A pocas semanas para que inicie el mes de diciembre, época de mayor actividad económica y turística en El Junquito, en Caracas, comerciantes y habitantes de la zona claman por maquinarias y trabajos de remoción de escombros para reactivar el comercio en la zona, que resultó afectado luego de los sismos del 24 de junio
A través de un video difundido en redes sociales, Esperanza González, habitante del pueblo de El Junquito, hizo un llamado “urgente” a las autoridades competentes a que continúen con los trabajos de remoción de escombros.
González reconoció que la llegada inicial de maquinaria y personal de cuadrillas permitió avanzar en una primera fase, pero advirtió que “el ritmo actual de los trabajos es insostenible para la recuperación del comercio local”.
“El Junquito es una zona turística que depende principalmente del turismo. seguimos con bastantes escombros. Seguimos con el proceso de demolición, pero nos faltan recursos y auda”, dijo González.
Esperanza González recordó que ya van para cuatro meses desde que ocurrió el doblete sísmico que sacudió a la región norte-central del país, y expresó que necesitan activarse lo antes posible porque “diciembre es un mes fundamental para la economía del pueblo”.
“Pedimos la colaboración para la remoción de escombros y la reactivación de los proyectos turísticos que están plasmados sobre la mesa. Requerimos ayuda económica, personal y maquinaria pesada para poder salir adelante y devolverle la vitalidad a El Junquito”, puntualizó.
El Junquito, tradicionalmente reconocido como uno de los principales destinos turísticos y gastronómicos del área metropolitana de Caracas, depende de manera directa de los turistas. González recalcó que de no agilizarse las labores de saneamiento y mejoramiento de fachadas, la economía podría verse “muy comprometida”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para el abogado Nizar El Fakih, la inclusión del delito de conspiración para cometer tortura en el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Distrito Sur de Nueva York introduce una dimensión diferente en el caso y podría ampliar el número de personas involucradas.
El Fakih fue uno de los invitados de este martes 13 de octubre en La Conversa de la Alianza Investiga (ARI) de Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.
En el programa semanal estuvieron Ronna Rísquez, directora de ARI; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes.
El Fakih dijo que con esta modificación, Maduro y Flores quedan formalmente acusados de cinco delitos: terrorismo, narcotrafico: terrorismo, narcotráfico, posesion de ametralladores y equipos destructivos, y ahora conspiración para cometer tortura.
El abogado explicó además que a Cilia Flores se le incorporó el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que figuraba en la acusación original contra Maduro, pero no contra ella.
El Fakih destacó que la nueva imputación tiene características distintas de los delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, debido a que introduce una teoría del caso centrada en la existencia de presuntas víctimas.
Nueve víctimas
Uno de los elementos que distingue la nueva acusación es la referencia a nueve víctimas que no son identificadas públicamente en el documento.
Según El Fakih, el delito de conspiración para cometer tortura no es equivalente al delito de tortura como hecho consumado.
“Una cosa es conspirar, acordar o articular acciones para cometer un delito y otra es ejecutar directamente estos actos”, dijo el profesional del derecho.
El abogado señaló que esta figura puede aplicarse extraterritorialmente a personas que no sean estadounidenses.
“La acusación no menciona únicamente a víctimas estadounidenses, sino que contempla esa posibilidad sin excluir a otras personas”, expresó El Fakih.
A su juicio, los testimonios de las presuntas víctimas podrían tener un peso importante si el caso llega a juicio, porque permitirían exponer ante un jurado experiencias concretas, a diferencia de los cargos relacionados con narcotráfico, que no requieren identificar víctimas individuales.
¿Por qué el cargo de tortura no apareció desde el principio?
El Fakih indicó que la incorporación de nuevos delitos puede responder al desarrollo de las investigaciones y a la recopilación de elementos probatorios.
“En los procesos penales federales estadounidenses, la Fiscalía debe reunir pruebas, establecer una teoría del caso y contar con testimonios que permitan determinar cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Posteriormente, la acusación debe pasar por un gran jurado, que evalúa si existen elementos suficientes para formalizar los cargos”, dijo
El abogado explicó que estos procedimientos pueden prolongarse durante meses o años.
“Además, por razones estratégicas, una acusación puede haberse formalizado sin que se haga pública inmediatamente”, añadió.
