Por: Mica Rosenberg, ProPublica; Perla Trevizo, ProPublica/The Texas Tribune; Melissa Sanchez y Gabriel Sandoval, ProPublica; Ronna Rísquez, Alianza Rebelde Investiga; y Adrián González, Cazadores de Fake News
El gobierno norteamericano sabía que la gran mayoría de los 238 migrantes venezolanos que envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador a mediados del marzo pasado no había sido condenada por crimen alguno en Estados Unidos, aún antes de calificarlos de terroristas y deportarlos, según indican registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no revelados previamente.
El presidente Donald Trump y sus colaboradores han tildado a los migrantes de “violadores”, “salvajes”, “monstruos” y de ser “lo peor de lo peor”. Cuando múltiples medios noticiosos cuestionaron esas calificaciones con reportes que señalaban que muchos de los deportados carecían de antecedentes penales, el gobierno insistió en que había basado su evaluación de los deportados en un meticuloso escrutinio que incluía el examen de crímenes cometidos tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pero los propios registros del gobierno, obtenidos por ProPublica, The Texas Tribune y un equipo de periodistas de Venezuela, demuestran que sólo 32 de ellos han sido condenados por crímenes en Estados Unidos, en su mayoría no violentos, como hurtos en tiendas o infracciones de tránsito.
La información oficial indica que el gobierno sabía que apenas seis de los migrantes habían recibido condenas por crímenes violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas. Y que era consciente de que la mitad, o 130, de los deportados no tenían registros criminales o cargos pendientes en EE.UU. Solo figuran en sus propios archivos como infractores de las leyes de migración.
En cuanto a crímenes en el exterior, nuestra revisión de los registros de la policía y la justicia en Estados Unidos y los países latinoamericanos en que los deportados residieron previamente halló evidencia de arrestos o condenas en solo 20 de los 238 casos. De ellos, 11 se relacionaban con crímenes violentos como robo a mano armada, asalto o asesinato, incluído el caso de un hombre que el gobierno chileno pidió extraditar de Estados Unidos para juzgarlo por acusaciones de secuestro y drogas. Otros cuatro habían sido acusados de posesión ilegal de armas de fuego.
También investigamos cada uno de los casos de los deportados venezolanos. Es posible que haya crímenes u otros datos sobre su pasado que no encontramos en nuestra investigación o en la información oficial, que incluye sólo detalles mínimos sobre nueve de ellos. No hay una base de datos única, dedicada a los crímenes cometidos en Estados Unidos –mucho menos en el exterior– que esté disponible públicamente. Pero todo lo que sí encontramos contradice las afirmaciones del gobierno norteamericano.
ProPublica y el Tribune, junto con los medios venezolanos de la Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News, obtuvieron también listas de presuntos pandilleros utilizadas por las agencias policiales de Venezuela e Interpol. Incluyen 1.400 nombres; ninguno de ellos coincide con el de los 238 deportados.
La rapidez en la remoción y el encarcelamiento en un tercer país han convertido ésta en una de las deportaciones más trascendentes de los últimos tiempos. Las batallas judiciales en torno de si el presidente Trump tiene autoridad para expulsar inmigrantes sin pasar por los tribunales puede trastocar fundamentalmente el modo en que Estados Unidos lidia con ellos, sea que residan legal o ilegalmente en su territorio. Funcionarios norteamericanos han sugerido públicamente que, para alcanzar el objetivo del presidente de deportar a millones de migrantes, el gobierno está considerando suspender el hábeas corpus, un histórico derecho constitucional que permite cuestionar la detención.
Horas antes de que los migrantes fueran subidos en Texas a los aviones que los llevarían a El Salvador, el gobierno justificó su deportación en nombre de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798, afirmando, sin prueba alguna, que la pandilla carcelaria Tren de Aragua había invadido Estados Unidos con ayuda del gobierno venezolano. Calificó a la pandilla como una organización terrorista foránea y sostuvo que ello daba al presidente la autoridad para expulsar a sus miembros y recluirlos indefinidamente en una prisión en el extranjero, donde los deportados han permanecido durante más de dos meses sin posibilidad de comunicarse con sus familias o abogados.
