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El deseo incumplido de un feliz cumpleaños

Era un momento incómodo. Más bien, un mal rato. Una de esas escenas que luego se recuerdan como un trago amargo, como una pésima jugada del destino. ¿Cómo celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero? ¿Había realmente algo que celebrar? Era una noche triste en esa casa de Cabudare, estado Lara.

Johanny Méndez puso en la mesa un bizcocho de vainilla recubierto de crema blanca y azul, que había encargado para cantarle el cumpleaños a su sobrino Gabriel, quien ese 19 de junio, en su cumpleaños 17, estaba ausente. Llevaba 5 meses detenido. Y por más que la familia insistió, la juez que llevaba su caso les impidió celebrar juntos.

Aquella noche, la familia dejó una silla vacía en la mesa, encendieron velas y apagaron las luces.

“Ay que noche tan preciooosaaaa… Es la noche de tu díííaaa…”.

Nunca antes la canción del cumpleaños había parecido tan paradójica.

“Yo por mi parte deseeeooo… Lleno de luz ese díííaaa…”.

La brisa de la noche hacía titilar las velas.

“Y ruego a Dios porque pases… Un cumpleaños feliiiz”.

Un cumpleaños feliz, ese deseo incumplido.

Esta historia comenzó 5 meses antes, exactamente a las 5:00 de la tarde del 9 de enero de 2025, cuando Johanny recibió una llamada anónima. “¿Será Gabriel?”, se preguntó. “¿Será que se quedó sin batería y pidió un teléfono prestado para llamar?”, pensó al ver el número desconocido. Atendió de inmediato:

—Aló.

—Unos guardias se llevaron detenido a Gabriel por guarimbero —escuchó al otro lado de la línea.

Después, quien llamaba colgó.

¿Quién era? ¿Cómo era posible que unos guardias hubieran detenido a su sobrino de tan sólo 16 años? Él le había dicho a la tía que, al terminar su jornada laboral (por esos días de asueto navideño estaba trabajando en una panadería, entusiasmado con la idea de ganar su propio dinero), iría al médico por la tos y la fiebre que no se le habían quitado en semanas.

“No tiene sentido —pensó la tía— debe ser un error”.

Sin embargo, se preocupó, y con razón. Ese día el país estaba sumido en una bruma de tensión política: al día siguiente, 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro asumiría un nuevo período presidencial, pese a que los resultados electorales del 28 de julio de 2024 habían sido cuestionados por la ciudadanía y la comunidad internacional. Y pese a que el Consejo Nacional Electoral aún no hacía público los escrutinios, mesa por mesa, como exige la legislación. Edmundo González, quien de acuerdo con las actas electorales recolectadas por la oposición había resultado ganador de la contienda, había anunciado que volvería al país, luego de exiliarse en España.

La gente revivía un trauma reciente: luego del 28 de julio de 2024, aquel domingo en que Nicolás Maduro fue anunciado como ganador, mucha gente se volcó a las calles para protestar y hubo una ola represiva inédita por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Organizaciones civiles documentaron al menos 1 mil 650 detenciones en menos de un mes, de las cuales más de 100 eran adolescentes: adolescentes como Gabriel.

Tan pronto como pudo, Johanny salió a tratar de dar con el paradero de su sobrino. Y fue así como comenzaron estas horas cargadas de ansiedad, incertidumbre y miedo que, meses después, no terminan.

Johanny era la única de la familia que podía dar la cara por su sobrino, quien estaba a cargo de la abuela desde que la madre de Gabriel migró un par de años atrás. Fue al Destacamento 123 del sector La Montañita, en Cabudare, y allí no le dieron información. Entonces, allegados a la familia le recomendaron que se pusiera en contacto con organizaciones de la sociedad civil que podrían ayudar.

Eso hizo. Abogados de dos ONG le explicaron que haberle negado información era una vulneración a los derechos humanos. Y que a Gabriel lo debían presentar en tribunales en máximo 48 horas, frente a su familia y con un abogado defensor en el que él confiara.

Johanny se fue a la Fiscalía, en Barquisimeto, la capital del estado Lara, para preguntar por su sobrino. Esperó el resto del día y tampoco obtuvo respuestas. Ya muy de noche, más preocupada aún, volvió a casa.

Al día siguiente, 10 de enero, regresó a la Fiscalía. Esta vez los funcionarios le dijeron que no se llevaría a cabo la audiencia de presentación de su sobrino, porque no había electricidad. Y que tenía que esperar.

Johanny y otros familiares siguieron esperando en las afueras de la Fiscalía durante casi dos días. Hasta que, a la medianoche del 12 enero, le permitieron entrar. Sintió un poco de alivio; pensó que, al fin, iba a ver a su sobrino.

Pero a quien encontró dentro fue a la defensora pública que le habían asignado a Gabriel.

—Ya el chamo tuvo su audiencia de presentación: le imputaron los delitos de terrorismo, promoción e incitación al odio y cierre de vías —le informó la mujer.

—Ya va… Pero sus familiares estamos acá esperando desde hace días y no nos dejaron entrar.

—Ya se presentó ante un juez, señora. En unas horas lo llevarán al Centro Socioeducativo Profesor Aristóbulo Istúriz —respondió la abogada, refiriéndose al centro penitenciario del estado Lara para adolescentes en conflicto con la ley.

—Pero no estuvo ningún familiar.

—Sí, bueno…

—Pero eso es ilegal… No estuvo ningún familiar. ¡¿Cómo es posible?!

Al verla alterada, la abogada le contó a Johanny sobre la situación de Gabriel, que, hasta ese momento, desconocía.

De acuerdo con la versión de la defensora pública, aquella tarde del 9 de enero él estaba caminando por una avenida en la que había una protesta ciudadana espontánea. Seis guardias nacionales lo rodearon y lo detuvieron. ¿La razón?

—Vieron que tenía pinta de guarimbero. Lo van a juzgar como a un adulto —intervino un policía que se incorporó a la conversación—. Eso es un castigo por andar de guarimbero.

¿Pinta de guarimbero? Ese día Gabriel vestía como cualquier día: llevaba bermudas y un suéter negro para paliar los escalofríos de la fiebre.

—¡Tranquila, chica! Si se porta bien le darán tres meses de detención y listo… —le dijo el policía.

—¿Qué debo hacer para que él esté libre, aunque sea para que se gradúe con su promoción, para celebrar su cumpleaños?

—Él debe solicitar su libertad.

Johanny salió molesta, ansiosa y triste. Tenía la convicción de que su sobrino no había hecho nada malo. Lo conocía bien. Era un joven noble, con sueños. Un chico que anhelaba graduarse de bachiller con sus amigos. Que le encantaba la panadería y jugar béisbol. Que tenía la ilusión de viajar a Colombia a conocer a unos primos con los que siempre hablaba. Gabriel no era alguien que normalmente se animaría a protestar en la calle.

Por todo eso Johanny dudaba de esa versión que le acababan de contar. Pero si fuera el caso, los abogados de las ONG le insistieron en que protestar no era un delito; era más bien un derecho refrendado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

Los abogados también le explicaron que el sistema de justicia venezolano estaba vulnerando a Gabriel y a su familia al impedirles tener un abogado privado. Y le dijeron que, al ser acusado de terrorismo, posiblemente lo trasladarían a Caracas, porque sólo en esa ciudad están los jueces designados para esos casos.

