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Red de Medios Independientes exige desbloqueo de todos los medios informativos

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QUE DESBLOQUEEN A TODOS

Un derecho no se devuelve: se garantiza. Desbloqueen la libertad de expresión en Venezuela

La Red de Medios Independientes recibe con expectativa el levantamiento de las restricciones de acceso a un grupo de medios de comunicación digitales en Venezuela, pero el desbloqueo debe alcanzar a todos los medios independientes que siguen siendo víctimas de censura.  

Hasta la publicación de este comunicado, la restitución del acceso ha sido parcial. Numerosos medios, organizaciones y plataformas continúan bloqueados sin que exista una explicación pública que justifique por qué unos recuperan el acceso y otros permanecen censurados.

Por eso afirmamos que un derecho aplicado selectivamente deja de ser una garantía y se convierte en una concesión discrecional

Durante al menos doce años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha utilizado el bloqueo de portales como un mecanismo de censura. 

Primero alcanzó a medios internacionales y, desde hace al menos nueve años, se extendió de manera sistemática contra medios nacionales, regionales y locales.

Los bloqueos fueron aplicados sin procedimientos transparentes, sin explicaciones públicas sobre sus causas y sin que los medios afectados pudieran ejercer efectivamente su derecho a la defensa.

No fueron incidentes aislados.

Durante años se desarrollaron mecanismos técnicos de bloqueo que cambiaban según el proveedor y que dificultaban a los ciudadanos el acceso a la información. Su ejecución involucró a empresas públicas y privadas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, sobre las cuales Conatel ejerce facultades regulatorias.

El resultado fue una gigantesca barrera levantada entre los venezolanos y la información.

Antes de los recientes levantamientos, organizaciones especializadas documentaban más de 200 dominios bloqueados en Venezuela, entre ellos decenas de sitios informativos.

Pero detrás de esas cifras hay una historia que no puede borrarse con una nueva instrucción de Conatel.

Durante años, los ciudadanos fueron privados de información y los medios independientes perdimos lectores, ingresos, posibilidades de crecimiento y oportunidades de llegar a nuevas audiencias. Periodistas y trabajadores dedicaron incontables horas a buscar formas de evadir la censura: dominios alternativos, páginas espejo, herramientas tecnológicas, redes sociales, boletines, mensajería y estrategias offline.

Ellos bloqueaban. Nosotros buscábamos opciones para evadir la censura.

Y seguimos informando.

Investigamos corrupción. Documentamos violaciones de derechos humanos. Contamos las consecuencias de la emergencia humanitaria. Acompañamos a comunidades que habían desaparecido de la agenda pública. Construimos alianzas entre medios nacionales, regionales y locales. Innovamos para llevar información allí donde el Estado intentaba impedir que llegara.

Por eso este desbloqueo no puede borrar lo ocurrido ni ser presentado como una concesión graciosa del poder; y, por eso, ante el último comunicado del Ministerio de Comunicación e Información rechazamos de forma contundente que hoy se hable de “medidas administrativas”, pues nunca en más de una década de bloqueos, ningún medio fue informado de las razones y motivos de la acción censora ejecutada por Conatel y complicidad con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. 

Tampoco puede considerarse suficiente, pues no todos han sido desbloqueados.

El país merece conocer el alcance completo de la medida, los dominios incluidos y las garantías existentes para impedir que vuelvan a ser bloqueados.

El contexto obliga, además, a mantener la vigilancia.

El 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtió que, pese a algunos cambios ocurridos durante 2026, los mecanismos fundamentales del aparato represivo venezolano permanecen en gran medida intactos y que algunas de las reformas observadas pueden ser reversibles.

Los hechos demuestran por qué un desbloqueo tecnológico, aunque importante, no equivale por sí solo a libertad de expresión.

Mientras existan medios bloqueados; mientras permanezcan vigentes normas utilizadas para restringir la expresión y el ejercicio periodístico; mientras periodistas y trabajadores de la prensa puedan enfrentar procesos penales por informar; mientras persistan restricciones al acceso a la información pública y mientras el Estado conserve la capacidad de encender y apagar discrecionalmente el acceso a un medio, la libertad de expresión en Venezuela seguirá condicionada.

