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El despojo del Esequibo por Gerardo Blyde

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Esequibo

El mayor despojo territorial que ha sufrido nuestra patria lo constituye la Guayana Esequiba, conocido también como Territorio del Esequibo. Son más de 159.000 km2 situados en la margen occidental del río Esequibo. Todos los venezolanos crecimos con dos conceptos muy sembrados en nuestro ser: ¡el Golfo y el Esequibo son de Venezuela! Todos nos formamos con nuestros libros de Geografía de Venezuela, donde el mapa territorial siempre tuvo la “zona en reclamación” marcada con rayas diagonales.

Todas nuestras constituciones han señalado, con algunos bemoles, lo que establece la Constitución de 1999 en su Artículo 10: “el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”.

Muchos venezolanos, auténticos patriotas, a lo largo de nuestra historia republicana, han dedicado sus vidas a estudiar y defender que el territorio nacional, correspondiente a la antigua Capitanía General de Venezuela antes de la Declaración de Independencia, incluye la antigua provincia de Guayana desde el Delta del Orinoco hasta el margen del río Esequibo.

La historia del arrebato territorial se remonta a 1834, cuando el británico Robert Schomburgk realizó una primera y arbitraria demarcación, llamada línea Schomburgk, que nos despojaba de 4.290 km2. En 1839 trazó una segunda línea avanzando 141.930 km2 hacia territorio venezolano. En 1886 fueron modificadas las líneas de Schomburgk por funcionarios del Colonial Office, estableciendo una nueva línea que nos arrebataba 167.830 km2 y, finalmente, el imperio británico pretendía llegar a quitarnos 203.310 km2 de nuestro territorio.

Schomburgk, al trazar sus líneas, recomendó al imperio que poblara aceleradamente el territorio usurpado con inmigrantes anglohablantes para que no tuvieran relación cultural ni idiomática con los venezolanos. Así lo hicieron.

Las protestas de Venezuela fueron enérgicas, constantes y bien documentadas. Ese territorio pertenecía al antiguo imperio español, por tanto eran tierras venezolanas que se correspondían con la antigua Capitanía General. Gran Bretaña provocaba a Venezuela para entrar en un conflicto bélico. La naciente nación, tras años en la guerra de independencia, estaba empobrecida y no podía ni tenía cómo entablar guerra en contra del imperio usurpador. En 1886, Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

A fines de ese siglo, el presidente norteamericano Stephen Cleveland pronunció un muy duro discurso ante el Congreso de su país contra el imperio británico, instándolo a detener la invasión del territorio venezolano y forzándolo a resolver el asunto mediante un arbitraje internacional. En 1997, Venezuela y Gran Bretaña firman su disposición de ir a un proceso arbitral que se conoce como el Tratado de Arbitraje de Washington.

Durante el proceso, Venezuela presentó todas las pruebas sobre la titularidad del territorio Esequibo. Gran Bretaña presentó mapas falsos y documentos irrelevantes. Aún así, se produjo el más nefasto Laudo Arbitral en París (octubre de 1899), que dio relevancia a las pruebas falsas y desechó las aportadas por nuestra patria, dándole legalidad al despojo territorial. Los árbitros, manipulados y comprados, fallaron a favor del imperio. Venezuela nunca aceptó la validez de aquel fallo y sostuvo siempre su nulidad absoluta.

En 1966 se buscaba que Venezuela reconociera el nacimiento de la ahora recién independizada República Cooperativa de Guyana, lo cual Venezuela sabiamente condicionó a continuar con la disputa territorial (Acuerdo de Ginebra). Este inmenso logro diplomático revivió jurídicamente el reclamo y se abrió la vía para la revisión del infame laudo arbitral de París. Se establecieron 3 años para buscar acuerdos bilaterales. No se lograron. Ahora el asunto está en manos de la ONU.

¿Qué se ha hecho durante todos estos años revolucionarios para reactivar y recuperar nuestro territorio? Lamentablemente nada. De manera comprimida hemos tratado de recordar el caso del despojo y la reclamación territorial venezolana más importante de nuestra historia, ahora cuando el gobierno de Guyana ha otorgado concesiones justo frente al Delta del Orinoco y, lejos de escuchar alguna voz de protesta de quienes hoy nos gobiernan y se dicen más patriotas que nadie, se sientan amablemente junto a quienes violentan nuestra soberanía sin hacer el más mínimo reclamo a sus acciones. ¡El Territorio Esequibo es de Venezuela!

gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde

Carta de Human Rights Watch a Cristina Fernández de Kirchner sobre salida de Venezuela de la CIDH

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Washington, D.C., 5 de septiembre de 2013

S.E. Cristina Fernández de Kirchner

 

Presidenta de la República Argentina

Casa Rosada

Balcarce 50

Buenos Aires – Argentina

 

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a S.E. y a otros miembros del MERCOSUR para instarlos a que procuren activamente que el gobierno de Venezuela revoque su decisión de abandonar el sistema interamericano de derechos humanos, que tendrá efectos a partir del 10 de septiembre de 2013. A partir de esa fecha, los ciudadanos y residentes de Venezuela ya no podrán apelar a una instancia que durante años ha sido —para los países de toda la región— el mecanismo externo más importante para reclamar la reparación de abusos en aquellos casos en los cuales los tribunales nacionales no lo hacen. Esto resulta particularmente problemático en un país como Venezuela, donde existe falta de independencia judicial, y el Tribunal Supremo de Justicia ha convalidado en reiteradas oportunidades diversas políticas gubernamentales que atentan contra derechos fundamentales.

Como posiblemente recuerde, en agosto de 2012, tras la incorporación de Venezuela como miembro del MERCOSUR, escribimos a todos los presidentes de los demás estados que conforman este bloque regional, señalando que el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR implicaba para los gobiernos una oportunidad importante y  un deber, de abordar seriamente junto con el gobierno de Venezuela los graves problemas de derechos humanos que existían en ese país[1].

Lamentablemente, durante el último año la situación de derechos humanos en Venezuela continuó deteriorándose. Persisten los graves problemas que expusimos en nuestra carta anterior, que incluyen la falta de independencia judicial y restricciones cada vez mayores al ejercicio del derecho de libertad de expresión y a la capacidad de las organizaciones no gubernamentales de trabajar de manera independiente.

A su vez, las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente algunas denuncias serias sobre violaciones de derechos humanos ocurridas luego de los comicios presidenciales de abril de 2013, en los cuales Nicolás Maduro resultó electo por una estrecha diferencia, según datos oficiales proporcionados por las autoridades electorales de Venezuela.

Por ejemplo, una delegación del Foro por la Vida, una red integrada por 18 organizaciones de derechos humanos venezolanas, publicó un informe donde señalaba haber encontrado evidencias de que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso excesivo de la fuerza para dispersar las manifestaciones a favor de Henrique Capriles Radonski, el candidato de la oposición, en el estado de Lara durante el 15 y 16 de abril[2]. Según este informe, elaborado por miembros de la renombrada organización de derechos humanos PROVEA y por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a 62 personas que participaban pacíficamente en la manifestación, e hirieron a otras 38, incluidos 11 trabajadores de medios de comunicación. Los detenidos indicaron haber sido golpeados violentamente, amenazados con sufrir violencia sexual, y privados de alimentos durante más de 24 horas. Según las organizaciones que entrevistaron a las víctimas, se les preguntó a los detenidos “¿Quién es tu presidente?”. Y si no respondían “Nicolás Maduro”, recibían golpes en distintas partes del cuerpo. Varios testigos señalaron que se aplicaron descargas eléctricas contra una de las personas.

