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Conciencia, justicia y libertad en lugar de incienso, mirra y oro

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Andry Hernández es oriundo de Capacho Nuevo, estado Táchira. Allá comenzó a soñar con ser maquillador, el oficio al que se dedicó ya de adulto. En mayo de 2024 migró a Estados Unidos. Y en marzo de 2025, como otros 237 venezolanos con tatuajes, fue deportado por el gobierno de ese país a El Salvador, por considerar que presuntamente formaba parte de la banda El Tren de Aragua.

Fotografías: Álbum familiar

Reina Cárdenas siempre esperaba a que Andry Hernández, su mejor amigo, la llamara. Cuando sonaba el teléfono, procuraba contestarle rápido. Si era necesario interrumpía su trabajo como psicopedagoga para correr a escucharle la voz. Sabía que, si perdía la oportunidad de hablar con él, tendría que esperar: Andry solo podía marcarle una o dos veces por semana. 

–Aló. 

Una grabación predeterminada se escuchaba del otro lado de la línea: “Te está llamando Andry Hernández, en el Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego, California. Pulsa 1 para acceder”.

Luego podía escucharlo a él:

—Hola, Reina… Estoy muy deprimido. No soporto más el encierro y el trato que me están dando —le dijo en una de esas llamadas, en marzo de 2025.

Ella nunca, en los 20 años que llevaban conociéndose, lo había percibido tan triste. Eran confidentes. Más que amigos, eran hermanos. Ambos crecieron en Capacho Nuevo, estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia. Allá hicieron una vida. En ese pueblo alegre era mucho lo que hacían. En Semana Santa, por ejemplo, él confeccionaba los vestidos para las dramatizaciones de la Pasión de Cristo que presentaban en la iglesia de San Pedro de Independencia. Y antes, a los 7 años, había sido parte de la agrupación de los Reyes Magos en Capacho Nuevo, un festival centenario donde niños y adultos representan un pesebre viviente, rememoran pasajes de la Biblia y tres hombres vestidos de reyes cabalgan en un desfile por las principales calles del municipio. 

Aquella experiencia lo marcó tanto que, mucho después, en 2020, a sus 27 años, como muchos jóvenes de Capacho que habían participado en esa tradición, se tatuó dos coronas en sus antebrazos. En la derecha tenía una corona ancha, redonda y con rubíes, similar a la del rey mago Gaspar. Debajo se leía “Mon”, con la “o” en forma de corazón. En la izquierda tenía una corona más pequeña, alargada, delgada y de cinco puntas. Esa adornaba la inscripción “Dad”. Era una forma de llevar siempre consigo a su gente. Así es el hijo mayor de Alexis Romero, de 64 años, y de Felipe Hernández, de 63 años, una familia humilde que vive de hacer marcos de madera y vidrio en un pequeño taller. 

También fue en Capacho Nuevo que Andry comenzó a soñar con ser maquillador: jugaba con Reina, le pintaba la cara, la peinaba. El juego se convertiría en oficio porque, aunque al crecer estudió algunos semestres de ingeniería en informática, terminó dedicándose al estilismo: aprendió viendo programas de televisión. Soñaba con ser reconocido en ese mundo de colores y con tener su propio salón de belleza. 

Con ese anhelo, y con la esperanza de poder ayudar a sus papás, Andry salió de su pueblo en 2022, a los 29 años. Migró a Bogotá. Trabajó como recepcionista en un hotel y luego maquillando a las actrices de una productora de series. Le iba bien. Pero al año le ofrecieron una oportunidad de empleo con un mejor salario en Caracas. Sin vacilar, decidió regresar a Venezuela. 

A pesar de que siempre decía que no se volvería a ir, el país se le había vuelto peligroso: un par de veces lo habían amenazado básicamente por ser homosexual. Además, el dinero ya no le alcanzaba. Vivía al día. No podía ahorrar. Le preocupaba su futuro. 

El 21 de mayo de 2024, Andry cumplió 31 años. Dos días después se fue a Estados Unidos. Atravesó la selva del Darién. Llamaba a sus padres y a Reina de tanto en tanto. A sus padres primero les dijo que se había ido en avión para no preocuparlos, luego les reveló de su travesía por Centroamérica a pie sin darles muchos detalles. 

