En la oferta de ayer se colocaron principalmente papeles de Pdvsa

El Banco Central de Venezuela (BCV) en los tres días de operaciones del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad II) ha mantenido un rango de paridades que ha oscilado entre 50 y 55 bolívares.

En ese mecanismo empresas y personas naturales participan como compradores y vendedores, y según las autoridades, el tipo de cambio fluctúa. De hecho, aseguraron hace varias semanas que no habría bandas para la tasa, ni montos prefijados para las solicitudes. Sin embargo, el esquema por ahora ha funcionado diferente.

Si bien el tipo de cambio ponderado de ayer fue 51,42 bolívares, fuentes financieras indican que el instituto emisor ha adjudicado las divisas bajo una banda sin ofrecer mayores detalles sobre el criterio de aplicación de ese parámetro.

En las tres jornadas aquellos que han presentado cotizaciones por debajo de 50 bolívares o por encima de 55 bolívares, no se les han asignado las divisas solicitadas.

Ese rango estimado por el Central es considerado por el economista, José Guerra, “un parámetro casi fijo” y agrega que por ahora el mecanismo termina siendo una “versión modificada del Sicad I. Les da temor dejar que fluctúe”.

Ese rango también garantiza ingresos adicionales.

Luis Zambrano, economista, señala que “del flujo que oferte Pdvsa se pueden garantizar más bolívares, y además el instituto emisor puede generar una mayor cantidad de utilidades cambiarias”. Agrega que con ese incremento de los ingresos debería reducirse el financiamiento monetario.

No descarta que más adelante la banda se mueva dependiendo de los requerimientos.

Barclays Capital en un reporte sobre el Sicad II calcula que si la tasa de ese mecanismo alterno en el año termina estando por el orden de los 42 bolívares, el Gobierno puede recibir ingresos equivalentes a 12% del PIB y proyecta que si se aumenta el gasto, el déficit puede pasar de 16,2% que estuvo el pasado año a 7,2% del PIB.

Las operaciones 

La firma destaca acerca del nuevo sistema alterno que hay incertidumbre acerca de la magnitud de su efecto.

Tras la jornada de ayer, los operadores indicaron que la oferta siguió cubriendo parte de las necesidades y la mayor disponibilidad fueron los papeles de Pdvsa. En varios instituciones la demanda aumentó, en especial de particulares.

Barclays estima que la oferta total del año será de 11,6 millardos de dólares y proyecta que las ventas diarias estarían en 63 millones de dólares.

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, comentó que en el Sicad II hay aspectos técnicos que se deben ir afinando y destacó que ha habido casos en los cuales se han dividido las asignaciones. Puso como ejemplo que en un determinado momento se tenían disponibles 250.000 dólares y el monto no se adjudicó a un solo comprador, se dividió entre varios.

Los operadores dicen que el criterio de asignación de las divisas genera inquietud, porque no se aprueban las solicitudes completas. Ayer el sistema del BCV tuvo problemas y al cierre de esta edición, no se habían precisado las adjudicaciones.

El Universal

Nuestra democracia está muy lejos de alcanzar su triunfo histórico. Son muchas sus carencias. Pero entre todas, hay una muy arraigada: me refiero a la falta de una cultura democrática. Muchos repiten los valores que la constituyen pero pocos los ejercen: atención a las opiniones ajenas, civilidad en el trato, inclinación a escuchar para ser escuchado, respeto a las leyes, devoción a las instituciones, y la palabra que debería guiar cada acto, la palabra tolerancia.

En algunos periódicos, al pie de muchas columnas políticas, en blogs, ámbitos académicos, discusiones políticas, redes sociales, aparecen a veces los antivalores: la descalificación, la calumnia, los prejuicios, el deseo de imponer, no de convencer, no de convivir, no de dialogar.

¿Por qué persiste en México esta costumbre inquisitorial? Tengo una hipótesis. Porque quienes deberían ser los principales defensores de la libertad y la democracia las han olvidado.