El abogado recordó que la acusación contra Maduro se remonta a 2020, aunque en ese momento no figuraban Cilia Flores ni Nicolás Maduro Guerra en los mismos términos que se discuten actualmente.
El caso podría involucrar a otros funcionarios venezolanos
La acusación hace referencia reiterada a Maduro y Flores junto con otros funcionarios venezolanos, altos cargos y personas que ocupan posiciones de confianza pública.
Para El Fakih, esa formulación permite advertir que la Fiscalía está planteando un caso que podría abarcar una estructura más amplia que la de los dos principales acusados.
El abogado no descartó que puedan surgir nuevos nombres, aunque subrayó que no es posible hacer afirmaciones definitivas mientras continúe el proceso.
También explicó que las autoridades estadounidenses no pueden revelar libremente la identidad de personas vinculadas a acusaciones que todavía no han sido hechas públicas.
Fiscalía habla de múltiples testigos y posibles cooperantes
Otro aspecto relevante es la referencia a múltiples testigos que podrían colaborar con la Fiscalía.
El Fakih sostuvo que esa expresión apunta a un universo de personas más amplio que los nombres que han aparecido públicamente en relación con el caso.
Entre ellos mencionó a Clíver Alcalá Cordones y Hugo “El Pollo” Carvajal, cuyos procesos judiciales se encuentran en etapas diferentes.
El abogado explicó que una persona procesada, acusada e incluso sentenciada puede llegar a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía federal, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.
“Para que esa colaboración sea aceptada, debe resultar útil, novedosa y verificable. El proceso requiere evaluaciones y trámites que pueden tomar tiempo, por lo que la identidad y el alcance de los eventuales cooperantes todavía podrían tardar en conocerse”, dijo El Fakih
Defensa conocerá pruebas antes de un eventual juicio
El Fakih explicó que la Fiscalía tiene la obligación de revelar a la defensa los elementos probatorios que pretende utilizar durante el juicio.
“Parte de ese material ya habría sido comunicado de forma confidencial a los abogados de Maduro y Flores”, apuntó.
Agregó que no todas las pruebas se entregan bajo las mismas condiciones.
Indicó que algunos elementos considerados sensibles pueden estar sujetos a órdenes de protección y restricciones de acceso.
El abogado señaló que la defensa conocerá las pruebas que se presentarán en un eventual juicio antes de que comience esa fase, aunque no todo el material se encuentre disponible públicamente en la etapa actual.
Inmunidad de Maduro y Flores sigue pendiente de decisión
La situación jurídica de ambos acusados también está marcada por la solicitud de inmunidad.
El abogado recordó que la inmunidad de un jefe de Estado reconocido por Estados Unidos puede impedir su procesamiento mientras ejerce el cargo, pero señaló que esa protección está vinculada al ejercicio de las funciones y al reconocimiento correspondiente.
El Fakih mencionó el reconocimiento estadounidense de Delcy Rodríguez como jefa de Estado y las implicaciones jurídicas que puede tener esa decisión.
No obstante, advirtió que el cese de esas funciones o del reconocimiento puede modificar el escenario. Por ello, consideró que la inmunidad y sus posibles consecuencias deben seguirse como parte de la evolución del proceso.
Solicitud de casa por cárcel de Flores coincidió con nueva acusación
Mediante una modalidad que podría incluir el arresto domiciliario, Flores solicitó libertad bajo fianza.
Según El Fakih, la petición no estaba prevista originalmente en el cronograma de la Corte.
El abogado expuso que la solicitud coincidió con la audiencia en la que se hizo pública la acusación sustitutiva que incorporó el cargo de conspiración para cometer tortura.
De acuerdo con El Fakih, Flores compareció individualmente en esa audiencia, en la que estaba previsto discutir su petición de libertad mientras continuaba pendiente la decisión sobre la inmunidad.
Eventual perdón presidencial tendría un costo político
El Fakih también abordó la posibilidad de que un presidente estadounidense conceda un perdón.
Explicó que esta figura responde a una facultad constitucional y constituye una decisión política, distinta de las figuras de amnistía e indulto tal como se entienden en Venezuela y otros países latinoamericanos.