Cuando Andry llegó a México, solicitó una cita para ingresar legalmente a Estados Unidos a través de CPB One, la aplicación que permitía tener un ingreso regular a migrantes sin visa que aspiraban solicitar asilo. Se la dieron para el 29 de agosto de 2024. Mientras esperaba, iría a la casa de un amigo cercano que ya vivía en México.

El día que Andry acudió a la cita, lo hicieron esperar largo rato. Después, sin darle mayores detalles, se lo llevaron al Centro de Detención de Otay Mesa. Lo dejaron detenido “por una investigación”. Solo le dijeron que era “por sus coronas tatuadas”. 

Andry consiguió un teléfono que le brindó el Centro de Detención y llamó a Reina. Pensaba que saldría rápido de allí.

Pasó un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, seis… Y Andry aún no salía. Ya se habían ido todos los que habían entrado con él aquel 29 de agosto. A él le decían que debía esperar, que seguía en “una investigación”. 

Solo le permitían llamar a sus padres y a Reina si pagaba un dólar por cada minuto de conversación. Como él no tenía dinero, sus familiares y amigos en Venezuela reunían dólares y buscaban conocidos en común para enviar el dinero por la aplicación bancaria Zelle o por cuentas bancarias en Colombia y después transferían a Estados Unidos. 

Su amigo en Estados Unidos, ese donde iba a quedarse en un inicio, le buscó una abogada para defender su caso voluntariamente. Reina, desde su puesto como psicopedagoga en un tribunal para la protección de niños, niñas y adolescentes en Táchira, se ofreció a buscar los documentos que la abogada solicitaba para defenderlo. 

Ella buscó los antecedentes penales, la copia de cédula, las referencias personales y familiares, la constancia de participación de la agrupación Reyes Magos de Capacho y del teatro… Le mandaba todos esos insumos a la abogada. 

Pero todo parecía inútil. 

—Aquí nos dicen una cosa y salen con otra. Solo nos dicen puras mentiras —le comentó Andry en una llamada a su madre—. Yo estoy cansado. La moral la tengo por el piso. Yo me quiero ir. 

—Bueno, hijo, pida la deportación. 

—Ahorita no puedo porque no he tenido una audiencia. Cuando la tenga, se lo pido a la abogada. Así ella me diga que no, yo solicito que me manden a Venezuela. 

Poco después lo llevaron a un centro de detención en Texas. Le prometieron que lo deportarían a Venezuela. El 14 de marzo llamó a su mamá y a Reina. 

—Téngame comida, que estoy muy flaco. Quiero engordar —bromeó a las 6:00 de la tarde de Capacho Nuevo—. Ya casi nos vemos para que me busquen. Dígale a papá que saludos y a Luis también. 

Llegó el día de la audiencia y no hubo llamadas. 

Pasaron otros tres días y seguía el silencio. 

Reina estaba nerviosa. El 15 de marzo, el mismo día que Andry tenía su audiencia, circulaba la noticia de que la administración de Trump había mandado a 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, por presuntamente ser miembros de El Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que se ha extendido por Sudamérica y que Estados Unidos había declarado como “una organización terrorista”. Para el gobierno de Estados Unidos, que alguien tuviera tatuajes de coronas, trenes, estrellas, rosas o una silueta de Michael Jordan eran indicios —o pruebas— de que formaba parte de El Tren de Aragua. 

Reina tenía miedo de que el silencio de Andry fuera porque se lo habían llevado al CECOT. No había una lista oficial de las personas deportadas a El Salvador. Muchos venezolanos reconocían a sus familiares en las imágenes y videos que circulaban en TikTok. Ella no veía a Andry en esas imágenes. 

 La tarde del 20 de marzo Reina escuchó su teléfono.

Vio el código “+1”, de Estados Unidos, y pensó que era él. 

Ella ya estaba entrando a la casa de su familia cuando contestó.

Pero la voz que escuchó era de la abogada de Andry. 

—Reina, a Andry lo deportaron a El Salvador. No sé más nada de él. Me pasaron una lista con los nombres de los deportados y allí está él. Lo trasladaron por los tatuajes de las coronas. Te llamo a ti primero porque no sé cómo lo tomará la señora Alexis.

Reina comenzó a llorar. Anonadada, no tuvo fuerzas para contar la noticia. La señora Alexis y su esposo se miraban entre sí. Sabían que algo malo había sucedido. 

—¿Qué pasó con el niño, Reina…? Reina, ¿qué le pasó al niño? ¡Dígame! —rogaba Alexis.