También COFAVIC, otra respetada organización de derechos humanos de Venezuela, emitió un informe donde se documentan 72 casos de presuntas detenciones arbitrarias, torturas y violaciones del debido proceso, que supuestamente se habrían producido en los estados de Lara, Carabobo y Barinas durante el 15 y el 16 de abril[3]. El informe indica que miembros de las fuerzas de seguridad habrían actuado con fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas, disparando indiscriminadamente perdigones de goma y plomo contra los participantes. Estos agentes también habrían detenido arbitrariamente y golpeado a manifestantes en la cabeza, el cuello y la espalda con bastones policiales, cascos y botellas de agua congelada. La organización informó que los detenidos —que en su mayoría fueron llevados a bases militares de la Guardia Nacional o a dependencias policiales— en general fueron obligados a cantar consignas a favor del Presidente Maduro y a desprenderse de gorras, pulseras u otros accesorios con grabados de frases de campaña a favor de Capriles. En al menos ocho de los casos, los detenidos afirmaron haber sido obligados a quitarse la ropa y amenazados de muerte o con la posibilidad de sufrir violencia sexual. Según el informe, quienes sufrieron lesiones mientras permanecieron detenidos o durante la movilización no tuvieron acceso inmediato a atención médica.

Diversas organizaciones locales de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que, según la información que pudieron recabar sobre las investigaciones, las autoridades gubernamentales no han investigado adecuadamente los casos documentados en los informes, a pesar de que en varios de ellos las víctimas habían presentado denuncias. En respuesta a las denuncias difundidas por la prensa que indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad habían cometido abusos contra personas detenidas en varias manifestaciones, incluso en Lara, la Fiscal General comentó que estas denuncias eran falsas “porque aquí en Venezuela no se maltrata a las personas que son privadas de libertad”[4]. Según fuentes oficiales, de un total de 35 denuncias de abusos cometidos en el estado de Lara por miembros de las fuerzas de seguridad durante actos políticos e inmediatamente después de ellos, solamente estaban siendo investigados dos casos sobre presunto maltrato por parte de miembros de fuerzas de seguridad[5].

Venezuela es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y está sujeta a la jurisdicción de la Corte Interamericana desde 1977[6].Durante décadas, los venezolanos han tenido la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos para reclamar reparación por abusos sufridos cuando no existían recursos disponibles a nivel interno o estos no eran efectivos. La Corte ha reconocido los derechos de los venezolanos en varios casos vinculados, entre otras cuestiones, con ejecuciones extrajudiciales, condiciones carcelarias, libertad de expresión, el derecho a postularse a cargos públicos e independencia judicial. Los venezolanos ya no podrán solicitar que la Corte intervenga en casos de abusos cometidos luego de que la denuncia del tratado entre en vigor en los próximos días[7].

Ha transcurrido un año desde que Venezuela ingresó al MERCOSUR, y durante ese período ni su gobierno ni el de otros estados partes del MERCOSUR han abordado frente al gobierno de Venezuela, de manera pública y seria, estos graves problemas de derechos humanos. Actualmente, Venezuela ejerce la presidencia pro témpore del bloque regional. Al ignorar el compromiso de proteger y promover derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas en los estados partes, estos transmiten un mensaje desacertado de que los compromisos internacionales establecidos en el Protocolo de Asunción no son más que promesas meramente formales.

Si su gobierno y los otros estados partes logran revertir la decisión del gobierno venezolano de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, habrán dado un paso muy concreto para fortalecer las garantías de derechos humanos y, sin duda, uno clave para las víctimas de abusos en Venezuela.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

José Miguel Vivanco

Director

División de las Américas

 

CC: Canciller Eladio Loizaga

 


[1]El artículo 1 del Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR dispone que “[l]a plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes”. A su vez, el artículo 2 establece que “[l]as Partes cooperarán mutuamente para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales a través de los mecanismos institucionales establecidos en el MERCOSUR”. Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR, Mercosur/CMC/DEC. N, 17/05, http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/CMC_2005-06-19_NOR-DEC_17_ES_Prot-DD-HH-MCS.PDF (consultado el 2 de septiembre de 2013).

[2]PROVEA, “Criminalización de las protestas ocurridas en Venezuela durante el mes de abril del 2013”, 16 de mayo de 2013, copia en los registros de Human Rights Watch.

[3]COFAVIC, “Informe DDHH en contexto post electoral de abril de 2013 en Venezuela”, 11 de julio de 2013, http://www.cofavic.org/det_noticia.php?id=244 (consultado el 2 de septiembre de 2013).

[4]“Estado venezolano respeta derechos de privados de libertad que participaron en actos fascistas”, Venezolana de Televisión, sin fecha,

http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/04/24/estado-venezolano-garantiza-respeto-de-los-derechos-humanos-a-privados-de-libertad-8640.html(consultado el 2 de septiembre de 2013).

[5]Fiscalía General de la República, “FGR: Sólo se manejan dos denuncias por presuntos maltratos en el estado Lara”, 9 de mayo de 2013, http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/2373034(consultado el 2 de septiembre de 2013).

[6]El tratado fue suscripto el 22 de noviembre de 1969, y ratificado el 23 de junio de 1977. Departamento de Derecho Internacional de la OEA, “B-32: Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto San José de Costa Rica’”, sin fecha, http://www.oas.org/juridico/english/Sigs/b-32.html (consultado el 2 de septiembre de 2013).

[7]En septiembre de 2012, el gobierno de Venezuela presentó ante autoridades de la OEA la denuncia de la Convención que, según su artículo 78, tendría efectos un año después. “Secretario General de la OEA comunica denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de parte de Venezuela”, 10 de septiembre de 2012,  http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-307/12 (consultado el 2 de septiembre de 2013). Departamento de Derecho Internacional de la OEA, “B-32: Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto San José de Costa Rica’”, sin fecha, http://www.oas.org/juridico/english/Sigs/b-32.html (consultado el 2 de septiembre de 2013).

 

Fuente: Human Rights Watch

Desde Aporrea: Sobre nuestros candidatos para el 8-D por Enrique Arrieta Chourio

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PANORAMA

“Camaradas, compatriotas, combatientes, compañeros de todo este proceso, sin pueblo no hay plan posible, no hay futuro, no hay proyecto, no hay estrategia victoriosa, no perdamos de vista eso, cuidado con la burocratización de los cargos, rompamos todo eso, que no nos encadene todo eso, porque nos estaríamos encadenando al fracaso, lo vuelvo a alertar”

Comandante Hugo Chávez

Esta semana se cumple un mes del anuncio de las candidaturas que en nombre del PSUV y el resto de los partidos que conforman el Gran Polo Patriótico participarán como candidatos de la revolución en las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre.

Estas candidaturas se anunciaron en medio de una coyuntura política sumamente compleja, caracterizada por un continuado proceso de conspiración contra la economía nacional que incluye una descarada especulación con el dólar, igualmente los enemigos de la patria siguen con el plan de desabastecimiento programado de productos de consumo masivo, que a su vez genera compras nerviosas por parte de los consumidores opositores y Bolivarianos.

El anuncio de los candidatos coincide con un extraordinario despliegue político del camarada presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno que en pocos meses al frente de la Revolución, ha demostrado que está a la altura del exigente compromiso que a nivel nacional e internacional significa ser el sucesor del presidente eterno Hugo Chávez Frías. El gobierno de la eficiencia en la calle puede mostrar una serie de evidencias que mantienen intacta la esperanza de nuestro pueblo en el proceso político que soberanamente nos hemos dado en permanente confrontación con quienes auspiciados por el gobierno gringo desarrollan toda clase de acciones contrarias al interés de las grandes mayorías populares.

