—Queremos hacer un llamado a los habitantes de la ciudad de San Cristóbal al respeto a nuestros agremiados y los reporteros gráficos, quienes están cumpliendo sus funciones en los diferentes organismos y medios regionales de la ciudad, siendo indiferente para nosotros la situación política a la cual pertenezcan o en la que hayan estado cubriendo, porque consideramos antes que todo que son colegas y además ciudadanos que están cumpliendo con su deber laboral—.

Así reza parte del comunicado de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas seccional Táchira, presidida por Sandra Rondón, que por tercera vez eleva su voz de descontento para rechazar las agresiones verbales y físicas que han recibido en los últimos días sus agremiados ante las situaciones de violencia ocurridas en la ciudad. El CNP siente el deber de ser garante no sólo del cumplimiento de la Ley de Periodismo y del Código de Ética, sino también de las leyes que amparan a sus agremiados como venezolanos.

En el comunicado se expone el repudio a la actitud violenta de ciudadanos tachirenses que fueron ejercidas en contra del reportero gráfico de Diario La Nación, Carlos Ramírez, mientras cubría sucesos ocurridos en los alrededores de la Unefa Táchira, de la periodista Rossegina Camacho asediada por las redes sociales y del periodista Douglas Guerrero, quien recibió disparos en su vehículo.

Sin olvidar los casos ya conocidos de agresión hacia las periodistas Lorena Arráiz, Mariana Duque, Ronald Muñoz y Manuel Cardozo. Sin enumerar aquellos casos de colegas periodistas que no han denunciado formalmente, pero que han recibido agresiones verbales inclusive de otros colegas periodistas, situación que el colegio considera lamentable.

—Repetimos nuestro llamado a la paz, a la concordia, somos hermanos venezolanos, somos colegas periodistas; comunicadores sociales que llevamos la información a sus hogares por los diferentes medios de comunicación de la región, o que  cumplimos nuestras funciones a nivel institucional para dar a conocer la gestión de estos organismos o instituciones públicas o privadas—.

La Junta Directiva del CNP Táchira invita a los periodistas a seguir cumpliendo su deber con la mayor suma de ética y de profesionalismo en el momento de informar, sin hacer daño, sin alterar a los ciudadanos.

—Recordemos siempre que los gobiernos, los problemas sociales o económicos de un país pasan y nosotros los periodistas seguiremos siendo periodistas para continuar llevando la información a los hogares venezolanos. Nuestra labor no finaliza cuando un gobierno culmina, nuestra labor no se acaba cuando un medio cierra, nuestra labor no termina el día que otro periodista piense diferente, cada uno de nosotros será pilar fundamental de esta profesión elegida por convicción, estemos donde estemos hoy, mañana y siempre—.

A los ciudadanos sancristobalenses desde este cuerpo gremial le hicieron un llamado a la tranquilidad social, sin generar caos ni violencia; a los señores militantes políticos a no salir a la calle a maltratar a nadie; a los cuerpos de seguridad nacionales y regionales a no reprimir ni proteger a quienes hagan daño; y a la iglesia católica y pastores de otras religiones, a continuar el llamado a la paz y ser mediadores para el fortalecimiento de los lazos de hermandad que se han soltado estos cuarenta días de protestas.

Diario La Nación 

El Colegio de Abogados de Venezuela rechazó “por inconstitucional y antidemocrática” la decisión del TSJ sobre la detención y destitución de Enzo Scarano y Daniel Ceballos y repudiaron el uso de las instituciones para la persecución política.

A través de un comunicado, el gremio de abogados rechazó “cualquier decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordene medidas de privación de libertad o destitución de autoridades legítimamente electas por el voto popular, violando el debido proceso mediante juicios sumarios, contrarios a todas las garantías procesales previstas en la Constitución”.

En el comunicado se exige al Ministerio Público y a los Tribunales de la República “ajustar sus decisiones a los hechos alegados y probados en autos, con objetividad, haciendo valer el Estado Democrático de Derecho y de Justicia preconizado por la Carta Magna, especialmente en cuanto a la autonomía, independencia e imparcialidad de estos órganos del poder público”.