Johanny y su familia tenían que comprar el uniforme que Gabriel debía usar mientras estuviera privado de libertad (monos de color azul marino y chemises de color azul claro) e ir al centro penitenciario a llevarle comida y medicinas. Y días después de la audiencia de presentación, supo que la abogada pública que le asignaron había renunciado al caso y otra asumió su lugar.

“Esto será muy cuesta arriba”, pensó Johanny sin entender muy bien el laberinto legal en que se encontraban.

De acuerdo con la ley venezolana, la audiencia preliminar —en la que el juez decide si admite la acusación y abre el juicio oral, o si archiva el caso o decreta un sobreseimiento— debió realizarse en menos de 15 días luego de la acusación ante el juez de control. En este caso, fue el 17 de febrero, 35 días después de la audiencia de presentación. La familia no pudo entrar. Esperaron afuera hasta que la abogada les dijo que él no había aceptado los cargos que se le imputaban, y que la juez había determinado que debía comenzar un juicio oral, que harían por videollamadas, porque la juez estaba en Caracas.

A lo lejos, Johanny vio cuando sacaron a Gabriel del tribunal y lo hicieron subir en un carro. Ella lo notó pálido. Pero sus ojos oscuros y almendrados sonrieron al verla. “Vas a salir y te vas a graduar pronto. No te voy a abandonar”, pensó ella.

Días después, Johanny le preguntó a varios funcionarios cómo podía hacer Gabriel para seguir sus estudios; y les insistió en que era un buen alumno, que llevaba un promedio de 17 puntos. “No voy a permitir que me trunquen su educación”, les dijo. Y resultó: luego de tramitar varios permisos, logró que le entregaran las asignaciones escolares para que las hiciera.

Más tarde, la directiva de su colegio pidió testificar: alzar la voz, dejar claro que Gabriel era un chico con buena conducta, pero los funcionarios se lo negaron porque, dijeron, sólo los que estuvieron presentes en la detención podían hablar.

Las audiencias en la fase del juicio oral también debían ocurrir cada 10 o 20 días. Pero cada semana Johanny iba al tribunal en Barquisimeto y los funcionarios le decían que no se podían realizar por los cortes de electricidad. Sin electricidad no podían hacer la videollamada con la juez. Hasta que finalmente el 18 de marzo se llevó a cabo el inicio del juicio oral, un mes después de la fase preliminar.

AJohanny le negaron la entrada, pero pasó todo el día en las afueras del tribunal, hasta que en la noche pudo ver a su sobrino:

—No he hecho nada malo, no he violado ningún mandato de Dios —le dijo Gabriel mientras se abrazaban—. Me he puesto a hacer las tareas que me mandas, de verdad me quiero graduar.

Y aprovechó para contarle todo lo que le había pasado.

Ese 9 de enero, Gabriel caminaba por las calles de Cabudare. Estaba regresando de su último día de trabajo vacacional como panadero cuando seis motos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo rodearon. Él se quedó paralizado. Los GNB bajaron con armas de fuego y le preguntaron por qué estaba guarimbeando. Él dijo que iba al médico, pero no le creyeron.

Lo detuvieron, le contaron después que por tener “una pinta de guarimbero”, por llevar short y suéter negros.

Su fiebre aumentó en el centro de reclusión. Hicieron que un médico lo examinara. Le diagnosticaron una infección pulmonar, pero no le dieron un informe clínico. Le indicaron antibióticos, antiinflamatorios, expectorantes y nebulizadores; medicamentos con los que mejoró.

Gabriel no paró de repetirle a su tía que él era inocente, hasta que los policías los separaron.

Como parte del juicio, la corte debía llamar a los seis guardias para que dieran su versión de los hechos. La audiencia estaba pautada para el 1ro de abril de 2025. Pero se pospuso: Nicolás Maduro había anunciado un nuevo “esquema de racionamiento” del servicio eléctrico porque las hidroeléctricas que surten al país estaban casi secas y no podían generar suficiente energía para el país. El nuevo esquema lo llamaron “1×1”: las instituciones públicas trabajarían de forma interdiaria a partir del 1ro de abril.

Movieron la audiencia para el 14 de abril.

Ese encuentro también fue cancelado: esta vez los funcionarios dijeron que no podían trabajar por el asueto de Semana Santa, que empezó días antes por órdenes inmediatas de la Vicepresidencia de Maduro. Y no le avisaron a la familia de Gabriel cuándo sería la nueva fecha para la audiencia.

Johanny se enteró a través de una llamada anónima de un funcionario que Gabriel había tenido la audiencia el 23 de abril. La familia ni la abogada lo sabían. Sin titubear, después de esa llamada, decidió correr hasta el tribunal para ver a su sobrino, pero ya la audiencia había concluído y le dijeron que no había avances en el caso. Le dijeron que la próxima audiencia sería el 8 de mayo: también la suspendieron porque ese era un día no laborable, de acuerdo con el esquema “1×1”.

Fue el 30 de mayo cuando al fin los 6 guardias pudieron testificar. Johanny esperó en las afueras de los tribunales para volver a abrazar a su sobrino.

—No entiendo lo que pasa —le dijo Gabriel en voz baja—. La juez me dijo que yo tenía que explicarle lo que había pasado, porque cada guardia tenía una versión completamente diferente de lo que pasó.

Gabriel le relató que, mientras un GNB decía que lo habían arrestado a las 3:00 de la tarde del 9 de enero, otro decía que el arresto había sido a las 4:00. Uno decía que Gabriel tenía palos, piedras, cauchos y gasolina, pero otro decía que el adolescente no tenía nada.

Gabriel le contó que sólo pudieron hablar cinco de los seis funcionarios porque uno de ellos no tenía una cédula de identidad ni registro fiscal, requisitos necesarios para hablar ante la corte.

—Sé que es difícil, pero quédate tranquila. Estoy bien. Dicen que van a abrir una panadería dentro del retén, pienso amasar allí para no perder la práctica. Estoy seguro de que me graduaré dentro de poco y celebraré con ustedes y el salón.

La abrazó más fuerte y le prometió que iba a hornear su propia torta de cumpleaños.

En ese momento, los policías le recordaron que debían separarse.

—Eso sí, quémame ese suéter negro. No lo quiero ver más.

Los policías les dijeron que debían esperar una nueva audiencia para que el guardia que no tenía cédula consiguiera una y pudiera testificar. La siguiente audiencia fue el 5 de junio, seis días después de la última presentación, pero el funcionario no acudió con una cédula de identidad nueva.

Agendaron una nueva audiencia para el 17 de junio.

El 10 de junio, Johanny preguntó si era posible que alguno de sus familiares visitara al adolescente el día de su cumpleaños, que se acercaba. El día 19 cumpliría 17 años. Y le dijeron que sí. Fue entonces cuando la tía encargó un bizcocho para honrarlo.

Llegó el 17 de junio y la audiencia ocurrió sin avances: el GNB seguía sin documentos de identidad para testificar.

El 18 de junio en la mañana, los funcionarios llamaron a Johanny para decir que habían cancelado la petición de la familia de celebrar el cumpleaños de Gabriel. Johanny preguntó en la Fiscalía por qué negaron la petición de repente, pero no obtuvo respuesta. Pese a la noticia, decidió ir a recoger la torta junto a la hermana del muchacho.

Celebraron en la casa, sin Gabriel, como un acto para renovar sus ánimos.