Ahora bien, no se puede negar que las candidaturas anunciadas han generado reacciones diversas entre los seguidores del proceso, que van desde la plena aprobación por lo acertado de las personas designadas hasta un enérgico rechazo por parte de sectores importantes del chavismo que consideran que buena parte de los nombres anunciados no se corresponden con sus expectativas. En los días inmediatos al anuncio de los candidatos se produjeron a lo largo y ancho del país numerosas expresiones de protestas que no pueden ser menospreciadas ni mucho menos descalificadas con el burdo argumento de “son personas que defienden intereses particulares” ó el repetido “esas cosas son normales en estos procesos”

Es urgente que la dirección nacional del PSUV aplique mecanismos de medición que permitan conocer a fondo el nivel de rechazo y/o apoyo con que cuentan los diversos candidatos inscritos, pues no puede ponerse en riesgo los espacios políticos conquistados con abanderados que no recojan el sentimiento popular de los Municipios donde fueron postulados.

Es preciso dejar a un lado la soberbia y reconocer que en este proceso, como en todo proceso humano se cometieron errores, es evidente que fueron designados como candidatos a Alcades y concejales personas que no residen ni tienen ninguna pertinencia social y política con los territorios que aspiran gobernar, otro grave riesgo es haber inscrito decenas de camaradas que ya ejercieron esos cargos en periodos previos y ahora se presentan de nuevo sin que las bases populares del proceso les den su aval.

El método perfecto de escogencia que anuncio varias veces el camarada Nicolás Maduro no podía limitarse a una consulta y posterior reparto de cuotas con las organizaciones partidistas que integran el GPP, a ese método le faltó pueblo, y ese es a nuestro entender el mayor de los problemas. Las bases populares no pueden ser convocadas solo para “bajarle línea” menospreciando su enorme poder,

En el caso de las comunidades afrovenezolanas estamos ante el peligro de ver interrumpida la seguidilla de victorias que mantienen a la revolución invicta en nuestros pueblos, ya que con honrosas excepciones, la mayor parte de los candidatos allí inscritos desconocen nuestras luchas históricas y recientes por la construcción de una patria digna, y en casos puntuales son personas que nunca han vivido en comunidades afrovenezolanas y pretenden comportarse igual que los conquistadores españoles como si nosotros fuéramos sus esclavos.

Esperamos que sabiamente el PSUV sepa interpretar el sentimiento de millones de militantes de base que sentimos que es necesario hacer unas correcciones y no procedan con descalificaciones que no ayudarán en nada a la profundización del proceso.

Lo que está en juego el 8 D no es poca cosa, es el futuro político de la revolución, lo que nos estamos jugando, y esta vez sin la presencia física del máximo líder, esta vez con el camarada Nicolás al frente, un Nicolás al que seguiremos apoyando rotundamente pero al mismo tiempo alertando, y no adulando para cumplir con el legado del comandante supremo Hugo Chávez

*Militante de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas y vocero nacional del Frente Afrodescendiente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar

Los Fondos: Más Buitre serás tú por Leopoldo E. Colmenares G.

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Apagones, imaginarios intentos de magnicidio y la crisis en Siria, han llevado a un segundo o tercer plano, la cuestión de los resultados de  las demandas que  en contra de la República de Argentina mantiene un grupo de inversores en varios  tribunales de los Estados Unidos. Desde hace varios años, simplemente, estos grupos  quieren que esa nación honre los compromisos adquiridos, es decir, que les paguen lo que les deben. Dado que los jueces han emitido, como era de esperarse,  sentencias a favor de los demandantes, los muy nerviosos funcionarios del régimen kirchneristas, no encuentran que maromas político-legales realizar para evadir la acción de la justicia americana.

El caso es que al emitir bonos, la Argentina prometió que “mismo en default, los intereses no pagos y el capital serían pagados en su totalidad”, y que “los tenedores de bonos serían tratados de manera igualitaria”, cosa que, por supuesto, no han hecho, causando las comentadas demandas de algunos grupos de inversionistas.

Para el consumo de la  galería, de muchos  periodistas y  también de demagogos políticos argentinos, el gobierno desde hace años, ha lanzado la increíble explicación que como muchos inversionistas argentinos, sin el músculo financiero y el tiempo para entrar en litigio contra una nación, aceptaron que sus ahorros fueran -no existe otra palabra-  robados, pues sus pares extranjeros tenían que someterse al mismo destino. Así pues, locuaces periodistas y políticos demagogos de oposición, dedican buena parte de su tiempo a hablar mal y a catalogar como “fondos buitres”, a los inversionistas que confiaron en Argentina y con su dinero compraron los bonos emitidos.

Si bien resulta poco menos que repugnante ver al impresentable vice-presidente argentino Amado Boudou -sobre quien, según Jorge Lanata, no debe discutirse si es un corrupto, sino a cuanto asciende lo que se ha robado-, proferir las más insólitas acusaciones contra los “fondos buitres”, resulta patético escuchar a muchos periodistas de oposición, repetir cual loros amaestrados la cantaleta del gobierno en cuanto a que a estos inversionistas no se les puede pagar completo, porque a los pequeños ahorristas locales si se les  quitó gran parte de su dinero.

La locura sobre este tema en Argentina ha llegado a tal extremo que el muy conocido economista gaucho Carlos Melconian, anda en procesión por los medios de comunicación pidiendo perdón al público, ya que se atrevió a no hablar mal de los mencionados fondos. Así pues, resulta que cuando los avispados inversionistas americanos compraron los bonos argentinos, en busca de su siempre objetivo básico de maximizar el dinero de sus accionistas, entonces  para Buenos Aires  éstos si eran unos competentes, honestos  e intachables “businnesman”, pero ahora, que reclaman que les paguen lo suyo, pues son unos desgraciados imperialistas que lo quieren es  quitarle de la boca el pan a los argentinos.

De seguro tal historia debe recordar a los más viejitos, el simpático  cuadrito que muchos bodegueros tenían en sus negocios, mostrando a una oveja con cara suplicante cuando pide prestado y a un lobo con aspecto feroz cuando se le cobra.

Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad.

Universidad “Simón Bolívar”

@LCOLG

Los Motorizados: dueños de la calle por Tomas Horacio Hernández

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Cualquier persona que transite por las calles de Caracas se puede dar cuenta que los motorizados son realmente las personas que mandan en la capital. Estos señores son verdaderamente los amos de la ciudad. El  estrés y las responsabilidades diarias nos han llevado a nosotros como ciudadanos a acostumbrarnos a situaciones que no son ni normales, ni legales ni mucho menos racionales.

En Caracas, por ejemplo, es absolutamente normal ver a un motorizado: manejar por la acera, manejar en contrasentido, irrespetar un semáforo, tumbar un retrovisor, discutir e insultar a los conductores, patear a un carro, hacer piruetas en plena calle y hasta ignorar a la policía.

Y ese es precisamente el problema: la impunidad. Un motorizado puede hacer en Venezuela lo que le da la gana y la respuesta de las autoridades es prácticamente nula. El clásico ejemplo lo vemos a diario en la autopista. Cambiarse de canal en la autopista francisco fajardo en hora pico es un reto complicado, debido a la cantidad de carros es muy probable que la persona que se está intentando cambiar quede en el medio de los dos canales y cuando esto sucede los motorizados se sienten ofendidos e irrespetados y en consecuencia viene un insulto y un golpe al carro.  Por si fuera poco, si alguna persona tiene la mala suerte de chocar con ellos la respuesta del motorizado será inminentemente violenta hasta que llegue la policía. Una vez que esto sucede, los motorizados siguen tranquilamente por su camino.