Para ilustrar lo que creo, viene al caso recordar ciertos días cruciales de México y de mi generación. Miles, decenas de miles, por momentos centenares de miles de jóvenes estudiantes se manifestaban en las calles por la libertad. No protestaban solo contra un mal gobierno (hay tantos en el mundo) sino contra un gobierno opresivo que cerraba periódicos, acallaba la radio, controlaba la televisión, daba golpes contra casas editoriales, corrompía el discurso público, acarreaba a las masas como ganado político, imperaba sobre los órganos electorales, fiscales, legislativos, judiciales; usaba y abusaba, como propiedad privada, de los bienes públicos. Y ¿cómo enfrentaba ese gobierno a los manifestantes? Los enfrentaba con tanques, con grupos armados que disparan a los civiles, con intimidaciones, encarcelamientos, secuestros. Con fuego. ¿Y a quién atribuía las protestas estudiantiles? A fuerzas oscuras que desde fuera conspiraban contra el país. ¿Estoy hablando de México 68? Sí, pero también estoy hablando de Venezuela 2014.

Quizá mi mayor timbre de orgullo fue haber participado en aquel movimiento que cambió para siempre la vida política de México. Con su pasión y su sacrificio, la generación estudiantil del 68 –estoy convencido– fue la precursora de las libertades políticas que (con todos sus defectos y limitaciones) hoy tenemos. Pero importa recordar que la hazaña de aquellos estudiantes, la hazaña del 68, fue también la hazaña de la izquierda mexicana. Fue esa izquierda la que cayó en Tlatelolco. Y fue esa izquierda la que sufrió prisiones y torturas. La izquierda de José Revueltas, la de Heberto Castillo, la de Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca; la izquierda de centenares de pensadores, escritores, maestros, estudiantes, periodistas, militantes, que luchaban por arrancar al gobierno una mínima voluntad de diálogo. A esa izquierda, a esos estudiantes, ese gobierno no les contestó con argumentos, les contestó con balas.

Hoy, lo digo con pesar, no pocos herederos de esa noble tradición intelectual y política de izquierda han olvidado el valor de la libertad y defienden las acciones represoras de un gobierno, el venezolano, que tiene el tufo del de Díaz Ordaz.

Pero no son los únicos. También los gobiernos de la región latinoamericana permanecen callados. En Brasil, la joven Dilma Rousseff –la guerrillera torturada por los militares– ve con tristeza cómo Dilma Rousseff –la presidenta de Brasil– apoya a un régimen que reprime estudiantes.

Y en México, nuestro gobierno y nuestro Congreso guardan silencio. No se trata, en absoluto, de pedir la remoción o la caída del régimen. Ese cambio solo puede derivar de un proceso electoral. Pero se trata, eso sí, de pedir lo mismo que nosotros pedíamos en el modesto pliego del 68: diálogo, castigo a los represores, libertad a los presos políticos, respeto a la libertad de protesta, restitución plena de la libertad de expresión.

Si el continente latinoamericano permanece callado, cuánto honraría al Congreso de México un pronunciamiento por el diálogo, la libertad y la concordia en Venezuela. Sería una lección continental de libertad. Un peldaño más, un adjetivo menos, para nuestra democracia.

*Fragmento del discurso pronunciado el 25 de febrero en la Cámara de Diputados, en el reconocimiento al ensayo “Por una democracia sin adjetivos”, a treinta años de su publicación.

Enrique Krauze

@EnriqueKrauze

El Nacional 

La Mesa de Reflexión Democrática denuncia ante Venezuela y la comunidad internacional, la perpetración de un golpe de Estado contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Poder Ejecutivo ha colocado bajo su subordinación a los demás poderes públicos y ha establecido un sistema abiertamente autoritario.  En el último mes, la tendencia se ha acentuado y han desaparecido los últimos rastros de democracia en nuestro país, así:

a) Violación sistemática de los derechos humanos: Asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y desconocimiento del derecho al debido proceso y del derecho a la defensa.

b)   Utilización, no solo tolerada, sino estimulada por el Estado, de bandas armadas paramilitares  que matan, hieren y torturan bajo la mirada complaciente de la fuerza pública.

c)  Desconocimiento al derecho constitucional a manifestar y protestar, descaradamente anunciado por el Presidente de la República y uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública en la represión de manifestaciones pacíficas.