Lee Gelernt, abogado que lidera la lucha de la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) contra las deportaciones, afirmó que éstas representan una “flagrante violación de los más elementales principios del debido proceso”. De acuerdo con las leyes, dijo, un migrante que ha cometido un crimen puede ser acusado y expulsado, pero “ello no significa que puede ser sometido a una potencial condena de por vida en un gulag extranjero”.
Ante nuestros hallazgos, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, replicó que “ProPublica debería avergonzarse de estar sirviendo a unos ilegales extranjeros criminales que son una amenaza” y añadió que “el pueblo americano apoya firmemente” la agenda del presidente en materia de inmigración.
Consultada sobre las discrepancias entre las declaraciones públicas del gobierno sobre los deportados y la forma en que éstos están catalogados en la propia información oficial, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, repitió comunicados públicos ya difundidos. Insistió, sin proveer evidencia, en que los deportados son peligrosos. “Estos individuos caracterizados como ‘no criminales’ son, en realidad, terroristas, violadores de los derechos humanos, pandilleros y más — es sólo que no tienen un prontuario en Estados Unidos”.
En cuanto a la afirmación del gobierno de que el Tren de Aragua intentó invadir el país, un análisis de funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyó que la pandilla no obedece órdenes del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Tulsi Gabbard, directora nacional de inteligencia de la administración Trump, despidió a los autores de ese informe después de que se hizo público. Según reportes periodísticos, la oficina de Gabbard explicó que ella busca “poner fin a la instrumentalización y politización” de la comunidad de inteligencia.
Nuestra investigación se enfocó en los 238 venezolanos deportados el 15 de marzo a CECOT, la prisión en El Salvador, cuyos nombres figuraban en una lista publicada primero por CBS News. El gobierno ha transferido allí también a decenas de otros migrantes, incluído Kilmar Abrego García, un salvadoreño que el gobierno admite fue enviado por error. Las cortes han ordenado al gobierno que tramite su regreso a Estados Unidos.
Entrevistamos a familiares y abogados de un centenar de deportados. Muchos de ellos se comunicaron en la misma mañana del 15 de marzo con sus seres queridos, cuando éstos creían que serían regresados a Venezuela. Estaban felices porque se reunirían con sus familias, entusiasmadas con prepararles sus platos favoritos y organizarles fiestas. Algunos de los familiares compartieron con nosotros o en las redes sociales videos grabados en los centros de detención norteamericanos. En ellos, los detenidos dicen que tienen miedo de ser enviados a Guantánamo, la instalación de Estados Unidos en territorio cubano en la que Washington ha retenido y torturado a detenidos, algunos de ellos sospechados de planear los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. El gobierno de Trump había enviado aviones con migrantes venezolanos allí a principios de este año.
Ninguno de ellos tenía idea de que los estaban por mandar a El Salvador.
Entre ellos estaba Leonardo José Colmenares Solórzano, de 31 años, quien abandonó Venezuela y su trabajo como entrenador de fútbol juvenil en julio último. Según relató su hermana, Leidys Trejo Solórzano, Leonardo atravesaba tiempos difíciles tratando de mantener a su madre y a sí mismo: le costaba conseguir mejor empleo en medio del colapso de la economía venezolana. Fue detenido al asistir a una cita con las autoridades migratorias en octubre debido a sus muchos tatuajes, contó ella. Estos incluían nombres de familiares, un reloj, una lechuza y una corona que, explicó, estaba inspirada en el logotipo del club de fútbol Real Madrid.
En la información del DHS que obtuvimos no hay indicación de que Colmenares tuviera prontuario criminal alguno. Tampoco encontramos condenas o cargos en su contra en los Estados Unidos o el extranjero. Trejo aseguró que su hermano nunca se metió en problemas y que tampoco tiene antecedentes penales en Venezuela. Definió su expulsión de Estados Unidos como un secuestro perpetrado por el gobierno.
“Ha sido bastante difícil. Hablar del tema me cuesta”, dijo Trejo, que ha buscado en internet videos y fotos de su hermano en la prisión de El Salvador. “Muchísimas noches estoy sin dormir por la ansiedad”.