El ataque violento de un motorizado seguido por la incapacidad de las autoridades para hacer algo al respecto se vive a diario en Caracas. Esta pesadilla le tocó esta semana a una señora con su hija de 5 años en el Municipio Libertador, donde un grupo de motorizados estaba realizado una protesta. Para no quedar atrapada en la protesta, cosa que a cualquier persona le aterraría, la señora aceleró su carro pero impactó en el proceso a 3 motorizados. En vista de eso, estos señores bajaron a la señora del carro y literalmente le destrozaron el carro.

El venezolano está tan cargado de noticias negativas que son pocas las cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. Lamentablemente hemos perdido la capacidad de asombro y hechos como el relatado anteriormente son simplemente una noticia más del día. Sin embargo, esto no quiere decir que lo ocurrido no sea grave.

Es inaceptable que las autoridades no utilicen todo el peso de la ley contra estas personas que cometen delitos las 24 horas del día. Es lamentable que los caraqueños tengan que manejar y vivir con miedo porque las respuestas de estos señores son siempre violentas. Y es triste que las personas que manden en la calle sean unos individuos que desconocen la palabra respeto y se creen que están por encima de la ley.

Venezuela tiene muchos problemas, es verdad, pero este hace que cada vez que nos montemos en el carro nos sentamos más inseguros y más indefensos.

 

@TomasHHR

Público & Confidencial: ¿Los “destructores de Guayana” no tienen que asumir el daño y los costos?

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Anoche seguían discutiendo con el militar presidente de CVG y con los presidentes de las empresas del aluminio un proyecto de acuerdo de las cláusulas económicas de los violados y vencidos contratos colectivos de Alcasa, Venalum, Bauxilum y Carbonorca.  Al menos hasta la hora de redactar estas líneas había tan solo un borrador con una fórmula posible de cifras a las que estaban haciendo “correr” en varias computadoras, simulando las que llevan las nóminas diarias y quincenales así como vacaciones, retroactivos, utilidades y otros conceptos.

Obviamente, en el estado actual de ruina al que el gobierno dizque revolucionario ha llevado a todas las empresas, ninguna está en capacidad de pagar ni siquiera las nóminas actuales mas los otros costos de operación.  No ha sido en vano que la “revolución” ha destrozado su producción y la productividad; que ha dañado instalaciones y equipos, que ha liquidado el mantenimiento. Que ha agotado inventarios de insumos y repuestos mientras las deudas con los proveedores son incalculables.   Los “destructores de Guayana” han demolido a esas empresas.  Ahora, van y le dicen a los trabajadores y sus sindicatos:“ustedes tienen que ser conscientes que no se pueden recuperar los salarios. Las empresas no tienen para cubrir eso”.  ¡Claro que no tienen con qué por sí mismas! Si ustedes, señores Maduro, Giordani, Jaua, Merentes, Sanz, Khan, Rangel Gómez, Gamluch, Sabbagh, Gil Barrios, Marcano, China, Campos, Osorio, Méndez y un largo etcétera, incluyendo al finado, las destrozaron.

 

Los “destructores de Guayana”  tienen que dar respuestas. Con inversiones de verdad y con los contratos colectivos.  No pueden culpar a los trabajadores. Ni siquiera tienen razón moral alguna para pedir “consciencia”.  ¿Por qué no fueron conscientes ustedes, señores jerarcas rojos,  cuando jugaron con ellas como si fueran bodegas, cuando desataron la corrupción y los negocios irresponsables anti nacionales, cuando las aprovecharon como si fueran de su propiedad para el derroche partidista, cuando dijeron que “socialismo es negar la productividad y la rentabilidad”; cuando metieron mano el bolsillo del trabajador y en el abandono del mantenimiento para financiar su corrupción y el déficit que iban creando?  ¡Ahora les toca asumir su barranco y responder!  La familia trabajadora no puede ser la que pague los platos rotos con empobrecimiento para que uds. se hagan más ricos.  ¿O acaso no acabamos de ver como se hacían ricos los jerarcas rojos y sus socios boliburgueses haciendo  “negocios” chimbos en una empresa arruinada como Ferrominera a la que le sacaron “el jugo”?  ¿Es distinto en las otras?

 

Ferrominera: ¿éstas son las cifras de ruina 2013?

 

Atrás, muy atrás, quedaron los años en que Ferrominera batía récords de producción con 22-23 millones de toneladas/año, mientras sus equipos de mina, ferrocarril y manejo de mineral estaban en perfecto estado y los trabajadores recibían completos salarios y beneficios.   Atrás, muy atrás, quedaron los años en que el país lograba progreso nacionalista al transformar dentro de Venezuela, con sus siderúrgicas, briqueteras y metalúrgicas, dos de cada tres toneladas de mineral, un 64%.

La “obra revolucionaria” azotó a Ferrominera como a todas las estatales.  Tiene varios años entre 14 y 16 millones de toneladas.  Sus equipos de mina están convertido en chatarra por lo que para medio producir le han entregado el 70% de la menguada extracción a dos contratistas privadas, una de ella de China que viene hasta con sus obreros.  La robo-lución entreguista de la soberanía nacional.   Ahora el gobierno entrega a otra transnacional de China un contrato macro con el ferrocarril obviando a lo nacional.  Y pese a que se produce 35% menos hierro, en el país ya solo se transforma el 40% de ese mineral en lugar del 64%. Indignante retroceso anti venezolano.

Trabajadores me muestran un reporte de producción de hace tres días.  Según ese informe, en los primeros ocho meses del año, el acumulado de producción de mineral es de apenas 7 millones 520 mil toneladas lo cual proyecta que no llegaran ni siquiera a 13 millones. Podría ser menos. Algunos temen que sea 11 y me muestran cifras de cuantos viajes se hacen a diario, cuantos vagones y cuanta carga real llevan. En el ruinoso estado en que está la vía férrea, hay que cargar con peso moderado y rodar a paso de tortuga. Pese a todo, ocurren docenas de descarrilamientos. Son los “logros de la revolución”.  Ni siquiera mintiendo en las guías de carga de cada vagón, como hicieron hace dos años para inflar la cifra final un millón y medio por encima de la verdad, llegarían siquiera a 14 millones de toneladas, que ya es para llorar.

TIPS:   Corpoelec. Arrecian las amenazas con métodos neofascistas contra los trabajadores de Corpoelec.  No serán nazis y muchos de esos jerarcas rojos en alguna época fueron de izquierda con ideales, pero persiguen como los fascistas, amenazan como ellos, claman por despidos y por liquidar a los sindicatos para dejar inermes a los trabajadores.  Son una deshonra. El poder, la ambición desmedida por los negocios y la gigantesca corrupción los llevan a insistir en la farsa del “sabotaje” para tapar sus culpas sin importarles nada.

TIP 2: Responda, señor Maduro, por no haber construido, en 14 años, una línea de transmisión paralela a la de 765 que sale de Guri para no sobrecargar a esa.   Respondan señores jerarcas del gobierno por el retraso de 4 años de Tocoma, por el negocio chimbo de la repotenciación de Macagua I en el que se han botado 450 millones de dólares sin lograr ni un solo MW; por el atraso de 9 años de Termosucre; por los 8 años interminables de reconstrucción de Planta Centro que sigue igual de mal. Responden por el dineral sin destino cierto del “plan de emergencia eléctrica” de 2010, las obras sin licitación que nunca se hicieron. Respondan por las Termoeléctricas de Sidor que no funcionan pese a la millonada botada en ellas.   Dejen de fabricar inescrupulosas historietas de “sabotaje” solo para ocultar su desastre y su corrupción.

depece54@gmail.com

@damianprat

www.publicoyconfidencial.com

Medellín: de la decadencia al porvenir por Juan Pablo Sucre G.