Reina le pasó el teléfono a la madre y la abogada repitió la noticia. 

Lágrimas, gritos de indignación y preguntas sin respuestas iban y venían. 

“¿Por qué él, si es un buen muchacho y no ha cometido ningún crimen?”, escuchaba Reina.

“Debo hacer algo para ayudarlo”, se repetía una y otra vez después de que colgó. 

Desde que Andry entró al CECOT quedó incomunicado. Reina empezó a crear videos para exigir “Justicia para Andry Hernández”. Los vecinos compartían sus mensajes por WhatsApp y TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar: “Los que conocemos a Andry sabemos que es un muchacho noble, gran persona, no un criminal”. “Justicia para él”. “Dios los proteja”… 

Reina revisó otros casos, habló con otros familiares y averiguó que otros seis hombres tachirenses también están en el CECOT. Todos son jóvenes, no pasan de los 40 años. Ninguno tiene antecedentes penales: solo los detuvieron por los tatuajes que llevaban. 

Reina no descansaba. Buscaba la manera de solicitar el habeas corpus, un amparo judicial para que a Andry lo lleven ante un juez. Un fotógrafo de la revista Times retrató cómo a Andry lo habían encadenado, cómo los policías lo patearon, le obligaron a raparse y lo golpearon. 

A través de la prensa, en Capacho Nuevo se enteraron de que Andry había llegado al CECOT el 15 de marzo. 

Reina y la familia de Andry decidieron organizar una vigilia en la iglesia de San Pedro de Independencia. Familiares, amigos y conocidos llegaron a la catedral el 25 de marzo. La mayoría sostenía banderas de Venezuela. En sus cabezas tenían coronas hechas de cartulina, aquellas que se entregaron en la última celebración de los Reyes Magos en Capacho Viejo. 

Los tres hombres que siempre representan a los Reyes Magos en la festividad también llegaron. Pero en vez de llevar incienso, mirra y oro, tenían un cartel que decía “conciencia, justicia y libertad”. “Él es un artista, no un criminal”, decían los vecinos. “Es un muchacho noble. Pronto saldrá libre, en nombre de Dios”. Es poco lo que han sabido de él. Pero Reina mantiene la esperanza de que algún día su amigo la llame para decirle: “Estoy bien. Voy de regreso a Venezuela”.

Esta historia fue producida en el Programa Formativo Contar Fronteras, una alianza entre El Bus TV, Runrun.es y La Vida de Nos para mostrar la realidad en estados fronterizos de Venezuela.

El Mañanero del 7 de mayo: asilados en la embajada argentina salieron de Venezuela gracias a EEUU

En El Mañanero del 6 de mayo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados durante el fin de semana en Venezuela: Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos y Claudia Macero, los dirigentes de Vente Venezuela que tenían más de un año asilados en la sede de la embajada argentina en Caracas, se encuentran en territorio de Estados Unidos. Sepa qué es y qué no es la incitación al odio y Relatoría de la CIDH alerta sobre grave deterioro de ecosistema mediático, son las noticias más importantes del momento.

Asilados en la embajada argentina salieron del país y se encuentran en “territorio estadounidense”

¿Qué es y que no es la incitación al odio y por qué en Venezuela se aparta del estándar internacional?

Relatoría de la CIDH alerta sobre grave deterioro de ecosistema mediático en Venezuela

Ruta global por la justicia: piden al gobierno de Petro mediar por liberación de presos políticos

Médicos Unidos de Venezuela: El Estado es el único responsable de garantizar correcta dotación de hospitales

“Es responsabilidad del Estado”: Defensores y ONG sobre muerte de detenido poselectoral en Tocorón

Relatoría de la CIDH: En la mayoría de los casos documentados, los periodistas detenidos enfrentan cargos de incitación al odio y terrorismo, en procesos que carecen de garantías judiciales

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Asilados en la embajada argentina salieron del país y se encuentran “en territorio estadounidense”

Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos y Claudia Macero, los dirigentes de Vente Venezuela que tenían más de un año asilados en la sede de la embajada argentina en Caracas, abandonaron el recinto y se encuentran en territorio de Estados Unidos.

Luego de horas de versiones encontradas sobre el hecho, el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, publicó en horas de la noche del 6 de mayo en la red social X un mensaje en el que destacó que su país celebraba el “exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas” Rubio indicó que “tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense“.

