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Diario El Aragueño respondió por los “mensajes cifrados en crucigramas”

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El rotativo respondió la solicitud de la ministra para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, de investigar “mensajes cifrados en los crucigramas” del rotativo regional “que llaman a la conspiración”

A través de su cuenta en la red social Twitter, el diario El Aragüeño respondió la solicitud de la ministra para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, de investigar “mensajes cifrados en los crucigramas” del rotativo regional “que llaman a la conspiración”.

“El Sr. Filippo Sindoni, presidente fundador del Grupo de Empresas Sindoni, cumple mañana 8 años de haber sido secuestrado y asesinado (…) Aun así, este medio de comunicación siguió creyendo y apostando por el crecimiento y desarrollo de Aragua y el país” escribió la cuenta del medio en la red social.

Últimas Noticias 

el aragueño

Ramírez: Estamos castigando las acciones policiales desproporcionadas

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GabrielaRamírez

“Quien sea que haya cometido el delito va a tener que pagar ante la justicia y el pueblo venezolano por el crimen, homicidio o el daño que haya cometido”, sentenció

La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, indicó que “la no impunidad es la garantía de paz para toda la población”.

“Estamos castigando las acciones policiales desproporcionadas”, dijo la funcionaria.

Indicó que actualmente hay tres casos atribuibles a organismos policiales. Además, aseguró que la Defensoría ha recibido 757 actuaciones en todo el país de violación de Derechos Humanos, ” de estas actuaciones estamos hablando un poco más de 400 quejas o denuncias, porque no siempre son maltratos físicos, también se reportan maltratos verbales, amenazas y conductas inapropiadas cuando las personas son aprehendidas”.

“Lo que queremos dejar muy claro es que esto será trabajado de manera impecable y los funcionarios involucrados serán sancionados, y por la parte de la sociedad tener esa confianza en que el Estado está atendiendo estos temas y que se debe promover un respeto por toda la actuación de los cuerpos institucionales, como la Defensoría y Fiscalía, y también por quienes brindan seguridad porque quien se desvíe será corregido”, señaló.

En relación con el caso del funcionario del Sebin que fue identificado como responsable de los asesinatos de Bassil Alejandro Dacosta y Juan Montoya el día 12 de febrero en el centro de Caracas.

“(Identificación del funcionario del Sebin) muestra una disposición del Estado de llegar a la verdad hasta sus últimas consecuencias”, dijo.

Agregó que no existe ningún compromiso con funcionarios que se hayan apartado del cauce constitucional.

“Quien sea que haya cometido el delito va a tener que pagar ante la justicia y el pueblo venezolano por el crimen, homicidio o el daño que haya cometido”, sentenció.

Anunció que la Fiscal General informará datos de algunas investigaciones este viernes.

Precisó que no maneja información del supuesto secuestro y canje de un funcionario militar por estudiantes que habían sido detenidos en el estado Táchira.

Hizo referencia a la reunión sostenida este jueves con el Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada  Vladimir Padrino López que se concentró en el uso proporcional y progresivo de la fuerza física.

Indicó que las legislaciones del nuevo modelo policial no aplican para el componente militar. Sin embargo, la Guardia del Pueblo y el componente militar han prestado apoyo en seguridad en sectores civiles en la ciudad.

Buscaban formar a los funcionarios en Derechos Humanos, en mediación.

 

El Nacional

Venezuela votó “no” en la ONU, para investigar crímenes de Norcorea

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ONU

 

 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) pidió el viernes al Consejo de Seguridad que examine los cargos de crímenes contra la Humanidad que pesan sobre Corea del Norte.

El órgano de la ONU, con 47 miembros, adoptó la resolución por 30 votos a favor, 6 en contra, entre ellos el de China y Venezuela, y 11 abstenciones.
Corea del Norte no forma parte del ACNUDH y por ello no pudo votar.
“Esta resolución es producto de una confrontación, de malos espíritus” afirmó el representante norcoreano, Se Pyong So.
“Japón sigue profundamente preocupado por la persistencia de violaciones flagrantes, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos” en Corea del Norte, declaró su representante ante el ACNUDH, Takashi Okada.
La resolución recomienda a la Asamblea General de la ONU que eleve el caso al Consejo de Seguridad, para que los responsables de esos crímenes sean juzgados.
La comisión de investigación de la ACNUDH sobre el país asiático ya ha pedido en varias ocasiones que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación, pero eso solo puede solicitarlo el Consejo de Seguridad.
China tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad.
Las conclusiones de la comisión especial de la ACNUDH fueron publicadas en febrero y representan la acusación más dura hasta la fecha de violaciones masivas de los derechos humanos contra el régimen de Pyongyang, uno de los aislados en el mundo.

Ataque criminal contra Palaima

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1-2 EMEnfrentamientoPalaima

 

 

Bombas lacrimógenas, perdigones y balas llovieron por más de seis horas en el conjunto residencial. Polimaracaibo intentaba mediar en la zona de conflicto cuando los efectivos castrenses iniciaron el ataque. La anarquía reinó, nueve vehículos fueron incendiados dentro de los urbanismos del sector

Cayó la noche y las consignas se escuchaban en los edificios, se mezclaban con el ruido de las detonaciones. Seis horas pasaron y la “Resistencia Palaima” se negaba a sucumbir ante el bombardeo de la Guardia Nacional y el saqueo de los grupos violentos.

A las 2.00 de la tarde de ayer unos 30 motorizados irrumpieron en el conjunto residencial. Según el relato de los vecinos los grupos armados saquearon cuatro vehículos, atracaron y golpearon a una pareja de esposos. En ese momento inició la reyerta entre los civiles. Los manifestantes de Palaima se armaron con bombas molotov, morteros y objetos contundentes, mientras que el bando contrario disparaba balas.

Una hora después, José Luis Alcalá, director de la Policía Municipal de Maracaibo, ingresó al área de conflicto para dialogar con los miembros de la “Resistencia Palaima”. