La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 5 de agosto de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso sobre la muerte del dirigente opositor Fernando Albán, ocurrida en 2018 mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La CIDH sostiene que el Estado venezolano es responsable de detenerlo sin orden judicial, torturarlo, desaparecerlo temporalmente y ejecutarlo extrajudicialmente, además de permitir la impunidad y el hostigamiento contra su familia.
En el comunicado de prensa emitido por la comisión, Albán, de 56 años, era dirigente opositor, fundador del partido Primero Justicia y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital. El 5 de octubre de 2018, al regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de la ONU, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del Sebin sin orden judicial.
Según información aportada por los familiares de Albán, el 8 de octubre de 2018, mientras sus abogados esperaban su presentación ante un tribunal, el Fiscal General informó públicamente que Albán se había suicidado en la sede del SEBIN, versión que fue ampliamente cuestionada por las múltiples irregularidades en el caso.
La familia del dirigente opositor denunció torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Por la muerte de Albán solo se procesó a dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas mínimas que al poco tiempo los dejaron en libertad.
Conclusión de la comisión
En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 320/25, la Comisión concluyó que la detención fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración, y que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente bajo custodia estatal.
También que el proceso penal en su contra vulneró el principio de legalidad, que la investigación no fue diligente y que su detención respondió a un móvil discriminatorio vinculado a su militancia opositora.
“Venezuela es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personales, las garantías judiciales, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la honra y la dignidad, la vida privada y familiar, la igualdad y la protección judicial, previstos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2, y de las convenciones interamericanas contra la tortura y sobre desaparición forzada, en perjuicio de Albán y sus familiares”, se lee en la comunicación.
Corte CIDH ordena al Estado
La Comisión solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y que establezca las siguientes medidas de reparación:
Reparar integralmente las violaciones declaradas, en sus aspectos material e inmaterial, mediante compensación económica y satisfacción.
Disponer un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares del señor Albán, de ser su voluntad y de manera concertada.
Llevar a cabo una investigación seria y en un plazo razonable, que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables, incluida la cadena de mando, y garantice la participación de la defensa de la familia.
Dejar sin efecto las consecuencias de la investigación y los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales que pudieran existir contra el señor Albán y su familia.
Prevenir, investigar y sancionar los actos de hostigamiento, persecución y amenaza contra la familia del señor Albán y los miembros de su defensa.
Adoptar medidas de no repetición, entre ellas asegurar la independencia en la designación de la Fiscalía General, garantizar investigaciones imparciales en muertes bajo custodia estatal, que las autoridades se abstengan de comentarios públicos sobre causas penales pendientes, y capacitar al SEBIN, el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre los derechos de las personas detenidas y la debida diligencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El portavoz del Departamento de Estado, de Estados Unidos, Tommy Piggott, informó que el Gobierno de Donald Trump está planeando retirar las visas de trabajo o negocios de miles de personas que, tras obtener estos permisos y entrar en el país, realizaron una solicitud de asilo.
“Nos estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego han solicitado asilo para quedarse aquí permanentemente”, explicó Piggott mediante un comunicado.
“Este tipo de visas se emiten con el claro entendimiento de que son para quienes tienen la intención de regresar a su país de origen. Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa”, añade el mensaje, en el que el portavoz subrayó el mensaje propugnado por la Administración de Donald Trump de que un visado estadounidense “es un privilegio, no un derecho”.
Las declaraciones de Piggott llegan después de que Associated Press adelantara que este plan podría llegar a afectar a 200.000 extranjeros que desde 2016 han pedido o están en trámites de pedir asilo en Estados Unidos, una medida que, de implementarse, supondría la mayor campaña de revocación de visados en la historia del país.
Golpe a la comunidad venezolana
La población venezolana es una de las más numerosas dentro del sistema migratorio estadounidense: más de 600.000 venezolanos residen actualmente en Estados Unidos, entre solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS, residentes y personas con visas temporales.
Según información recopilada en agencias de noticias como EFE y AP, la medida afectaría a los visados B1 (negocios) y B2 (turismo), que se expiden para negocios y turismo, respectivamente.
Según el Departamento de Estado, usar una visa temporal para luego pedir asilo constituye “fraude” y es motivo de revocación.
El Departamento de Seguridad Nacional ha reiterado que tener un caso de asilo pendiente no protege a un extranjero de ser detenido. Esto se traduce en que si se implementa la revocación de visas, miles de venezolanos quedarían expuestos a detenciones inmediatas, pérdida de estatus y riesgo de deportación.
Ya la comunidad venezolana en Estados Unidos se viene enfrentando a largos procesos de asilo, operativos agresivos del ICE, restricciones para renovar visas o acceder a nuevos permisos y deportaciones masivas.
*Con información de TC
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El economista Asdrúbal Oliveros analizó este martes, 25 de agosto, el debate sobre una eventual dolarización formal en Venezuela y lo consideró pertinente debido al problema inflacionario que el país ha arrastrado durante décadas.