“El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos”, agregó.

Posterior al mensaje de Rubio el senador por la Florida, Rick Scott, agradeció al mandatario de EEUU, Donald Trump, y a Rubio por esta acción: “Varios de los presos políticos de Maduro están libres, y sus días en el poder se acortan. Estados Unidos apoya a María Corina Machado, a Edmundo González y a estos héroes venezolanos que con orgullo defienden un nuevo día de libertad y democracia en Venezuela.

Por su parte, la oficina del presidente argentino Javier Milei expresó su reconocimiento a la “exitosa operación que permitió que los cinco venezolanos refugiados en la sede de la Embajada Argentina en Venezuela fueran extraídos exitosamente de Caracas y trasladados a suelo estadounidense”.

Milei extendió su agradecimiento a todos los involucrados “y especialmente al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por su compromiso personal en esta operación, que ha hecho posible que estos verdaderos héroes recuperen finalmente su libertad” y consideró que esta acción representa “un importante paso en defensa de la libertad en la región”.

También fijó posición a través de la red social X María Corina Machado, líder opositora y coordinadora nacional de Vente Venezuela:

“Una operación impecable y épica por la libertad de cinco héroes de Venezuela. Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible. Vamos a liberar a cada uno de nuestros 900 héroes presos por esta tiranía y a 30 millones de venezolanos, y con la libertad, vendrá el cambio irreversible a una Venezuela de prosperidad, justicia y paz!”, expresó.

Un año y un poco más de incertidumbres

Los dirigentes de Vente Venezuela habían denunciado en los últimos seis meses un asedio constante en la embajada que estaba bajo la tutela del gobierno de Brasil, que, según denunciaron públicamente, incluyó atropellos físicos, mentales y emocionales, además de la falta de servicios básicos.

Durante todo este tiempo denunciaron la permanente violación de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático y la de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El pasado 20 de marzo, cuando cumplieron un año asilados, Omar González Moreno escribió: “Somos ficha de cambio para negociar, rehenes de unos secuestradores, que nos tiene al filo de la supervivencia. Esto no es fácil lo que estamos viviendo, es horrible. Lo más grave de todo es que el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela se ha hecho la vista gorda ante esto”.

Un par de días antes de esa declaración, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en un reporte en el que mencionó el caso de los dirigentes de Vente Venezuela.

La Misión denunció la situación de “acoso constante, incluyendo restricciones de acceso a servicios básicos ordenadas por las autoridades” y recordaron que una de esas personas (Fernando Martínez Mottola, ex asesor de la Plataforma Unitaria) falleció en su domicilio a causa de una enfermedad el 26 de febrero de 2025, después de haber podido abandonar la residencia el 20 de diciembre de 2024.

El pasado 12 de abril, la Cruz Roja Venezolana brindó asistencia sanitaria a los asilados que más de un año después por fin recibieron los salvoconductos para salir del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Empresario italovenezolano fue liberado luego de más de cinco años preso en El Helicoide

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Gracias a la intermediación de la comunidad católica de San Egidio fue liberado el empresario italovenezolano Alfredo Schiavo, quien se encontraba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide desde hace más de cinco años.

“Había sido condenado a una larga pena de prisión por un caso con implicaciones políticas y financieras”, aseguró la organización que se dedica a la mediación o intercambio de presos.

La organización informó que luego de salir de El Helicoide, el empresario de 67 años de edad regresó a su residencia en Caracas, luego de pasar una serie de controles médicos y se tiene previsto que viaje a Italia junto a su esposa.

De acuerdo a la comunidad religiosa en la mediación para lograr la liberación del hijo de inmigrantes italianos participaron la Embajada de Italia en el país, así como el actual gobernador de Carabobo y exembajador de Venezuela en Italia, Rafael La Cava.

Schiavo fue detenido en junio de 2020 y condenado a 30 años de prisión por supuestamente estar vinculado a la operación Gedeón, como se denominó al aparente intento de invasión por las costas venezolanas hace un lustro.

Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, actualmente hay 906 presos políticos en Venezuela.

A juicio de la organización, de los más de 900 detenidos, 815 son hombres y 91 mujeres, de los cuales 901 son adultos y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, mientras que 737 son civiles y 169 militares.

El reporte de la organización asegura que la mayoría de los considerados presos políticos fueron detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso anunció como ganador de la contienda a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar al pueblo resultados desagregados.