Sin embargo, consideró que el costo político sería un factor relevante en un caso tan conocido como el de Maduro y Flores.
Como antecedente, mencionó el proceso contra el ex general panameño Manuel Antonio Noriega, quien fue capturado durante una operación militar estadounidense en Panamá y posteriormente procesado y condenado.
Según el abogado, el caso continuó bajo distintas administraciones demócratas y republicanas sin que se le concediera un perdón presidencial.
El Fakih también recordó que el proceso contra Maduro no comenzó con la administración de Donald Trump
“Sus antecedentes se remontan a años anteriores y la acusación de 2020 se mantuvo durante el gobierno de Joe Biden”, dijo.
Proceso todavía tiene capítulos por revelar
La nueva acusación, las posibles declaraciones de cooperantes, la identificación de las presuntas víctimas y la eventual aparición de otros funcionarios mantienen abierto el alcance del caso.
El Fakih insistió en que el proceso continúa en una fase preliminar y que todavía deben conocerse elementos importantes antes de sacar conclusiones definitivas.
El abogado situó el juicio para junio de 2027 y advirtió que aún quedan aspectos por aclarar sobre la inmunidad, las pruebas y las personas que podrían estar vinculadas a la investigación.
“Por ahora, la evolución del expediente dependerá de las próximas decisiones judiciales y de los elementos que la Fiscalía incorpore o haga públicos conforme avance el proceso”, dijo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La responsabilidad del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos registradas el 11 de abril de 2002 en Caracas fue epicentro de discusión este miércoles 14 de octubre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Costa Rica.
En la audiencia del llamado “Caso Trujillo y otros vs. Venezuela”, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de las víctimas, una periodista que presenció los hechos y un perito expusieron sus argumentos sobre las muertes ocurridas durante las protestas convocadas por gremios laborales y otros sectores, en rechazo al despido de centenares de trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La representación del Estado venezolano no asistió a la audiencia, pese a que la Corte IDH le envió una invitación para acreditar a su representante y remitir sus alegatos.
La ONG Foro Penal, organización que presentó el caso ante la CorteIDH en 2002, participó en los interrogatorios a través de sus coordinadores Alfredo Romero, Gonzalo Himiob y Julio Henríquez.
CIDH denuncia que persiste la impunidad
Cristina Blanco, representante de la CIDH, recordó durante la presentación del caso que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron armas letales contra los manifestantes. También señaló que existió coordinación estatal entre autoridades y miembros de los denominados Círculos Bolivarianos.
De acuerdo con la CIDH, cerca de El Silencio, en el centro de Caracas, disparos de la GNB causaron las muertes de Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso.
En Puente Llaguno, la Comisión atribuyó a los Círculos Bolivarianos las muertes de Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo. También identificó como heridos a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
La CIDH reiteró la responsabilidad internacional de Venezuela por violaciones de los derechos a la vida y a la libertad personal de al menos una decena de personas. Además, advirtió que pese al tiempo transcurrido, los hechos siguen sin esclarecerse y no se han determinado todas las responsabilidades correspondientes.
“Transcurridas más de dos décadas los hechos no han sido plenamente esclarecidos ni se han determinado las responsabilidades correspondientes, lo que evidencia una situación de impunidad que afecta a las víctimas y sus familiares”, sostuvo la Comisión.
Ante la Corte, la CIDH solicitó una reparación integral para las víctimas, una investigación efectiva y garantías de no repetición.
Juan David Querales: una familia que sigue esperando justicia
Janfri Querales intervino en representación de las víctimas para contar cómo la muerte de su hermano Juan David, de 25 años, transformó la vida de su familia.
El joven, quien trabajaba como teleoperador,murió tras recibir un disparo de un funcionario de la GNB durante la manifestación.
“Se cumple un poco lo que siempre he dicho de que se cumple la luz al final del túnel, hoy mismo la estamos viendo un poco mi familia y yo”, expresó.
Janfri relató que no pudo asistir a la manifestación porque no consiguió quién cuidara a su hijo y tuvo que permanecer en casa junto a su esposo.
Cerca de las 3 de la tarde, una de sus hermanas la llamó para informarle que Juan David no había llegado al lugar donde habían acordado encontrarse.