“Si él aún tiene esperanza en que saldrá pronto, yo no voy a perderla”, repetía mientras picaba el pastel. Guardaron un trozo para llevárselo.

El 20 de junio los guardias del centro de reclusión le dijeron a Johanny que Gabriel había comido su torta en soledad. Ella aún conserva el suéter negro, esperando que sea él quien decida qué hacer con él, cuando todos juntos prueben la dulzura de la libertad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Relevo político estancado y el mal de la reelección: dos muestras de las municipales

Las elecciones municipales no solo siguen el rastro de opacidad y deterioro de la integridad electoral de los comicios pasados, según han destacado expertos electorales, sino que muestran el estancamiento del liderazgo en las regiones –tanto de la oposición como del oficialismo– marcado por varios factores, entre ellos la represión y persecución política.

Para estos comicios, previstos para el 27 de julio, se elegirán a los alcaldes de 335 municipios. El estado Guayana Esequiba, cuyo gobernador fue electo el pasado 25 de mayo, todavía no ha hecho su división político territorial, por lo cual no tiene cargos a escoger en este evento. 

62,68% de los alcaldes actuales optan por la reelección el próximo 27 de julio, según una revisión hecha por TalCual, pero dentro del espectro hay mandatarios que ya tienen 20 años ejerciendo el poder municipal. Esos son los casos de Giuseppe Palmieri (Palmasola – Falcón),  José Otalora (Santos Marquina – Mérida), Onofrio Cavallo (Turén – Portuguesa) y Natalia Chacón (Lobatera – Táchira).

Todos ellos pertenecen al oficialismo: primero como militantes del Movimiento V República, que luego dio paso en 2008 al Partido Socialista Unido de Venezuela. Justamente es el PSUV quien tiene la mayor cantidad de cargos bajo reelección: 67,14%. 

Para el politólogo y consultor político Enderson Sequera, la “radiografía” del 27 de julio muestra “una elección sin candidatos visibles, con nulo interés en el electorado y que, al final, será un proceso más de adjudicación donde desde el poder se decidirá quiénes serán los nuevos alcaldes del país”. 

*Mientras que esa cantidad de cargos a reelegir, señala Sequera, responde a dos causas fundamentales. “Primero, la no participación de la oposición democrática en los comicios, aquella que ganó la elección presidencial del pasado 28J, limita la renovación y refrescamiento de liderazgos y candidaturas”, explica.

Lo segundo obedece a que “el chavismo y su oposición a la medida son estructuras viejas, caducas y anquilosadas. Responden a la lealtad, más que a la renovación de sus bases a los liderazgos”.

El mal de la reelección

La figura de la reelección indefinida en Venezuela fue instaurada vía enmienda constitucional en 2009 promovida por el expresidente Hugo Chávez, quien presionaba desde 2007 con una reforma de la Constitución que no solo permitiera la postulación indefinida a cargos de elección popular sino el aumento del periodo presidencial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una opinión consultiva hecha en 2021, señaló que “los principios de la democracia representativa incluyen, además de la periodicidad de las elecciones y el pluralismo político, las obligaciones de evitar que una persona se perpetúe en el poder, y de garantizar la alternancia en el poder y la separación de poderes”.

Por tanto, la figura de la reelección indefinida –presidencial, en el caso revisado por la Corte y planteado entonces por Colombia– va en contravía de estos principios de la alternancia democrática, propicia el ventajismo en contiendas electorales y “conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder”. 

Desde el año pasado está en marcha una propuesta de reforma constitucional, planteada por Nicolás Maduro y que será entregada a la Asamblea Nacional que se instale en 2026. Si bien nunca se dieron a conocer plenamente los cambios a implementar en la Constitución, figuras como Luis Eduardo Martínez hicieron propuestas para eliminar la reelección presidencial indefinida. 

El politólogo Enderson Sequera considera que “en el próximo arreglo constitucional e institucional en Venezuela, se debe limitar la figura de la reelección. No sólo para el presidente, sino para otros miembros del poder público. Esta figura limita la sana alternabilidad en el poder y da lugar a fenómenos más propios del caudillismo político y cacicazgo en las regiones, que a la sana competencia democrática”. 

Ese “cacicazgo” que menciona Sequera bien lo representan los alcaldes del PSUV como Otalora o Chacón, que acumulan el mayor tiempo en el ejercicio del poder municipal en Venezuela, aunque no son los únicos. 

En un recuento hecho por TalCual, se constató que los alcaldes Carmen Benítez (Candelaria – Trujillo) y Luis Duque (Sucre – Yaracuy), ambos del PSUV, ya tienen 17 años en el poder y optan por renovar sus mandatos en estas elecciones, con lo cual superarían las dos décadas al poder en sus respectivos municipios. 

Alexander Naser es alcalde de San Juan de Capistrano (Boca de Uchire, estado Anzoátegui) desde 2013, mientras que Elbert Vivas está al frente de Pedro Gual (Cúpira, estado Miranda) desde 2014. También pertenecen al PSUV.

Otros 26 alcaldes del oficialismo, Fuerza Vecinal, Acción Democrática o Un Nuevo Tiempo en 13 entidades del país ya cumplen ocho años en el poder y buscan sumar otros cuatro años, como Gustavo Duque (Chacao, estado Miranda), León Jurado (San Diego, Carabobo), Darwin González (Baruta, Miranda), Yonys González (Sucre, estado Zulia), Morel Rodríguez (Maneiro, Nueva Esparta) y Alenis Guerrero (Santa Rita, Zulia). 

¿Son posibles nuevos liderazgos?

El politólogo Enderson Sequera destaca que el oficialismo “cerró la ruta electoral” a partir de las elecciones presidenciales, cuyos resultados son señalados como un “fraude” por la oposición que lidera Edmundo González y María Corina Machado, al tiempo que desató “una de las mayores operaciones de terrorismo de Estado que haya conocido el continente en los últimos años. Esto, sin lugar a dudas, limita el surgimiento de liderazgos y, en esencia, el ejercicio de la oposición política”.

La represión desatada por las autoridades luego de las presidenciales dejó más de 2.200 personas detenidas, según informó el Ministerio Público en agosto pasado. Casi dos mil fueron excarceladas bajo medidas cautelares, pero las detenciones selectivas contra la militancia opositora –acrecentada durante la campaña de cara al 28 de julio– no se han detenido.

Según la iniciativa La Hora de Venezuela, desde el 28 de julio de 2024 y hasta el 25 de mayo se contabilizaron al menos 253 dirigentes y activistas políticos detenidos por los cuerpos de seguridad. La mayoría de los arrestos arbitrarios correspondieron a integrantes de Vente Venezuela, la organización fundada y dirigida por María Corina Machado. 

“La única ventana que va a permitir el surgimiento y refrescamiento de liderazgos en Venezuela sería el inicio de una transición a la democracia. Mientras esto no ocurra, el liderazgo en Venezuela que se opone al chavismo está condenado a la persecución, la cárcel, el exilio o la muerte”, afirma el consultor político.

¿Y qué hay del PSUV? El politólogo Sequera señala que “el principal objetivo del chavismo es permanecer en el poder. Para ello, están dispuestos a asumir cualquier cosa”. Es por eso que en su selección de candidaturas, apunta, “priorizan la lealtad antes que las capacidades para gobernar”.