Los registros internos del gobierno indican que, con excepción de unos pocos casos, los funcionarios etiquetaron a todos los deportados como miembros del Tren de Aragua, sin ofrecer mayor información sobre cómo llegaron a esa conclusión. Presentaciones judiciales y documentos que obtuvimos muestran que el gobierno se basó, en parte, en publicaciones en las redes sociales, conexiones con miembros conocidos de la pandilla y tatuajes, entre ellos, de coronas, relojes, armas, granadas y el logotipo Jumpman de Michael Jordan. Según comprobamos, al menos 158 de los venezolanos cautivos en El Salvador tienen tatuajes. Pero fuentes policiales expertas en el Tren de Aragua en Estados Unidos, Colombia, Chile y Venezuela nos dijeron que los tatuajes no son un indicio de membresía en la pandilla.
McLaughlin, vocera del DHS, declaró que el Departamento confiaba en su propio análisis de quién pertenecía a la pandilla, pero que no proveería información para justificarlo.
“Creo que el gobierno quiere presentar esto como un gran esfuerzo en pos de la seguridad pública de los Estados Unidos por razones políticas”, opinó John Sandweg, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Pero “incluso parte de la información del propio gobierno demuestra que hay una brecha entre lo que se dice y la realidad”, apuntó, en referencia a los registros oficiales internos que obtuvimos.
En ellos, 67 de los deportados figuran con cargos criminales pendientes, aunque no se proporcionan detalles sobre sus supuestos crímenes. Hallamos registros policiales, judiciales y de otro tipo sobre 38 de ellos. En algunos casos, su historia criminal difería de la indicada en los registros oficiales. Algunos acusados ya habían sido condenados y otro fue deportado aun después de que los cargos hubieran sido desestimados.
Nuestra investigación comprobó que, al igual que en los casos de deportados que recibieron condenas, la mayoría de esos cargos criminales pendientes se referían a crímenes no violentos, como hurtos en tiendas, posesión de drogas o infracciones de tránsito.
Seis de los 67 tenían cargos pendientes por intento de asesinato, agresión, robo armado, posesión de armas de fuego o violencia doméstica. Los defensores de derechos de los migrantes dicen que enviarlos a prisión en El Salvador antes de que sus casos sean resueltos implica que Trump, apelando a la autoridad del poder ejecutivo, eludió completamente el sistema de justicia.
Un ejemplo es el caso de Wilker Miguel Gutiérrez Sierra, de 23 años, quien fue arrestado en febrero de 2024 en Chicago bajo los cargos de intento de asesinato, robo y agresión agravada después de que él y otros tres venezolanos asaltaran a un desconocido en un tren y le robaran su teléfono y 400 dólares. Se declaró inocente. Gutiérrez era monitoreado electrónicamente a la espera de juicio cuando fue arrestado en la calle por agentes de ICE en cinco camionetas negras, según consta en las actas judiciales. Tres días más tarde fue despachado a El Salvador.
Pero la mayoría de aquellos catalogados como con cargos pendientes enfrentaban acusaciones menos serias, según los registros que encontramos. Maikol Gabriel López Lizano, de 23 años, fue arrestado en Chicago en agosto de 2023 por el delito de conducir su bicicleta por la acera mientras bebía una lata de Budweiser. Su pareja, Cherry Flores, calificó su deportación como una gran injusticia. “No debieron haberlo mandado para allá”, dijo. “¿Por qué lo tenían que agarrar por una cerveza?”.
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La Alianza Rebelde Investiga es una coalición editorial de medios venezolanos integrada por Runrun.es, TalCual y El Pitazo y este artículo se publica conjuntamente con:
Cazadores de Fake News, una organización de investigación digital
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The Texas Tribune, un medio informativo y apartidista comprometido con los texanos. Suscríbase a The Brief Weekly para estar al tanto de la información esencial sobre las cuestiones que afectan a Texas*Jeff Ernsthausen de ProPublica, Adriana Núñez y Carlos Centeno contribuyeron a este reportaje. Traducción de Gabriel Pasquini.
