En el Día Internacional de la Democracia, que se conmemora cada 15 de septiembre para examinar su estado en el mundo, varias organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron que este sistema de gobierno en el país sigue comprometido y recalcaron la necesidad de que se avance en un proceso de reinstitucionalización y elecciones libres.
Acceso a la Justicia recordó la falta de separación de poderes (TSJ, CNE, AN, Contraloría, Fiscalía y Defensoría, que lamentaron, siguen “subordinados al Poder Ejecutivo”), así como el irrespeto al derecho al voto, participación política, a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica.
“Adversarios políticos se les trata como enemigos. Además, la figura del Estado de derecho ha cedido su lugar a un Estado de hecho en el que se han desmantelado las instituciones y la legalidad“, remarcaron.
Espacio Público también fijó posición sobre la fecha, haciendo referencia a la nueva mesa de negociación instalada en el país y a la necesidad de que, en esta ocasión, eventuales acuerdos que de allí se deriven conduzcan realmente a rescatar las garantías democráticas en Venezuela.
La ONG se refirió en un escrito a varios casos de personas condenadas a prisión por el simple hecho de reclamar alguna falla en servicios públicos o exigir el respeto a sus derechos políticos, como una muesta de la falta de independencia de poderes en el país. Evidenciaron también su preocupación por la falta de avances en el proceso de renovcación completa del Tribunal Supremo de Justicia y porque sigue sin decidirse cómo se elegirán, “considerando la normativa vigente y la realidad innegable de que no ha habido concursos de jueces desde el 2003”.
De igual forma, recordaron que el lapso constitucional para el gobierno interino de Delcy Rodríguez ya concluyó y que las elecciones presidenciales siguen en el limbo por falta de fecha, y porque tanto ella, como voceros de su administración y del gobierno de Estados Unidos que los tutela han alegado que no existen condiciones en el país para celebrar comicios.
“Mientras no exista fecha ni cronograma publicado, ‘preparar al país’ y ‘posponer al país”’ parecen ser lo mismo. Recordamos que, para la democracia, uno de los factores necesarios es la existencia de elecciones libres, cuestión que no ocurrirá sin la renovación de un CNE acusado, con pruebas, de haber cometido fraude.
La organización trajo a colación el Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión firmado por 38 medios y 63 organizaciones en febrero de 2026, en donde se establecía que el avance hacia una verdadera democracia exige, de forma prioritaria, el levantamiento inmediato de los bloqueos digitales, la derogación de leyes restrictivas como la Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización de ONG, y la transformación de Conatel en un ente autónomo, así como la libertad plena para los procesados por expresarse y la devolución de sedes y concesiones a los medios afectados.
Para garantizar la legitimidad institucional y electoral, la ONG exige una renovación transparente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante comités de postulación con participación efectiva de la sociedad civil y mecanismos de impugnación pública. El petitorio también urge la publicación de un cronograma electoral auditable, garantías para el voto en el exterior y una verificación independiente de todo el proceso. Enfatizan también en que cada ciclo de negociación debe abandonar el secretismo y publicar íntegramente sus metodologías, actas y soportes como única vía para recuperar la confianza institucional.
Democracia es mucho más que votar
Laboratorio de Paz, centro de pensamiento estratégico y acción interdisciplinaria por los derechos humanos, recordó en un post en X que la construcción de un sistema democrático va mucho más allá del acto de votar. Bajo la premisa de que “una democracia no se juega con un solo bate”, la institución enfatizó que celebrar elecciones por sí solo no garantiza una verdadera democracia si el proceso no está respaldado por libertades fundamentales y un Estado de derecho sólido.
El análisis señala que para que el voto sea verdaderamente efectivo se requiere de instituciones independientes, pluralismo y respeto a los derechos humanos. Asimismo, la verdadera democracia se consolida en el día a día cuando la ciudadanía tiene la capacidad real de organizarse, expresarse, exigir rendición de cuentas a sus gobernantes y defender sus propios derechos públicos sin temor a represalias.
Finalmente, el pronunciamiento advierte que el éxito de una transición democrática no puede medirse únicamente por la convocatoria a las urnas. El verdadero indicador de cambio radica en las condiciones reales en las que la población ejerce su participación, concluyendo que no existe una transición genuina si a los ciudadanos se les niega la posibilidad de incidir y “batear” en la vida pública del país.
Un hemisferio de democracias debilitadas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de esta conmemoraciónm, instó a los Estados de la región a renovar su compromiso conla Carta Democrática, que cumple 25 años. Destacaron con preocupación que en el hemisferio“ “se registran procesos de debilitamiento gradual de los elementos esenciales de la democracia representativa enunciados en el artículo 3 de la Carta, con impactos directos sobre el goce de los derechos humanos”.
“la Comisión ha identificado el cuestionamiento infundado de resultados electorales, la estigmatización y otro tipo de ataques contra autoridades judiciales y electorales, la restricción del espacio cívico y las limitaciones indebidas al ejercicio de derechos, así como afectaciones derivadas de prácticas de corrupción”, detallaron en un comunicado
Insistieron en que los pueblos tienen derecho a la democracia y que esta requiere, entre otras cosas, “elecciones libres, derechos humanos, independencia y separación de poderes, mecanismos de participación ciudadana y pluralidad política”.
La CIDH también llamó a los países firmantes a garantizar “la independencia y la estabilidad en el cargo de las autoridades judiciales, fiscales y electorales; a asegurar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y de la defensa de los derechos humanos; a abstenerse de adoptar medidas que restrinjan indebidamente el espacio cívico y la participación política; a investigar y sancionar los actos de corrupción que afectan el goce de derechos; y a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