“Están más concentrados en evitar que los nuevos alcaldes conspiren, y por eso eligen cuadros leales, en lugar de pensar en las capacidades de estos nuevos gobernantes para gestionar la vida en el municipio”, puntualiza. 

Las “conspiraciones” y otros delitos cometidos presuntamente por opositores o chavistas también se demuestran en el cambio de figuras municipales. 10,98% de los municipios del país han tenido problemas con sus alcaldes o alcaldesas desde las últimas elecciones en 2021: 18 han sido detenidos (dos fueron excarcelados y uno se fugó de prisión), 12 fueron inhabilitados por la Contraloría General, tres son investigados por presunta corrupción, cuatro son perseguidos por razones políticas y dos murieron en el cargo. 

Al menos siete de esos reemplazos, que vienen de los concejos municipales (Lilys Osuna en El Tigre, Lasmit Verde en Carora) o los cargos directivos de las Alcaldías (caso Adrián Romero en Maracaibo), buscan permanecer al frente de sus localidades. 

Otros seis sustitutos, todos del chavismo, también buscan permanecer en las Alcaldías tras renuncias, como sucedió en los casos de Dina Castillo Ortega en Valencia y Diógenes Lara en Sucre, o su elección como gobernadores: Ornella Arbeláez en Piar (Bolívar) tras sustituir a Yulisbeth García, Lisbed Parada en Urachiche (Yaracuy) en sustitución de Leonardo Intoci,  Edgar Labarca en Mara (Zulia) en sustitución de Luis Caldera, y Asnardo Rodríguez en Tucupita (Delta Amacuro) en reemplazo de Loa Tamaronis. 

“Si hay liderazgos valiosos en el PSUV, la única manera que estos se terminen mostrando no es por su talento o capacidades, sino porque muestran su total y absoluta lealtad a la revolución”, afirma Enderson Sequera.

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JEP: El Estado pasó de una “persecución selectiva a una represión masiva” tras presidenciales

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Casi al cumplirse un año tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que en el país persiste una de las fases más represivas de las últimas dos décadas. La organización alertó que más de mil personas siguen detenidas por motivos políticos, la mayoría en condiciones que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Antes del 28 de julio del 2024 había un registro de poco más de 300 personas presas por razones políticas, y ese número se incrementó de forma exponencial a partir del 29 de julio del 2024″, declaró Martha Tineo, coordinadora general de la organización, citada en una nota de prensa.

La ONG señala que el Estado venezolano ha pasado de una “persecución selectiva a una represión masiva”, orientada contra activistas, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición y sectores de la sociedad civil, en un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del proceso electoral y ausencia de garantías democráticas.

Patrón de criminalización y condenas anticipadas

Entre las principales irregularidades denunciadas, JEP ha documentado detenciones sin orden judicial, imputaciones sin fundamento, privaciones de libertad prolongadas sin juicio y graves obstáculos al derecho a la defensa.

“En muchos casos, o en la mayoría de los casos, no se han realizado los juicios correspondientes. Estas personas se mantienen privadas de libertad cumpliendo una suerte de condena anticipada”, advirtió Tineo.

A esto se suman las condiciones precarias en los centros de reclusión. La ONG ha recibido denuncias de hacinamiento, falta de agua potable, atención médica, alimentos y acceso a medicamentos. “Se reportan casos de deterioro grave en la salud física y mental de estas personas”, alertó la activista.

Adolescentes detenidos y uso del aislamiento

Justicia, Encuentro y Perdón manifestó su preocupación por la detención de cuatro adolescentes en entornos inadecuados para su edad, lo cual constituye una violación a la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, la ONG identificó el uso sistemático del aislamiento y la incomunicación como forma de castigo y coerción, lo que vulnera los estándares internacionales sobre detención.

“Insistimos en que el aislamiento y la incomunicación pueden ser considerados tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La incomunicación prolongada vulnera absolutamente todos los estándares internacionales sobre detención”, alertó Tineo.

Impacto colectivo y llamado internacional

Para Martha Tineo, el drama de la prisión política no se limita a quienes se encuentran tras las rejas luego de las elecciones: “Si hablamos de más de mil personas detenidas por razones políticas, entendemos que el impacto de la prisión abarca a muchas más, a miles de personas, si consideramos a todos los miembros de su familia”, dijo.

La denuncia de JEP coincide con el más reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien señaló en junio de 2025 que el patrón de detenciones arbitrarias en Venezuela “socava gravemente el Estado de derecho” y constituye “una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos”.

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Al menos 20 personas de la tercera edad son considerados presos políticos en Venezuela

En un país donde la situación política y social oscurece las garantías individuales, el reciente arresto del químico Armando José García Miragaya, acusado de colaborar con el FBI en el marco de supuestas conspiraciones, evidencia nuevamente las violaciones de derechos humanos contra las personas de la tercera edad en Venezuela.

La detención de García Miragaya se suma a una lista creciente de casos que involucran a ciudadanos particularmente vulnerables: los adultos mayores, cuyo encarcelamiento contradice principios legales fundamentales de Venezuela. 

Para comprender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas, la abogada Martha Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, ofrece una perspectiva sobre el marco legal que debería regir en casos como los arrestos contra las personas de la tercera edad, pero que, a menudo, parecen ser ignorados por los aplicadores de justicia.

Tineo, que está al frente de la ONG que defiende a personas presas políticas, enfatiza que la Constitución de 1999, en su artículo 44, establece un pilar democrático: “La libertad personal es inviolable”. La jurista, quien conversó con Efecto Cocuyo, mediante un contacto telefónico, señala que este precepto significa que “ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”.

Añadió que, incluso en flagrancia, “será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención”. Además, la norma subraya el principio de que “será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”.

La abogada y defensora de derechos humanos también citó el artículo 299 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), que también establece que  “toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código”. Además recordó que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Jueces no pueden ordenar cárcel para adultos mayores

Tineo destaca el artículo 231 del Copp que prohíbe a los jueces “decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años“. En su lugar, si una medida cautelar es indispensable, la normativa especifica que “se decretará la detención domiciliaria”, una protección explícita para los adultos mayores con la que se busca salvaguardar su bienestar en el marco de un proceso judicial.

Sin embargo, la realidad de muchos adultos mayores en el país dista de lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

“Todos estos derechos son violados en general”, afirma Tineo, quien agrega que “específicamente en cuanto a los adultos mayores hay prohibición de privativa de libertad a los que alcanza más de 70 años, norma también violada”.

Además, las “medidas humanitarias por razones de salud” —contempladas en el Copp para quienes padecen enfermedades graves, permitiendo medidas sustitutivas a la privación de libertad— también “son desatendidas”.

La situación, según Tineo, es incomprensible desde una perspectiva de respeto a la legalidad y los derechos. 

“Lamentablemente no puedo yo explicarlo, más que insistir en el irrespeto a los derechos humanos de estas personas”, afirma, refiriéndose a quienes están privadas de libertad “contrario a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”. 

Es en este contexto de leyes desatendidas y derechos vulnerados gracias a una data facilitada por Justicia, Encuentro y Perdón, Efecto Cocuyo documentó quiénes son las 20 personas presas por motivos políticos de la tercera edad en Venezuela. 

