En la vereda Cuatro de Tibú el llanto casi al unísono de tres niños no era capaz de opacar el sonido de las detonaciones. Una descarga tras otra, una lágrima tras otra. Unas y otras parecían ir al compás. Los niños temblaban con cada bala de alto calibre que zumbaba cerca de su casa. 

Pareciera pura suerte que ninguna alcanzara a cualquiera de los habitantes de ese lugar que, el 16 de enero de este año, despertaron en plena madrugada con un intercambio de disparos. Los tres niños, de 4, 8 y 10 años, no paraban de temblar. La madre y el padre trataban de mantener la compostura. Luego de varias horas, y múltiples detonaciones, la decisión era clara: tenían que irse de inmediato si querían seguir con vida. 

Ese fue el despertar de la familia que llamaremos González por motivos de seguridad, en esos días de enero cuando el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander y fronterizo con Venezuela, se volvió zona de guerra. Los González eran cinco. Los adultos guardaron lo que pudieron en distintas bolsas, cargaron a los dos niños más pequeños y, el 18 de enero, en medio de otra balacera, dejaron su vida atrás, se mojaron los pies con las aguas del río Tarra y tomaron una lancha que los pasó al lado venezolano. 

Después de varias horas de espera en ese lado del río, la familia tomó un transporte dispuesto por los militares venezolanos que los dejaría en la población de Casigua El Cubo. Los González se convertirían en una de las más de 67.000 personas desplazadas por el conflicto armado de la región del Catatumbo colombiano. “Los niños no paraban de llorar, creían que se iban a morir”, recuerda la madre en conversación con #LaHoraDeVenezuela. 

Las paredes de las casas de la región del Catatumbo tienen grafitis alusivos a los grupos armados que azotan a los habitantes. Foto: #LaHoraDeVenezuela.

Ahora, esta familia vive en Machiques de Perijá, municipio venezolano que en el oeste tiene a Colombia y en el este el lago de Maracaibo. En este lugar, los González consiguieron algo de paz. Aunque de vez en cuando los niños se despiertan llorando y gritando en mitad de la noche. A pesar de que están lejos del zumbido de las balas, esos sonidos y recuerdos siguen tatuados en su memoria. Los adultos también se sobresaltan con cualquier cosa que suene parecida a una detonación de bala, pero aseguran que la meta es darles una sensación de paz a sus hijos y por ello evitan que el susto se les haga demasiado evidente. 

Los tres niños volvieron a estudiar, fueron aceptados en un colegio de Fe y Alegría del municipio venezolano y el objetivo es que sigan en clases en este lugar. Volver a casa ya no es una opción, porque en esa casa siguen zumbando las balas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). 

La historia anterior es apenas la de tres niños de la región del Catatumbo. Tres de los casi 20.000 niños y adolescentes que se han visto obligados a movilizarse desde sus casas a espacios de acogida temporal, que parecieran volverse fijos con el pasar del tiempo. Según un reporte de Unicef Colombia, además de los 20.000 desplazados, hay unos 11.000 menores confinados en la zona y tienen necesidades urgentes. 

Muchos de los que permanecen en sus territorios no han podido volver a estudiar, han empezado a ir intermitentemente a clases o han tenido que continuar sus estudios desde casa, mediante guías y cartillas de autoestudio. La causa es el miedo. Los padres prefieren no enviar a sus hijos al colegio, sobre todo cuando hay enfrentamientos. Otros se quedan sin maestros. A mayo, 141 docentes habían salido por amenazas de los 11 municipios del Catatumbo en Norte de Santander, de acuerdo con datos de la Gobernación.

“Esto se convirtió en una zona de guerra desde enero. Yo nunca había vivido algo así. Pero sí podría afirmar que vivo en estado de alerta constante. En guerra”, dice un periodista de Ocaña, municipio de Norte de Santander, a un equipo de #LaHoraDeVenezuela que se trasladó hasta el lugar para conocer de primera mano cómo se vive en una de las zonas que más desplazados ha recibido durante el conflicto armado del Catatumbo. 