En una entrevista concedida al Circuito Éxitos, Oliveros ubicó el punto de inflexión en el año 1983, con el Viernes Negro, y señaló que desde entonces la economía venezolana experimentó un fallo estructural de 43 años sin lograr la estabilidad de los precios. Ante este escenario, justificó que los ciudadanos busquen soluciones drásticas y catalogó a la dolarización formal como una opción de política económica drástica.
“La dolarización se parece mucho a estos procesos bariátricos extremos… es para alguien que tiene obesidad mórbida y tiene años luchando contra esa obesidad”, opinó Oliveros.
Oliveros identificó el principal atractivo de esta medida en su capacidad para frenar la escalada inflacionaria, afirmando que el argumento más poderoso a favor de la dolarización radica en que “es un mecanismo muy eficiente de reducción de inflación”. Asimismo, explicó que este camino ata al país a una moneda fuerte como el dólar, lo cual genera una camisa de fuerza que frena los precios de forma drástica, obligando al mismo tiempo a una estricta disciplina fiscal al eliminar la capacidad del Banco Central de Venezuela (BCV) para emitir dinero y financiar el déficit estatal.
Sin embargo, el economista advirtió sobre las serias desventajas y la profunda rigidez de este esquema. Resaltó que una de las mayores dificultades radica en su irreversibilidad, manifestando: “Una vez que tú entras y te dolarizas formalmente, es decir, con un acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos y renuncias a emitir tu moneda; desandar ese camino no es fácil no es sencillo”.
Por otra parte, apuntó que el país pierde su capacidad de hacer política monetaria, quedando a merced de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el plano productivo, Oliveros aseveró que “en un esquema dolarizado hay sectores que ganan y otros que pierden”, señalando como ganadores al comercio y los servicios, mientras que el sector manufacturero e industrial sufriría graves perjuicios.
Oliveros planteó una como alternativa menos rígida un esquema de “libertad monetaria” donde el ciudadano elija usar dólares, euros o pesos según su conveniencia. Sin embargo, advirtió: “Sin responsabilidad fiscal no hay estabilidad de precio”.
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Este martes, 25 de agosto, el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), presentó el informe especial “Educación después de los terremotos”, un documento queadvierte que actualmente “no existen las condiciones mínimas ni lineamientos claros para un regreso a clases seguro en el estado La Guaira”.
El estudio, realizado en el terreno entre el 27 de junio y el 4 de agosto, a partir de entrevistas realizadas a madres, padres, representantes, docentes y personal administrativo, revela que a tres semanas del inicio del nuevo año escolar 2026-2027, las autoridades no han informado cómo será el retorno escolar en la entidad.
Gloriana Faría, coordinadora del servicio jurídico de Cecodap, informó que 27,3 % de los planteles visitados tienen daños estructurales graves con grietas profundas en vigas y columnas con riesgo de desprendimiento de techos o colapsos parciales. 67,7 % presenta daños en frisos, vidrios y mampostería que -si bien parecen menores- pueden comprometer la seguridad de los estudiantes, mientras que 33 % tiene áreas intransitables o que están en grave peligro.
La coordinadora de Cecodap señaló que tras los terremotos del pasado 24 de junio los problemas existentes con los servicios básicos se exacerbaron, pues 56,6% enfrenta fallas severas de telefonía e internet y 43% reporta problemas en el suministro de agua.
Sin directrices claras
Gloriana Faría explicó que “no hay un protocolo de evaluación de daños” y, si lo hay, “no lo han dado a conocer”. Señaló que, en este caso, es de vital importancia que el personal técnico evalúe que los espacios son adecuados y seguros para albergar a la población estudiantil.
“Cada plantel debe contar con un aval técnico formal antes de reabrir sus puertas a los estudiantes”, insistió.
La coordinadora jurídica de Cecodap señaló que actualmente el 17 % de los planteles en el estado La Guaira funcionan como refugios temporales, centros de acopio o comedor de emergencia, pero se desconoce si van a ser desocupados, si se llevarán a cabo planes de saneamiento o desinfección.
Faría cuestionó que a dos meses de los terremotos no se han realizado talleres, charlas educativas, ni protocolos de desalojos ante una réplica durante el horario escolar.
Noelbis Aguilar, directora nacional del Programa Escuelas de Fe y Alegría, reforzó la tesis de que no hay directrices claras para un retorno a clases seguro.
Comentó que incluso las escuelas que han sido clasificadas con la etiqueta amarilla de “daño leve” no ofrecen las garantía necesarias para iniciar las clases el próximo 14 de septiembre.
Aguilar reportó que 33 escuelas del programa están gravemente afectadas y, aunque ya iniciaron las reparaciones, advirtió que reparar una escuela es un proceso lento que requiere supervisión técnica que no puede abrir sin una certificación de habitabilidad.
Carla Serrano, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), agregó que para un regreso a clases seguro e ideal debe haber transparencia en los datos públicos desagregados por municipios de los daños que sufrieron los planteles.
También se debe hacer un seguimiento minucioso a los niños, niñas y adolescentes que resultaron afectados por los sismos. “Hay que apoyar a todos los estudiantes, pero especialmente a aquellos que quedaron huérfanos, que perdieron sus casas o que fueron mutilados con políticas de salud mental para atender duelos y traumas severos”, recomendó Serrano.
