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Ministerio de Educación Universitaria en Venezuela activa sistema electrónico de citas para trámites

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Este jueves fue activado el sistema automatizado de asignación de citas para la Gestión de Trámites Universitarios (GTU) por el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct).

A través de la página web del Ministerio (http://www.mppeuct.gob.ve) se podrá agilizar los procesos de certificación, acreditación, refrendo y autenticación de documentos de los egresados de instituciones universitarias oficiales y privadas.

La GTU enmarca las operaciones de autenticación de fondos negros de títulos expedidos por universidades privadas, certificación de los títulos de las instituciones universitarias oficiales y otros documentos, informó un despacho de prensa.

Este nuevo sistema estará vinculado con la base de datos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), lo que permite el ingreso de menor cantidad de información y disminución del tiempo de registro; atención expresa a cada solicitante, control de personas atendidas y efectividad en la respuesta.

 

A más votos, más minoría por José Domingo Blanco

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EleccionesVenezuela

 

¿Le estamos exigiendo al CNE mejores condiciones para poder votar? La respuesta parece obvia. Sin embargo, la gente de Ciudadanía Activa decidió darnos un empujoncito e iniciar un reclamo justo, amparado en nuestros derechos, establecidos en la Carta Magna y la Ley Electoral. Esta ONG enumeró las “20 Garantías Electorales para las Elecciones Parlamentarias” que deberíamos exigir y lograr así participar en unos comicios realmente transparentes, limpios, sin tufo a fraude, por un lado, y pestilente a victorias mal habidas, por el otro; como ha ocurrido en procesos anteriores en los que, a como dé lugar, resultan favorecidos con el voto los adeptos al partido que, durante estos tortuosos 16 años –no son 2 Nicolás, son ¡16!- nos mal gobierna.

Ciudadanía Activa, en una Carta Abierta dirigida a la ONU, Nuncio Apostólico, Mercosur, Unasur, Centro Carter y OEA, entre otros, plantea las condiciones mínimas para los próximos comicios en el que elegiremos a los diputados. Unos comicios a los que le han colocado una nueva guinda a la torta: la Asamblea Nacional aprobó la proyección población realizada por el INE, con la cual se cambian los circuitos electorales y la cantidad de diputados que se escogerán para cada uno de estos –con la anuencia, por supuesto, del cada vez menos imparcial Poder Electoral. Con esta decisión, aprobada a pie juntillas por los diputados oficialistas, una vez más, se tuerce el curso natural de unas elecciones, imponiendo el favoritismo y la ventaja para el partido del “desgobierno”.

Revisando los nuevos datos poblaciones del INE, ahora, circuitos evidentemente opositores, cuyo crecimiento ha sido sostenido, se proyecta que verán mermada su población, con un decrecimiento inexplicable (imposible de atribuir al desplazamiento, migración a otras naciones o la matazón con la que nos azota el hampa). Razón por la cual, el número de diputados que se elegirá en estos bastiones tradicionalmente liderados por la oposición será menor. Incluso, el alegato del PSUV en la Asamblea para amañar los circuitos mirandinos, es decir que allí no se construyen viviendas, que la gente migrará y no habrá tantos electores. Con este argumento ridículo, Miranda pierde un diputado. Y esto se aprobó en el debate de la Asamblea ¡y punto! No se discute más: la triquiñuela se echó a andar. Pero, ¿qué podíamos esperar de un señor como Diosdado Cabello, quien es en sí mismo, él sólo, la Asamblea Nacional? Su soberbia y autoritarismo de nuevo se puso en evidencia cuando vociferó, y transcribo sus palabras: “no voy a discutir con usted ni con nadie las atribuciones que tiene el Presidente de la Asamblea Nacional. No lo voy a discutir. No hay elecciones; solo para elegir diputados parlamentarios. Ustedes, con sus dinosaurios, verán dónde los meten. Pero no será en el Parlamento Latinoamericano”. Un ejemplo de cómo se deciden las cosas en nuestro país.