Pero, ¿qué significa para los niños y maestros vivir en una zona de guerra? “Los grupos al margen de la ley intervienen en las instituciones educativas. No solo de forma pacífica, sino también violando los derechos humanos de todas las personas que están en el conflicto. Aunque no hemos visto que hagan reclutamiento directamente en los salones de clases, sí sabemos que los grupos van a las escuelas y miran a candidatos potenciales, luego los van persuadiendo”, da a conocer a #LaHoraDeVenezuela una fuente relacionada con el sector docente del Catatumbo y que acude a la región casi todas las semanas. 

A su vez, líderes sociales de la zona aseguran que muchas veces los enfrentamientos se dan en inmediaciones de las escuelas y los grupos armados las toman como escudo en medio de los tiroteos. 

El rango de edades que buscan los grupos irregulares de la zona va desde los 14 hasta los 18 años. “Son los que más están expuestos al reclutamiento. Los pelados no le ven sentido a seguir estudiando. Quieren tener su plata porque en la zona hay muy poco incentivo para el estudio”, recalca la fuente del sector educativo. 

La guerra no solo afecta a los niños, sino también a los más de 2500 profesores que están repartidos en los trece municipios de la región del Catatumbo colombiano y que viven en constante riesgo, razón por la cual varios de ellos terminan abandonando la zona para proteger su vida. 

Para entrar a Tibú hay que pedir permiso a los grupos armados que controlan la zona. Foto: #LaHoraDeVenezuela.

“Para mí, los profesores son unos héroes. Ellos están ahí en la zona. Se quedan en los colegios. Esperan por los alumnos. Cuando la situación está más tranquila, entonces, los muchachos vuelven a cuentagotas. Hay algunos que pueden hacer clases virtuales, pero son muy pocos porque la conexión es muy mala”, explica la persona que trabaja en el sector educativo. 

Huir para salvarse

Los testimonios de los menores sobre aquellas primeras semanas del año demuestran que, aunque ya no estén viviendo en la zona de guerra, los recuerdos de esos momentos los atormentan a diario. Pero estas heridas también están en los adultos, que tuvieron que dejar atrás sus vidas y establecerse en Venezuela para salvarse del conflicto. 

“Cuando caminábamos hacia la frontera me dolía el alma ver a mis niños caminar tan asustados. Eso es algo que no olvidarás jamás”, dice la madre de la familia González. En su caso, la decisión más lógica fue establecerse en Machiques y no quedarse mucho tiempo en Casigua El Cubo, lugar al que llegó junto con su esposo e hijos en enero de este año. La familia no se sentía segura en un lugar que, aunque queda en Venezuela, está muy cerca del conflicto, y, además, tiene fuerte presencia de grupos irregulares, que no son repelidos por las autoridades venezolanas. 

Ella, con la voz entrecortada, recuerda que su hijo mayor, de 10 años, no quería comer por varios días, especialmente cuando llegaron a Machiques. 

Otra mujer a la que nombraremos Andrea* vivía en un caserío muy cercano a un pueblo llamado Tres Bocas, en Tibú. El 18 de enero, tomó a sus dos hijos, de 5 y 7 años, y cruzó la frontera No tuvo la misma suerte de la familia González. Andrea tuvo que caminar. Para acortar el camino, cruzó el río Tarra hacia Venezuela y desde el lado criollo caminó cerca de 23 kilómetros con sus hijos a cuestas hasta llegar a Casigua El Cubo. Era la manera de salvarse del conflicto armado. Aunque se siente tranquila en el poblado zuliano, reconoce que sus hijos no son los mismos. 

“Mis niños se levantan con sobresaltos. No paran de llorar cada vez que escuchan alguna detonación, creen que la guerra también está aquí”, afirma Andrea. Sin embargo, ella asegura que prefiere recuperar las heridas de sus hijos del lado venezolano que arriesgarse a volver a Tres Bocas en donde veía a los grupos armados controlar la zona con mano dura. “Ellos llegaban hasta la casa amenazando. Reclutando a menores y también adultos. Había explosiones todos los días a principio de año”, sentencia Andrea. 