El Colegio de Abogados también pidió a las fuerzas de seguridad del Estado, militares y policiales, “ajustar su actuación a la Constitución de la República, especialmente en cuanto al respeto de las garantías procesales relacionadas con la libertad y seguridad de las personas detenidas, y demandamos que cesen los allanamientos sin orden judicial, acción constitutiva de delito por parte de los funcionarios que los ejecutan, según el artículo 184 del código Penal, y violatorios de la garantía de la inviolabilidad del hogar domestico según el artículo 47 de la Constitución de la República”.

El gremio de juristas reclamó respeto a la Constitución, Tratados Internacionales y principios básicos de convivencia social. “Sólo con Justicia se alcanza la paz y sólo con institucionalidad se logra la Justicia”, rezaba el escrito.

Para los abogados, urge la inmediata reinstitucionalización del país, en términos plurales y democráticos, por lo que exigieron la inmediata designación de las autoridades con períodos vencidos, a saber: Contralor General de República, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Rectores del Consejo Nacional Electoral, con el acuerdo de la mayoría calificada, en apego estricto a la Constitución.

El gremio aprovechó para demandar “una democracia plena, separación de poderes y ejecución autónoma de funciones”.

Además repudió las muertes que ha habido durante más de un mes de protestas y expresó su solidaridad con sus familiares, al tiempo que reivindicó el derecho constitucional a la protesta “pacífica, legítima y justa” y pidió “adecuar la misma a los cánones de respeto a los derechos de terceros, sus propiedades y la sana convivencia ciudadana, evitando la obstrucción del libre tránsito, así como la destrucción de bienes públicos y privados. Rechazamos los grupos violentos, cualquiera sea su origen”.

El Carabobeño

“Ya no es más diputada, no podrá ingresar a la AN en este período” precisó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, tras la participación de la opositora en la OEA

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, adelantó que solicitará en la investigación que hace el Ministerio Público a María Corina Machado, que también se le investigue por “traición a la patria”, tras presuntamente haber aceptado el cargo de “representante alterna” de Panamá para poder solicitar el derecho de palabra ante la Organización de Estados Americanos.

En este sentido Cabello explicó que al aceptar ese cargo de “representante alterna” Machado perdió su investidura de diputada a la Asamblea Nacional al violar el Artículo 191 que sostiene que ningún diputado del Parlamento “puede aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.

Cabello indicó que Machado violó también el artículo 149 de la Constitución, en el que se destaca que funcionarios públicos venezolanos no podrán aceptar cargos, honores y reconocimientos por gobiernos extranjeros sin autorización de la Asamblea Nacional, y consideró que la parlamentaria violó el referido artículo. “Lo aceptó y ejerció el cargo, dado por el gobierno hostil de Panamá”, aseguró Cabello.

“Esta señora (María Machado) aceptó el cargo, no es accidental, deja de ser diputada, y estamos girando instrucciones a partir de este momento que a la Asamblea Nacional la señora no vuelve a entrar como diputada en este período (…) no tiene inmunidad parlamentaria, no tiene acceso a la Asamblea Nacional como cualquier diputado, puede ser investigada directamente y a éso habría que sumarle con más fuerza Traición a la Patria”, argumentó el parlamentario.

El presidente de la AN aseguró que desde el 20 de marzo, fecha en que fue realizada la solicitud por parte de Panamá como “representante alterna”, María Corina Machado ejerce como funcionaria del Gobierno de Panamá, lo que a su juicio la descarta como funcionaria venezolana y citó el artículo 191 de la Constitución, que dice: “Los diputados a la AN no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.

“Machado es un accidente para el país (…) Ella era diputada y ella misma se mató”, dijo.

“Si el gobierno panameño dice algo con respecto al caso de Machado, es su decisión, pero yo tengo una resolución firmada por Vallarino -embajador permanente de Panamá ante la OEA- (…) a estas alturas ella sigue siendo representante alterna (…) No hay procedimiento con relación a la destitución de Machado de la AN, es expedito e interno”, explicó.