La familia recorrió varios centros de salud de Caracas hasta llegar al hospital Dr. José María Vargas, donde encontró el nombre de Juan David en una lista de personas ingresadas como heridas.
Un médico les informó que el joven había sido operado, que estaba grave y que, si sobrevivía, podía perder una pierna.
Juan David murió por un shock causado por la pérdida de sangre. Según el relato de su hermana, la bala le perforó la arteria femoral y le destrozó la pelvis.
“Para nosotros, todos los días fue ayer (11 de abril de 2002). 25 años se escucha muchísimo tiempo pero para nosotros no ha sido así”, afirmó Janfri.
Según su testimonio, las pesquisas permitieron determinar que el disparo había sido realizado por un funcionario de la GNB. Sin embargo, la familia dejó de recibir información cuando la investigación se paralizó.
“Al final no supimos más. Tengo entendido que a todos los que estaban en esa investigación los sacaron del cuerpo y las pruebas nunca aparecieron”, afirmó.
Por alzar la voz después de la muerte de su hermano, Janfri denunció que sufrió hostigamiento y amenazas. Su madre tuvo que vender su casa en Barinas debido a la persecución.
Después del referendo revocatorio de 2005 emigró a España junto a su pareja y su hijo. Allí solicitó asilo y le fue concedido.
“La dignidad de mi hermano, aún después de muerto, nosotros la queremos recuperar. Nunca hemos perdido la esperanza de eso”, manifestó.
Civiles armados dispararon desde Puente Llaguno
La periodista Delvalle Canelón, quien trabajaba como reportera de Globovisión en abril de 2002, dijo que observó a civiles armados disparando contra los manifestantes.
“En lo que se conoce como Puente Llaguno, a menos de media cuadra del palacio de Miraflores, me tocó ver a muchas personas civiles que estaban disparando”, recordó.
Canelón explicó que los hombres armados se encontraban sobre el puente y disparaban hacia la manifestación que avanzaba por la parte baja de la avenida Baralt.
La periodista contó que la GNB llegó después de que los civiles comenzaran a disparar. Pensó que los efectivos detendrían a los hombres armados, pero eso no ocurrió.
“La Guardia conversó con ellos, estaba un sujeto encapuchado, con binoculares en el medio del puente, conversaron con ellos y luego bajaron de allí”, declaró.
Sobre la actuación de la extinta Policía Metropolitana (PM), indicó que sus funcionarios ayudaban a sacar personas de los alrededores de Miraflores y de la plaza O’Leary durante los momentos en que cesaba el fuego.
Canelón recordó que fue llamada a declarar en el proceso penal contra comisarios y funcionarios de la PM, cuyo juicio se realizó en Maracay.
Durante la audiencia ante la Corte IDH, la periodista lloró al relatar que fue amenazada directamente por dos de los hombres armados que había visto en Puente Llaguno, mientras declaraba en el proceso judicial.
La periodista @CanelonDelvalle rompe a llorar en la audiencia de la @CorteIDH sobre la masacre del 11 de abril de 2002 al revelar que sufrió amenazas por parte de los pistoleros de Puente Llaguno Henry Atencio y Richard Peñalver en los baños de los tribunales de Maracay cuando ella iba a declarar como testigo en el juicio de los Policías Metropolitanos.
Según su testimonio, Henry Atencio entró al baño donde ella se encontraba, mientras Richard Peñalver permaneció en la puerta. Allí le advirtieron que tuviera cuidado con lo que iba a decir.
Añadió que posteriormente se encontró varias veces con ambos y que Peñalver le hizo señas amenazantes con la mano en forma de pistola.
Canelón manifestó que teme posibles represalias por su declaración debido a que aún vive en Venezuela.
“Un hecho como este no puede volver a ocurrir en nuestro país, ni hechos como este ni las consecuencias como que muera gente, que sean perseguidos o encarcelados”, señaló.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Este miércoles, 14 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones económicas que pesaban sobre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020.
El nombre del funcionario fue eliminado de la lista de Specially Designated Nationals (SDN), información que fue confirmada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en su portal oficial, sin precisar las motivaciones de la medida.
Jorge Rodríguez fue sancionado en septiembre de 2018 como parte de un paquete de medidas individuales contra figuras clave de la cúpula oficialista por su responsabilidad en el debilitamiento de la democracia y las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Las restricciones contemplaban el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición expresa a ciudadanos y empresas bajo jurisdicción de Washington de realizar operaciones financieras con él.
