entidad bajara su producción con el fin de aumentar el precio del crudo, el secretario general, el libio Abdalá el Badri, no se vino con rodeos al anunciar que no habría cambios. “El nivel de producción de los últimos cuatro años es de 30 millones de barriles diarios y hemos decidido mantenerlo”, anunció.
La noticia bastó para que el precio del barril del petróleo de Texas (que sirve como referencia para los mercados del continente) cayera por debajo de los 70 dólares por barril. Y si bien se trata de su menor precio en el último lustro, en términos generales ese registro subraya la tendencia a la baja del oro negro en la segunda mitad de 2014. De hecho, desde junio el crudo ha perdido más del 40 por ciento de su valor, lo que significa un golpe para los países productores, cuyos presupuestos –sin excepción– dependen de un precio superior al actual, según un estudio realizado este año por el Deutsche Bank.
Y aunque El Badri no se refirió a las razones por las que la Opep adoptó semejante decisión, todo apunta a que se debió, entre otras razones, a la competencia que representan las nuevas tecnologías de extracción. En particular, la fracturación hidráulica (o fracking), que ha revolucionado el mercado al disparar la producción estadounidense, que el año pasado pasó a ser el primer productor mundial con un aumento del 11 por ciento en su producción. El único pero de semejante bonanza es que sus costos de exploración y producción son más elevados que los de algunos países de Oriente Medio, donde la explotación de los pozos es tan sencilla y barata como la de un acuífero.
A mediano y largo plazo esa estrategia puede ser razonable para un gigante financiero como Arabia Saudita, que tiene reservas de 741.000 millones de dólares y que en 2013 registró un superávit de 15.000 millones, por lo cual puede permitirse algunos trimestres de pulso petrolero con Estados Unidos. Pero para los gobiernos de los países productores que incluso antes de la descolgada del precio ya vivían crisis políticas y económicas, un valor tan alejado de sus cálculos puede tener consecuencias graves, cuyo impacto podría a su vez sentirse más allá de sus fronteras. En particular, para países como Rusia o Venezuela, que han utilizado su músculo petrolero para marcar la agenda regional y hacer avanzar sus prioridades geopolíticas.
Herido, pero no vencido
A Rusia –el tercer productor mundial de crudo– la actual coyuntura la ha sorprendido en una situación económica difícil, con una inflación que ronda el 8 por ciento, una devaluación del rublo frente al dólar del 30 por ciento en los últimos tres meses, la salida del país de 125.000 millones de dólares y un crecimiento nulo de su economía en 2014, que se acerca a una recesión. Y si bien la mayoría de los problemas del gigante asiático se deben a la gestión corrupta de sus elites, es claro que la situación se ha agravado aún más debido a las sanciones económicas que le ha impuesto Occidente a Moscú. Como lo ilustró el semanario británico The Economist en su edición del 22 de noviembre, el Oso Ruso tiene hoy una “economía herida”.
Tal y como lo reconoció el presidente Vladimir Putin el miércoles, su país tendrá que enfrentar “tiempos duros y difíciles”, en particular para su gobernabilidad, que en 2015 no contará con los recursos de la última década. Como le dijo a SEMANA Michael L. Ross, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California y autor del libro The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, “Putin ha sido un político inusualmente afortunado, pues llegó a la Presidencia en 1999, cuando los precios del crudo comenzaron a subir. Desde entonces, su popularidad ha estado estrechamente ligada a los ingresos petroleros de Rusia, que crecieron muy rápido durante sus primeros dos mandatos. Sin embargo, si la economía se ralentiza, los rusos podrían comenzar a echarle la culpa”.
A corto plazo, sin embargo, las reservas de 454.000 millones de dólares con las que cuenta Moscú representan un amortiguador contra las fluctuaciones en el precio del petróleo. Y a mediano plazo, Rusia podría usar sus bonos de bienestar –que en principio se destinan al sistema de pensiones– para financiar tanto el presupuesto como algunas compañías estatales afectadas por la crisis económica que no pueden financiarse en el exterior debido a las sanciones. Esa estrategia no está sin embargo exenta de riesgos. Como le dijo a esta revista Pami Aalto, profesor de la Universidad de Tampere de Helsinki y editor del libro Russia’s Energy Policies: National, Interregional and Global Levels, “echar mano de esos fondos significa que el gobierno podrá sortear sus problemas económicos, pero la estabilidad fiscal se verá afectada. A eso se suma el malestar de los consumidores por la carestía, los altos precios de las importaciones y las dificultades para viajar a otros países, lo cual puede afectar la estabilidad social y política. Sin embargo, tampoco se pueden tener grandes expectativas en ese ámbito: el gobierno de Putin está dispuesto a dejar que Rusia y los rusos sufran”.
A su vez, la disminución de los ingresos petroleros podría significar un freno para la temeridad política del presidente ruso, que desde la invasión de Crimea no ha dejado de confrontar y amenazar a Occidente con una política militar cada vez más agresiva. Eso no significa que por lo pronto vaya a dar reversa a los ataques que ya ha emprendido en territorio ucraniano. “Aunque Putin podría tener una actitud menos beligerante hacia Europa y Estados Unidos, a él le gusta verse y presentarse como un líder histórico que hace las veces de guardián de los intereses históricos de su pueblo. En todo caso, cualquier cambio en su política hacia Ucrania será muy sutil y no se dará antes del mediano plazo”, dijo Ross.