Un asiduo audio participante de mi programa de radio comentó que los ciudadanos no podemos dejar sólo en manos de los partidos políticos, las ONG′s y la MUD este tema. Que todos tenemos que reclamar porque “no podemos ir a meternos ingenuamente en la boca del lobo”. Insiste en que cada uno de nosotros, como ciudadanos, debemos exigir al CNE, con todos los medios a nuestro alcance, las mejores condiciones posibles para estas elecciones -que, sospechosamente, aún no tienen fecha. ¡Qué raro! ¿No les parece? Tenemos que alzar la voz ahora, porque después no tendremos chance de quejarnos. Y en ese sentido, le concedo toda la razón. ¿A cuántos comicios hemos acudido en los últimos años, creyentes de los cambios a través de la vía electoral y democrática; pero, conscientes de que algo no está bien con el proceso ni con el ente que los organiza? Todavía está fresco el recuerdo de un Capriles sabiéndose ganador y a los pocos minutos reconociendo su derrota, en unas elecciones en la que Maduro ganó dudosamente la Presidencia, con un margen tan pequeño de ventaja, gracias a unos votos “milagrosos” que aparecieron de la nada cuando se concedió la prórroga en el horario de las votaciones, tal como lo revela el estupendo reportaje publicado recientemente en el diario ABC de España.

Y esa es la gesta que emprendió Ciudadanía Activa, con Francisco Moreno y Carlos Villasmil a la cabeza de este reclamo al que debemos sumarnos. Son veinte condiciones mínimas necesarias para que podamos depositar nuestro voto sin el acecho de la trampa y el fraude. Tenemos que exigir unas elecciones limpias y transparentes. Nosotros, como ciudadanos, sabemos lo que debemos reclamar, hemos visto lo que ha pasado en los últimos años.

Es determinante en este momento, solicitar claridad en la definición del número de diputados y circunscripciones electorales, porque es ilógico que la distribución geográfica de la población favorezca con la mayoría de los curules a Estados que tienen baja densidad poblacional y electoral. Es apremiante que tengamos un nuevo CNE, imparcial y plural, y no uno donde sus directores son una pieza del régimen. Los militares, chavistas confesos, no pueden seguir custodiando un proceso eminentemente civil. Es obligatorio exigir y divulgar públicamente la auditoría que se la haga a los cuadernos de votación y a las captahuellas. Pero, en especial, tenemos que exigir que se cumpla con la representación proporcional que establece la Constitución. Insisto, como ya lo he expresado en artículos anteriores, son muchas las exigencias que, como sociedad civil organizada, debemos hacer para poder participar en los comicios y salir de esta pesadilla en la que estamos inmersos. De lo contrario, nuestra conformidad con las imposiciones del sistema, nos hará, de nuevo, votar para perder.

 

@mingo_1

mingo.blanco@gmail.com

 

 

Maduro: dos años de logros por José Guerra

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En realidad, Nicolás Maduro tiene las riendas del poder en Venezuela desde aquel 8 de diciembre de 2012 cuando el presidente Hugo Chávez anunció su salida del país para tratarse el cáncer que lo aquejaba. Pero la formalidad impone que se valore su trayectoria de dos años de gobierno. Ese período recién cumplido ha estado marcado por una crisis económica originada en el fracaso evidente de un modelo económico ya agotado desde hace tiempo y cuyas manifestaciones más claras son la caída de la actividad económica, la escasez, una inflación galopante y un sector externo destruido.

En tan grave la crisis económica que los tres principales entes encargados de elaborar las estadísticas en Venezuela, el BCV, el INE y el Ministerio de Finanzas, optaron por descontinuar la publicación de las cifras fundamentales para el diagnóstico de la economía y el seguimiento de los asuntos sociales. Este es el primer elemento que habría que anotar en el pasivo de la gestión de Nicolás Maduro: el haber destruido el sistema estadístico nacional, para lo cual ha contado con dos excelentes colaboradores; el cuestionado Nelson Merentes, presidente del BCV y Elías Eljuri, ex presidente del INE.