Delcy Rodríguez, hermana de Jorge y actual presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, fue sacada de la lista de la OFAC el pasado 1 de abril, apenas tres meses después de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora a la espera de juicio en Nueva York.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mejorar la educación venezolana sigue siendo un tema pendiente. La falta de estructuras adecuadas para los jóvenes, la crisis económica que impacta en la calidad de vida de los alumnos y el cuerpo docente, además de remuneraciones económicas que no compensan los esfuerzos de los educadores, son los factores que complican los avances. Estos fueron algunos de los puntos que se tocaron en un foro virtual organizado por Analítica el pasado 8 de octubre del 2026, moderado por Emilio Figueredo, y en el que intervinieron la especialista en economía de la Educación y doctora en Educación en Harvard, Emiliana Vegas y el sociólogo, abogado y doctor en Educación, Tulio Ramírez.
Ambos expertos coinciden en la necesidad de abordar el problema de forma integral y en paralelo, no secuencial. Las prioridades incluyen otorgar infraestructuras que tengan servicios básicos, y que las instituciones cuenten con calidad en el aprendizaje.
“Va a ser muy importante que inmediatamente incorporemos desde la escuela educación en valores democráticos”, comentó Vegas
De esta forma, destacó, el núcleo escolar puede contar con la exposición de diversas opiniones y se garantizaría la convivencia estudiantil y el poder de elegir por su voluntad ciertos aspectos dentro de la institución.
En el debate se mencionaron los resultados de recientes Estudios de la UCAB, los cuales revelan que el 80% de los estudiantes de tercer año de bachillerato no aprueban las pruebas básicas de matemáticas y comprensión lectora. Advirtieron que los “falsos positivos” y la promoción automática han sembrado una bomba de tiempo para las universidades, pues están llegando estudiantes sin tasa de retención y otras competencias necesarias para un buen desempeño.
Avances atados a un mayor presupuesto
Para el sociólogo Tulio Ramírez, la complejidad del tema educativo en Venezuela es tal que es difícil diferenciar lo importante de lo urgente.
“Aquí todo es urgente e importante”, proclamó.
Uno de los puntos centrales en el que coincidieron ambos expertos fue en la insuficiencia del presupuesto actual para el sector educativo.
“En los últimos datos que tenemos del presupuesto nacional, del gasto total en educación dividido por estudiante matriculados, tenemos un gasto por estudiante que está alrededor de 100 dólares al año o menos… Eso es inviable para ofrecer una educación de calidad”, contextualizó la Doctora Emiliana Vegas.
También, informó que países más avanzados gastan alrededor de 10 000 y 8 000 dólares al año por alumno. Chile el país que más invierte en la educación de América del Sur con 6000 dólares al año por estudiante.
“Nosotros somos un país que también económicamente ha estado destruido y no podemos esperar esos niveles de gasto, pero sí podríamos planificar un incremento gradual en la inversión educativa, porque de eso va a depender el futuro de nuestro país”, describió la experta en Economía de la educación.
A su vez, explicó que el Estado venezolano podría pagar (asumiendo que prioriza la educación y que tiene acceso a fondos internacionales) entre 300 a 350 dólares por alumno al año, monto que aún está muy lejos del ideal de inversión para mejorar la calidad académica.
De igual forma Tulio Ramírez, insistió en que es casi imposible pensar que “con el presupuesto del estado se va a financiar todos estos frentes”.
“Es insólito, No hay manera en los próximos años de lograrlo”, recalcó.
Por esto, consideró que para que pueda verse una mejoría en el sistema educativo es necesario contar con la creación de mecanismos de financiamiento alternativos, como fondos multidonantes, participación del sector privado mediante la “adopción” de escuelas y acuerdos con organismos internacionales.
Profesión vital, sueldo insostenible
Un punto de honor irrenunciable para mejorar la calidad educativa es mejorar las condiciones laborales de los educadores.
Tulio Ramírez enfatizó que “el sueldo de los docentes es un tema tan prioritario que se puede tener una escuela llena de nuevos ladrillos, pero si no hay buenos sueldos los docentes no van a asistir, y si van a asistir lo van a hacer irregularmente”.