El momento en que ocurre esta decisión también exige transparencia. El desbloqueo coincide con un proceso de conversaciones políticas respaldado por Estados Unidos en el que la libertad de expresión forma parte de los asuntos planteados públicamente. Esa coincidencia genera legítimas preguntas sobre las razones y la permanencia de la medida.

Por eso exigimos que el desbloqueo sea total, inmediato, transparente y permanente.

Que Conatel publique las decisiones y órdenes mediante las cuales fueron impuestas estas restricciones y explique sus fundamentos.

Que se establezcan garantías para impedir nuevos bloqueos arbitrarios.

Que sean revisadas y derogadas las normas que restringen ilegítimamente la libertad de expresión.

Que cesen los procesos y mecanismos de persecución contra periodistas y trabajadores de medios por ejercer su oficio.

Y que se garantice el acceso efectivo a la información pública.

Durante años intentaron decidir qué podían leer, escuchar y conocer los venezolanos.

No lo consiguieron.

Los medios independientes seguimos publicando. Los periodistas seguimos investigando. Las audiencias aprendieron a saltar bloqueos, descargar herramientas, compartir enlaces y buscar caminos alternativos hacia la información.

Hoy algunas de esas puertas vuelven a abrirse.

Exigimos que se abran todas.

Porque la libertad de expresión no es una concesión del gobierno de turno. No depende de una negociación política, de una orden administrativa ni de la voluntad de quien controle Conatel.

Es un derecho.

Y los derechos 

Se ejercen.
Se defienden.
Y se garantizan.

Red de Medios Independientes

La experiencia también cuenta

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Resulta sorprendente cómo para algunas empresas llegar a los 40 años puede convertirse en una razón para dejar de considerarte una persona contratable. Pareciera que la edad se convierte en un argumento para asumir que ya no estás actualizado o que no sabes cómo hacer las cosas.

Cuando te dedicas a ser consultor especialista en diversidad e inclusión laboral, basado en tu experiencia profesional y personal, como es mi caso, los 40 años representan otra cosa: sabiduría. Lo que a los 20 años parecía un reto imposible, a los 40 lo entiendes como parte del proceso y lo enfrentas desde una perspectiva diferente.

A lo largo de los años, cada ser humano adquiere habilidades y herramientas que le permiten crecer profesional y personalmente. Esto cobra aún mayor importancia en una carrera como la mía, en la que todavía existe un mundo que no está completamente preparado para abrazar la diferencia como un valor corporativo, sino que muchas veces la percibe como un elemento de temor.

Durante mi trayectoria profesional he intentado llevar un mensaje: tener cualidades distintas no debería ser considerado algo excepcional. Simplemente debemos cambiar el lente con el que vemos la vida y las oportunidades que se presentan.

No quiero romantizar el hecho de tener cualidades distintas y ser un profesional. Nadie dijo que no encontraríamos obstáculos. Sin embargo, una de las grandes maravillas de la profesión es que cada uno puede escoger su propósito y transformarlo a medida que evoluciona como ser humano y como profesional.

Debo confesar que, con el tiempo, he entendido que este camino no necesariamente avanzará a la velocidad que yo quisiera. También he aprendido a confiar en que cada cosa llegará en el momento perfecto de las manos de Dios. Cada paso que doy contribuye a mi consolidación como conferencista y como ser humano comprometido con el bien común.

Quizás para algunas empresas tener 40 años o más, y especialmente contar con una amplia experiencia profesional, se convierte en un motivo para descartarnos. Pero creo que es necesario cambiar esa óptica y valorar el recorrido profesional de cada ser humano.

Tengo claro que mi trabajo como conferencista motivacional y especialista en diversidad e inclusión laboral no tiene una fecha de caducidad. Es una labor de largo plazo, que se construye con tiempo, ganas y, sobre todo, constancia.

A veces cuesta mantenerla, especialmente cuando recibes un “no” como respuesta. Pero he aprendido a convertir esos “no” en una fuente de impulso para continuar haciendo mi trabajo con más pasión y demostrar que mi mensaje sobre inclusión laboral tiene sentido.

También resulta curioso y preocupante que, en algunos países y empresas, todavía sean necesarias leyes para promover la contratación de personas con cualidades distintas, cuando debería existir una voluntad propia de explorar el valor que podemos aportar a una organización.

Si bien nuestras cualidades distintas nos enseñan a visualizar el mundo de otra manera, también debemos trabajar, como cualquier otro ser humano, nuestra autoestima y nuestro amor propio al momento de buscar oportunidades laborales. Debemos estar preparados para recibir un “no” y entender que una adversidad no tiene por qué hacernos caer.

Por el contrario, puede convertirse en una razón para levantarnos con más fuerza y continuar demostrando al mundo la belleza de las cualidades distintas. Porque al final, lo humano nos identifica y lo distinto nos une.

@eduardofrontado

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Vacíos y propaganda: ProBox analizó la respuesta comunicacional estatal tras el doble terremoto

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Tres meses después del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio del 2026, la respuesta comunicacional del Estado sigue siendo tardía y no presenta un panorama completo sobre lo sucedido. Un análisis presentado por ProBox (ONG dedicada al monitoreo de la desinformación y el comportamiento digital en Venezuela), reveló que, tras este evento, los balances oficiales sobre las víctimas y los daños materiales siguen siendo una incógnita para la población venezolana.

  Esta organización no gubernamental puso bajo la lupa el desempeño comunicacional de 41 instituciones estatales durante la contingencia. Los resultados muestran una brecha significativa entre el sesgo propagandístico, la censura y la falta de datos útiles para orientar a la población en momentos de catástrofes.

Frente a las acusaciones de lentitud y falta de coordinación formuladas por sobrevivientes y periodistas independientes, el discurso oficial intentó posicionar una narrativa de “despliegue inmediato” y “matrices de caos”. Sin embargo, los datos presentados en la investigación desmontan el relato gubernamental.

¿Silencio ante una catástrofe?

En una emergencia de gran escala (como lo fueron estos sismos, unos de los más fuertes en casi un siglo) los primeros minutos y horas son determinantes para la supervivencia de los afectados. Pese a esto, el análisis de ProBox revela que, de las 41 instituciones con competencias directas para atender la crisis, solo 6 (el 15 %) publicaron alguna información el día de la tragedia.

       Otras 14 instituciones tardaron entre 24 y 48 horas en emitir algún mensaje, mientras que el grupo más numeroso, conformado por 21 organismos (más del 51 %), tardó tres días o más en pronunciarse y otros, nunca emitieron una nota al respecto.

     Entre las instituciones que no emitieron un comunicado (según los datos proporcionados por la ONG) destacan el Cicpc, el Semanecf, el Ministerio Público y los despachos encargados de los servicios básicos (agua, electricidad, transporte y telecomunicaciones), entes esenciales para el reporte de personas desaparecidas, fallecidas y asistencia primaria.

Asimismo, el informe asegura que autoridades del estado duraron horas en dar declaraciones y sus intervenciones dejaron fuera la información esencial.

    “Delcy Rodríguez habló casi cuatro horas después del terremoto, y tampoco ofreció cifras sobre el estado más perjudicado, La Guaira, solo lo calificó como ‘duramente afectado ‘. El primer reporte con información sobre ese estado no llegó sino hasta las 12:04 de la madrugada del día siguiente, 25 de junio, casi seis horas después del doble terremoto, cuando se declaró zona de desastre”, así expuso probox en su informe.

Propaganda ante el caos

Asimismo, este trabajo de investigación midió la calidad y efectividad del contenido difundido por los entes gubernamentales. Apenas 5 de las 41 instituciones brindaron información completa, técnica y orientada a atender la emergencia conforme a sus responsabilidades, lo que corresponde al 12 % de los entes pertinentes.

Solo 15 organismos ofrecieron datos reales, pero de forma aislada, descontextualizada o sin la continuidad requerida (lo que se traduce al 37 %) y 21 instituciones se dedicaron exclusivamente a publicar recorridos de funcionarios, fotos de inspecciones, agradecimientos políticos o mantuvieron silencio ante la emergencia (51 % de los agentes).