“El objetivo no era quitarle la inmunidad parlamentaria, el objetivo es enjuiciarla por todo lo que sucede en Venezuela”, señaló Cabello.

Cabello sugirió que existe “una guerra de pranes” entre la oposición y aseveró que Machado fue a la OEA pensando “que se la está comiendo (…) y le saco ventaja a Ledezma, Capriles y Leopoldo, seré la voz de Venezuela ante el mundo”.

“¿Por qué no habló? Por la pelea de pranes entre ellos. De manera que no somos nosotros, es la constitución, son las leyes y será sometida a la justicia venezolana”, dijo.

El Universal / Últimas Noticias

Ante el anuncio de la rectora y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, en el mediodía de este jueves 20 de marzo, de realizar nuevas elecciones para Alcalde en el Municipio San Diego, en el Estado Carabobo; alegando el “…ser notificados del Tribunal Supremo de Justicia sobre el cese en el ejercicio de funciones del ciudadano alcalde del municipio San Diego y, en consecuencia, de su falta absoluta…”; Súmate considera que esta decisión fue apresurada y la misma implica una usurpación de competencias, al desconocer lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), que establece que es la Cámara Municipal la competente para declarar la falta absoluta del alcalde, por lo cual la decisión del directorio del CNE está sujeta a nulidad por error de Derecho (Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procesos Administrativos).

Además, esta ONG afirma que la Sala Constitucional del TSJ debió remitir esta sentencia, en la quesanciona a Vicencio Scarano Spisso a cumplir diez meses y quince días de prisión y el cese en el ejercicio de sus funciones como alcalde de ese municipio, al Concejo Municipal.

Artículo 87 de la Ley del Poder Público Municipal: “… Si la falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta (…) Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente. (…) En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del nuevo alcalde o alcaldesa, estará encargado de la Alcaldía el Presidente o Presidenta del Concejo Municipal.

Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.”

Es oportuno señalar que la forma como se realizó el juicio y la sentencia dictada por la Sala Constitucional del TSJ, requiere de tiempo y estudio para determinar su constitucionalidad, porque la misma podría estar violando el derecho constitucional a elegir y a ser elegido, consagrado en los artículos 5 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 5 de la CRBV:”La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”

En cuanto a la decisión apresurada del directorio del CNE en el anuncio de nuevas elecciones para alcalde en el Municipio San Diego del Estado Carabobo, esta ONG le recuerda a los cinco rectores principales que hasta la fecha tienen una mora de tres meses en la convocatoria de elecciones parciales de diputados en la circunscripción 11 del estado Zulia, ya que el pasado 8 de diciembre los diputados principal Mervin Méndez y suplente Ender Pino, resultaron electos como alcaldes de los Municipios Lagunillas y Valmore Rodríguez, respectivamente, con lo cual cesaron en sus cargos de parlamentarios dejando sin representación en la Asamblea Nacional a la población de los municipios antes mencionados y de los municipios Baralt y Simón Bolívar, que conformaron la circunscripción 11 de esa entidad federal para las Elecciones Parlamentarias del pasado 26 de septiembre de 2010.

Súmate

Las muertes se han venido produciendo a diario, destacándose las propiciadas por grupos armados que actúan al margen de la ley pero con el aparente consentimiento del alto Gobierno.

El saldo de muertos, heridos y detenidos con motivo de las manifestaciones que se han producido en Venezuela alcanza proporciones alarmantes. Más de 20 estudiantes muertos, cinco guardias nacionales fallecidos y otros tantos ciudadanos también han perdido la vida. Entre los muertos llama la atención quienes han sido ultimados con tiros en la cabeza.

Conviene recordar que todo comenzó el 12 de febrero cuando, según un trabajo bien documentado de Últimas Noticias, agentes del Sebin, en particular un subordinado del ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, mataron a Bassil Da Costa y a Juan Montoya, conocido como Juancho, líder de un colectivo del 23 de Enero en Parque Carabobo.