Los presos políticos de la tercera edad

Cómo fueron detenidos

De 70 años o más

José Raúl Amiel

Periodista, cineasta y publicista, de 76 años de edad,  a quien detuvieron el 22 de mayo de 2025 cuando funcionarios de inteligencia allanaron su casa. Su arresto se produjo tres días antes de las elecciones regionales y parlamentarias. Aunque no hay una confirmación oficial sobre su sitio de reclusión ni los motivos exactos de su detención, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y otras organizaciones denunciaron su arresto como arbitrario y lo señalan como un caso de desaparición forzada.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) exigió información sobre Amiel. El comunicador presenta problemas de tensión arterial y de movilidad en una rodilla. Su hijo, Raúl Hirsey Amiel Hevia, también fue arrestado el 5 de mayo de 2025 en el estado Táchira y estuvo desaparecido por al menos nueve días.

William Dávila

Al exdiputado Williams Dávila, de 74 años de edad y exgobernador de Mérida, lo apresaron el 8 de agosto de 2024, en Los Palos Grandes, al este de  Caracas, varios funcionarios encapuchados.

Su detención ocurrió cuando salía de una manifestación o vigilia por presos políticos y se le acusa de incitación al odio, instigación a la rebelión y asociación para delinquir.

La familia de Dávila denunció que su detención fue arbitraria y sin orden judicial, y ha exigido en reiteradas oportunidades su inmediata liberación. Además, han expresado preocupación por su salud precaria, ya que Dávila tiene antecedentes de una operación cardíaca con implante de un stent y debe tomar anticoagulantes. 

Dávila permanece detenido, tras sus complicaciones médicas, dentro de un centro de salud en Caracas donde tiene vigilancia permanente de agentes de seguridad. 

Armando José García Miragaya

Es un químico y exvicepresidente de Pdvsa, de 72 años. Fue detenido el 1 de julio de 2025 en Caracas y lo acusan de espiar para el FBI sobre la presencia de supuestas bases iraníes en Venezuela. 

La administración de Maduro, a través del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo señaló sin pruebas públicas, al alegar que proporcionó datos para vincular al país con terrorismo.

Organizaciones denuncian su detención como persecución política. No hay información oficial sobre su paradero ni proceso judicial. 

Ulises Rafael Seijas

Fue detenido junto a otros 14 ciudadanos de Calabozo, estado Guárico, el 5 de agosto de 2024, tras las manifestaciones poselectorales y está recluido en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. 

Seijas, de 70 años de edad, padece  de hipertensión arterial, Síndrome Hemorroidal, Hiperplasia Prostática, grado II y lumbagos. 

Los familiares exigen su liberación y aseguran que no hay pruebas de actividades terroristas, que han sido la mayoría de los delitos por los que han sido imputadas las personas detenidas en el contexto poselectoral.

De 65 a 69 años 

Yosida Vanegas

Yosida Vanegas Monasterios, de 68 años de edad, es la madre de Juan Carlos Monasterios, un militar retirado y preso político condenado por el “caso de los drones”. La arrestaron el 15 de agosto de 2023 en el estado Táchira al regresar al país, a pesar de no haber sido solicitada previamente por las autoridades. 

Se le acusa de ser financista de actos de terrorismo, una imputación que su familia califica de “absurda”, dado que en 2019 incluso había cooperado con la Dirección de Contreinteligencia Militar (Dgcim) como testigo en allanamientos relacionados con el caso de su hijo, y ahora aparece una supuesta orden de captura de 2018. 

Desde su detención, permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) en Los Teques, estado Miranda.

En cuanto a su situación de salud y condiciones Vanegas se encuentra “prácticamente desamparada” en el Inof. Su hija ha expresado su preocupación y responsabiliza al gobierno por cualquier cosa que pueda sucederle a su madre y clama por su liberación.

Ulises Ramón Martínez Silva

Es coordinador de Vente Venezuela en Barcelona, estado Anzoátegui. Lo detuvieron agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 8 de junio de 2025, según denuncias realizadas en redes sociales. 

Martínez, de 67 años, padece hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II. Desde el momento de su detención se desconoce su paradero. Sus familiares exigen la libertad del político y su hermano Freddy González Silva exigió una fe de vida. 

“Queremos una fé de vida ya que no sabemos nada de él y tampoco lo han presentado”, dijo mediante una publicación en la red social Instagram.

Óscar Rafael Pérez Romero

Un coronel retirado de 65 años. Detenido el 26 de abril de 2020 en Los Teques, estado Miranda, por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana. 

Su detención se vinculó a una presunta relación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019. Durante el operativo, el coronel fue golpeado por los efectivos de las Faes y su casa sufrió destrozos. 

Actualmente se encuentra detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Boleíta, al este de Caracas.

Carlos Chancellor

Carlos Chancellor, de 66 años de edad y exalcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, fue detenido por tercera vez el 7 de agosto de 2024 en Anzoátegui. Las causas de esta aprehensión reciente no han sido completamente aclaradas, aunque detenciones anteriores, como la de 2020 en Porlamar, Nueva Esparta, se atribuyeron a órdenes de aprehensión de un caso de 2005 que nunca eliminaron del sistema judicial.

Su condición de salud actual es grave, ya que el exalcalde está en riesgo de quedar ciego por una hemorragia ocular interna y padece una masa tumoral en el cuello.

Los familiares de Chancellor denuncian con insistencia la falta de atención médica especializada, incluyendo la necesidad de retinólogos, cirujanos y cardiólogos. Realizaron múltiples llamados a las autoridades para que se le brinde el tratamiento adecuado, pero estos no han tenido éxito.  

Chancellor se encuentra recluido en el Centro de Procesados y Penados área Metropolitana de Caracas 1, máxima seguridad (Sebin, El Helicoide). 

Américo de Grazia

Américo De Grazia, de 65 años de edad, fue detenido el 7 de agosto de 2024 por autoridades venezolanas y permanece recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide. La detención del exdiputado a la Asamblea Nacional de 2015 se produjo tras las manifestaciones postelectorales. 

Sus familiares y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos exigen su libertad.

De Grazia padece una infección pulmonar grave causada por un hongo. Sus familiares advirtieron que su vida está en riesgo y exigen asistencia médica inmediata, responsabilizando al Estado venezolano por su bienestar. 

Tito Livio Volcanes Dávila

Fue detenido el 27 de octubre de 2024 en el estado Mérida, según los registros de Justicia, Encuentro y Perdón. Tiene 65 años de edad y está recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta, conocida como Zona 7. 

Jorge Arturo Yéspica

Jorge Arturo Yéspica es un médico detenido el 1 de  noviembre de 2024, en Villa de Cura, estado Aragua. Desde entonces no hay información sobre su paradero y sobre los motivos por los que lo arrestaron. Sus familiares exigen fe de vida. 

En 2020, estuvo detenido durante más de 30 horas por bajarse el cubrebocas para tomarse un refresco.

Rodrigo Cabezas

El exministro de Finanzas durante el gobierno de Hugo Chávez (2007-2008), Rodrigo Cabezas, fue detenido por agentes del Sebin el 12 de junio de 2025 en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Economista y profesor de la Universidad del Zulia, Cabezas es un crítico disidente del gobierno de Maduro y cuestionó la legitimidad de las elecciones presidenciales de julio de 2024. 

Tras su detención lo trasladaron de Maracaibo a Caracas, pero hasta el 26 de junio de 2025, su hija, Rodna Cabezas, denunció que se desconocía su paradero y exigió pruebas de vida al fiscal general Tarek William Saab. 