Noelbis Aguilar resaltó que un regreso a clases no puede sostenerse solo con el esfuerzo de los docentes, para ella es necesario que el Ministerio de Educación reconozca el bono vacacional y el bono de profesionalización de todo el personal educativo.
“Para un regreso a clases seguro y responsable debe haber tres condiciones mínimas: que las escuelas sean espacios seguros y dignos, que el salario de los docentes sea reconocido y acorde con la situación económica y que, además, se implementen programas para atender traumas psico-emocionales para todos los afectados”, puntualizó Aguilar.
Por su parte, el abogado y coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani expresó que recuperar la educación después del terremoto no significa únicamente reparar paredes y reabrir las escuelas. Para la organización es importante que cada estudiante pueda regresar a un espacio seguro, con una certificación técnica que genere confianza, y que quienes no puedan volver de inmediato cuenten con alternativas reales para continuar aprendiendo.
Finalmente, Trapani indicó que si bien la fecha de inicio de clases es importante, esta “no puede estar por encima de la vida, la integridad y el derecho de cada niño, niña y adolescente a recibir una educación segura, continua y digna”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La presidenta encargada bajo tutela estadounidense, Delcy Rodríguez, ofreció una alocución a dos meses de los terremotos del 24 de junio para anunciar medidas en materia de seguridad, economía y servicios públicos.
Durante su mensaje, la funcionaria defendió los avances del Ejecutivo en la reconstrucción del país, la estabilización de indicadores financieros y la apertura de espacios de diálogo político e internacional.
“Venezuela tiene que renacer y tiene que hacerlo desde la espiritualidad y el encuentro, construyendo un país más seguro, más eficiente, más productivo y con más oportunidades para todos”, señaló Rodríguez.
Sin embargo, el contraste entre la narrativa oficial y los datos de la realidad expone una distancia considerable. Reportes de organizaciones no gubernamentales, el análisis de economistas y la persistencia de las protestas ciudadanas revelan que ciertas promesas y anuncios chocan de frente con denuncias de extorsión, cifras contradictorias e insatisfacción en la ciudadanía.
Este es, quizás, el anuncio más controvertido del mensaje de Rodríguez. La presidenta encargada bajo tutela estadounidense informó que en las próximas semanas serán eliminadas. En su lugar, dijo, se reforzará el mecanismo de patrullaje. “Creemos que la seguridad debe garantizarse con mecanismos eficaces, profesionales y respetuosos de los derechos de las personas”, señaló.
En muchas zonas del país, las alcabalas se han convertido en puntos de intimidación contra los ciudadanos. Durante la represión poselectoral de 2024, funcionarios retenían a muchas personas en puntos de control, les revisaban sus conversaciones privadas en los celulares y, al encontrar mensajes que consideraran contra el gobierno, terminaban detenidos. Asimismo, se ha documentado que en muchas alcabalas los funcionarios ‘matraquean’ a los conductores exigiendo sumas de dinero a cambio de no poner multas.
Un informe de la ONG Transparencia Venezuela señaló que la extorsión en Venezuela no es un hecho criminal aislado, sino “una economía ilícita que se ha normalizado desde el mismo Estado”. El estudio apuntó a que la probabilidad de extorsión en alcabalas se ubicaba en 25 %, pues “de cada cuatro alcabalas que una persona encuentra en la vía, al menos en una hacen cobros ilegales”.
A propósito de este anuncio, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, manifestó esperar que la sustitución de alcabalas por patrullajes “no se traduzca en la eliminación del matraqueo en las alcabalas y su sustitución por el matraqueo en el patrullaje”.
Esperemos que el anuncio de eliminar las alcabalas y sustituirlas por "patrullaje" no se traduzca en la eliminación del matraqueo en las alcabalas y su sustitución por el matraqueo en el "patrullaje"
Delcy Rodríguez dijo que su administración está trabajando en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) “para revisar las condiciones de los centros de reclusión y seguir atendiendo lo que deba ser mejorado”. Según dijo, su intención es que la comunidad internacional “conozca de primera mano las mejoras y avances que queremos para nuestro sistema penitenciario”.
Esta era una noticia conocida en días previos y, a propósito de eso, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos recordó en a principios de agosto solicitaron facilitar el acceso del CICR, pero también de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siendo el ingreso de esta última una petición constante y que nunca ha sido aceptada por el Estado.
Mediante un comunicado, el Clippve consideró prioritario visitar los centros de reclusión El Rodeo I, Yare y Fuerte Guaicaipuro, cárceles en donde “donde familiares han denunciado torturas, malos tratos y graves condiciones de reclusión”.
En su mensaje, Delcy Rodríguez afirmó que se ha reducido la brecha cambiaria, pasando en los últimos dos meses “de casi el 30 % al 12,3 %”.
Sin embargo, el pasado 19 de agosto el economista y consultor Asdrúbal Oliveros señaló que a inicio de año la brecha cambiaria rondaba el 50 % y que aunque ahora está por debajo del 20 %, los precios no han bajado. Según explicó, “hay un elemento de desconfianza, de expectativa, donde no se se han ajustado todas las variables”.