Foro Penal calcula que, desde 2014 hasta el presente, se han llevado a cabo un total de 18.334 detenciones por razones políticas.

  *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Maduro se reunirá con Putin este 7M

Para este miércoles 7 de mayo está pautada una reunión entre Nicolás Maduro y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú en el marco del 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.  

“Habrá encuentros con formatos amplio y reducido, luego, por supuesto, Maduro se quedará para participar junto con otros invitados extranjeros en los actos conmemorativos”, anunció el Kremlin en un comunicado.

El asesor presidencial de Rusia, Yuri Ushakov , indicó que Putin recibirá a Maduro para firmar un acuerdo de asociación estratégica.

“El documento abarca prácticamente todos los temas clave de la agenda de las relaciones bilaterales. Venezuela es un socio fiable de Rusia en la región latinoamericana y el mundo en general”, dijo Ushakov.

La última vez que Maduro y Putin estrecharon sus manos fue en la ciudad rusa de Kazán, en el marco de la cumbre del Grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) durante octubre de 2024.

En esa oportunidad, Venezuela expuso su deseo de unirse a la agrupación, pero su solicitud no obtuvo el visto bueno de Brasil.

A propósito de la nación amazónica, Putin se reunirá este 9 de mayo con el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.

“Brasil, junto con China, inició la creación del Grupo de Amigos de la Paz en Ucrania. Durante la visita de Lula se discutirán las actividades brasileñas dentro de este grupo, así como la situación en Ucrania en general”, señaló Ushakov. 

 De acuerdo a la prensa brasileña, Lula viajará a Moscú en un intento de posicionar a su país como posible mediador entre Rusia y Ucrania.

“Eso no está sobre la mesa en este momento”, se limitó a decir el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

  *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Médicos Unidos de Venezuela: El Estado es el único responsable de garantizar correcta dotación de hospitales

La ONG Médicos Unidos de Venezuela fijó posición ante el incidente ocurrido en el Hospital Central de Maracay, estado Aragua, cuando el pasado 29 de abril un hombre de 19 años tomó como rehén a una joven médico residente del postgrado de Pediatría mientras sujetaba su cuello y la amenazaba con un destornillador para exigir atención médica para su hijo, quien estaba hospitalizado en esta institución.

Mediante un comunicado, la organización aseveró que en la reacción del joven había una “dicotomía no menos que alarmante”. Por un lado, recordaron que mientras un grupo de personas reivindica la acción “desesperada del agresor”, también han surgido “ataques y acusaciones desmedidas contra médicos, personal de enfermería, etc. que labora en instituciones en las que es el Estado el único responsable directo de su dotación y de su infraestructura y nadie más“. Por otro lado, un grupo se oponía a las acciones de este padre, “e incluso reclamaron para él una severa respuesta de los organismos de seguridad, por tratarse de una situación de rehenes”.

Ante este polvorín de opiniones, Médicos Unidos de Venezuela planteó la siguiente pregunta: “¿Quién es la víctima?”. En primer lugar, recordaron que dos semanas antes, el bebé al que hace referencia ingresó al Hospital Central de Maracay, procedente del Hospital de Niños, Dr. Jorge LIzarraga, de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, con el diagnóstico de una lesión tumoral cerebral, que no pudo ser atendida quirúrgicamente en ese centro “por no contar con cupo en la unidad de Cuidados Intensivos que requería durante el período pre y postoperatorio”. Allí comienza la espera.

“No es difícil imaginar las circunstancias que rodean a esta situación cuando vemos el video y se
escucha a un padre exigiendo respuestas, y a una joven colega que, aunque sabe su vida en peligro,
mantiene y llama a la calma”, refirió el comunicado.

Las víctimas

En medio de todo el panorama comienzan a surgir las respuestas, según Médicos Unidos. El bebé es la primera víctima “de un sistema público de salud que no tiene la capacidad de ofrecer soluciones, ni siquiera ante situaciones tan básicas como la atención prenatal, esquemas de inmunización o el desarrollo adecuado de nuestra infancia”.