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Medellin

Hace unos meses leí una crónica del multifacético periodista-novelista-entrevistador venezolano, Leonardo Padrón, sobre los conciertos que ofreció la internacional “Reina del Pop”, Madonna, en el marco de su MDNA TOUR 2012, en la ciudad de Medellín, la segunda ciudad en población de nuestra vecina Colombia.

Padrón relató su impresión como la capital del Departamento de Antioquia emergía cual “diva posmoderna” al convertirse en la anfitriona de uno de los espectáculos más notables en el mundo del showbusiness antes que muchas otras ciudades más pobladas del continente. No obstante, el sentido de su escrito fue resaltar la importante experiencia de contar con sendas fechas -con ventas agotadas- donde hubo espectadores de múltiples latitudes, en una ciudad supuestamente secundaria de un país que estaba hasta hace pocos años invisibilisado -o más bien estigmatizado-, por haber sido –¿o sigue siendo?- hub de uno de los crímenes organizados más importantes del Planeta: el narcotráfico.

Aquí pretendo relatar las principales conclusiones a las que pude llegar luego de una fugáz experiencia reciente que tuve al conocer Medellín, en donde me adentré en las entrañas -en su underground-, en una ciudad que pasó de ser colombiana, incluso latinoamericana, para convertirse en una metrópoli cosmopolita, en donde hacen vida personas de múltiples orígenes, con énfasis en ciudadanos norteamericanos y pares de sus naciones aliadas, debido a lo que abajo desarrollaremos, fundamentalmente por las razones políticas y militares que todos sabemos, además de su posición estratégica y la prosperidad económica que goza dicha región.

“Medallo” -como la llaman sus ciudadanos con cariño-, cuenta ya con unos 2 millones 500 mil habitantes. Su ubicación la coloca en el ombligo geoestratégico de Latinoamérica, incluyendo a Centroamérica y el norte de Suramérica en pleno, con todas sus salidas marítimas: al Pacífico, al Caribe y, por ende, al Atlántico. Perpendicular al istmo de Panamá -léase al Canal de Panamá-. A pesar que es una zona montañosa sin salida directa al océano, aunque para eso le sirven los puertos muy cercanos de Cali (Pacífico) y Barranquilla y Cartagena (Caribe-Atlántico), además de acceder vía terrestre por el sur a la Amazonia (Brasil y Venezuela amazónica) y al sur-oriente con Bogotá (la Capital política-financiera colombiana y Los Andes y el Occidente venezolano) y más allá con la Región Andina (Ecuador, Bolivia y Perú).

Con sólo pisar su aeropuerto internacional, uno empieza a sentir que la concepción de “tercer mundo” se nos desdibuja vertiginosamente de aquella estación. Las vallas publicitaria y su contenido –muchos de órden institucional de parte de entes gubernamentales así como de empresas privadas y mixtas, regando mensajes con valores y expresando optimismo y esperanza ante el porvenir-. La pulcritud; la calidad y puntualidad del transporte público; la esmerada atención de “los parceros y las parceras”, reflejan una filosofía profunda de servicio que destaca respecto a la mayoría de plazas latinoamericanas.

Y ni hablar cuando comparamos con nuestra Venezuela, donde en los últimos años de bombardeos de propaganda “igualitaria” y de “reivindicaciones de clases” e ideologización de izquerda, han divorciado a un sector importante de los venezolanos de lo que debe ser una básica buena atención, con un discurso tóxico que ha envenenado a la población haciéndoles confundir el buen servicio con servilismo, por lo que se recomienda abstenerse a practicarlo, so-pena de ser catalogados “antirevolucionarios” o -peor aun- “antipatriotas”.

Todo ello es un error crucial para el futuro que luce a todas luces matrecho en nuestra mal aconsejada Venezuela, desde que éstas “cúpulas podridas” tomaron el poder en el año 1998. Pero incluso antes, desde que -de golpe- aparecieron en la escena pública luego del famoso “por ahora”, aquél fatídico 4 de febrero de 1992, cuando debutó publicamente el “proceso” que le ha costado a la otrora Nación emblema del progreso latinoamericano muchas décadas de retroceso, en bajada y sin frenos.

El “líder supremo” de la “revolución bolivariana”, varias veces aseveró de manera enérgica que “Venezuela cambió para siempre”. Muy cierto, pero para mal, para peor, para mucho peor de lo que había en el descenlace fatídico de la llamada “Cuarta República”, que ya estaba bastante torcida.

Volviendo al tema y espacio que nos ocupa, Antioquia, y en concreto, Medellín, ha sido una tierra que se ha ganado palmo a palmo su vigorosa posición actual, y sería muy injusto encasillar la causa de su empuje solamente al negocio bandera –entre los más rentables, si no el más del mundo-: el narcotráfico. Eso sería una bofetada a la inmensa mayoría de la población, al grueso de trabajadores honestos que todos los días se levantan a laborar en los campos cafetaleros –cuyo rubro se exporta a todo el mundo con excelsa calidad-, o las flores ornamentales -también un negocio pujante- y de tantos otro rubros agrícolas y ganaderos; en las fábricas textiles -con calidad de talla mundial-; en su variada oferta de restaurantes y hoteles -donde el servicio es impecable-; a los policías y miembros honorables de las fuerzas militares -que han enfrentado y ganado la guerra contra los narcoguerrilleros y narcoterroristas, quienes confunden el plano de la ideología, ya que todos pasaron a ser esclavos del dinero y del poder sin escrúpulos, antivalores que para esa gente tiene más peso que la vida humana-; a los empleados en general que atienden con la mejor sonrisa a los locales y visitantes para servirle “con mucho gusto”, sin por ello disminuir su condición humana, como han hecho creer desde los hilos del poder “Castro-chavista” a nuestra Venezuela contaminada de “Socialismo del siglo XXI”.

Los “paisas”, tal como popularmente se les reconoce a los antioqueños, son personas llenas de buena vibra y optimismo. En el marco de su bicentenario, la edición de la Revista Semana del 16 al 23 de agosto, publicó una descripción en cápsulas que expresa los caracteres de su cultura. Es un resúmen de un estudio que coordinó la Gobernación del Departamento con apoyo del Grupo Sura, con investigación del EAFIT y las consultoras Invamer y Etniológica. Básicamente, refleja que los antioqueños están muy orgullosos de su gentilicio, así como de su condición de colombianos. En resumen, son regionalistas en su más absoluta esencia.

Más de la mitad de los jóvenes pujan por entrar a las universidades. En ese sentido, 66% de los encuestados creen que la calidad de la educación ha mejorado. El futuro lo ven con ojos positivos: con buena salud, casa propia, enriquecimiento espiritual y con un matrimonio felíz -los valores más profundos están entre las prioridades de la mayoría-. Algo curioso que resalta el estudio es el grado de confianza en el prójimo, que triplica a la media de los demás pobladores colombianos. Todos son signos vigorosos para quienes miran mercados para invertir y desarrollar empresas, e incluso a quienes están buscando alternativas donde desarrollar sus vidas junto a sus seres queridos.