#LaHoraDeVenezuela conversó, a través de Andrea, con uno de sus hijos para conocer cómo se siente actualmente, casi cinco meses después de haber escapado de la zona de guerra. “Extraño mi casa y mis amigos. Aquí no conozco a casi nadie. En el colegio se burlan de mí y me dicen el refugiado. Yo quiero volver a mi casa”, dice el niño de 7 años de edad, en compañía de su madre. 

El exilio forzado también toca a los profesores, por lo que las comunidades educativas del Catatumbo han quedado desmembradas.

Un profesor que nos dio su testimonio bajo la condición del anonimato cuenta que a la escuela donde daba clases en la zona rural del municipio de El Tarra llegaban regularmente hombres armados a pedirle internet o algo de agua. Si bien nunca recibió una amenaza directa, el incremento del conflicto lo llenó de miedo. En febrero pidió su traslado y lo enviaron a otra escuela del departamento. 

Su esposa, también docente, sigue vinculada a una escuela en el casco urbano de El Tarra. En abril, un retén en que la detuvieron hombres armados del ELN mientras se desplazaba a otro municipio colmó su paciencia y, por temor a volver a encontrarlos, decidió pedir también su traslado. Se fue a la Secretaría de Educación departamental, en Cúcuta, a denunciar que estaba siendo víctima de desplazamiento forzado. 

Cuenta que el caso lo está estudiando la Unidad de Protección de Víctimas y que aún no le dan una solución. Como decenas de profesores del Catatumbo que están a la espera de un traslado, va cada día entre ocho y once de la mañana a las oficinas de la Secretaría para firmar una planilla obligatoria y no incurrir en abandono del cargo.

Los profesores que están en el territorio enfrentan varias amenazas. Por un lado está la posibilidad de que resulten señalados de pertenecer a un grupo u otro. Varios conocedores de la región coinciden en que allá a los habitantes, desde niños, los asocian con uno u otro grupo guerrillero. Esa vinculación divide, también, a las comunidades educativas, y muchos maestros terminan expulsados por un grupo porque los relacionan con el bando rival.

Otras veces el profesor queda en medio de la lucha por el control territorial. “Lamentablemente las escuelas y colegios han sido víctimas de la confrontación armada. El maestro muchas veces no sabe a quién atender. Porque le llega una fuerza, luego le llega otra, y no sabe para dónde coger. Dentro del enfrentamiento, una fuerza lo obliga a permanecer en la escuela, y la otra fuerza lo obliga a salir del establecimiento educativo”, explica Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación Sindical de Institutores Norsantandereanos (Asinort).

Además, no faltan los oportunistas. “A veces, los maestros son extorsionados o por estos mismos sectores o por delincuencia común que se hacen pasar por grupos armados”, concluye Sánchez.

Un informe de la Gobernación de Norte de Santander señala que de los 141 docentes que salieron del Catatumbo amenazados, 75 habían sido reubicados a mediados de mayo. La Secretaría de Educación del departamento señala que la cifra de reubicados se sitúa ya por el orden de los 100 maestros. No es sencillo: el proceso implica que haya una plaza disponible en otro municipio, y que el profesor esté dispuesto a tomarla. 

Este éxodo de maestros afecta a cerca de 2000 alumnos en la región del Catatumbo, señala Hilse Aldana, subsecretaria de Políticas Educativas en la Secretaría de Educación de Norte de Santander. “Si el docente salió, el rector hace la programación a través de guías. La idea es que los niños, igual, no queden sin el servicio educativo —apunta—. Estamos trabajando para enviar a los docentes. Se ha realizado un estudio de planta para poder reubicar las plazas faltantes. En junio, una vez le pasemos al Ministerio el dato de cuál es la necesidad, ellos deben suplir los maestros que faltan”.

Aldana agrega que se está haciendo un trabajo con docentes orientadores para “darle la seguridad al padre de la importancia de enviar al niño a la escuela”. Pero los riesgos son altos en medio del conflicto armado.

