El Gobierno encargado apuesta por la producción de hidrocarburos y minería para financiar la recuperación económica, reducir la inflación y fortalecer el bolívar. Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), presentó el 14 de octubre un plan que también contempla recuperar los servicios públicos y restablecer las conexiones financieras internacionales. 

La iniciativa busca transformar los ingresos extractivos en recursos para el resto del aparato productivo. El reto es que el aumento de la producción se traduzca en una recuperación más amplia, en un país donde la inflación continúa deteriorando el poder adquisitivo y las restricciones financieras limitan la capacidad de inversión.

Crecer mientras persiste la inflación 

El FMI proyecta que el producto interno bruto (PIB) venezolano crecerá 5 % en 2026 y 7 % en 2027. Al mismo tiempo, estima una inflación promedio de 467,9 % este año y 174,7 % el próximo. La expansión de la actividad económica no elimina, por tanto, las presiones que deterioran el valor de la moneda. 

En septiembre, la inflación mensual se desaceleró a 8,4 %, frente al 8,9 % registrado en agosto, según el Banco Central de Venezuela (BCV). Aun así, los precios acumularon un aumento de 225,3 % entre enero y septiembre. El organismo atribuyó la moderación a la estabilización del mercado cambiario, que vinculó con la normalización de los flujos de ingresos externos y la disminución de las presiones cambiarias. Según el instituto emisor, estos factores también contribuyeron a una menor variación de los precios. 

Durante las reuniones del FMI, Ortega planteó que el país aspira a adoptar un marco de metas de inflación a mediano plazo y alcanzar una cifra de dos dígitos. Sin embargo, un esquema de esta naturaleza exige objetivos cuantificables, instrumentos monetarios eficaces e instituciones con credibilidad. 

El economista José Guerra advirtió que Venezuela requiere un programa de estabilización integral antes de implementar un régimen de ese tipo. También considera necesario identificar los factores determinantes de la inflación y distinguir cuáles pueden controlar el BCV. La reducción sostenida de los precios exige condiciones que van mucho más allá de anunciar una meta de inflación. 

El nudo de la deuda 

En la hoja de ruta el Gobierno planteó que el incremento de los ingresos fiscales procedentes del petróleo y la minería permitiera financiar servicios públicos esenciales, como el agua y la electricidad, y ampliar la capacidad industrial. La recuperación de esta infraestructura es importante para el sector privado, que enfrenta mayores costos operativos por las fallas de los servicios, así como para la población en general. 

Un aumento de la producción extractiva puede ampliar los ingresos externos, pero no garantiza por sí solo recursos suficientes para sostener los servicios, diversificar la industria y equilibrar las cuentas públicas. 

La capacidad de financiar esa recuperación también está condicionada por la situación de la deuda. Ante el FMI, Ortega reconoció que el análisis de sostenibilidad se había complicado más de lo previsto y afirmó que el Gobierno esperaba publicarlo “muy pronto”, sin precisar una fecha.  

La agencia internacional de noticias Reuters sitúa entre 150.000 y 200.000 millones de dólares el monto de la deuda venezolana cuya reestructuración prepara el Gobierno. El proceso es complejo por la diversidad de acreedores y compromisos. Determinar la sostenibilidad de esa deuda es clave para evaluar las condiciones de una eventual reestructuración y las posibilidades de recuperar el acceso a los mercados financieros internacionales.

Antes hay que estabilizar el bolívar 

El representante venezolano ante el organismo multilateral explicó que el objetivo es que el bolívar cubra el 100 % de las transacciones internas y que las divisas se reserven para el comercio exterior. Un estudio sobre dolarización de Ecoanalítica, publicado en septiembre de 2026, registró 45.421 pagos en 530 establecimientos de diez ciudades. El 75 % de las transacciones de la muestra se realizó en bolívares y el 24,7 % en divisas. 

Que tres de cada cuatro pagos de la muestra se efectúen en moneda nacional no equivale a una recuperación de la confianza en el bolívar, por lo que en bolívares no impide que los comercios fijen sus precios en dólares o que los ciudadanos busquen refugio en divisas para proteger sus ahorros. 

La estabilidad monetaria depende de que la moneda conserve su poder de compra mediante políticas fiscales, monetarias y cambiarias coherentes. Ampliar su uso depende de esa estabilidad, no la sustituye. En este sentido José Guerra fue enfático al señalar que “la estabilidad de la moneda no se logra mediante decreto”. 

Los lineamientos presentados por el Ejecutivo exponen metas económicas, pero todavía no constituyen un programa integral que detalle las medidas, los recursos, los plazos y las responsabilidades para alcanzarlas. Esta diferencia cobra mayor relevancia en una administración interina, cuyo horizonte de permanencia no está definido y añade incertidumbre sobre la continuidad de sus objetivos. 

La recuperación dependerá de que los ingresos extractivos se traduzcan en inversión, mejores servicios y estabilidad de precios. Sin un programa que articule las medidas necesarias y permita sostenerlas en el tiempo, las metas anunciadas seguirán siendo una declaración de objetivos, no una garantía de recuperación económica sostenible. 

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