“Están raspando la olla”
Los malos manejos y el derroche en los tiempos de bonanza han dejado a Venezuela con una inflación que supera el 70 por ciento (la más alta del mundo), sin fuentes de empleo formal, altísimos niveles de escasez, déficits de hasta el 20 por ciento del PIB, una producción industrial que se acerca a un punto muerto y un nivel extremo de endeudamiento externo. A ese oscuro panorama hay que agregar unos niveles altísimos de corrupción, que según el índice publicado el miércoles por la ONG Transparencia Internacional hacen de esa nación caribeña el país más corrupto de América, y uno de los más azotados por ese flagelo a escala mundial.
Y si durante las vacas gordas la economía y la gobernanza arrojaron semejantes resultados, la llegada de los tiempos difíciles deja al país al borde del abismo, pues el margen de maniobra de su gobierno es muy limitado. Como dijo a SEMANA Francisco J. Monaldi, profesor titular del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa) y profesor de la Harvard Kennedy School, “los bajos niveles de popularidad del presidente Maduro sumados a las implicaciones políticas de las elecciones de 2015 le dejan a su gobierno muy pocas alternativas, como subir el precio de la gasolina y devaluar la moneda. El ajuste macroeconómico necesario será brutal”.
En ese sentido, el presidente habló a mediados de noviembre de la posibilidad de desmontar algunos subsidios a la gasolina, que en Venezuela es prácticamente gratis para el consumidor, pero le cuesta 12.500 millones de dólares anuales al gobierno. Pero esa decisión, como él mismo lo reconoció, “es un tema sensible”: la última vez que aumentó el precio de combustible estalló el Caracazo, una violenta revuelta popular que dejó un clima de caos social, cientos de muertos y propició dos intentos de golpe de Estado, entre ellos uno ejecutado por Hugo Chávez.
El lunes, Maduro anunció la reducción de “los gastos suntuarios, improductivos, que no afectan en nada la inversión social en (…) la vida social y económica del país”, sin aportar sin embargo mayores precisiones. Y en la misma dirección, el martes habló del “perfeccionamiento” del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) número II, lo que en plata blanca equivale a revisar el estricto sistema cambiario del país, que presenta diferencias de diez a uno entre el precio del dólar negro y el oficial.
Sin embargo, el gobierno de Maduro ha guardado un elocuente silencio sobre uno de los gastos más onerosos de su administración, que consiste en la venta de petróleo a precios mucho más bajos que los del mercado a diferentes países de la región a través del programa Petrocaribe, que Chávez lanzó en 2005. Hoy, con el desplome del precio del crudo, ese acuerdo de cooperación energética está en entredicho, lo mismo que el protagonismo de Caracas en la región. “Está claro que la petrochequera se agotó con los niveles actuales del precio del petróleo”, dijo Monaldi.
Al respecto, son relevantes las revelaciones de la edición del lunes del diario Nuevo Herald, según el cual Caracas le vendió por el 40 por ciento de su valor a Goldman Sachs una deuda de 4.090 millones de dólares contraída por República Dominicana por el petróleo que ha recibido a través de Petrocaribe. Lo cual implica una pérdida de 2.360 millones de dólares para el gobierno venezolano. A esa información, el diario de Miami agregó que esa banca de inversión sostiene a su vez conversaciones con el gobierno de Maduro para llegar a un acuerdo similar con Jamaica, que también tiene un importante pasivo con Caracas. “Están raspando la olla”, afirmó Diego Arria, exembajador de Venezuela ante la ONU.
Cuba
Todo lo cual ha hecho que muchos se pregunten por el futuro que le espera a la relación entre Caracas y La Habana, que durante los últimos 15 años se ha consolidado como una de las más fuertes de la región. Y aunque la opacidad en las cuentas de los dos países hace que sea difícil conocer el monto exacto del intercambio que se realiza a través de Petrocaribe, se calcula que los envíos de crudo hacia la nación insular ascienden a los 5.000 millones de dólares, que La Habana paga mediante el trueque de servicios sanitarios, con miles de médicos y enfermeras cubanos que trabajan en Venezuela.
Se trata de una relación importante para ambas partes, pues le permite a Caracas tener un vínculo directo con el principal país socialista del hemisferio, a su vez su principal aliado ideológico y político. Además, Venezuela es un socio económico crucial para el gobierno cubano, pues debido al embargo que Estados Unidos aplica en su contra desde 1961, ese país es la única fuente de crudo importado con la que cuenta el gobierno de Raúl Castro. (Cuba extrae al año 21 millones de barriles de crudo extrapesado, que solo se puede usar para producir electricidad e insumos como cemento, asfalto y lubricantes).
Y aunque los expertos consultados por esta revista excluyen que la colaboración entre Caracas y La Habana se vaya a acabar por cuenta de las actuales dificultades económicas del gobierno de Maduro, sí coinciden en afirmar que un crudo barato puede abrir las puertas a otros escenarios. Como afirmó Monaldi, “los envíos a Cuba se reducirán pero no se eliminarán completamente, pues Cuba es demasiado estratégica para el régimen venezolano. Sin embargo, si no hay una crisis geopolítica que vuelva a levantar el precio del petróleo, es probable que en 2015 haya un cambio de gobierno en Venezuela. Y entonces Cuba sí estaría en un grave peligro. A los militares venezolanos no les gusta la injerencia de Cuba y a la oposición tampoco”.