Un poco de historia reciente…

La región antioqueña ha sido el epicentro de las luchas políticas y bélicas de Colombia en las últimas décadas. Comenzando con que fue en Medellín, como es harto conocido, donde un humilde ser proveniente del poblado aledaño de Rionegro, Pablo Emilio Escobar Gaviria, conformó durante los años 80 hasta comienzo de los 90, el llamado “Cartel de Medellín”, una de las mafias de crímen, terrorismo y destrucción más moustruosas que ha experimentado la humanidad, erigiéndose como una de las personas más ricas y poderosas del Planeta, quien llegó a poner en vilo a toda la estructura de poder político y militar de Colombia, hasta el punto que tuvo que ser llamado con urgencia la intervención del ejército más poderoso del mundo para ponerle coto, al “Imperio mesmo”.

Los Estados Unidos de América, suministraría tecnología y ayudaría a perseguir a Escobar y a su red criminal, a quien finalmente dieron de baja el 2 de diciembre del año 1993, en “El Envigado”, sector popular de la ciudad de Medellín, luego de un gigantezco y lamentable costo traducido en cientos de muertes, dolor, división y desmoralización de toda la sociedad neogranadina.

Pero pasa que después de la destrucción suele venir la reacción a la barbarie, la reconstrucción, la vuelta a los valores más básicos: a los dogmas, a la familia, al respeto al prójimo, al trabajo honesto… y más cuando llegó a lo más alto de la magistratura nacional un hombre que promulgaba todos los principios que la sociedad colombiana anhelaba, quien, por cierto, casual o providencialmente, fue otro “paisa” –excepcional-: don Álvaro Uribe Vélez.

Este abogado de la Universidad de Antioquia, de 61 años de edad, con título en “Resolución de Conflictos” de La Universidad de Harvard y luego becado para realizar estudios políticos en Oxford; de expresión pausada pero con una convicción que hace rendir a cualquier fiera, fue el capitán que enderezó el barco que se encontraba a la deriva, enclaustrado en el abismo, en el caos de un Estado a punto de ser considerado con la dura y humillante etiqueta de “canalla” o Rogue State.

Uribe ocupó la Presidencia de la República entre los años 2002 y 2010, luego de forzar la reelección como institución –que no existía en su Texto Fundamental- y ejercer el segundo período gracias a una Reforma Constitucional aprobada luego de árduas discusiones en el Congreso de la República de Colombia.

Uribe cumplió “juiciosamente” los pasos de la carrera política. Desde muy jóven empezó en cargos en empresas gubernamentales y distintos entes de gobierno locales, departamentales y nacionales. Fue electo Alcalde de la ciudad de Medellín en 1982, a los 40 años; Senador de la República a los 44 (1986-1994) y Gobernador de Antioquia a los 48 (1995-1997); cerrando su trayectoria pública -por ahora, ya que sigue muy activo-, como Presidente de la República de Colombia, electo a los 51 años de edad, donde permaneció 8 años en dos períodos constitucionales.

Su política ante los narcoterrorista fue contundente, transparente y concisa: ningún tipo de negociación con los narco-insurgentes y activación de todo el peso del Estado de Derecho, de la Ley, del Órden Público… del Bien. Es así como la respuesta sólo podía ser una sóla: plomo -diametralmente opuesta a la filosofía que aplicó en vida su “paisano” Escobar Gaviria: que amenazaba a sus enemigos, políticos, periodistas, militares, policias, jueces y ciudadanos comunes con sus ebirros para subyugarlos con la famosa y dilapidaria frase: “plata o plomo”.

La respuesta vino secundada por las fuerzas políticas, diplomáticas y militares de Norteamérica, alianza que ya había sido heredada de la administración de su predecesor, Andrés Pastrana Arango (Presidente de la República de Colombia entre 1998 y 2002), luego de la humillación que sufrió como líder de la Nación cuando los narcoguerrilleros burlaron su buena voluntad negociadora con la llamada “Zona de Distención o Zona de Despeje de San Vicente del Caguán” (1998-2002).

Por cierto, una de las peores infamias que en su trayectoria podrán mostrar los “comunistas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que se acordaron 42.000 hectáreas de tierras situadas entre los Departamentos del Meta y Caquetá, como una de las condiciones necesarias para alcanzar la codiciada paz. Dicha Zona fue utilizada durante los 3 años que duró la concesión para sembradíos de sustancias psicotrópicas ilícitas, libre de supervisión de las autoridades, burlándose así de Pastrana y su gobierno, pero sobretodo del pueblo colombiano y de la Comunidad Internacional que nuevamente imprimieron esperanzas en un proceso más cuyo anhelo fue desperdiciado y frustrado por la deslealtad de los narcoterroristas rufianes.

Es de hacer notar que eran los tiempos en que Hugo Chávez tomaba el poder y rebautizaba con gran esperanzas a la República de Venezuela –mediante la Asamblea Constituyente convocada en 1999- con el epopéyico adjetivo de “República Bolivariana”. El flamante presidente venezolano -cómo olvidarlo- disfrazado como observador junto a sus conocidos emisarios de su gobierno, secundaba y velaba en tal proceso colombiano todas las peticiones de sus alíados, de sus “costillas”, los narcoterroristas –mentirosos y negociadores desleales- de las FARC.

Andrés Pastrana pecó por inocente -cómo no-, pero no lo juzgaría a la ligera, pues su confiado actuar fue el detonante político interno definitivo para solicitar apoyo de fuerzas extranjeras -militarmente superiores- que ayudarían –y así lo hicieron- a eliminar a los grupos insurgentes que pasaron de ser los veladores armados de los sembradíos de los carteles de Medellín y de Cali, a ser los herederos del negocio que conocieron de fuente directa de parte de “sus patrones”, los pioneros narcoterroristas, Pablo Escobar Gaviria, los hermanos Rodríguez Orejuela y sus entornos mafiosos.

También, en el otro extremo -hay que decirlo-, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sucumbieron ante la misma tentación, corrompiendo sus misiones originarias por el dinero a chorros que produce el negocio de los estupefacientes ilícitos en sus distintas fases de producción, distribución y comercialización.

El “Plan Colombia”

Así las cosas, Pastrana y el expresidente estadounidense Bill Clinton, sellaron en el año 1999 la alianza bilateral que transformaría a Colombia -y en especial a la región in comento-.

El “Plan Colombia”, también conocido como el “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado” o, simplemente, el “Plan Colombia para la paz”, es un acuerdo bilateral suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Los objetivos específicos fueron “generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos”.

El acuerdo se ha sucedido bajo la modalidad de “extensiones temporales” con las administraciones de Uribe y de su sucesor, Juan Manuel Santos. Del otro lado,  desde Washington D.C., se han pasado el relevo los presidentes George W. Bush y el actual inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama.

El gobierno estadounidense distribuye los recursos teconológicos y económicos bajo el programa “Andean Counterdrug Initiative” (ACI) o “Iniciativa Andina Contra las Drogas” y recibe soporte del “Foreign Military Financing” (FMF) o “Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras” del “Department of Defense’s central counternarcotics account” o “Cuenta Central Antinarcóticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos·.

La administración de los acuerdos bilaterales no ha sido del todo armónica, por los intereses nacionales -naturales- contrapuestos que han surgido entre sendas naciones. El principal objetivo de Washington ha sido el de prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, como también apoyar institucional y diplomáticamente a Colombia a promover la paz y el desarrollo económico -que a la vez contribuye a la seguridad en la Región Andina-, que se les fue de las mano, en gran parte con el avance del “Castro-comunismo” venezolano-cubano que lideraron Hugo Chavez junto a los hermanos Castro por más de una década.