El sociólogo explicó que no se puede esperar un aumento de sueldo con el presupuesto del Estado. Cree que para rescatar la profesión docente es necesario crear un fondo humanitario que esté financiado parcialmente mediante aportes de regalías petroleras, una fracción del IVA o alianzas con la empresa privada, a través de la adopción de escuelas e incentivos fiscales que garanticen una compensación mensual.
También, advirtió que cualquier dinero que venga de bancos internacionales o de afuera va a exigir reglas claras y control compartido. Es decir, debería existir un comité de administración donde participen el Estado, gremios y organismos multilaterales para que sea blindado contra la corrupción y se garantice así la transparencia y efectividad en el proceso.
Transparencia y gobernanza
Ambos profesionales subrayaron la necesidad de que haya transparencia y fiscalización del gasto público en la educación, así como la de contar con estadísticas confiables y un ente independiente para la medición de aprendizajes (como las pruebas PISA), elementos que actualmente están ausentes en la gestión oficial.
En este contexto, Emiliana Vegas puso sobre la mesa la necesidad de transitar hacia esquemas modernos de financiamiento donde se establezca un monto por alumno, que permita que familias elijan el centro educativo (público o privado) de su preferencia y que se financie la educación mediante subsidios directos diferenciados por vulnerabilidad y ruralidad. Sugiere que los procesos de asignación sean “centralizados, transparentes” y que garanticen igualdad de oportunidades para todos los niños, tal como operan los sistemas más avanzados del mundo.
Propuestas de rescate
Para un primer año de recuperación, durante el foro se propuso implementar un operativo nacional de asistencia escolar, materiales de instrucción dirigida para voluntarios y un fuerte enfoque en competencias socioemocionales y valores democráticos.
Por su parte, el abogado y experto en Educación Tulio Ramírez expuso que atender la emergencia educativa es de crucial importancia, pues la recuperación nacional es inviable sin rescatar la educación desde la raíz. Como paso urgente destacó promover el “rescate alimentario y salarial” de estudiantes y docentes, seguido por un despegue estructural basado en cifras reales y estadísticas públicas confiables.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López, reapareció este 13 de octubre para anunciar el levantamiento de la suspensión temporal del uso de drones en Venezuela, alegando que la medida impuesta en 2025 ya cumplió su vigencia y que la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, decidió no renovarla.
En un video difundido en redes sociales, indicó que la decisión responde a múltiples peticiones de los productores agrícolas, quienes habrían manifestado que necesitaban los equipos para modernizar el campo y realizar labores de fertilización, riego y monitoreo de cultivos.
“En virtud de ello, he conversado del tema con los ministros de Transporte, Interiores y Defensa. Por lo que la medida temporal de agosto de 2025 que suspendió la operación, circulación, e importación de drones en el país ya culminó su vigencia y la presidenta Delcy Rodríguez ha decidido no renovarla”, reiteró.
Atendiendo a las solicitudes de nuestros productores agrícolas, la presidenta @delcyrodriguezv ha decidido levantar la suspensión temporal del uso de drones del año 2025. https://t.co/W00WTCYYNt
Insistió en que, para operar, los usuarios deben apegarse al marco legal vigente, lo que incluye cumplir con las regulaciones del Seniat para la importación de equipos, partes y baterías, así como “entender que los organismos designados para la supervisión del porte y uso son cuerpos policiales y la FANB”, en palabras de Padrino López.
Lo anterior se traduce en que, a pesar del levantamiento de la prohibición absoluta, los derechos de vuelo no son libres; pues el porte y uso de los equipos siguen sujetos a fiscalización estricta.
El exministro de la Defensa hizo un llamado a los productores agrícolas a retomar sus registros ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), además de contar con seguro, certificación y capacitación adecuada.
La prohibición común en momentos de tensión
La suspensión de drones en Venezuela ha seguido un patrón recurrente de restricciones temporales o indefinidas ligadas a coyunturas de seguridad nacional y tensiones políticas.
En agosto de 2025, mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6927 y un comunicado del INAC, se prohibió por 30 días prorrogables la operación y comercialización de drones, exceptuando a la seguridad del Estado, en un contexto de fricción internacional con Estados Unidos.