Organizaciones civiles y políticas condenaron el hecho. Lo consideran un ejemplo de la represión contra la disidencia en Venezuela. 

De 60 a 64 años 

Gustavo José Malavé Bucce

Gustavo Malavé Bucce, de 64 años de edad, es un licenciado en ciencias fiscales, que fue detenido el 4 de septiembre de 2017, junto con otros dos gerentes de Pdvsa Occidente en Maracaibo, estado Zulia. 

La detención la realizó la Dgcim y se le acusó de una presunta participación en un incidente del 7 de agosto de 2017 en una subestación eléctrica que afectó la producción petrolera. Los delitos imputados incluyen asociación para delinquir, peculado, daño a la industria, tráfico ilícito de material estratégico y obstrucción al libre comercio. Desde su arresto, el proceso judicial ha sufrido numerosos diferimientos, con la audiencia preliminar que se inició casi cuatro años después de su detención y con un juicio aún pendiente.

Malavé Bucce se encuentra bajo la medida de arresto domiciliario, a diferencia de sus compañeros imputados que fueron trasladados a centros penitenciarios.

Albenis José Uribarri Borjas

Fue detenido en Maracaibo, estado Zulia, el 9 de diciembre de 2022, según los registros de Justicia, Encuentro y Perdón. Tiene 63 años de edad y está recluido en la cárcel Rodeo II, en el estado Miranda. No hay detalles o denuncias sobre el caso en la web. 

Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos

Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de 60 años de edad, al que detuvieron el 19 de marzo de 2019, en relación con el “caso de los drones” o el presunto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. 

Se le imputan delitos como traición a la patria, tenencia de armas de guerra, instigación a la rebelión y asociación para delinquir. Estuvo en la sede de la Dgcim en Caracas y, según informes, fue objeto de detenciones y liberaciones intermitentes, aunque lo arrestaron nuevamente poco después de una excarcelación en octubre de 2019. 

Sus abogados han solicitado su traslado a un centro médico por motivos de salud. 

Actualmente el funcionario castrense se encuentra recluido en la Sede de la Policía Militar (Fuerte Tiuna).

Carlos Ramón Salazar Lárez

Es un ingeniero jubilado de 60 años de la estatal Pdvsa. Fue arrestado el 5 de febrero de 2024 en Punta de Piedra, estado Nueva Esparta. Su arresto se informó después de que circulara un video grabado por él mismo, donde criticaba al empresario Alex Saab, quien recuperó su libertad después de un intercambio de prisioneros entre la Casa Blanca y Miraflores.

Familiares reportaron su desaparición y, posteriormente, el Foro Penal confirmó que se encontraba detenido en la sede del Sebin, en Nueva Esparta. Se pudo conocer que actualmente está recluido en el Centro de Procesados y Penados área Metropolitana de Caracas 1 (El Helicoide). 

Ricardo Aurelio Meléndez Rodríguez

Ciudadano peruano de 61 años de edad. Detenido en Venezuela entre el 22 y 25 de septiembre de 2024, en el estado Táchira, junto con otros dos compatriotas como Renzo Huamanchumo Castillo y Marco Antonio Madrid Martínez. Su aprehensión la dio a conocer el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien los señaló de presuntamente formar parte de un operativo internacional con el objetivo de atentar contra Nicolás Maduro.

La detención de Meléndez Rodríguez y los demás peruanos generó una fuerte preocupación diplomática, que llevó a la Cancillería de Perú a exigir información sobre su situación y a solicitar que se garantice el pleno respeto a su integridad física y a sus derechos fundamentales, conforme al derecho internacional. 

Meléndez Rodríguez se encuentra en desaparición forzada.

Enrique Márquez

Al político venezolano de 61 años de edad, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exdiputado, lo arrestaron el 7 de enero de 2025 agentes de seguridad del Estado. Su detención se produjo días antes de la juramentación presidencial de Nicolás Maduro, pese a los cuestionamientos de los resultados. 

Márquez fue candidato a las elecciones presidenciales de 2024. Exigió en reiteradas ocasiones la publicación de las actas de votación y había rechazado el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó la reelección de Maduro. 

El opositor se encuentra detenido en la sede del Sebin El Helicoide, en Caracas. 

Deelsy Beatriz Artahona

Es una médica cirujana, de 61 años de edad detenida por el Sebin, la noche del viernes 14 de junio de 2025 en Caracas. Aunque se desconoce el lugar exacto de su detención podría estar motivada a conexiones con una ONG. 

Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa, de 60 años de edad, exdiputado y exvicepresidente de la Asamblea Nacional,al que detuvieron el 23 de mayo de 2025, en Caracas por cuerpos de seguridad del Estado. Su detención la anunció el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien lo acusó de ser el “jefe de esta red” que supuestamente intentaba “boicotear” las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, mediante “actos terroristas”.

Guanipa, quien es estrecho colaborador de la líder opositora María Corina Machado, se encontraba en la clandestinidad debido a la persecución política que sufrió junto con otros dirigentes opositores tras las presidenciales del 28 de julio de 2024. Tras su detención, el equipo de Guanipa difundió un mensaje pregrabado en el que el político expresaba estar “injustamente preso, pero nunca derrotado”.

El opositor sufre de hipertensión arterial y es resistente a la insulina. Se desconoce el lugar de su detención y sus familiares exigen saber de su paradero. La Cidh le otorgó medidas cautelares en octubre de 2024.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Laboratorio de Paz pide reformar enfoque de la ONU ante deterioro de DDHH en Venezuela

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La organización Laboratorio de Paz dirigió una carta al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que expresa su preocupación ante la declaración de “persona no grata” emitida por el Parlamento venezolano el pasado 1 de julio, así como la posible expulsión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) del país. Para la ONG, esta crisis es también una oportunidad para revisar el rol de esa instancia en Venezuela.

En el documento, la organización manifiesta su respaldo al sistema internacional de protección, pero advierte: “La estrategia de aproximación de extrema sutileza y cooperación silente con las autoridades, para priorizar su permanencia en el país, ha fracasado y la estamos pagando con el permanente incremento de la cantidad de víctimas”.

Laboratorio de Paz sostiene que, tras seis años de presencia de la Acnudh en Venezuela, la situación de derechos humanos no ha mejorado. “El esfuerzo de cooperación técnica no tiene correlato en la realidad”, afirman, denunciando que “no existen cambios ni acciones acordes que reflejen la seriedad del compromiso estatal”.

La carta también cuestiona la falta de transparencia del memorando de entendimiento entre el Anudh y el Estado venezolano, cuya opacidad —advierten— ha impedido conocer los verdaderos alcances de los compromisos asumidos.

La ONG insiste en la necesidad de replantear el enfoque de la oficina en el país, y reclama un cambio del personal actual: “Se hace indispensable contar con un equipo de mayor experiencia, robusto en manejo de estándares y capacidad técnica en contextos autoritarios de violaciones graves a derechos humanos”.

Asimismo, critica la falta de coordinación entre la Acnudh y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que sí ha documentado posibles crímenes de lesa humanidad: “La Anudh ha desestimado, incluso frente a las propias organizaciones de sociedad civil, la labor de la FFM, negando a los venezolanos la posibilidad de contar con una sinergia coordinada, estratégica y robusta para frenar violaciones, revictimización y la posibilidad de contar con verdad y justicia”, acotó.

