El Colegio de Abogados de Venezuela rechazó “por inconstitucional y antidemocrática” la decisión del TSJ sobre la detención y destitución de Enzo Scarano y Daniel Ceballos y repudiaron el uso de las instituciones para la persecución política.
A través de un comunicado, el gremio de abogados rechazó “cualquier decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordene medidas de privación de libertad o destitución de autoridades legítimamente electas por el voto popular, violando el debido proceso mediante juicios sumarios, contrarios a todas las garantías procesales previstas en la Constitución”.
En el comunicado se exige al Ministerio Público y a los Tribunales de la República “ajustar sus decisiones a los hechos alegados y probados en autos, con objetividad, haciendo valer el Estado Democrático de Derecho y de Justicia preconizado por la Carta Magna, especialmente en cuanto a la autonomía, independencia e imparcialidad de estos órganos del poder público”.
El Colegio de Abogados también pidió a las fuerzas de seguridad del Estado, militares y policiales, “ajustar su actuación a la Constitución de la República, especialmente en cuanto al respeto de las garantías procesales relacionadas con la libertad y seguridad de las personas detenidas, y demandamos que cesen los allanamientos sin orden judicial, acción constitutiva de delito por parte de los funcionarios que los ejecutan, según el artículo 184 del código Penal, y violatorios de la garantía de la inviolabilidad del hogar domestico según el artículo 47 de la Constitución de la República”.
El gremio de juristas reclamó respeto a la Constitución, Tratados Internacionales y principios básicos de convivencia social. “Sólo con Justicia se alcanza la paz y sólo con institucionalidad se logra la Justicia”, rezaba el escrito.
Para los abogados, urge la inmediata reinstitucionalización del país, en términos plurales y democráticos, por lo que exigieron la inmediata designación de las autoridades con períodos vencidos, a saber: Contralor General de República, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Rectores del Consejo Nacional Electoral, con el acuerdo de la mayoría calificada, en apego estricto a la Constitución.
El gremio aprovechó para demandar “una democracia plena, separación de poderes y ejecución autónoma de funciones”.
Además repudió las muertes que ha habido durante más de un mes de protestas y expresó su solidaridad con sus familiares, al tiempo que reivindicó el derecho constitucional a la protesta “pacífica, legítima y justa” y pidió “adecuar la misma a los cánones de respeto a los derechos de terceros, sus propiedades y la sana convivencia ciudadana, evitando la obstrucción del libre tránsito, así como la destrucción de bienes públicos y privados. Rechazamos los grupos violentos, cualquiera sea su origen”.