Colombia, por su parte, procuraba la paz, el desarrollo económico e incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de drogas. Pero la relación se ha ampliado de lo estrictamente antinarcótico a la guerra contra el terrorismo a nivel macro, debido a que los criminales organizados, sean políticos o mafias civiles, retroalimentan con gran parte de esos flujos de dinero a la guerra de guerrillas del Siglo XXI que busca debilitar el Estado constituído, tanto dentro de Colombia como en otras latitudes donde puedan alterar el órden y distraer a su enemigo más poderoso, los Estados Unidos de América, así como a su red global de alíados y grupos de interés -Estados, organimos internacionales, organizaciones no gubernamentales,  empresas trasnacionales y todo lo que huela a libertad económica, libre comercio, iniciativa privada o emprendimiento-, es decir, a los principios y valores fundamentales que promueve el sistema capitalista liberal anglosajón.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) EEUU-Colombia

El “Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia”, mejor conocido como TLC -en inglés: Colombia Trade Promotion Agreement (TPA)-, es un Tratado de Libre Comercio bilateral entre ambos países. Fue aprobado el 10 de octubre del 2011 por el Congreso norteamericano y entró en vigencia el 15 de mayo del año 2012.

Las negociaciones de dicho Acuerdo comenzaron varios años antes. Como antecedentes, primeramente Colombia negoció junto a sus socios de la Comunidad Andina (CAN) –incluyendo con Venezuela- posiciones conjuntas ante el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto hemisférico para derribar gradualmente las barreras comerciales de 34 países de las tres Américas y del Caribe, desde Canadá hasta Argentina –todos los países menos Cuba-. Éste ambicioso esquema se planteó en la primera “Cumbre de Las Américas”, realizada en la ciudad de Miami en el año 1994, y estuvo más de una década negociándose hasta que fue boicoteado por la ola de izquierda que tomó países claves de Suramérica, liderada, claro está, por la tripleta Chávez-Castro-Kichner, que plantearon la “brillante” “Alternativa Bolivariana para las Américas” (ALBA), esquema de países chulos de Venezuela que chuparon todo lo que pudieron –y siguen haciéndolo- a cambio de apoyos incondicionales en cuanta asamblea, conferencia, foro, organismo internacional o programa se le ocurriese al “nuevo libertador de Venezuela”.

El ALBA no ha tenido ningún sentido ni resultado palpable más que político. El ALBA fue –ya casi hay que hablar en pasado- un gran fracaso que le ha costado billones de dólares a un país cuya infraestructura y servicios públicos están mucho más precarios que cuando tomaron el poder hace casi 15 años.

Mencionamos mucho a Venezuela en éste capítulo que habla del TLC entre EEUU y Colombia porque fue la excusa que Hugo Chávez utilizó para patear el tablero de la CAN y salir de un acuerdo que comenzó en al 1969 junto aBolivia, Colombia, Ecuador y Perú, por considerar que dicha alianza comercial significaba una ofensa con sus socios andinos. Luego de eso, se enfocó en hacer a nuestro país Estado miembro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que es un acuerdo subregional inspirado en principios menos proteccionistas y más liberales comercialmente hablando, aunque tanto Argentina como Brasil –también Uruguay- contaban –y siguen contando, por ahora- con gobiernos ideológicamente amigos.

De vuelta al TLC, concluímos que es un instrumento complementario que un aliado tan cercano y necesario en la Subregión, como lo es Colombia para los Estados Unidos, no podía no tenerlo. En ese sentido, la mesa está servida para que la relación tanto comercial como legalmente siga fluyendo y continúe profundizándose. Y así parece estar sucediendo…

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Medellín: presente y futuro

El 7 de agosto de 2010, asumió la Presidencia de la República de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, con más de 9 millones de votos –la mayor votación de la historia de Colombia-. Éste periodista y economista nacido en Bogotá en el año 1951, es miembro del clan familar propietarios del conservador diario “El Tiempo” –también primo del exvicepresidente y actual pre-candidato presidencial, Francisco Santos, quien se ha convertido en uno de los principales críticos de Santos, junto al mismo Uribe, por diferencias fundamentalistas-.

Santos Calderón, fue un consentido miembro del Partido Liberal, y tiene una destacada carrera política, habiendo detentado altísimos cargos como Ministro de Comercio Exterior en el gobierno de César Gaviria –quien sustituyó al asesinado candidato del “Nuevo Liberalismo” por el grupo de narcotraficantes llamados “Los Extraditables”, liderados por Pablo Escobar el 18 de agosto de 1989: Luis Carlos Galán Sarmiento- y además fue Ministro de Hacienda durante la gestión de Andrés Pastrana Arango.

Juan Manuel Santos abandonó el Partido Liberal en el año 2002 para unirse a la creación del “Partido de la U”, junto a Álvaro Uribe Vélez, arroyando electoralmente en su debut. Fue nombrado por el flamante presidente Uribe en el cargo más importante para la línea que tomaría dicha gestión: Ministerio de Defensa -posición que detentó desde julio de 2006 hasta mayo de 2009 cuando, luego que la Corte Constitucional negara la posibilidad de una segunda reelección de Uribe, se lanzó como el sucesor surfeando en dicha plataforma política-.

La gestión de Santos en la cartera de Defensa será recordada como la implacable avanzada por la reconquista de las fuerzas institucionales de la República, cuestión que cambió la historia de Colombia, ya que propinaron los más duros reveses a los cabecillas de las FARC después que en el año 2008 muriera por causas naturales el líder del ejército insurgente por más de 44 años, Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”.

Santos, con apoyo de los Estados Unidos, bajo las órdenes de Uribe Vélez, gestionó las operaciones que darían baja a Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, en un controvertido ataque en territorio fronterizo ecuatoriano en enero de 2008 -que casi coloca en guerra a esos países -y hasta Hugo Chávez se asomó en dicho impase, amenazando con mandar tropas y aviones Sukoi en contra del país vecino, en solidaridad con el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, cercano a su línea política-. Ese mismo año se rescataría con vida a la excandidata presidencial secuestrada en febrero del año 2002, Ingrid Betancourt -así como a otros rehenes políticos y militares-, en un operativo tácticamente brillante. Luego vino otro atino más, la eliminación del que heredó la batuta narcoguerrillera, Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briceño, o más coloquialmente conocido como el “Mono Jojoy”, en septiembre de 2010.

Hoy las fuerzas nargoguerrilleras continúan en gran parte del territorio colombiano rural. No obstante, su poderío militar ha sido acorralado y mermado sustantivamente, sobretodo sus cabezas estrategicas. Nuevas negociaciones de paz se están desarrollando en caliente en la ciudad de La Habana, Cuba, pero esta vez el poder de negociación claramente lo tienen las fuerzas institucionales. Santos, astutamente presiona y los acorrala ante a las cuerdas procurando un referéndum en las elecciones nacionales parlamentarias o presidenciales a celebrarse en el 2014 y 2015, respectivamente, a sabienda que los narcoinsurgentes no aceptarán quedar en evidencia ante la inmensa mayoría de colombianos que los repudia. Los rebeldes, por su lado, se enfocan en solicitar una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Constitución de 1991 y que les garantice su reinserción pacífica a la vida civil y política de la República. La semana pasada por primera vez las FARC reconocieron en La Habana haber causado “crudeza y dolor” y que podrían pedir disculpas por dichas atrocidades. Mientras tanto, solicitaron una pausa a la Mesa de Negociación para analizar la propuesta del gobierno encabezado por el respetado jurista Humberto De La Calle.