Laboratorio de Paz finaliza advirtiendo que “el debate de fondo no es si deben estar dentro o fuera del país. La discusión que debe llevarse a cabo es cómo puede transformarse un abordaje fallido en uno más eficiente para el cumplimiento del mandato asignado al ACNUDH”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Vulnerabilidad doble: embarazo y privación de libertad sin protección estatal

Este jueves, 10 de julio, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que Maykelis Jacqueline Borges Ortuño, de 26 años, tiene 34 semanas de embarazo y tanto su vida como la de su bebé están en riesgo.

Borges Ortuño fue detenida el 29 de enero en Altamira por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Actualmente está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.

Según la denuncia del Comité, la joven presenta una situación médica “grave”. Alertaron que padece “hipertensión arterial, tiene baja hemoglobina, sufre constantes infecciones urinarias y corre riesgo de preeclampsia”. Esta última es una complicación del embarazo que suele aparecer después de la semana veinte de gestación y que se caracteriza por hipertensión y daños a órganos, como el riñón. 

“Estas condiciones ponen en peligro su vida y la de su bebé (…) Maykelis debe dar a luz en libertad, en su hogar, rodeada de cuidado y dignidad, no tras las rejas, en medio del abandono institucional”, señaló el Clippve.

Tras las rejas y víctimas de tratos crueles

Así como Maikelys, otras mujeres embarazadas no escaparon a la ola de detenciones que se desató en medio de la conflictividad política por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En diciembre de 2024, fue excarcelada Karla Parra, de 20 años, quien estuvo cuatro meses recluida en el Internado Judicial Los Pinos, en el estado Guárico. Se la llevaron detenida un día después de los comicios presidenciales de julio pasado, cuando viajaba con su pareja en una moto para ir a buscar a su hija. La joven le comunicó a los funcionarios que tenía tres meses de embarazo, pero eso no los persuadió de practicar la detención arbitraria. 

El que una mujer embarazada esté detenida genera una preocupación diferenciada tanto por la vida de las madres como por la vida de los niños. Un caso reciente que demuestra esta tesis es el de Sharick Michell Maita Suárez,  joven de 20 años oriunda de Ciudad Guayana, estado Bolívar, que permanece detenida desde el 12 de noviembre de 2024. Fue recluida en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Quíbor en el estado Lara.

A la joven la involucran con una supuesta estafa en perjuicio de la alcaldía del municipio Jiménez del estado Lara y al momento de su detención la golpearon y la torturaron, según denuncias, tanto así que sufrió una crisis de pánico y fue necesario trasladarla a un hospital.

Cuando Maita Suárez fue detenida no sabía que estaba embarazada. La alerta la dio un sangrado fétido por el cual su madre tuvo que trasladarla a un hospital con previo permiso de un tribunal. Al examinarla confirmaron que tenía ocho semanas de embarazo y un conato de aborto.

La familia de la joven contrató una enfermera para que le aplicara el tratamiento en el centro de detención. Sin embargo, a las 25 semanas, Maita Suárez tuvo una nueva amenaza de aborto por placenta previa y preeclampsia.

El 19 de junio, con 35 semanas de embarazo, le practicaron una cesárea. De acuerdo con información recogida por el medio aliado El Pitazo, el bebé de la joven nació con taquicardia y niveles anormales de bilirrubina. Fue hospitalizado unos días y luego dado de alta. Al bebé lo separaron de su madre y ahora está con su abuela en la casa de una mujer que les dio cobijo en Lara.

Desde el 4 de julio, Maita Suárez está  recluida en el hospital Baudilio Lara de Quibor. Se le infectó la herida de la cesárea en la sede del Cicpc de Quíbor. Su madre lleva a su bebé todos los días al hospital para que pueda amamantarlo.

“Está en tratamiento, pero está sufriendo mucho. Le están extirpando unos abscesos y las curas son dolorosas. A esto se suma un cuadro depresivo, producto del postparto y el encarcelamiento. Mi hija ya no quiere ni comer”, declaró la madre de la joven a El Pitazo el 9 de julio.

Otro caso que refleja muy bien la doble vulnerabilidad que significa estar embarazada y ser prisionera política en Venezuela es el de Emirlendris Benítez, detenida desde el 5 de agosto de 2018. Benítez perdió a su bebé producto de las torturas y tratos crueles a los que fue sometida cuando estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

El caso de Emirlendris Benítez está ampliamente documentado en el libro “Ahora van a conocer el diablo. 10 testimonios de presos torturados por el chavismo”, publicado por la editorial Dahbar y escrito por la cronista Kaoru Yonekura.

“Una y otra vez la llamaron ‘María’, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por ‘perra’ y ‘zorra’. Le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica, le sumergieron la cabeza en un tobo de agua”, reveló Kaoru Yonekura en su crónica.

Discriminación “a escalas impensables”

El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece la prohibición de decretar privativas de libertad a mujeres durante el último trimestre del embarazo, durante la lactancia de sus hijos o hijas y hasta los seis meses posteriores al nacimiento.

En un reportaje publicado “Constructoras de Paz”, iniciativa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en junio de 2024, Magally Huggins coordinadora de investigación de la ONH Una Ventana a la Libertad, alertó que las privadas de libertad en Venezuela sufren de discriminación “a escalas impensables”. 

Huggins se refirió particularmente a los lugares donde son recluidas: “Al no tener espacios acordes a sus necesidades, no existe trato digno ni consideración alguna para mujeres embarazadas, ni aquellas que están menstruando”, dijo.

Por otra parte, cuestionó el hecho de que el Estado venezolano delega a la familia para que cubra las necesidades de los detenidos “Es una clara violación de los derechos humanos de las detenidas que sean los familiares quienes deban encargarse de estas situaciones, cuando sabemos que más del 80% de las familias de este país no tienen ni cómo sostenerse ellos mismos porque los salarios no son suficientes”, sentenció.

Las garantías que el Estado está obligado a cumplir

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como “Reglas Mandela”, establecen en su ítem 28 que en los establecimientos penitenciarios para mujeres debe haber “instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después”.

“En la medida de lo posible, se procurará que el parto tenga lugar en un hospital civil. Si el niño nace en prisión, no se hará constar ese hecho en su partida de nacimiento”, acota el texto, cuyas disposiciones el Estado venezolano debería cumplir. 

Asimismo, la regla 48 en su numeral 2 señala que “no se utilizarán instrumentos de coerción física en el caso de las mujeres que estén por dar a luz, ni durante el parto ni en el período inmediatamente posterior”.

Los organismos y normas internacionales identifican un riesgo de complicaciones obstétricas sin atención médica adecuada para las mujeres embarazadas. Asimismo, las condiciones de insalubridad, estrés y desnutrición que pueden poner en peligro la vida de la madre y del feto. Finalmente, representan un riesgo las limitaciones para realizar controles prenatales, partos sin acompañamiento médico o en condiciones inadecuadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

SenosAyuda recibe el Premio a la Excelencia 2024 por su impacto en la lucha contra el cáncer de mama

En un acto que reunió a destacadas organizaciones del ámbito empresarial, social y educativo, la fundación SenosAyuda fue reconocida este jueves, 10 de julio, con el Premio a la Excelencia 2024, otorgado por la asociación civil Venezuela Competitiva.

La organización sin fines de lucro fue seleccionada por su trayectoria, su modelo de atención integral y su impacto en la vida de miles de mujeres venezolanas diagnosticadas con cáncer de mama.