Las muertes se han venido produciendo a diario, destacándose las propiciadas por grupos armados que actúan al margen de la ley pero con el aparente consentimiento del alto Gobierno. El día 19 de marzo un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UCV que realizaban una asamblea estudiantil fue atacado por bandas armadas, con pistolas 9 milímetros, bates y cabillas, con el saldo de diez estudiantes heridos. Y así pueden referirse cientos de casos diarios de agresiones a jóvenes por parte de los cuerpos policiales. Conviene destacar el caso de una joven de 18 años, detenida en Puerto Ordaz, a quien literalmente la obligaron a comer excremento y amenazaron con violarla, según su propio relato.

Uno entiende que los cuerpos policiales están para asegurar el orden público. Eso no se discute. Lo que resulta cuestionable es la desproporción con que actúan algunos funcionarios contra los estudiantes que protestan, que en muchos casos han implicado una clara violación de los derechos humanos.

En el primer gobierno de Rafael Caldera murieron aproximadamente 32 estudiantes en cinco años de represión contra los jóvenes. En solo un mes bajo la administración de Maduro, entre el 12 de febrero y el 20 de marzo de 2014, han muerto aproximadamente veinte estudiantes. Nunca se había visto en la historia de Venezuela que haya habido más de mil quinientos estudiantes detenidos en mes y medio, mucho de los cuales salen con medidas cautelares que limitan sus libertades.

Quien esto escribe fue detenido por la antigua Policía Metropolitana durante 20 días en una protesta estudiantil en 1980, y al salir lo hice con libertad plena. Ahora no, otorgan libertad condicional y deben presentarse los imputados ante un tribunal todas las semanas. Es hora de parar el sacrificio de más jóvenes y de venezolanos. Para ello el Gobierno debe detener la represión y respetar los derechos humanos.

José Guerra

@JoseAGuerra

Últimas Noticias 

Durante las manifestaciones que se iniciaron el 12 de febrero se han registrado 224 ataques a la libertad de expresión entre detenciones, agresiones físicas, robo de equipos y amenazas. 

“Empecé a tomar fotografías y de repente (activistas oficialistas) me rodearon, eran como 30, y comenzaron a gritarme y a proferir amenazas para que les entregara mi cámara. Ellos querían que se las diera o que borrara las imágenes. Les dije que no porque ese es mi trabajo, pero ellos insistieron y comenzaron a darme patadas. Luego llegó un guardia nacional y también me pidió la cámara en varias ocasiones, en una de esas me puso el brazo sobre el hombro y me dijo: ‘vámonos de aquí que te van a joder, vámonos al Edificio Nacional’. Los dos nos fuimos para allá y cuando entramos volvió a pedirme la cámara, le dije que no y entonces me la arrancó de las manos”.

Así recuerda Alexander Sánchez, reportero gráfico del diario El Informador, la agresión de la que fue víctima el 5 de marzo de 2014 cuando se encontraba en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, estado Lara, fotografiando un enfrentamiento entre un grupo de oposición y otro oficialista, que conmemoraba el primer aniversario de la muerte del ex presidente Hugo Chávez.

Sánchez es uno de los 147 comunicadores sociales que El Universal ha contabilizado como víctimas de ataques a la libertad de expresión desde el 12 de febrero hasta al 20 de marzo de este año, durante las movilizaciones de calle ocurridas en el país para protestar contra la inseguridad, la escasez y el alto costo de la vida.

Las cifras fueron contrastadas con el monitoreo realizado por la ONG Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Venezuela (SNTP). En este período se han registrado 224 violaciones, entre detenciones, amenazas, hostigamiento verbal, agresiones físicas y censura contra periodistas, corresponsales internacionales, fotógrafos y camarógrafos, entre otros.

Alexander pudo salir del lugar en el que fue atacado y horas después logró que le devolvieran su cámara en el Core 4 de la Guardia Nacional (GNB), pero sin las imágenes de los sucesos.

Sus colegas que estaban en el mismo lugar, no corrieron con la misma suerte. La periodista Aura Marina Rodríguez y el fotógrafo Juan Brito, ambos de El Impulso, fueron agredidos verbal y físicamente. A Brito lo golpearon y le arrebataron su equipo de trabajo y lo destruyeron.