La ONG recordó que al bebé enfermo el hospital más importante de su estado natal no lo pudo atender y debió ser trasladado con el consentimiento de sus familiares y el debido trámite hacia otra institución, en un estado distinto. En este punto la organización recordó que en este, así como otros centros hospitalarios del sistema público nacional, “existe demora en la realización de estudios paraclínicos, muchos de los cuales deben ser costeados por el propio paciente, así como una larga lista de insumos que tampoco están disponibles en nuestros hospitales y que hacen que hoy día, en Venezuela tengamos el más alto costo-bolsillo en salud, de todo el continente”.

La segunda víctima de acuerdo con la organización es el personal sanitario agredido, lo que ya ha ocurrido en otros centros de salud del país. En este caso, una médico joven residente del servicio de Pediatría del hospital. Sobre este servicio, Médicos Unidos de Venezuela recordó que otrora disponía de al menos 100 plazas para residentes en las especialidades de Pediatría y Puericultura, Cirugía Pediátrica y otras subespecialidades, pero actualmente solo cuenta con 40 residentes, para la atención de una población pediátrica que va en aumento, “mientras el recurso humano en formación merma preocupantemente”.

Esta médico residente no solo fue víctima de la violencia en el hecho, sino que su vida estuvo en riesgo “por decisiones que ella no toma, por la falta de insumos que ella no controla, por la desidia estructural de un sistema de salud, que ella no gerencia”. A todo eso se le suma que ella, como muchos otros, “ejercen su profesión en las peores condiciones que se puedan esperar, con un ingreso total que no roza los 160 dólares mensuales, en jornadas a dedicación exclusiva, con el péndulo de la violencia sobre su cabeza y la certeza de que está sola a merced de la inseguridad, mientras trata de salvar vidas”.

El Estado es el único responsable

Médicos Unidos de Venezuela enfatizó en quién tiene la responsabilidad de que los centros de salud públicos funcionen adecuadamente: “Es el Estado el único responsable de garantizar la correcta dotación de los hospitales en cuanto a material médico quirúrgico, áreas quirúrgicas con poder resolutivo en todas las especialidades, medicamentos, realización de estudios de rutina y especiales, insumos de limpieza, mantenimiento y mejoras de infraestructura”.

Todo esto debe darse de manera regular, en cantidades suficientes y de calidad. También, la organización sostuvo que el Estado es responsable de “asegurar las condiciones de funcionamiento suficientes, como para que cada ciudadano que acuda en búsqueda de restaurar su salud o la de los suyos encuentre respuesta oportuna y adecuada a su necesidad. Es el Estado, no los médicos o el personal del equipo de salud”.

Para finalizar, la ONG expresó que la reacción del padre del bebé no solo no resuelve la situación de su hijo, sino que además “se constituye en un crimen en sí mismo” y esto redundará en “mayor sufrimiento para la población más vulnerable”, porque sienta un precedente “que desnuda ante los ojos de todos, la tremenda inseguridad que vive el personal de salud dentro y fuera de los centros de salud, especialmente en turnos y guardias nocturnas, días feriados y fines de semana”.

“Una razón más para que nuestros médicos sigan cruzando las fronteras y cada día los enfermos tengan menos oportunidades de sanar y salvar sus vidas”, agregó.

Ruta global por la justicia: piden al gobierno de Petro mediar por liberación de presos políticos

Este lunes, 6 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que inició la Ruta Global por la Justicia. Madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos acudieron a la Embajada de la República de Colombia en Caracas para visibilizar la “grave situación de los presos políticos” en Venezuela y solicitar la mediación internacional para su liberación.

A través de su cuenta en X, el Clippve informó que durante la ruta por la Embajada de Colombia solicitaron la intermediación del presidente Gustavo Petro ante el Estado venezolano para exigir la liberación de más de 900 personas detenidas por razones políticas, incluyendo a 23 ciudadanos colombianos, muchos de ellos recluidos en condiciones inhumanas, sin acceso a atención médica, alimentos adecuados ni garantías procesales.

Según informó el Clippve en X, los manifestantes acudieron con consignas, pancartas y llamados directos al gobierno de Colombia, exigiendo justicia, solidaridad y una diplomacia activa en favor de las víctimas.