En el año 2016 y también durante procesos electorales se establecieron restricciones puntuales en protestas y jornadas de votación, principalmente para limitar la cobertura periodística aérea. Ya en el 2017, en el marco de las intensas protestas contra el gobierno, se estableció la prohibición del uso de drones tras un episodio puntual: el sobrevuelo del helicóptero del excomisario del Cicpc, Óscar Pérez, contra el Tribunal Supremo de Justicia.
En 2018, el gobierno impuso un veto estricto al uso de estos artefactos tras el atentado con drones cargados con C4 en la avenida Bolívar durante un desfile de Nicolás Maduro.
Mientras que a los civiles y sectores comerciales se les impuso un bloqueo total, los organismos de seguridad y defensa del Estado quedaban completamente exceptuados de estas restricciones. En 2024, luego del cuestionado proceso comicial en el que el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador, organizaciones internacionales de derechos humanos como la Electronic Frontier Foundation y Access Now documentaron que el Estado continuó empleando drones con sensores térmicos orientados a labores de vigilancia, control social y monitoreo de la disidencia, lo que generó críticas sobre el uso selectivo de la tecnología para la represión política en lugar de la seguridad pública ciudadana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 14 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Una vez más una marcha fue impedida de llegar al Palacio de Miraflores. En esta oportunidad le tocó a trabajadores y jubilados, que se dirigían este 13 de octubre al despacho de la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, con una serie de peticiones en torno a sus derechos laborales y salariales.
Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bloqueó el paso de la marcha en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas.
De acuerdo con reportes en redes sociales, una delegación de seis dirigentes sindicales logró cruzar el cerco e ingresar a la sede del Ejecutivo para consignar cajas con más de 50000 firmas y peticiones al gobierno.
Ana Rosario Contreras: “No tenemos escuelas funcionando, no tenemos hospitales. Hoy los trabajadores entendimos que por encima de diferencias políticas y partidistas están los derechos humanos y salariales de los trabajadores”
Lo que rompe en redes
#13Oct Nuevo reto viral contra Farmatodo causa indignación. 🚨🇻🇪
En redes sociales circula un nuevo video en los que un grupo de jóvenes ingresa a una sede de la farmacia de techos azules para intentar vandalizar y hurtar.
Usuarios exhortan a las autoridades a darle un parado a los "retos" que causan vandalismo, robos y ataques a trabajadores de Farmatodo.
El Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad informó que en el mes de septiembre la inflación mensual en bolívares se ubicó en 12,05 % y 3,67 % en dólares.
Según el estudio, el rubro de alimentos fue el que más se elevó con un alza de 14,63 % en moneda nacional y 6,06 % en la extranjera.
El estudio económico alterno, realizado por el OGP ante la ausencia de cifras oficiales, reveló que entre enero y septiembre la inflación acumulada llegó a 242,87 %.
Más de 900 dólares cuesta la Cesta Cedice
Durante septiembre, la Cesta Cedice -que es el consumo promedio de 61 bienes y servicios de un hogar de tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia- se ubicó en 833 822,94 bolívares mensuales, equivalentes a 974,48 dólares.
Este monto exige la cobertura de 4,06 salarios integrales (referenciados en Bs 205 488,40), lo que representa destinar el equivalente a un salario integral por semana solo para cubrir necesidades esenciales, señaló el informe del OGP.
Valencia es la ciudad más cara
En el análisis regional, Valencia encabezó los índices de inflación mensual con 14,36% en bolívares y 5,81 % en dólares, seguida de Caracas, con 11,48 % en Bs y 3,14 % US$ y Maracaibo, con 10,27 % en Bs y 2,03 % US$.
En términos absolutos, la Cesta Cedice en Valencia se adquirió con Bs 875 083,36 (1022,70 US$). Maracaibo reportó Bs 855 829,10 (1.000,20 US$) y Caracas Bs 770 556,32 (900,54 US$).
El equipo del OGP de Cedice informó para fines de 2026 se proyecta una inflación acumulada de entre 370 % y 540 % en bolívares y entre 1 5% a 43 % en dólares.
Según el informe, la variación de precios por rubros en septiembre 2026 se distribuyó de la siguiente manera:
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