A pesar de esa reducción, en los últimos meses la referencia de la tasa del dólar fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para cobro de bienes y servicios ha sido reemplazada por la del euro. La referencia de la moneda norteamericana está muy por debajo de la europea y, aunque algunos pagos -como multas- ya se cobraban en euros, también comercios formales e informales han comenzado a fijar esa tasa.
Oliveros @aroliveros: brecha entre el dólar oficial y el paralelo se ha reducido significativamente en comparación a inicios de año (cayendo por debajo del 20%). No obstante, los precios no ceden debido a la desconfianza y la falta de reformas de fondo https://t.co/mePGtbfQafpic.twitter.com/MTNHK5Rpft
Rodríguez señaló que a través del Plan Despeje Digno y Seguro, su administración trabaja con equipos locales, técnicos internacionales y especialistas de las Naciones Unidas, así como con otros mecanismos de cooperación internacional ante la emergencia del doble terremoto del pasado 24 de junio.
“Ya hemos retirado con absoluto resguardo de la naturaleza el 28 % de los escombros en las zonas afectadas, alrededor de 580 000 toneladas. Es un trabajo que requiere coordinación y seguridad, pero también mucho cuidado”, explicó.
Asimismo, afirmó que se han entregado 335 viviendas nuevas, “beneficiando a 1172 personas y recuperado 1001 viviendas que beneficia a 3503 personas”. Además, dijo que adjudicarán más de 4.00 viviendas antes de finalizar el año. Mientras Rodríguez hizo este anuncio, miles de familias todavía continúan en campamentos transitorios y refugios improvisados en carpas por pérdidas parciales o totales de sus viviendas.
📌 3.495 protestas durante este semestre ⭕️ 1.749 protestas por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) y 1.746 protestas por Derechos Civiles y Políticos (DCP) lo que marca una tendencia en la espiral de… pic.twitter.com/VogU4AVYAU
Con respecto a los servicios públicos, dijo tener un plan “para mejorar de manera progresiva la electricidad, el agua, la salud, las escuelas, el hábitat, la vialidad y los servicios que forman parte de la vida diaria de los venezolanos”.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 611 protestas para exigir el derecho a la vivienda, mientras que las manifestaciones por fallas en los servicios públicos se ubicó en 466. Durante las últimas semanas han aumentado las protestas por servicios públicos en el interior del país, especialmente por el suministro eléctrico.
También, en las últimas dos semanas las lluvias han causado estragos en Caracas y Miranda. El paso de la Onda Tropical número 37 dejó tres fallecidos el pasado 15 de agosto: dos adolescentes en la parroquia La Vega y una mujer en Macarao. Al final de semana siguiente se registraron anegaciones en la autopista Valle-Coche por la crecida del Río Valle. Durante esas lluvias falleció Keylin Quintero, quien cayó en una alcantarilla tras caerse de una moto junto a su hijo Keiber Quintero en un sector cercano al estadio Monumental Simón Bolívar en La Rinconada en Caracas.
Simplificación de trámites y reforma tributaria
Delcy Rodríguez anunció un plan para reducir la “burocracia”, masificar servicios digitales y evitar solicitar documentos que ya reposan en registros del Estado. Además, señaló que trabajan en la digitalización y automatización del sistema tributario para orientar los ingresos hacia la protección social.
En abril de 2026, la Asamblea Nacional oficialista aprobó la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Luego, en mayo, se inició un proceso de consulta pública para reportar cuáles son los trámites administrativos más complejos, lentos y burocráticos del país.
Uno de los trámites más tardados en Venezuela corresponde al de la apertura de empresas. Según el Índice de Burocracia de 2024, estudio del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (FIU), señala que para el período analizado, Venezuela ocupaba el segundo lugar con mayor traba burocrática para la apertura de entre los 19 países analizados (solo por detrás de España), superando ampliamente el promedio regional de 2443 horas.
Relaciones internacionales y acuerdos políticos
Rodríguez se refirió a la regularización de las relaciones de Venezuela con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, señaló que el Ejecutivo avanza en el restablecimiento de los lazos diplomáticos, económicos y consulares con diversos países para atraer inversión y atender a la diáspora.
En el ámbito político interno, recordó la consecución de un primer acuerdo con un sector de la oposición representado en la Asamblea Nacional electa en 2015. Además, afirmó que desde enero se han excarcelado 1046 ciudadanos y se otorgaron de medidas procesales a otros 12 000 venezolanos.
Según cifras publicadas por la Plataforma Unitaria Democrática, desde enero han sido excarcelados 995 presos políticos. Por su parte, el Foro Penal reportó hasta el 16 de agosto 78 excarcelaciones después que el Ejecutivo anunciara que se darían medidas sustitutivas de libertad a 131 detenidos en semanas anteriores. Las cifras no coinciden y todavía hay más de 300 personas tras las rejas por motivos políticos.
#16Ag Foro Penal ha verificado la excarcelación de 78 presos políticos desde el 14 de agosto 2026.