El evento tuvo lugar en el restaurante Hemingway del Centro Comercial Lido, en Caracas, y fue conducido por la periodista Ana Virginia Escobar. La ceremonia fue encabezada por Imelda Cisneros, presidenta de Venezuela Competitiva, junto a Leonor Giménez de Mendoza, Alicia Pimentel y Juan Lorenzo Mendoza, de Fundación Empresas Polar.

SenosAyuda, que cumple 19 años de labor ininterrumpida, se ha consolidado como una de las principales redes de atención y orientación para mujeres con cáncer de mama en el país, ofreciendo servicios médicos, psicooncológicos y acompañamiento humanitario.

“Desde nuestros comienzos hemos tenido como único norte incidir en las estadísticas del cáncer de mama en el país, educar y salvar vidas a través de la detección temprana. Este reconocimiento nos recuerda que sí vale la pena seguir, que nuestro trabajo deja huella y que la esperanza también se construye con hechos concretos”, expresó Bolivia Bocaranda, fundadora de la organización.

El premio fue recibido por Vanessa Ochoa, miembro de la junta directiva desde 2023, quien lidera una nueva etapa de expansión y fortalecimiento institucional. “Nuestra lucha no se limita al mes de octubre. Trabajamos todos los días del año para seguir siendo ese apoyo esencial que nuestras pacientes necesitan”, declaró.

La fundación cuenta actualmente con más de 17 especialidades médicas y 35 doctores activos, y mantiene una campaña permanente de recaudación de fondos que permite sostener consultas, tratamientos y programas educativos. En el evento se destacó que la campaña 2025 ya está activa y se hace un llamado a las empresas a sumar esfuerzos durante todo el año, más allá del “mes rosa”.

Al cierre del evento se presentó el libro “Competitividad. Abrir senda en medio de lo común”, que recopila las historias de vida y superación de los galardonados.

Las personas o empresas interesadas en apoyar los programas de SenosAyuda pueden comunicarse al correo comunicaciones.senosayuda@gmail.com o al +58 424 2319914.

Arturo Peraza: “Los venezolanos tenemos que abrirle la puerta al futuro”

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“Los venezolanos estamos viviendo una historia trágica, en la que se nos han cerrado puertas y hemos enfrentado situaciones hostiles; sentimos que lo construido se ha perdido y eso genera rabia, frustración y miedo, pero tenemos que mantener el horizonte y abrir la puerta del futuro”.

Así lo sostuvo el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraza S.J., durante la entrega del Premio Valores Democráticos 2025, que tuvo lugar en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) de la referida casa de estudios. Para Peraza el tema a plantear no es cómo volvemos hacia atrás sino cómo le abrimos paso al porvenir. “Tenemos gente que se ha sabido mantener en pie pese a la tragedia y pueden dar la cara para decir que hay una oportunidad de integración y reconstrucción”. 

En la sexta entrega del “Premio Valores Democráticos “Padre Francisco Virtuoso S.J.” resultaron galardonados en la categoría Integridad Democrática, el profesor Marcelino Bisbal y Sinergia A.C; en la categoría Libertad de Pensamiento, el poeta Rafael Cadenas y Espacio Público; y en la categoría Hacedores de Democracia, monseñor cardenal Diego Padrón, y Unidos por el Agua y los Derechos Humanos. 

Ganadores de la edición 2025 del premio Valores Democráticos

Trabajadores de la democracia

Marcelino Bisbal hizo un llamado a seguir haciendo lo que sabemos hacer, porque solo así tiene sentido seguir trabajando por el país. Bisbal fue reconocido por sus análisis acuciosos, visión innovadora y contribución a la formación del pensamiento crítico en Venezuela, a través de una extensa trayectoria como investigador y docente. Con más de 50 títulos y aportes académicos  a publicaciones nacionales-como la revista SIC- e internacionales, su apuesta ha sido por la democratización de las comunicaciones y la defensa de la libertad de expresión.

Sinergia fue galardonada con la categoría Integridad Democrática por el consistente cumplimiento de su misión: fortalecer el tejido social, promover la participación ciudadana e incidir en las políticas públicas desde una perspectiva democrática y plural. Su presidenta, Luisa Rodríguez Táriba, destacó los años de labor de la organización en la edificación de una sociedad incluyente y que Sinergia es la unión de personas que toman decisiones cuando se cree que no hay nada que hacer.

“Aquí estamos, firmes, con las ideas claras. la vista en el horizonte, viviendo el presente con visión de futuro y construyendo desde la verdad”.

Promotores del pensamiento crítico y libre

“Mantener la lucha por la dignidad, la justicia, así como la posibilidad efectiva de no resignarnos”, fue el exhorto de Carlos Correa, director de Espacio Público, cuyo pilar fundamental está en la documentación, denuncia y visibilización de las personas cuyos derechos han sido violentados en el país. Espacio Público ha desarrollado metodologías innovadoras para monitorear y registrar casos de censura, agresiones a periodistas, bloqueos de sitios web y limitaciones a la manifestación pacífica. Un trabajo dedicado y riguroso lo convierten en una fuente confiable, en la arena nacional e internacional para organismos de derechos humanos, medios de comunicación y la sociedad civil. 

Rafael Cadenas, autor de “Derrota”, obra que lo convirtió en un referente de la poesía universal, es homenajeado por su legado, que no solo abarca una vasta obra literaria,  sino que también refleja un ejemplo de integridad, introspección y resistencia frente a la adversidad. Ganador de numerosos premios, el más reciente el  Premio Miguel de Cervantes de la Literatura en el año 2023,  lejos de atarse a dogmas e ideologías, ha demostrado cómo las ideas y criterios independientes son las verdaderas herramientas para trascender cualquier amarradura.

Acción e incidencia

“Unidad  en lo esencial, libertad en lo discutido , solidaridad en todo”, una frase atribuida a San Agustin, fue la que destacó monseñor cardenal Diego Padrón al recibir el galardón en la categoría Libertad de Pensamiento.   En momentos de profunda complejidad social y política en Venezuela, monseñor Padrón ha encarnado una voz serena pero firme, especialmente activa con la denuncia de la persecución política y el cercenamiento de las libertades. Su liderazgo al frente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) durante dos períodos consecutivos, de 2012 a 2018, marcó una era. Movido por sus convicciones cristianas, aboga por la paz y el diálogo franco, defiende los derechos humanos y la dignidad de los venezolanos.  

El Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos, una plataforma ciudadana integrada por activistas, líderes sociales y comunidades afectadas por la crisis hídrica en el estado Lara, se ha concentrado en trabajar incansablemente no solo en el acceso al agua como un derecho humano fundamental, sino en la incidencia y visibilización de los derechos humanos. Uno de sus representantes, Alcides Pérez, señaló que esa iniciativa que nació en el estado Lara, hoy se replica en 10 estados del país como un modelo eficiente de trabajo, “sobre todo, cuando se construye democracia y un liderazgo colectivo”. 

El director del CEPyG UCAB, Benigno Alarcón, destacó la necesidad de defender la libertad de expresión, especialmente la de aquel que piensa distinto, y abogó por el trabajo que conlleva el logro de un espacio cívico más amplio, inclusivo y plural. Los premios valores democráticos son una iniciativa del Centro de Estudios Políticos de la UCAB y se entregan desde 2018.