Aunque incompletas, las cifras hablan por sí mismas.  En estos 24 meses la inflación acumula un aumento cercano a 150%, muy superior al promedio de 2 años de cualquiera de los gobiernos anteriores, incluyendo los malos y los buenos. Ello se ha traducido en una caída del poder adquisitivo de los salarios de 12% en 2014 y un estimado de 18% en 2015, de no aplicarse medidas correctivas contra la inflación y aprobarse un aumento de sueldos y salarios. Con la inflación convive un desabastecimiento que ha implicado en los hechos mayores alzas de precios, al tomar en cuenta el tiempo perdido en colas interminables para procurar adquirir bienes ausentes que fácilmente se pueden elaborar en el país.

Por su parte, la economía ha permanecido sumida en un proceso recesivo que amenaza con prolongarse durante todo el año 2015. Con una contracción del PIB de 4% en 2014 y una declinación proyectada de al menos 7% para el año en curso, el resultado no podía ser otro que un aumento vertiginoso de la pobreza. Así, al cierre de 2012, la pobreza  general se ubicó en valores cercanos a 26% mientras que en 2014  alcanzó la inaceptable cifra de 48%, superior al 45% que registró ese indicador en 1998, cuando Chávez resultó elegido presidente por primera vez. Para 2015, según estudios que adelantan las universidades nacionales, la pobreza va a batir el récord histórico, al pasar de 50%.

La falta de divisas está haciendo estragos en los sectores productivos. Entre enero y marzo de 2012, el BCV liquidó dólares a un promedio de 120 millones de dólares diarios mientras que en similar lapso de 2015, la entrega ha bajado a 40 millones de dólares diarios, asignados estos principalmente a las empresas del Estado, marginando así al sector privado. Pero con la entrega de las divisas se ha movido aparejada la sobrefacturación de las importaciones, hecho típico de los controles de cambio. Se calcula que de cada 100 dólares que se registran como importaciones, alrededor de 15 dólares no ingresan efectivamente al país, sino que se quedan en forma de depósitos en las cuentas de funcionarios corruptos y de quienes reciben las divisas preferenciales.

A esto se agrega un sistema cambiario disfuncional, con 2 tasas de cambio oficiales, donde el mismo dólar cuesta 6,50 bolívares y 197 bolívares al mismo tiempo. Esto es una aberración que solamente puede ocurrir en un gobierno inepto y con un presidente que no encuentra qué hacer con un país que siempre le quedó grande. Mientras esto sucede el país acumula una deuda de más de 16.000 millones de dólares con proveedores del exterior y litigios por expropiaciones, todos ellos perdidos de antemano. Cierran los 2 años con una represión sin precedentes y con violaciones masivas de los derechos humanos.

@JoseAGuerra

#YoSoyCarabobeño 81 años de historia están en peligro por falta de papel

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81 años de historia y 308 trabajadores de El Carabobeño están en riesgo de perder sus empleos debido a la falta de papel para imprimir sus ejemplares. A principios de mes, el diario informó que iba tener que reducir de 32 a 16 páginas, en un intento por ahorrar papel y así alargar su existencia pues el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, única empresa encargada de otorgar este vital recurso, terminó no solo incumpliendo su oferta de regularizar el otorgamiento de papel, sino que anunció que en definitiva no dispone de esta materia prima.

Diarios de historia e importancia como El Correo del Caroní, El Impulso, El Nacional y El Regional están en la misma situación que El Carabobeño y según datos recogidos por la ONG Espacio Público, 9 periódicos dejaron de circular en el país entre 2013 y 2014. A este problema de la falta de papel, se une las represalias de funcionarios por informaciones publicadas. El caso más reciente es la demanda que el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello interpuso en contra de El Nacional, Tal Cual y La Patilla.

Trabajadores de El Carabobeño realizaron un video para poder concientizar y sensibilizar a los lectores de todo el país sobre la importancia del medio y explicar que esta situación no afecta solo a periodistas, sino también a personal de mantenimiento, técnicos, administrativos y cientos de familias que dependen de manera directa o indirecta de esta fuente de ingreso.

 

 

Igualmente el diario había convocado para hoy un gran tuitazo nacional con el hashtag #YoSoyCarabobeño. Desde horas de la mañana, otros medios, periodistas, personalidades y la comunidad en general se unieron a la convocatoria para pedir una solución al problema del papel y velar por la libertad de expresión.