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Con el objetivo principal de recopilar directamente en las comunidades las propuestas ciudadanas para la resolución de las principales problemáticas del país, el vicepresidente nacional de la Organización de Primero Justicia, Edinson Ferrer, dio inicio este 25 de agosto en el estado Anzoátegui a la ruta nacional llamada “Venezuela Propone”.
Desde la ciudad de Barcelona, el dirigente nacional explicó que el programa está diseñado para canalizar las ideas de los ciudadanos sobre las áreas fundamentales que necesitan ser atendidas en los planes de reconstrucción del país. Esta primera fase de la gira abarcará los estados Carabobo, Miranda y Caracas, además de otras regiones de los Llanos y los Andes con el fin de sistematizar soluciones adaptadas a la realidad de cada entidad.
“Venezuela Propone es nuestro programa para recoger las ideas de los ciudadanos sobre las áreas prioritarias que deben ser atendidas para la reconstrucción nacional”, afirmó Ferrer desde Barcelona, previo a su traslado hacia El Tigre.
Estructuración y canalización de las propuestas
La estructura organizada del proyecto contempla que la información recogida en cada municipio sea categorizada por áreas temáticas para después presentarlas de manera formal ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 para su análisis.
De igual forma, Ferrer enfatizó que aquellos planteamientos que estén vinculados con las agendas de las mesas de diálogo serán enviados directamente a dichas instancias. A la vez, los proyectos orientados al desarrollo socioeconómico y la atención de servicios públicos quedarán sistematizados para servir como base de gestión en el proceso de reconstrucción del país.
“El país atraviesa un proceso de reinstitucionalización. En paralelo, las organizaciones políticas debemos fortalecer el tejido social desde la base municipal”, señaló Ferrer.
Diagnóstico de los servicios públicos
Durante la jornada de inicio del evento se abordó la disparidad de las deficiencias estructurales que afectan a los estados del país. En el caso del occidente, entidades como Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo y Falcón enfrentan interrupciones del servicio eléctrico que alcanzan hasta 12 horas diarias.
Por otro lado, en los estados Sucre y Nueva Esparta, las fallas continuas en el sistema Turimiquire mantienen a varios sectores con severas restricciones en el suministro de agua potable por tubería desde hace más de seis meses, mientras que en Anzoátegui la principal problemática reportada por la población está relacionada con las fallas en el servicio eléctrico.
Frente a esta coyuntura, la iniciativa “Venezuela Propone” contempla levantar datos concretos sobre el estado de los servicios básicos (electricidad, agua, transporte y aseo urbano) junto con variables económicas relacionadas con el poder adquisitivo, los salarios, las pensiones y la seguridad ciudadana.
Con información de Nota de Prensa.
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Los terremotos no terminaron cuando cesaron los movimientos. UNICEF estimó que 1,8 millones de personas, incluidos 680 000 niños, necesitaban asistencia humanitaria tras los sismos del 24 de junio. Semanas después, el Banco Mundial calculó en 19 600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió que la reconstrucción podría costar hasta 50 000 millones.
De las 119 familias que reportaron sus necesidades, Runrun.es elaboró hasta el pasado 24 de agosto un listado de 85ubicadas en La Guaira que autorizaron la publicación de sus datos de contacto, con el propósito de recibir donaciones para cubrir sus necesidades específicas. De esa base surgieron también los testimonios de 5 madres que contaron cómo han tenido que reconstruir sus vidas tras los sismos, en medio de una precariedad económica que ya existía antes del desastre.
Sin casa, sin ingresos y con tratamientos pendientes
La familia de Maryuri Gómez está integrada por cinco personas: ella, su esposo y sus tres hijos, de 17, 15 y 9 años. La mayor tiene una condición neurológica y requiere carbamazepina de 200 miligramos, risperidona y una alimentación balanceada. Antes del doble terremoto también recibía consultas neurológicas, odontológicas y visuales, además de terapia de rehabilitación.
El 24 de junio perdieron su vivienda. Tres días después todavía buscaban dónde resguardarse y finalmente tuvieron que trasladarse fuera de La Guaira, donde permanecen actualmente en casa de familiares. Maryuri y su esposo están sin trabajo, por lo que la familia perdió ingresos justamente cuando aumentaron las necesidades.
La falta de dinero les impide cubrir de manera adecuada los medicamentos y la alimentación de su hija mayor, así como retomar las consultas y terapias que quedaron pendientes. Sus otros dos hijos, de 15 y 9 años, también han resultado afectados emocionalmente y, según su madre, necesitan atención psicológica.
La familia ha recibido algunas ayudas de personas de la comunidad y de organismos que acudieron al lugar donde se encuentran, pero todavía necesita recuperar una vivienda y atender las necesidades médicas y emocionales de los niños. También perdieron familiares, amistades y compañeros de colegio.
“Mis hijos lloran conmovidos, y nos piden un techo, que le digamos al gobierno que les de un hogar para ellos”, sostiene Maryuri.