La historia se repitió con la periodista Amny Pérez y el reportero gráfico Hugo Pachano, de La Prensa. El fotógrafo tuvo que recibir atención médica por los golpes que le propinaron y su cámara fue robada y destruida, mientras que a la comunicadora “la tomaron por el cabello para tirarla al suelo”, dice el informe Los trances de la libertad de expresión, realizado por Espacio Público en el período del 12 de febrero al 20 de marzo de 2014.

Cerco informativo

Desde que se iniciaron las protestas el 12 de febrero, a los trabajadores de los medios se les ha tratado de impedir, por distintas formas, la cobertura de estos hechos durante la actuación de cuerpos de seguridad del Estado y de civiles en actitud agresiva.

Una de esas formas de obstaculizar la labor informativa es a través de la detención o retención ilegal de los periodistas y reporteros gráficos por parte de los funcionarios de cualquier cuerpo de seguridad. Al menos 30 comunicadores han sido detenidos sin orden judicial.

En la mayoría de los casos, la detención viene acompañada de otro tipo de ataque como agresión física, amenaza, hostigamiento verbal o incluso el robo, hurto o decomiso del instrumento de trabajo con el fin de censurar. Tal fue el caso del fotógrafo de la revista Exceso, Rafael Hernández, quien fue detenido y agredido el 12 de febrero por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) cuando cubría los hechos ocurridos en Parque Carabobo. Mientras fotografiaba “a efectivos del Cicpc agrediendo a una mujer”, fue sujetado por “uno de los agentes que le arrancó el carnet de prensa y su equipo fotográfico, fue golpeado repetidas veces por un grupo de entre 10 y 15 funcionarios, le rosearon gas pimienta alrededor de los ojos y lo trasladaron a la sede del Cicpc en Parque Carabobo, donde permaneció retenido hasta las 12 de la noche”, señala el informe de Espacio Público.

Heridos de bala

Varios comunicadores han sido golpeados o heridos durante la cobertura de las protestas. En la lista figuran al menos 45 trabajadores de los medios, dos de ellos con herida de bala: uno fue el camarógrafo de la gobernación del estado Mérida, Jilfredo Alejandro Barrada, según el reporte de agresiones realizado por el SNTP; y el otro, la periodista de Venezolana de Televisión, Mayra Cienfuegos, según informó el 14 de febrero la presidenta de ese canal, Yuri Pimentel.

El tipo de violación más común es el del hostigamiento verbal y la amenaza, con 115 casos. Un ejemplo es el de la periodista y productora audiovisual Andrea Jiménez, quien fue detenida el 24 de febrero por efectivos de la GNB en la urbanización Trébol Country en San Antonio de Los Altos, estado Miranda. “Se le amenazó con abusar sexualmente de ella; con mutilarle extremidades; con matarla y con llevarla al INOF, en donde abusarían sexualmente de ella”, revela un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB sobre los detenidos durante las manifestaciones.

Conducta recurrente

Ha sido un hecho recurrente la persecución a cualquier comunicador o persona que registra con celular, cámara fotográfica o de video, la actuación de las fuerzas del orden público o de algunos civiles. Al menos 34 personas que desempeñan labores informativas se les ha arrebatado los equipos para borrarles las imágenes o videos. En algunos casos se les decomisan alegando que es material de investigación, y en otros se les roban o destruyen, como le sucedió a la fotógrafa italiana Francesca Commisari, quien denunció el 6 de marzo a través de su cuenta en Twitter, que su cámara, “robada por la GNB” cuando fue detenida la noche del 28 de febrero en Altamira mientras cubría las protestas, fue puesta a la venta en el portal mercadolibre.com.

En opinión de Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, esta actuación de los órganos de seguridad es “un patrón absolutamente generalizado en todo el país”, que se venía produciendo desde abril del año 2013, pero que se acentuó después de los hechos del 12 de febrero.