 

 

 

 

También puede leer:

 

– El Carabobeño se queda nuevamente sin papel

– Diosdado Cabello demanda a El Nacional, La Patilla y a Tal Cual

– SIP alerta sobre posible cierre de varios diarios en Venezuela

– Se parece igualito: La ruta hacia la censura de los medios venezolanos

 

Dólar Simadi se eleva a Bs. 196,95

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La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este jueves en Bs. 196,95 por dólar, un alza de 45 centavos con respecto a su cotización del día anterior, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).

El organismo emisor también informó que por este tercer mercado oficial se atendió 2,06% de las liquidaciones de divisas procesadas en el día, quedando el 97,94% restante en manos de los sistemas administrados.

Con la cotización de este miércoles el Simadi promedia Bs. 186,04 por dólar desde que entró en funcionamiento y Bs. 196,81 en los últimos cinco días de operaciones.

UNT: 2015 podría ser el año más violento de nuestra historia

UNT prensa foro venezuela inseguridad

El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) realizó el foro “Venezuela en Toque de Queda”, un coloquio en el que discutieron los efectos de la inseguridad en la vida del venezolano. El encuentro, realizado en las instalaciones del diario El Nacional, contó con la moderación del Secretario Nacional de Participación Ciudadana, Carlos Valero.

El foro contó la moderación  del Secretario Nacional de Participación Ciudadana, Carlos Valero, en el que presentó 3 ponencias que afrontan la problemática de la inseguridad  en Venezuela: el doctor en Derecho, especialista en Derechos Humanos y profesor de la UCV y la UCAB, Jesús Ollarves; Luis Izquiel, abogado Penalista-Criminólogo y especialista en Seguridad Ciudadana; y José Luis Rodríguez, alcalde del municipio Carrizal del estado Miranda.

El alcalde del municipio Carrizal por Un Nuevo Tiempo, José Luis Rodríguez, presentó el modelo de seguridad ciudadana de su alcaldía, en la cual mostró las fórmulas exitosas para llevar a cabo su trabajo de forma diligente. Rodríguez hizo especial énfasis en que garantizar el derecho a la vida y la seguridad de los habitantes de su municipio es su principal tarea; pero que no se debe atribuir toda la responsabilidad de la seguridad ciudadana a los entes gubernamentales, ya que es evidente que se maneja de forma irresponsable e ineficiente. Izquiel abordó la falta de atención por parte de organismos públicos y las proyecciones de los efectos que trae consigo esta problemática. (Prensa UNT)

Para finalizar, Ollarves abordó el tema desde el punto de vista de la judicialización o politización de la justicia, la cual describe como las restricciones derivadas del gobierno quienes hacen uso de su fuerza autoritaria mediante un diálogo cargado de violencia y valiéndose de la impunidad reinante; lo cual condiciona a los venezolanos a vivir con miedo de actuar en contra de sus parámetros; resaltó que el terror también incluye a funcionarios públicos, como fiscales, que deben someterse a acatar las órdenes del Ejecutivo, mencionó como ejemplo el caso Afiuni. También mencionó como el uso de esta fuerza amedrentadora ha “utilizado fraudulentamente la privación de libertad de expresión”.

 

UNT se solidariza con medios perseguidos por el Gobierno

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El partido Un Nuevo Tiempo rechaza y deplora las acciones en contra de los medios de comunicación social diario El Nacional, semanario Tal Cual y el portal de noticias La Patilla, por parte del Estado, con la intención de continuar cercenando la libertad de expresión en Venezuela.

El señalamiento lo hizo el presidente Ejecutivo de UNT y diputado  Enrique Márquez, al referirse a la denuncia consignada ante el Ministerio Público por el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, quien acusa a los medios antes mencionados por una supuesta campaña difamatoria en su contra.

Indicó Márquez que el gobierno nacional lo que pretende es amedrentar a los medios de comunicación social y acabar con la libertad de expresión y la libre prensa, que solo se publiquen informaciones a favor del oficialismo, que le “mientan al país, eso es lo que el gobierno quiere, que no se informe a los venezolanos del fracaso de su política nefasta que está llevando a Venezuela a la quiebra, escasez, desabastecimiento, desempleo e inseguridad. Para ello manipulan al sistema judicial con acciones legales que erosionan lo establecido en la Constitución en términos de libertad de expresión”.