La psicóloga Fabiola Rojas explica que, después de una emergencia, las familias pueden quedar atrapadas entre las pérdidas materiales y la imposibilidad de pagar el acompañamiento que necesitan. “Las familias están en un estadovulnerable porque precisamente se ven obligadas a resolver por su cuenta y eso solo aumenta la ansiedad que ya se vivía antes por sobrevivir al día. No tienen costos para asumir esas atenciones especializadas porque sabemos que las gratuitas son igual de útiles, pero hay una diferencia entre el pago y es que existe un seguimiento más amplio”, señala.
Una casa con grietas y una consulta que no puede pagar
Urimary Figuera es madre soltera de tres hijos: Victoria, de 14 años, y dos menores, de 12 y 5 años. Victoria tiene síndrome de Down y fue operada de corazón abierto a los ocho meses. Cada año debe acudir al cardiólogo para controlar la evolución de su corazón. Antes de los sismos ya presentaba anemia y, después de que se detuvieron los terremotos, a su madre se le hizo más difícil continuar con su atención.
Durante los primeros días, la familia salió de su casa en el sector Atanasio Girardot, urbanización popular ubicada en la parroquia Carlos Soublette. Ellos permanecieron cuatro días en el polideportivo José María Vargas. Después pasó unas dos semanas en el refugio Lorenzo González por temor a las réplicas. Las falsas alertas de tsunami también alteraron su rutina. En una de esas salidas, Urimary llevaba a su hija menor y tenía de la mano a su hijo de 12 años, mientras su madre corría con Victoria. La adolescente se puso muy pálida y su familia temió que se desvaneciera.
El padre de Victoria, cuya vivienda en Macuto quedó destruida, se llevó durante unos días a los tres niños a Guatire para que pudieran estabilizarse. Ella permaneció entre refugios hasta que finalmente regresaron a su hogar.
La casa tiene varios pisos y la familia continúa en la parte superior, aunque presenta grietas. Victoria recibe ácido fólico y hierro, medicamentos que recientemente consiguió mediante una fundación. También debe repetir sus exámenes para comprobar si mejoró su hemoglobina. Fue referida a un hematólogo por antecedentes familiares de talasemia y leucemia, pero su madre no ha logrado conseguir una consulta gratuita.
“Los hematólogos ahorita son costosos y no consigo uno gratuito”, señala Urimary.
El gasto no se limita a las consultas. Durante los primeros días, Urimary viajó hasta Maiquetía para conseguir productos que pudiera pagar y gastó alrededor de 300 dólares en una compra. Cuenta que conoce a otras personas que también deben salir de La Guaira hacia Maiquetía o Caracas para comprar alimentos y que algunas gastan cantidades similares o incluso mayores.
Foto: Cortesía
La médica cirujana Eliannys Acosta advierte que la interrupción de tratamientos puede tener consecuencias importantes, especialmente en personas con enfermedades crónicas. “Las enfermedades crónicas necesitan un seguimiento y un tratamiento muy estricto para evitar complicaciones. Si, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica que requiere hemodiálisis dos o tres veces por semana tiene su centro de salud afectado y no logra encontrar otro, las consecuencias pueden ser fatales. A pesar de eso, la mayoría de los pacientes puede buscar alternativas para continuar sus tratamientos y evitar que las consecuencias sean graves”.
De tres a siete bajo el mismo techo
Mayerlin González vivía antes del 24 de junio con sus dos hijos: Wilson Aguilar, de 20 años, y Alejandro Aguilar, de 14. Alejandro tiene autismo, discapacidad intelectual y trastorno motor leve. Recibía terapia ocupacional, psicopedagogía y fisioterapia en el Hospital de Niños del Mar, además de consulta pediátrica en la unidad de autismo. También asistía al Taller Laboral La Guaira y tenía consultas de neurología en el periférico de Pariata.
El doblete sísmico interrumpió esa rutina. El hospital quedó afectado y el taller laboral fue etiquetado en rojo. Las consultas previstas fueron suspendidas y, según le informaron, se retomarían en septiembre. Alejandro dejó de recibir sus terapias y tampoco está asistiendo al taller.
Antes de los sismos ya necesitaba vitaminas y suplementos como citrato de magnesio, omega 3, vitamina B6 y probióticos, además de una alimentación libre de gluten y azúcar. Mayerlin explica que esos requerimientos tampoco podían mantenerse de forma constante por la situación económica.
La vivienda donde vivían también quedó gravemente afectada. Su hermano Gustavo, su esposa Isabel y sus hijos Gabriela, de 14 años, y Gabriel, de 9, perdieron su casa, que quedó en etiqueta roja. Desde el 24 de junio, los siete permanecen juntos en la platabanda de la vivienda del padre de Mayerlin.
Solo tienen una habitación pequeña y un baño. Los niños duermen en la habitación y los adultos en el piso; cocinan y hacen su vida diaria prácticamente al aire libre. El agua, que ya era irregular antes del terremoto, ahora escasea todavía más. De los siete integrantes, solo Gustavo tiene trabajo.
Las ayudas que recibieron durante las primeras dos semanas —dinero, alimentos no perecederos y productos de limpieza— fueron disminuyendo. También recibieron algunos alimentos libres de gluten y suplementos de Mundo Azul, del taller laboral y de la unidad de autismo, pero las necesidades persisten.