Propuestas para mejorar la situación de los niños 

Una de las propuestas más recurrentes entre las fuentes consultadas por #LaHoraDeVenezuela es que se restablezca un diálogo en la zona del Catatumbo que involucre al gobierno de Gustavo Petro, a los grupos armados y a la sociedad civil. 

En los últimos días ha habido algunos avances. El 28 de mayo al 6 de junio en el resguardo indígena Barí Catalaura, el Gobierno nacional instaló un diálogo social con indígenas, líderes sociales y disidencias del Frente 33 de las FARC, para conversar sobre la creación de la zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú. Sin embargo, diversos analistas dicen tener dudas sobre la efectividad de esta medida. 

“Estas zonas de ubicación no podemos darlas por sentadas en el sentido en que hay diferentes opiniones sobre si eso es factible. Realmente, todos los comportamientos del Frente 33 están en modo de guerra intentando recuperar los terrenos que perdieron en la ofensiva del ELN. Hay combates activos casi todos los días, más que todo en Tibú”, dijo a El Espectador la analista senior de Crisis Group Elizabeth Dickinson. 

Mientras el gobierno espera reunirse con distintos actores afectados por el conflicto, los educadores abogan por la creación de la universidad del Catatumbo como una de las maneras de incentivar a los jóvenes a mantenerse en el camino del aprendizaje. No obstante, esta idea no pareciera tan viable como piensan los docentes. 

“Con la creación de esa universidad el muchacho vería un sentido para insertarse en el estudio, pero es complicado porque en esa zona la mayor parte de la plata viene de los cultivos ilegales, los pelados viven en condiciones precarias y ven la posibilidad de ganar dinero de esa manera”, afirma una fuente relacionada con el sector sindical y educativo del Catatumbo. 

En la zona son habituales las historias de menores que dejan el estudio para sumarse a las filas de los grupos guerrilleros. En el municipio de Hacarí, a dos horas de Ocaña, vive uno de los docentes que se ha dedicado al rescate de los jóvenes y, con éxito, ha logrado que varios abandonen las armas y vuelvan a los estudios. La historia de este profesor, al que llamaremos Simón para resguardar su identidad, es una muestra del trabajo que deben hacer los que se dedican a la enseñanza en la región del Catatumbo. Quienes conocen a Simón recuerdan que ha salvado a muchos adolescentes, que ahora le agradecen por haberlos encaminado. “Él conoce de algunos muchachos que decidieron tomar las armas e incursionar con un grupo guerrillero, un aproximado de seis o siete muchachos que se alzaron en armas, y al ver esa realidad, él decide, junto con otras personas de la junta de acción comunal, ir a buscarlos y convencerlos de que ese no es el camino”, recuerda un joven habitante de Ocaña que hace voluntariado en el Catatumbo. 

“Los jóvenes ahora están estudiando la educación superior; decidieron que ese era el camino que querían. El profesor comenzó a llevarlos a capacitaciones, a eventos por fuera del municipio y ellos comenzaron a darse cuenta de que detrás de esas montañas donde solo había grupos armados y donde solo había cultivos de hoja de coca, había algo más”, agrega el joven colombiano. 

La decisión de volver a las aulas les puede mostrar a los más jóvenes que la educación es una vía posible para mejorar sus condiciones de vida en medio una realidad tan convulsionada. Quizá de esa forma se puede reunir a las familias rotas por pertenecer a un bando u otro y detener la expulsión de los maestros de sus escuelas. Pero mientras no cese el enfrentamiento de los grupos armados ilegales y mientras persistan las condiciones de pobreza y abandono en el Catatumbo, habrá docenas de familias como los González o mujeres como Andrea que crucen la frontera en busca de tranquilidad en Venezuela. Un líder sindical de la zona resume lo que ocurre con una predicción perentoria: “Esta guerra hace un daño enorme a la región, que no va a permitir que la sociedad catatumbera se vuelva a abrazar como antes. Tal vez por una o dos generaciones”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.