d)    Desconocimiento de la soberanía popular, apresando y destituyendo, sin proceso alguno, o mediante mecanismos inconstitucionales,  a alcaldes recién electos y a Diputados a la Asamblea Nacional.

e)   Incremento de los atentados en contra de la libertad de expresión, ya bastante vulnerada, mediante procesos judiciales a directivos de medios de comunicación,  violencia contra periodistas y negación de divisas para adquisición de papel periódico.

f)   Negativa a la realización de un diálogo honesto y sincero que es la consecuencia lógica del pluralismo, consagrado como principio fundamental en la Constitución.

g)   Politización de la Fuerza Armada Nacional, poniéndola al servicio de una parcialidad política, violando el artículo 328 de la Constitución.

La Mesa de Reflexión Democrática denuncia con firmeza y claridad este aceleramiento de la destrucción del Estado de Derecho y exige al Ejecutivo Nacional y a todos los poderes públicos el restablecimiento de la Constitución.

Adolfo Salgueiro

Eddie Ramírez

Humberto Celli

Daniel Thimman

Gerson Revanales

Gustavo Tarre Briceño

Alberto Troconis

Carlos Canache Mata

Fernando Martínez Mottola

Rafael Huizi Clavier

Marco Tulio Bruni Celli

Demetrio Boersner

Alberto Quirós Corradi

Pompeyo Márquez

Gonzalo García Ordoñez

Milos Alcalay

Adriana Vigilanza

Agustín Berrios

Cuba aprobará el próximo sábado una nueva Ley para la Inversión Extranjera que contempla autorizar la participación de capital foráneo “en todos los sectores”, con excepción de los “servicios de salud y educación a la población y todas las instituciones armadas”. El miércoles, la prensa oficial cubana ha adelantado algunos detalles del proyecto, que promete la exención de impuestos y “plena protección y seguridad jurídica”. Además, establece que las empresas extranjeras “no podrán ser expropiadas, salvo por motivos de utilidad pública o interés social” y que, cuando ello ocurra, los propietarios recibirán “la debida indemnización”. Se trata de un paso más en la lenta transformación del modelo económico socialista que comenzó a desarrollar Raúl Castro hace un lustro, con la idea de reflotar las menguadas cuentas de la isla y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado.

Con esta ley, La Habana busca atraer capital extranjero para garantizar el acceso de Cuba a nuevas tecnologías, nuevos mercados de exportación y nuevas fuentes de financiamiento que le permitan, en el mediano plazo, desarrollar de nuevas fuentes de empleo y sustituir importaciones, especialmente en el sector de los alimentos; todos estos objetivos forman parte de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en abril de 2011. La norma, que será debatida el sábado en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, sustituirá a la vieja Ley 77 vigente desde 1995 y su aprobación ha sido una tarea pendiente desde finales de 2012.

A través del diario oficialista Juventud Rebelde, el Gobierno cubano ha explicado que la inversión extranjera será autorizada en forma de empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional o de empresas de capital totalmente foráneo. Los contratos de asociación económica internacional, por ejemplo, aplicarán para la exploración de recursos naturales no renovables, para la administración hotelera, producción o servicios, la prestación de servicios profesionales, la producción agrícola y la construcción. El Gobierno de La Habana establecerá que las inversiones extranjeras “no podrán ser expropiadas, salvo motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros” y que en caso de ser necesario, lo haría “en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales suscritos al respecto por el país, y con la debida indemnización, establecida por mutuo acuerdo, pagadera en moneda libremente convertible, y con un árbitro que satisfaga a ambas partes”.

La ley también incluye un régimen especial de tributación, que exceptúa a los inversionistas extranjeros que sean socios de empresas mixtas o tomen parte de contratos de asociación económica internacional de pagar impuestos por ingresos personales. Las empresas mixtas y partes en los contratos de asociación económica también serán eximidas del pago de impuesto sobre utilidades por un período de ocho años a partir de su constitución, que podría ser extendido por decisión del Consejo de Ministros. Sin embargo, cuando se trate de la explotación de recursos naturales, renovables o no, el Consejo de Ministros tendrá la potestad de aumentar el tipo impositivo sobre utilidades “hasta un 50 por ciento”.