Funvisis y el silencio en la Guaira

El reporte recalca que esta fundación, encargada de monitorear y estudiar la actividad sísmica en Venezuela, tardó más de un mes (31 de julio) en publicar el comunicado técnico oficial con los parámetros del sismo. Asimismo, cinco horas después del evento, emitió su primer reporte cuando organismos internacionales como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ya habían difundido los datos precisos apenas 14 minutos después del acontecimiento.

Por otra parte, la Gobernación del estado La Guaira ofreció la cobertura más deficiente de las gobernaciones evaluadas en la investigación. Pese a ser el epicentro de la tragedia, su portal web no registró datos de la emergencia y el gobernador José Alejandro Terán no ofreció una entrevista detallada sobre la situación sino 18 días después del suceso.

Hacer periodismo en Venezuela

La falta de información gubernamental coincidió con severas restricciones al trabajo de la prensa libre. IPYS Venezuela documentó traba de accesos, requisitos de acreditación arbitrarios para ingresar a zonas de desastre en La Guaira y la vigencia de bloqueos en internet a más de 90 portales de noticias independientes.

Hasta la fecha, las cifras oficiales permanecen congeladas. El último balance general fue ofrecido el 24 de agosto (6509 fallecidos y 226 696 atendidos), mientras que el registro de personas desaparecidas no se actualiza desde el 25 de junio, obligando a la ciudadanía a organizarse en plataformas digitales independientes para rastrear a sus familiares. ProBox recuerda que diversos estándares internacionales como el Marco de Sendai de Naciones Unidas, las guías de UNDRR, INSARAG y los estándares humanitarios Esfera/CHS coinciden en algo básico:

“durante una emergencia, la información debe llegar temprano, ser clara y servir para tomar decisiones”, así comunicó la organización en su análisis.

Concluyeron que esto demuestra que, en momentos de catástrofes, la desinformación e ineficiencia también cuestan vidas.

Por último, ProBox denuncia que aún a tres meses de los sismos todavía no hay un “balance público, completo y actualizado de la emergencia”. Se desconoce con exactitud la cifra de desaparecidos, daños, personas refugiados, estado de los servicios básicos y de las necesidades que persisten.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Alerta sanitaria en el Alto Ventuari: reportan más de 165 indígenas afectados y tres niños fallecidos

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Más de 165 personas de comunidades indígenas Ye’kwana y Sanema del municipio Manapiare, en el estado Amazonas, estarían afectadas en el marco de una emergencia sanitaria por una enfermedad sin precisar hasta los momentos, de acuerdo con información recibida por el programa Wayamoutheri de la organización indígena Kuyunu y difundida este 25 de septiembre.

Según el reporte, entre los síntomas registrados por los convalecientes, se encuentran fiebre alta, vómito, diarrea, bronconeumonía, tos, dolor de cabeza y malestar general. Los niños y niñas serían los más afectados.

En una publicación en su perfil en IG, Wayamoutheri identificó como comunidades afectadas a Cacurí, Joroimeña, Curaguaña, Yajatacuweña, Cujeriña, Macunaima, Tencua, Wachamo, Puerto Unión, San Martín, Caño Negro y áreas vecinas. Kuyunu forma parte de las organizaciones del pueblo Ye’kwana que trabajan en el medio y alto Ventuari, junto con la Unión Maquiritare de Alto Ventuari (UMAV), entre otras instancias indígenas.

Muertes infantiles

El comunicado señala tres fallecimientos que atribuye a esta emergencia sanitaria: una niña de un año, de la comunidad Wasaraña; una recién nacida de tres días, de Cacurí; y una niña de seis años, de Isla Tití. La alerta advierte además sobre dos casos considerados críticos en la comunidad de Cacurí.

De acuerdo con el reporte, una niña Ye’kwana y un bebé Sanema se encuentran graves y necesitan ser trasladados por vía aérea hasta el hospital de Puerto Ayacucho. La situación se complica por las limitaciones de los servicios de salud locales. Wayamoutheri señala que los ambulatorios de Tencua y Cacurí no disponen de suficientes medicamentos ni insumos médicos.

Piden intervención sanitaria urgente

Ante la situación, Wayamoutheri y Kuyunu solicitan a las autoridades nacionales, regionales y municipales una respuesta inmediata.