Destacó Márquez que los medios que hoy son cuestionados por el gobierno, El Nacional, Tal Cual y La Patilla tienen una reconocida trayectoria comunicacional, respetando los parámetros de la información veraz  y objetiva, con ética y apegados a la Constitución y las leyes.

“La persecución, el acoso y el atropello contra los medios de comunicación social, es un síntoma de un gobierno que quiere esconder su fracaso, ocultar la corrupción y lo único que logran es demostrar que en su conjunto son un régimen autoritario y represor”.

Márquez expresó en nombre de la Dirección Ejecutiva Federal y la militancia de Un Nuevo Tiempo, su solidaridad con los Directores, periodistas y empleados de El Nacional, Tal Cual y La Patilla en estas circunstancias. “Los venezolanos no entendemos como un ciudadano que ocupa esta alta posición en el poder legislativo, se empeñe en sostener una política que vulnera la labor de los profesionales de la comunicación. Estas acciones le han significado un muy alto costo a la sociedad y al mismo partido de gobierno, la libertad de expresión es un valor propio de la democracia que debemos defender y promover”.

Miedo electoral por Juan Manuel Raffalli

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El miedo es libre, reza el dicho aunque con otra palabra, y cuando de impopularidad se trata puede ser mucho más libre aún. Los números están allí. Sencillamente son inocultables. La mayoría está descontenta y el deterioro de nuestra calidad de vida ha adquirido magnitudes impensables. Con ese fardo a cuestas es muy difícil ganar una elección y eso de repetir un Dakazo no es poca cosa en los tiempos económicos que corren. Incluso la situación empeora cada día con lo cual, y ante la impotencia de alcanzar soluciones mágicas, se requiere una estrategia urgente que no puede ser otra que ir al hombre y no al balón.

Lo anterior explica la única razón que existe detrás la insólita decisión de suprimir la elección popular de los diputados al Parlamento Latinoamericano para el próximo período constitucional 2016-2021. Seguidamente explicamos por qué esta petición que envió la Asamblea Nacional, sin debate parlamentario, es una aberración antidemocrática que solo se entiende en el contexto del terror electoral. Veamos.

 

–        Negación de la democracia participativa y protagónica:

Esta involución democrática implica arrebatar a los ciudadanos el derecho de elegir directamente a sus representantes al Parlatino, cuando la Constitución bolivariana de 1999, desde el mismísimo preámbulo se jacta de haber abandonado la llamada “democracia representativa” y consagrar progresivamente la llamada “democracia protagónica y “participativa” que reconoce un papel preponderante al pueblo soberano con base en el artículo 5 y 79 de la Constitución, según el cual la verdadera soberanía reside intransferiblemente en el pueblo que la ejerce, entre otros medios, precisamente mediante el sufragio. Sencillamente eliminar procesos electorales consolidados como un derecho adquirido y reconocido constitucionalmente por la Constitución a los ciudadanos, implica negar el protagonismo y la participación del pueblo.

–        El  mandato de la Constituyente:

El poder constituyente expresamente reconoció y calificó de “deber”, la elección popular de los diputados al Parlatino. Por ello este mandato fue incluido en los “Considerandos” declarativos y determinantes del Estatuto Electoral del Poder Público, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente, bajo el tenor siguiente: “Considerando Que los representantes de Venezuela en los parlamentos Latinoamericano y Andino, respectivamente, deben ser elegidos en forma democrática, de manera directa y transparente por el pueblo”.

Este mandato constituyente luego fue acogido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual en su artículo 191 se refiere a la elección de representantes a los parlamentos creados por acuerdos y tratados internacionales, determinando que la elección de estos se hará en forma simultánea a la elección de los diputados a la Asamblea Nacional.

–        Gobiernos electivos:

El artículo 6 de la Constitución claramente dispone que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. En consecución, por imperativo constitucional, los diputados al Parlatino deben ser elegidos de manera directa por el pueblo, lo cual excluye precisamente mecanismos como la elección de segundo grado o peor aún la designación como pretende el presidente de la Asamblea Nacional.