El régimen laboral al que estarán sometidas estas empresas seguirá siendo el actual, salvo adecuaciones futuras de la norma. Los trabajadores de estas empresas deberán ser cubanos o extranjeros con residencia permanente en la isla y deberán ser contratados por una entidad empleadora propuesta por el Ministerio de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera (Mincex) y autorizada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. El pago de la nómina deberá realizarse en moneda nacional y por acuerdo mutuo entre la empresa mixta y la entidad empleadora, ambas controladas por el Estado. Solo quedarán exceptuados de este régimen los miembros de los órganos de dirección y administración de las empresas mixtas.

El País

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), advierte que Venezuela vive un grave momento para la libertad de expresión y el libre flujo de ideas e informaciones.

A través de un comunicado, la alianza opositora sostiene que, en el marco de una política restrictiva a lo largo de los últimos años, de una política oficial definida en términos de hegemonía comunicacional, ahora se ha agudizado la amenaza que acecha a la prensa escrita del país porque se les niega acceso a las divisas para la importación de papel utilizado en la impresión de los periódicos.

“Las instancias internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana, claramente han ubicado como una medida de censura indirecta las medidas administrativas que sólo afectan a los medios de comunicación con una postura crítica. Este es el caso que se vive hoy en Venezuela. Bajo una práctica de falta de respuestas por parte de los entes oficiales en la asignación de divisas, se esconde un perverso mecanismo que busca doblegar a importantes medios de carácter nacional y principalmente regionales que durante largas décadas han estado al servicio de la ciudadanía”, señala la MUD.

Asimismo, subraya que el rol de los medios de comunicación es de absoluto interés público. En este sentido, añade que las divisas deben entregarse a todos los medios por igual. “En el seno de nuestra sociedad debemos defender que haya más puntos de vista que puedan circular con libertad, sin restricciones de orden político, judicial o de orden administrativo”, acota la coalición opositora.

Finalmente, afirma que la sociedad venezolana deberá estar atenta en los próximos días, ya que se ciernen peligros serios de cese de las ediciones de importantes periódicos del país, en caso de que persista la ausencia de respuesta por parte del gobierno, lo cual considera un asunto inaceptable.

Aquí el comunicado completo:

Venezuela vive un grave momento para la libertad de expresión y el libre flujo de ideas e informaciones. En el marco de una política restrictiva a lo largo de los últimos años, de una política oficial definida en términos de hegemonía comunicacional, ahora se ha agudizado la amenaza que acecha a la prensa escrita del país porque se les niega acceso a las divisas para la importación de papel para la impresión de los periódicos.

Las instancias internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana, claramente han ubicado como una medida de censura indirecta las medidas administrativas que sólo afectan a los medios de comunicación con una postura crítica. Este es el caso que se vive hoy en Venezuela. Bajo una práctica de falta de repuestas por parte de los entes oficiales en la asignación de divisas, se esconde un perverso mecanismo que busca doblegar a importantes medios de carácter nacional y principalmente regionales que durante largas décadas han estado al servicio de la ciudadanía.

El rol de los medios de comunicación es de absoluto interés público, así está claramente establecido en nuestra constitución nacional. Por ello, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en representación del país que apuesta por la democracia y la pluralidad, le exige al gobierno que con celeridad y sin discriminación de ningún tipo, le sean otorgadas las divisas a los medios impresos del país.

Deben entregársele a todos los medios por igual, sin distinción alguna, para la importación del papel periódico y otros insumos necesarios para la impresión y reproducción de la prensa. En el seno de nuestra sociedad debemos defender que haya más puntos de vista que puedan circular con libertad, sin restricciones de orden político, judicial o de orden administrativo.

La sociedad venezolana deberá estar atenta en los próximos días, ya que se ciernen peligros serios de cese de las ediciones de importantes periódicos del país, en caso de que persista la ausencia de respuesta por parte del gobierno. Esto es un asunto inaceptable.

El Impulso

El Ministerio francés de Exteriores apoyó hoy el esfuerzo de la misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) enviada a Venezuela y confió en que esa iniciativa conduzca a un diálogo “constructivo” entre las partes implicadas.