Sin embargo, desde el mes pasado han optado en paralelo por una nueva estrategía por la vía política de insurgencia sindical y gremial, alterando el avispero social mediante marchas y paros, –volviendo a lo básico, pues-, lo que puede leerse como un retroceso de décadas en su capacidad belicista.

Por el Plan Colombia y todo lo mencionado arriba, gran parte del negocio de la droga ha sido expulsado a México y otros países vecinos. Sin embargo, es falso afirmar que es o será erradicado a corto plazo. Las transacciones solamente han cambiado de manos. Los grandes bancos que hacen presencia en Medellín y la infraestructura del lujo de manera abierta (concesionarios de vehículos y motos, tiendas de grandes marcas lujosas internacionales, hoteles 5 estrellas, discotecas, restaurantes, etc.) dejan en evidencia que las finanzas del “narcolavado” solamente han sido arrancadas del manejo de grupos oscurantistas y ahora se lucen sin complejos en las calles de Medallo, en los centros comerciales, en los clubes campestres, en las fiestas, ferias y festivales.

Y tenía que ser así, pues si Estados Unidos, Europa y el mundo entero han perdido la lucha contra el tráfico y el consumo de sustancias estupefacientes –ya es sabido que muchos de los estados de Norteamerica han legalizado –y es discusión caliente en éstos momentos en los que no lo han hecho- el consumo de las soft drugs “medicinal” y ahora incluso hasta se está  permitiendo “recreacionalmente”, y ni hablar de países europeos más liberales que lo han hecho desde hace lustros –como Holanda-, y es que no pueden seguir permitiendo que mafias manejen esos gigantezcos flujos de capital, pues el fruto del negocio de la droga cuando se imponen barreras se desvía al financiamiento del terrorismo en todas sus formas, así como otros flajelos (prostitución, trata de blancas, sicariato, guerra de bandas, etc).

Así las cosas, Medellín, como meca global de este flagelo, es y ha sido históricamente el mejor terroir para la siembra de tales sustancias y donde están todas las mejores mentes, es decir, el más calificado know how de décadas acumuladas manejando la médula de tal negocio -así como también Cali y los territorios aledaños-, por ello se verá cada vez más beneficiada de esa realidad.

Pensarán los lectores que no es nada nuevo, que ya lleva varias décadas siendo así. Es cierto, pero la diferencia está ahora en que el mayor mercado mundial está derribando las trabas para su consumo paulatinamente, lo que implica el cese de la persecusión para su distribución y venta. Ello indica que el negocio se irá democratizando cada vez más. De pasar de pocas cabezas de un par de carteles hace apenas una década, ahora cualquier emprendedor podrá experimentar con laboratorios de marihuana, haschish, cripy o cripa, anfetaminas y algunos analgésicos y tranquilizantes –apuesto que ya en eso deben estar las grandes trasnacionales tabacaleras y hasta farmaceúticas-.

Es por ello que uno ve haciendo vida en esa mediana ciudad a ciudadanos norteamericanos, árabes, israelíes, españoles, rusos y cuanta persona quiera aprovecharse no sólo de los beneficios de la bonanza directa de negocios todavía dudosos, sino de la venta de bienes y servicios –legales y honestos- gracias al dinero que se desborda y chorreará cada vez más durante las décadas venideras, pues “la nota” ahora es que se pone buena.

 

Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (2001) con especialidad en Derecho Corporativo –Mención Cumlaude- de la Universidad Metropolitana de Caracas (2004) y postgrado en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona, España (2005). Fue abogado de la Secretaría General de la Comunidad Andina y asistente en las negociaciones de los acuerdos entre la CAN-MERCOSUR y del Área de Libre Comercio de las Américas. Fue Consultor asociado en la firma Lextrategy por 7 años. Ha sido articulista para los diaios venezolanos El Nacional, El Universal y Runrun.es.

AActualmente es consultor independiente en el área. También es emprendedor en el área del entretenimiento, gastronomía, moda, estilo de vida y tendencias.

@juanpsucre

 

Editorial El Tiempo (Colombia): ¿Una salida para Siria?

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La cumbre de los 20 países más industrializados del mundo, que incluye a no pocos invitados adicionales, empezó ayer y terminará hoy en circunstancias difíciles.

Por un lado, se celebra en San Petersburgo, y su anfitrión es el líder ruso, Vladimir Putin, con quien el presidente estadounidense, Barack Obama, ha tenido numerosos y recientes desencuentros, que van desde el declive de las abejas en el mundo hasta el asilo del informante Edward Snowden en Moscú. Por otro, coincide la reunión con el momento más tenso de la situación siria. Estados Unidos anunció que atacará instalaciones militares del gobierno de Bashar al Asad para castigar la masacre de más de mil ciudadanos inermes gaseados con químicos letales. Putin se opone a la declaración unilateral de intenciones de Washington y ha destacado barcos militares en aguas próximas a Siria, a cuyo gobierno protege como cliente comercial y socio político.

Sin embargo, la reunión que tan mal pinta podría abrir un camino en la solución del problema. En declaraciones a la prensa, el presidente ruso señaló el miércoles que rechaza un ataque al margen del Consejo de Seguridad de la ONU –donde Rusia y China vetan toda sanción a Siria–, pero no cierra las puertas a una medida punitiva que lleve el visto bueno del Consejo. Podría ser, pues, que se produjera, aprobada por la ONU, una operación militar multinacional para castigar a Al Asad. Para ello sería necesario que la comisión científica de las Naciones Unidas demostrase que se produjo el ataque tóxico y que se ofrecieran pruebas sobre la autoría del Gobierno.

Los manuales clásicos de guerra dicen que un ataque será más exitoso cuanto más sorpresivo. En contravía de esta estrategia, la operación de castigo contra la dictadura de Al Asad se ha vuelto una de las más anunciadas e inciertas decisiones de la historia militar moderna. Al revés de otras guerras, donde las reflexiones políticas, éticas y jurídicas preceden al uso de las armas, en este caso varios gobiernos tomaron y proclamaron hace días su determinación de atacar, y solo han optado por retrasarla a medida que surgen dudas y preocupaciones.

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia empeñaron su palabra de que atacarían a Al Asad a fin de que estos atentados no se repitan. Pero al británico David Cameron lo desautorizó el Parlamento, mientras que Obama frenó su ímpetu inicial y ahora intenta convencer al Congreso de que lo apoye. Ya lo logró con el sanedrín del Senado. Le falta la Cámara. François Hollande, el presidente francés, no piensa acudir a la Asamblea Nacional y el Senado, pero sabe que dos de cada tres ciudadanos se oponen al ataque.

No parece fácil, pero sí posible, un acuerdo en el que Estados Unidos acepte aplazar su operación de castigo para obtener el respaldo de la ONU, y Rusia se avenga a dar su visto bueno si las pruebas confirman el ataque con gas venenoso y la responsabilidad del gobierno sirio. En el plazo de algunos días se conocerá el dictamen de los científicos neutrales. Si existió el mortífero bombardeo, como todo lo indica, será difícil creer que no fue obra de un régimen que a sus pocos reatos morales añade uno de los mayores arsenales químicos del mundo: más de mil toneladas de agentes químicos exterminadores.

Legitimado el castigo, disminuyen algunos de sus efectos geopolíticos, aunque estas acciones siempre dejan abierta la caja de Pandora, como lo prueban Irak, Afganistán y Libia. Sería una buena noticia para el mundo que la oscura reunión de San Petersburgo iluminara alguna salida.

Fuente: El Tiempo

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