“Ahora no somos solamente tres, sino siete personas, de las cuales uno solo por ahora está laborando”, revela Mayerlin.
Alejandro también necesita realizarse varios exámenes costosos. Mayerlin solicitó ayuda dos veces a la Fundación del Niño Simón para cubrirlos, pero asegura que no obtuvo respuesta.
La nutricionista Tania Rincón comenta que, después de la primera respuesta de emergencia, las necesidades deben identificarse de manera diferenciada: “La primera semana, en una emergencia de este tipo, lo importante es garantizar hidratación y alimentación. Luego, a través de un censo por comunidad, se deben conocer las condiciones de salud de sus habitantes y cubrir las necesidades de cada grupo familiar. Los niños, ancianos, embarazadas y mujeres lactantes son grupos vulnerables, pero si tienen además otra condición de salud, se vuelven aún más vulnerables y se les debe dar mayor prioridad. Si un paciente con una patología cumple de manera interrumpida su alimentación, se va a desmejorar su situación de salud”.
Una casa en rojo para una familia de cuatro
Ahilyn Daal vive con sus tres hijos, Máximo, Matías y Miranda, en el último piso de una vivienda familiar de tres plantas. El inmueble fue etiquetado en rojo después del terremoto. Aunque no colapsaron las paredes, la estructura sufrió daños en las columnas, el tanque subterráneo, la cocina, el baño, el lavandero y varios pisos. Cuatro ingenieros les advirtieron que no debían habitarla, pero la familia continúa allí por necesidad.
Los cuatro duermen en la sala porque el calor del patio afecta especialmente a Matías, quien tiene autismo grado 1. Los tres niños tienen necesidades particulares y siguen una alimentación sin gluten, lácteos ni azúcar. También requieren suplementos como complejo B, vitamina C, ácido fólico y omega 3. Matías, que cursa quinto grado, necesita además una maestra particular y toca violín.
“Vivimos siempre en zozobra, con miedo, no dormimos bien, estamos mentalmente afectados”, cuenta Aileen.
Los sismos también redujeron sus ingresos. Aileen es peluquera de mascotas y trabaja en estética canina y asistencia veterinaria, pero perdió buena parte de sus clientes porque estaban en Caribe y Playa Grande, zonas afectadas por los sismos. Ahora trabaja ocasionalmente y suspendió sus estudios de Veterinaria, que había cursado durante tres años, para atender a sus hijos.
La falta de ingresos dificulta mantener la alimentación especial y comprar suplementos. Ha recibido agua, alimentos, dos colchonetas y un suplemento de complejo B, pero parte de la comida entregada no es apta para los niños. Cuando consigue algún trabajo, compra carnes, pollo, huevos y verduras para completar la dieta familiar.
Foto: Cortesía
El agua también se convirtió en una tarea diaria porque el tanque de la vivienda resultó afectado. Aileen baja cuando disminuye el calor para recolectarla y procura no alejarse demasiado por temor a las réplicas.
El economista y abogado Alfonso Chacín subraya que el impacto económico del terremoto puede prolongarse mucho después de la emergencia inmediata: “Un doble terremoto puede convertir una emergencia puntual en un proceso de empobrecimiento. Una familia puede empezar a gastar sus ingresos en transporte para conseguir alimentos o medicamentos, reparaciones, tratamientos y reposición de bienes, mientras pierde clientes, empleo o capacidad de trabajar. Si esto se prolonga, puede endeudarse, dejar de comprar medicamentos o sacrificar otras necesidades básicas. Por eso, en el presente deberían identificarse las necesidades de cada familia y garantizar apoyo en alimentación, salud, transporte, vivienda y recuperación de ingresos”.
Desde el ámbito jurídico, Chacín señala que el Estado venezolano tiene la obligación de atender y proteger a las personas afectadas y garantizar su recuperación, conforme a la Constitución y a la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Explica que esa responsabilidad “no termina en los primeros días de la emergencia, sino que debe mantenerse mientras persistan sus consecuencias”.
Volver a casa también fue parte del miedo
Yanoski Montiel es madre y vive en la urbanización Atlántida, en Catia La Mar, con su esposo y sus dos hijos. Llevaban apenas 10 meses en la zona cuando ocurrió el terremoto. Su hija, de 12 años, tiene TEA grado 1; su hijo, de 8 años, tiene TEA grado 1 y TDAH grado 2.
Ese día, ella estaba en el patio jugando con su hijo para ayudarlo a manejar la ansiedad cuando comenzó el movimiento. El niño se tapó los oídos y corrió hacia la calle. Ella intentó detenerlo y ambos cayeron. El menor sufrió una lesión en el cuello y utilizó collarín durante 15 días.
Su hija estaba dentro de la casa escuchando música cuando el movimiento hizo que varios objetos cayeran. Intentó salir arrastrándose por el piso y terminó en una cuneta, donde le cayó encima un tanque de agua. Se golpeó la rodilla y la cabeza. Su esposo, que estaba dentro de la vivienda, se cortó una mano con un vidrio.