–        Sufragio y soberanía:

CNE: Los artículos 62, 63 y 70 de la Constitución se refieren precisamente a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y al sufragio como un derecho ciudadano. Dichas normas constitucionales disponen que el sufragio es un derecho y el Estado está obligado a facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Vale decir lo contrario a lo que ha pretendido hacer la Asamblea Nacional con esta solicitud de supresión electoral. En este mismo sentido, debemos destacar que el artículo 187 de la Constitución en su ordinal 4, determina que corresponde a la Asamblea Nacional “organizar y promover la participación ciudadana en los asunto de su competencia” por lo cual la Asamblea, al aprobar el pasado 14 de abril la solicitud de supresión electoral para elegir a los diputados al Parlatino, ha actuado a contrapelo de lo que la propia Constitución le ordena.

–        El Tratado de Institucionalización:

La llamada Declaración de Lima recoge los acuerdos alcanzados por los países que integraron la Conferencia Intergubernamental para la Institucionalización de este Parlamento Latinoamericano, entre los cuales obviamente figura Venezuela. De esta forma, la espina dorsal del Parlatino en cuanto a su composición, membresía, propósitos y financiamiento, es dicho Tratado de Institucionalización del 16 de noviembre de 1987 y el Reglamento del propio Parlamento aprobado originalmente en octubre de 1993 junto con su Estatuto General.

Conforme a ambos instrumentos normativos, al igual que el Estatuto del Parlatino, no hay ninguna exclusión en cuanto a la elección directa de los representes de cada país. Por el contrario, el Reglamento del Parlatino de 1993 privilegia por voluntad de los Estados partes, la elección directa de los delegados de cada país al Parlatino. Así se evidencia de su artículo 89 según el cual: “Los representantes que integren la delegación de cada Parlamento miembro, continuarán siendo elegidos, nominados y acreditados en la forma y términos que establecen el Estatuto y este  Reglamento, mientras no sean elegidos por sufragio universal, directo y secreto, según el procedimiento que los Estados partes adoptarán mediante enmienda del Tratado de Institucionalización”. Lo anterior implica que, en el caso de los países como Venezuela, que ya hayan adoptado en su legislación interna, la elección universal directa y secreta para nombrar sus representantes al Parlatino será esta la forma que debe imperar para la escogencia de dichos representes.

–        La Obligación del CNE:

El  artículo 293 de la Constitución, dispone que corresponde al CNE, la “organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos”. Es decir, el CNE debe siempre actuar en favor del sufragio y la participación política del pueblo y no al contrario. Es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene la misión constitucional de organizar y ejecutar elecciones, no suprimirlas.  Además la Ley Orgánica de Participación Política, en su artículo 191, consagra la obligación de ejecutar esta elección e incluso fija la oportunidad para ello, al determinar que la misma debe hacerse en forma simultánea a la elección de la Asamblea Nacional.

Por lo anterior, pedir al CNE que suprima la elección de los diputados al Parlatino es absolutamente inconstitucional, ilegal, y antidemocrático, pero, como dijimos, se trata de una burda estrategia cuyo propósito es uno solo, evitar que los partidos políticos se presenten en los próximos comicios parlamentarios con una tarjeta única en alianza perfecta en todos los circuitos electorales, es decir lo único que se busca es bombardear la tarjeta de la unidad. Lo anterior por cuanto la legalidad de los partidos reposa sobre un número mínimo de militantes y ello obliga a que cada franquicia se cuente por separado, lo cual podía hacerse perfectamente con los diputados al Parlatino donde cada quien podía ir con su tarjeta propia.

La otra fuente de terror, claramente, es evitar que se cuenten votos en una jurisdicción nacional, es decir, evitar el disfraz de resultados múltiples en tantos circuitos electorales existan. La votación al Parlatino es nacional y allí se verá con toda contundencia cuán amplia sería una derrota.

En fin, el miedo electoral es libre, pero el voto ciudadano también.

 

@juanraffalli

El Nacional