Desde su percepción, “hay una instrucción de uso excesivo de la fuerza, que está teniendo unas implicaciones en materia de derechos humanos, y el mecanismo de impunidad es que están procurando la invisibilización, es decir la imposibilidad de que la gente pueda mostrar algo”.

El Foro por la Vida sostiene que este tipo de acciones “procuran la impunidad de los funcionarios militares y policiales que no quieren que se documenten sus actuaciones y atropellos”.

Similar actuación es observada tanto en manifestantes de ambas tendencias políticas como en motorizados y civiles armados que se identifican con el oficialismo. Ese fue el caso de las periodistas del Correo del Caroní, Oriana Faoro y María Ramírez Cabello, quienes el 19 de febrero mientras cubrían enfrentamientos en Alta Vista, Ciudad Guayana del estado Bolívar, “dos motorizados armados, con franelas rojas (…) les apuntaron hacia un costado y les quitaron los teléfonos” con que grababan los conflictos, reseña el documento de Espacio Público.

Victimarios en acción

Los oficiales de la GNB encabezan la lista de victimarios con un 36,49% (54 efectivos) de participación; en segundo lugar los manifestantes oficialistas con un 20,95% (31 civiles) y en el tercero los motorizados con 10,14% (15). Le siguen los encapuchados o civiles armados con 7,43% (11) y con el mismo porcentaje otros tipos de funcionarios. Luego están los manifestantes de oposición con 6,08% (9), agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 4,73% (7), oficiales de las policías regionales con 4,05% (6), y efectivos del Cicpc con 2,70% (4).

En cuanto a las víctimas, se encuentran afectados: 70 periodistas, 31 fotógrafos, 30 corresponsales, 9 camarógrafos y asistentes de cámara, cinco comunicadores con otro tipo de funciones y dos conductores de vehículos de prensa.

Todo parece indicar que el objetivo es atacar a la prensa para silenciar e invisibilizar interna y externamente lo que ocurre en Venezuela. Esta idea se ve reforzada al observar que del 12 de febrero al 20 de marzo el gobierno nacional impuso 36 cadenas obligatorias de radio y televisión que sumaron 42 horas, 21 minutos y 5 segundos sin acceso libre a la información, para un promedio de 1 hora y 7 minutos diarios, según los cálculos de Espacio Público. En el 2013 el promedio de las cadenas fue de 49 minutos diarios.

A esto se le suma la salida del aire del canal colombiano NTN24 de las cableras el 12 de febrero por orden del Ejecutivo nacional, y el bloqueo parcial de imágenes y videos en Twitter el 14 de febrero, información confirmada por Un Wexler, vocero de esta red social.

Alejandra M. Hernández F.

El Universal

El régimen argumenta que la oposición anda en planes malévolos como si querer el reemplazo del procerato rojo lo fuera. Sólo este chavismo en su fase de descomposición anda en el plan malévolo del autogolpe. Ya llegó al punto en que dejó de importarle la apariencia democrática que Chávez se esmeró en conservar aun cuando sacara la cachiporra con la izquierda. Nicolás Maduro no tuvo la capacidad de hacer ese juego de cintura de su padrino, porque nunca ha sido un jefe sino, apenas, el administrador roñoso de una herencia disputada; carece de recursos políticos, de visión, de capacidad de juego, de muñeca suelta para maniobrar; en vez de buscar tácticas novedosas en su inédita sabiduría política busca imitar al mentor y lo hace muy mal. Tal vez no sea incierto que peregrina a la tumba del fallecido monarca a buscarle conversación a ver si en una de ésas le dice algo, una voz que lo guíe y resuelva sus incompetencias; y no es de dudar que lo haya escuchado alguna vez soplándole: “¡Nicolás: eres un error de la historia!”

El causahabiente juega un juego suicida: intentar obligar a la oposición que acepte su reinado imperial o, de lo contrario, promete suprimirla. Este heredero sin mérito actúa sin cordura porque está literalmente colgado de la brocha de la represión; no puede aceptar disputa alguna de su poder porque siente que se cae: cuando no lo derriban los de afuera, vienen los vahídos por las intrigas de los de adentro.