Pero el miedo no terminó ese día. En medio de los rumores sobre un tsunami, el niño se extravió durante unos minutos. Después comenzó a interpretar las nubes como olas, se asomaba constantemente por la ventana, lloraba y sufría ataques de pánico hasta calmarse.
Sus niños fueron atendidos en un centro de salud de Catia La Mar y, según Yanoski, ya se encuentran bien de las lesiones físicas. El proceso emocional, sin embargo, continúa. El niño tuvo tres ataques de pánico acompañados de vómitos y durante un tiempo se negó a dormir por las noches.
Pero a los gastos habituales se sumaron medicamentos, suplementos y una alimentación especial. La familia necesita melatonina de 3 mg, magnesio de 500 mg, Abretia y alimentos sin gluten. En el último mes y medio han gastado más de 300 dólares. Solo una compra realizada por su esposo en Caracas para conseguir alimentos para los niños costó 120 dólares.
Según cuenta, en Catia La Mar, no hay suficientes comercios cerca de su vivienda. Para comprar deben trasladarse a Caracas o Maiquetía. Ella actualmente no trabaja ni percibe ingresos. Tampoco han recibido ayudas ni medicamentos, aunque la comunidad les entregó una bolsa de alimentos.
“Me parece inaudito que tengamos que trasladarnos solo para alimentarnos. Muchas familias estamos en esta situación y reconstruir nuestros hogares parece cuesta arriba”, reitera Yanoski.
La especialista en gestión de riesgos Klaudia Laffaille advierte que estos desplazamientos también forman parte del impacto de un desastre. “Si una comunidad pierde comercios, centros de salud, transporte o servicios básicos, las familias empiezan a asumir costos que antes no tenían: deben trasladarse para comprar alimentos o medicamentos, pagar más transporte, invertir más tiempo y, en algunos casos, dejar de trabajar para resolver esas necesidades. Eso también es un impacto económico del desastre y debe medirse”.
Laffaille reitera que trasladar a las personas hacia otras zonas que también tienen condiciones precarias no necesariamente resuelve el problema: “Si los afectados tienen que desplazarse hacia otras zonas que también presentan condiciones precarias, el riesgo se traslada en lugar de reducirse, y el costo de la vida no es solo una pared, sino todo lo que debe tener por derecho una persona”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cifras claras de detenciones, prórroga automática a los permisos de trabajo y transparencia en los acuerdos con los países que reciben a los deportados fueron algunas de las peticiones que hicieron la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; al Congreso de los Estados Unidos; la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos internacionales defensores de derechos humanos en un documento que fue remitido en Washington.
De acuerdo a ambas organizaciones la situación migratoria en Estados Unidos en la actualidad es “más inestable” desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump tomó posesión de la Casa Blanca.
A juicio de ambas organizaciones ha existido una regresión en cuanto a los derechos de los migrantes con la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que cobijaba a más de 600000 venezolanos, el parole humanitario y la cancelación de la prórroga automática de los permisos laborales.
Decretada en 2025, la terminación del TPS continúa impugnada ante la Corte Suprema. Según las organizaciones, estas medidas exponen más a los migrantes venezolanos a ser detenidos por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
El informe suscrito por José Antonio Colina, presidente de VEPPEX y Helena Villalonga, presidenta de AMAVEX, documentó varios casos de venezolanos que han sido detenidos en vías públicas y aeropuertos con permisos de trabajo y estatus de petición de asilo pendiente.
Asimismo las organizaciones llamaron a no estigmatizar a los venezolanos por su apariencia y solicitaron que se prueben vínculos con bandas criminales y organizaciones terroristas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros que data de 1798, empleada cuando hay amenazas contra el territorio americano.
El argumento del mandatario es que la banda del Tren de Aragua, calificada como organización terrorista transnacional representa un peligro para la seguridad integral de los estadounidenses.
En el documento igualmente se expone el peligro que representa para los migrantes la posibilidad de ser deportados a un tercer país.
Liberia aceptó recibir hasta 1200 ciudadanos de otros países en un periodo de doce meses, incluyendo personas de nacionalidad venezolana.
“Deportar a una persona hacia un país donde puede ser detenida, perseguida, torturada o sometida a represalias representa un riesgo para su vida y su integridad. Cada caso debe ser evaluado individualmente, respetando el derecho de asilo, la protección contra la tortura y el principio internacional de no devolución”, advierte el informe.
En el documento también advierten que en Venezuela continúan la persecución política, detenciones arbitrarias, amenazas y la utilización de los organismos de seguridad contra quienes son considerados adversarios del poder.
“La amnistía y las liberaciones anunciadas no han beneficiado a todas las personas perseguidas, mientras todavía permanecen presos políticos civiles y militares”, reza el informe.
El informe igualmente señala que han muerto presos políticos bajo custodia del Estado y no existen garantías suficientes para el retorno seguro de dirigentes, activistas, periodistas, militares disidentes y ciudadanos exiliados, entre ellos la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Según el Pew Research Center, alrededor de 1,2 millones de venezolanos vivían en Estados Unidos en 2024, más del 40 % de ellos en el estado de Florida.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