Entre las medidas requeridas están la evacuación aérea de los pacientes graves en Cacurí, el envío de medicamentos e insumos médicos esenciales y el despliegue de un equipo sanitario que permita investigar el origen de los casos y contener la enfermedad.

La solicitud fue dirigida, entre otras instituciones, a la Alcaldía Indígena de Manapiare, la Gobernación de Amazonas, Amazonas Salud, el Ministerio de Salud y las instancias de salud indígena.

El programa también pidió difundir la alerta para propiciar una respuesta de los organismos del Estado venezolano y atender a las comunidades afectadas.

Las carencias no son novedad

Un informe de Human Rights Watch difundido en septiembre de 2026 señala que los pueblos indígenas en Venezuela continúan enfrentando falta de recursos y dificultades para acceder a una alimentación adecuada, además de una afectación desproporcionada por la desnutrición y la pobreza extrema.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también ha recibido reportes sobre morbilidad y mortalidad materna entre los pueblos Ye’kwana y Sanemá, así como sobre la escasez de centros de salud y la falta de medicamentos y equipos médicos.

Mientras que, en su informe anual de 2025, Provea calificó de “grave” la situación en que se encuentran los pueblos indígenas del país debido “a las condiciones sanitarias vinculadas al crecimiento de la minería con un consecuente aumento de los focos mineros en varias regiones”.

Además de aumento de morbilidad y mortalidad por tuberculosis y paludismo, la ONG alertó sobre muertes infantiles por enfermedades prevenibles y tratables como diarrea, vómito y enfermedades respiratorias, debido al consumo de agua contaminada principalmente por mercurio, utilizado en la minería ilegal de oro, que envenena fuentes de agua y los peces, base de la alimentación de muchas comunidades.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Por “riesgo de fuga” Fiscalía de EE.UU. rechazó petición de fianza para Cilia Flores

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La Fiscalía Federal de Nueva York se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro. La institución argumentó que existe «un riesgo extremo de fuga» que representan un «peligro para el público», según documentos judiciales presentados a la agencia de noticias EFE el pasado 24 de septiembre.

Agregó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos obtenidos a través de la corrupción durante el mandato de Maduro y el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), sus conexiones con agentes internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra: narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.

El equipo de abogados también destacó la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.

La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de septiembre que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas. La defensa de la exmandataria denunció que Flores ha perdido hasta 11 kilos de peso, un par de muelas y se encuentra en tratamiento cardíaco.

El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. La decisión definitiva sobre su solicitud de arresto domiciliario será evaluada ante el jurado el próximo 8 de octubre.

De ser declarada culpable, Cilia Flores se enfrentaría a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.

«Ya basta de retóricas»: Plataforma Unitaria exige acciones concretas que faciliten elecciones

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«Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE [Consejo Nacional Electoral] confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable», exigió la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) este 24 de septiembre en sus redes sociales.

La coalición de partidos políticos venezolanos se pronunció luego de que Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela con el aval de Estados Unidos, se pronunciara ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el pasado 23 de septiembre.

Durante la alocución en Estados Unidos, Rodríguez afirmó que en Venezuela habría elecciones, pero no especificó la fecha. También nombró la necesidad de restaurar los derechos civiles y políticos en el país. «Venezuela garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país. La democracia no se mide por la existencia de elecciones, la democracia se define por la cantidad de las condiciones antes de esas elecciones», dijo.

Sin embargo, la PUD recordó que Rodríguez forma parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al que pertenecen la mayoría de quienes han conformado el gabinete autoritario en las últimas dos décadas y media. El país atraviesa su decimoséptima iniciativa de diálogo entre el PSUV y la oposición, según información recopilada por el medio El Pitazo.

«Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política. Por eso, sus compromisos deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela».

Bajo el acompañamiento del gobierno estadounidense, el PSUV se ha sentado con miembros de partidos opositores liderados por Dinorah Figuera. En su segunda ronda de conversaciones, la mesa de diálogo venezolana espera derogar leyes que restringen los derechos humanos y promover libertades políticas. Hasta la fecha de publicación de esta nota, ninguna de las partes del diálogo ha publicado sus avances.

«Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas», denunció la Plataforma Unitaria.