“Tiene que permitir poner fin a la violencia y rebajar las tensiones, dentro del respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos, especialmente la libertad de expresión y el derecho de manifestación pacífica”, indicó un portavoz gubernamental.

El viaje tuvo lugar de martes a jueves y durante el mismo los miembros de la misión, entre los que estaban los cancilleres de Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil y Surinam, se reunieron con representantes del chavismo y de la oposición, y de una amplia variedad de sectores religiosos, políticos, sociales, económicos y estudiantiles.

La visita tenía como objetivo abordar la crisis que arrastra el país, donde la oleada de protestas iniciada el pasado 12 de febrero contra el Gobierno de Nicolás Maduro ha provocado 35 muertos, cientos de heridos y casi dos millares de detenidos, en su mayor parte libres con medidas cautelares.

EFE

Así lo recoge el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en la reciente clasificación de este índice publicado en 2013 

El país del mundo con la menor libertad económica, según la clasificación del Instituto Fraser, es Venezuela, que cierra la clasificación en el puesto 152, señala el portal de europapress.

Según recoge el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en la última clasificación de este índice publicado en 2013, pero referido a la situación de 2011, los dos primeros lugares corresponden a Hong Kong y Singapur.

Nueva Zelanda, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Mauricio, Finlandia, Bahréin, Canadá y Australia completan la lista de los diez primeros países. Entre los veinte mejores clasificados destacan también Reino Unido (puesto 12), Dinamarca (14), Estados Unidos (17), Alemania (19) e Irlanda (20).

España, que el informe anterior ocupaba el puesto 34, se sitúa en esta nueva edición en la posición 32, muy cerca de Suecia, los Países Bajos y Noruega, y por delante de países como Francia (40) y Bélgica (42), entre otros. No obstante, el IEE recuerda que la posición de España, referida a la situación de 2011, todavía no refleja las reformas realizadas por el actual Gobierno encaminadas a dotar a la economía de mayor libertad.

El país del mundo con la menor libertad económica, según la clasificación del Instituto Fraser, es Venezuela, que cierra la clasificación en el puesto 152.

También están entro los peores clasificados: Italia, en el puesto 83, seguida de Grecia (85) y Eslovenia (97).

El Mundo Economía y Negocios

Uno de los hermanos Bolívar trabaja en un ministerio y el otro sería empleado de Corpoelec. Uno de ellos mató a la joven embarazada durante una protesta en Los Nuevos Teques. En su casa incautaron 3 armas de fuego

El paradero de los hermanos Bolívar Jiménez, presuntos implicados en la muerte de Adriana Urquiola, de 28 años de edad, muerta de un tiro en la cabeza el domingo en la noche a la entrada de Los Nuevos Teques, se desconoce luego de que Jhonny Eduardo, dueño de la camioneta 4Runner negra, año 2010, declaró en el Cicpc de Miranda.

El martes los investigadores allanaron el apartamento de la familia Bolívar Jiménez en el edificio Ana María, sector El Pichacho de San Antonio de Los Altos, donde incautaron tres armas de fuego. Estas serán sometidas a experticias de comparación balística para determinar si entre ellas está la pistola con la que le dispararon a Urquiola. En el estacionamiento de ese inmueble hallaron la 4Runner desde la que atacaron la barricada por donde pasaba la víctima. El Cicpc se la llevó para hacerle experticias en busca de evidencias.

En la declaración al Cicpc, Jhonny Bolívar –que estuvo preso por estafa y además tiene registro por drogas y secuestro– habría dicho que él no usó la camioneta la noche de los hechos y que estuvo en poder de su hermano, que presuntamente trabaja en Corpoelec, a quien indirectamente señaló como implicado en el caso. Sin embargo, las pesquisas adelantadas por los investigadores del Cicpc los hace presumir que Jhonny Bolívar, que labora para un organismo del gobierno, es el presunto responsable de la muerte de Urquiola, que estaba en el séptimo mes de embarazo. Ella murió luego de bajar junto con su esposo de una camioneta de pasajeros procedente del centro comercial La Cascada.

El Nacional