Es un hecho crucial para el chavismo y para las fuerzas democráticas saber que el régimen ha enloquecido en su conducta represiva. Las capas de la cebolla se han desprendido; cada una de las coartadas democráticas se ha desvanecido, y después de desollar las instituciones no queda nada, sólo el gas y la metralla, la prisión y las fieras togadas. Nicolás de tanto dialogar con la muerte se ha convertido en su mensajero. Su debilidad es lo que permite el cogobierno de Diosdado Cabello. No es que el uno disienta del otro, lo que ocurre es que los dos, al lado del tercer jugador que se ha colado en el puente de mando –Miguel Rodríguez Torres- dan órdenes como si hubiese una junta de gobierno y no la vaga pretensión presidencial del ungido.

Caída y mesa limpia

La prisión de Leopoldo López, el encarcelamiento de los alcaldes Ceballos y Enzo Scarano, y la delirante idea de allanarle la inmunidad a María Corina Machado para luego apresarla, podrían ser manifestaciones de la pérdida total de la cordura. En realidad parece más bien el intento postrero de evitar la licuefacción de un régimen que perdió cualquier amago de solidez.

El poder se les desliza de las manos y no comprende que la calle alzada es la cosecha de lo que el régimen labró a ciencia y paciencia por años. Son las humillaciones de los empleados, las listas de perseguidos, las prisiones arbitrarias, los crímenes impunes, la robadera descarada, las desigualdades profundizadas, las escaseces multiplicadas, el miedo convertido en compañero inseparable de los ciudadanos, y las penas acumuladas, lo que ha generado esta explosión social. No es un hecho fortuito sino capas sedimentarias de iniquidad y desprecio, de vilezas repartidas desde arriba, lo que estalla. El que no entienda esto en el gobierno o en la oposición no entiende nada.

La delirante represión de las semanas que corren es un brote pestilente de los intestinos ideológicos del régimen. No es nuevo el fenómeno aunque sea más virulento. Tal es el código genético del Orden Rojo; no sabe actuar sino con violencia y a su través, lo que va desde el lenguaje descalificador, machista, humillante e indigno, hasta las balas que dispara y matan. La respuesta de la sociedad civil ha venido desde la entrañas de ese continuo estado de sitio y de represalia. Es como si se hubiese dicho ¡no más! ¡Nunca más!

La dirección

Entender que ha emergido una fuerza de las entrañas de la sociedad es condición para poder acompañar el proceso. Los intentos de “dirigir” a través de maniobras como la del diálogo con el gobierno o la nonata y mentirosa “comisión de la verdad” no sirven para nada. Así como el gobierno no puede controlar el río de la protesta tampoco puede hacerlo nadie en nombre de la oposición. Esto no quiere decir que la protesta no tenga objetivos o dirección; los tiene, se han ido articulando de manera compleja, los líderes están allí, brotan como hongos de universidades y liceos, de gremios y partidos, sí y también de las barricadas; manan de los aciertos y los errores; hasta la propia violencia de esas barricadas puede servir para dar paso a la protesta civil y pacífica de los mayores, tal como aconteció hace pocos días en la Plaza Altamira de Caracas.

La unidad

Leopoldo López, María Corina Machado, los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, Ramón Muchacho y David Smolansky, Gerardo Blyde y Antonio Ledezma, los estudiantes, los ajusticiados, torturados, apresados y perseguidos, los gaseados un día y otro día, los padres, hermanos y amigos de los caídos, son símbolos de esta fase dura de la lucha. Ahora hasta los que no querían ver tendrán que admitir que un nuevo tipo de dictadura se ha apoderado del país; por su parte y sin que algo parecido a la vergüenza los asalte, los magistrados y generales, los ministros y policías, rubrican por unanimidad el estado de excepción y el cese de la libertad. Paradójicamente, podría ser el instante en que esté más cerca su recuperación.

Mientras brotan estas palabras se oye como un escándalo universal el silencio impuesto a María Corina en la OEA.

Carlos Blanco

@carlosblancog

www.tiempodepalabra.com