Durante la actividad, hicieron también un minuto de silencio en memoria de Lindomar Jesús Bustamante, joven de 27 años que murió bajo custodia del Estado venezolano este sábado 3 de mayo en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

“Fuimos recibidos por el segundo secretario de la Embajada, John Rodríguez, quien, en nombre del embajador, acogió la comunicación y se comprometió a gestionar un espacio para escuchar directamente a las víctimas y sus allegados”, se lee en el post publicado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Aislamiento y desaparición

Aurora Silva, esposa de Fredy Superlano, denunció la desaparición de ciudadanos colombianos detenidos por razones políticas en Venezuela, lo que constituye una forma de “tortura psicológica“, similar a la que enfrentan las familias de presos políticos recluidos en El Helicoide, El Rodeo I, y otras cárceles, donde varios cumplen semanas y hasta más de nueve meses en aislamiento prolongado, como es el caso de su esposo.

Silva solicitó la interlocución directa del presidente Gustavo Petro para que esta situación sea revertida mediante “la garantía plena de los derechos humanos y la liberación inmediata de todas estas personas inocentes“.

Exigencia y agotamiento

Por su parte, Adriana Briceño, esposa del preso político Ángel Godoy, quien ya suma 118 días detenido en El Helicoide, expresó que los familiares están agotando todas las vías e instituciones posibles en busca de respuestas urgentes a sus exigencias de libertad y respeto a los derechos humanos.

Briceño subrayó que la Ruta Global por la Justicia y la Libertad busca sumar solidaridad internacional y, en particular, el apoyo del presidente Gustavo Petro para que en Venezuela se abran caminos “hacia la justicia, la dignidad y la paz para todos los que hoy sufren injustamente en prisión”.

El Clippve recalcó que este gesto diplomático representa un primer paso hacia el reconocimiento del drama humano que atraviesan los detenidos y sus familias.

El comité afirmó que “apela a la trayectoria histórica de Colombia en la resolución pacífica de conflictos, su experiencia en procesos de paz y su actual rol como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Relatoría de la CIDH alerta sobre grave deterioro de ecosistema mediático en Venezuela

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el grave deterioro del ecosistema mediático en Venezuela y el creciente clima de temor y autocensura entre periodistas y ciudadanos que buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, al menos 12 comunicadores permanecen privados de libertad, seis de ellos detenidos en lo que va de 2025, presuntamente en represalia por el ejercicio de su labor informativa, indicó la CIDH en un comunicado.

La oficina de la CIDH informó que recibió informes “particularmente graves” sobre la desaparición forzada de Rory Branker, editor del portal La Patilla, detenido el 20 de febrero, cuyo paradero y estado de salud continúan siendo desconocidos; asimismo sobre el periodista José Gregorio Camero, detenido el 3 de agosto de 2024, quien, según sus familiares, se encuentra con problemas de salud.

En la mayoría de los casos documentados, los periodistas detenidos enfrentan cargos de incitación al odio y terrorismo, en procesos que carecen de garantías judiciales, tal como lo señala la CIDH.

Además de las detenciones arbitrarias, en el transcurso del año se han reportado otras agresiones contra la prensa, incluyendo actos de “violencia en protestas, allanamientos, anulación arbitraria de pasaportes, extorsiones, obstrucción de la cobertura informativa, campañas de estigmatización y amenazas provenientes de personas que ejercen autoridad pública, particularmente desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como desde algunas gobernaciones, especialmente en los estados de Trujillo y Táchira”, alerta la relatoría.

En los primeros meses de 2025, también se registraron nuevos allanamientos y cierres de emisoras, como Criolla 100.7 FM en Bolívar, Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM en Portuguesa, y Radio Mundial 860 AM en Táchira.

Por otro lado, entre el 4 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 79 bloqueos a sitios web de medios de comunicación, organizaciones civiles, redes sociales y plataformas con contenido crítico hacia el gobierno. Asimismo, denunciaron agresiones en línea, incluidas amenazas provenientes de cuentas oficiales de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), además de campañas de propaganda oficial y desinformación.

Patrón sistemático

La CIDH destacó que también se reportó el uso de tecnologías de vigilancia como reconocimiento facial, drones y recolección de datos a través de plataformas estatales, junto con revisiones aleatorias de teléfonos celulares en la vía pública, con el fin de controlar y disuadir la participación ciudadana.

La Relatoría señala que estas acciones “forman parte de un patrón sistemático para restringir el flujo informativo y silenciar voces críticas, consolidando un ambiente de temor generalizado”,

En respuesta, la CIDH urge al gobierno venezolano a cesar las agresiones contra la prensa y liberar a los periodistas detenidos. También, hace un llamado a la comunidad internacional a mantener una vigilancia activa sobre la situación de los derechos humanos en el país.

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