Me envía un mensaje un interno cuyo nombre, por razones obvias, me reservo. Está muy preocupado por la situación que se vive en el penal en el que permanece y necesita que su voz sea escuchada. Ya no sólo se trata de las condiciones inhumanas en las que se encuentran él y quienes están en su misma situación, alejados de cualquier posibilidad de existencia digna, o de la violencia que domina todos y cada uno de los aspectos de la vida en su prisión, sino de algo peor: una violencia estructural e institucional que no termina de tomarle el pulso a las cárceles y que afronta el tema penitenciario desde una perspectiva reactiva, coyuntural, convulsiva, sin visión o proyección a mediano o a largo plazo. En otras palabras, muy peligrosa.
Lo primero que le preocupa tiene que ver con el manejo de los mal llamados beneficios de “prelibertad”, que en realidad son fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena en prisión de cara al régimen progresivo que consagra el artículo 272 de nuestra Carta Magna. En ésta se señala, pese a lo cuestionable que pueda ser hoy día sostenerlo, que el objetivo principal de la pena en prisión es la resocialización de quienes han delinquido, y que en la medida de las posibilidades han de preferirse las modalidades de castigo no reclusorias a las que implican el encarcelamiento. Pero la ministra Varela no asume la concesión de estas modalidades alternativas como una obligación para ella y para los tribunales o como un derecho inalienable de los presos que reúnan en sí las condiciones para merecerlas, sino como una suerte de arma de chantaje con la que puede negociar un mínimo de control en unas instituciones que desde hace mucho tiempo no están en manos ni son manejadas en realidad por la autoridad, sino por las mafias y por los pranes.
Varela hace censos, pregunta, indaga, se reúne, y goza saliendo en los medios buscando puntos que no merece, pero no termina de ponerle el cascabel al gato y muchos reclusos que hace tiempo deberían estar cumpliendo lo que les queda de sus penas fuera de las cárceles siguen hacinándolas esperando por una justicia que no llega. La última de sus “gracias” obliga a los reclusos condenados a los que puedan corresponderle fórmulas alternativas a la pena de prisión a renunciar a sus defensores privados, para designar a la fuerza y por las malas defensores públicos, porque de no hacerlo perderán la oportunidad de que sus solicitudes sean tramitadas. “No trabajaremos con abogados privados” –dice Varela, en el paroxismo de lo que ella interpreta es la máxima lucha contra el “capitalismo”- pero no se da cuenta de que para atender las solicitudes de aproximadamente unos 50.000 reclusos que tenemos a nivel nacional, sólo cuenta con poco menos de 500 defensores públicos para el área penal. Tampoco cuenta con que los recursos para tramitar, por ejemplo, los informes psicosociales que son necesarios para conceder las medidas de “prelibertad” son tan limitados que es virtualmente imposible atender con celeridad y eficiencia todas las solicitudes que se presenten, sobre todo si no se cuenta con la apertura de mente necesaria para entender que hay que involucrar a la mayor cantidad de factores posibles para que los problemas de nuestras cárceles comiencen a ver una luz al final del túnel.
Su bravata puede generar colapsos y retardos terribles que no harán más que echar más gasolina a un polvorín que, si aún no ha estallado, es porque sigue siendo un negoción para las organizaciones criminales que operar desde y hacia las cárceles. Ya son varios los casos, me comenta mi informante, en los que a presos que ya merecerían estar en libertad son sencillamente ignorados sólo por el hecho de estar asistidos por abogados privados y haberse negado a caer en las garras del atraso burocrático que significaría para ellos la designación de una nueva defensa, en este caso, de un defensor público.
También me comenta el interno que en varios penales del país se han ordenado traslados y “reorganizaciones”, inconsultas y “a la cañona” –así me lo dice- que no hacen sino alterar la relativa regularidad de las relaciones y de las “jerarquías” entre los reclusos y caldear los ánimos. El Ministerio cambia las reglas a placer, generando incomodidades y dudas, y mueve a los presos de acá para allá sin ton ni son y muchas veces sin siquiera notificar a los tribunales de ejecución responsables de tales reclusos. Por supuesto, esto genera retrasos en la tramitación de las medidas de prelibertad, y de las causas en general, que no hacen más que echarle más leña al fuego.
Lo más fuerte es que mientras Varela se afana en sus experimentos las cárceles de nuestro país siguen siendo de las más violentas del mundo. El año pasado, solamente, murieron asesinados en nuestras prisiones más de quinientos reclusos, y este año la cifra podría ser similar y hasta mayor. La corrupción es la regla, en la cárcel todo se paga, y si circulan en nuestras prisiones armas y drogas es más que evidente que eso tiene que ser merced la complicidad entre los reclusos y las autoridades encargadas de la custodia de las prisiones, pero con respecto a esa situación nada se hace. No conviene, hay mucho dinero involucrado y mucha boca roja y uno que otro militar comiendo de esa tajada. Que el Estado no cumpla ni con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, no es importante, lo importante es seguir jugando (¿a conciencia?) a la ineficiencia para que el monstruo siga alimentándose.
No hay mejor forma de saber qué tipo de personas son las que nos gobiernan que ésta, la de poner el ojo sobre la manera en la que tratan a los presos de su nación. Muchos de mis lectores, quizás, estarán pensando que los presos tampoco merecen consideraciones especiales, e incluso alguno muy osado me adelantará que cree que “todo lo que les hagan, lo tienen merecido”, pero estas posturas no sólo desdicen de nuestra condición de seres humanos, sino además desconocen una verdad incuestionable: en un régimen como el que padecemos, el día de mañana y por cualquier tontería, o por simplemente alzar nuestra voz contra los abusos del poder, cualquiera de nosotros puede ser llevado a una prisión y ser tenido como un “criminal”.
Cada recluso, y la forma en que los tratamos, es un reflejo de nosotros mismos, en este caso de lo peor que somos como individuos y como sociedad. Por eso sus cuitas deben ser tenidas como nuestras. Mientras sigue Varela jugando con temas que no conoce ni maneja, haciendo experimentos que no hacen más que empeorar nuestro sistema carcelario y desconociendo a quienes sí pueden brindarle un apoyo calificado y eficiente, nada “humanista”, ni mucho menos “progresista”, se ve en su empeño, para mal de todos, hasta estos momentos.
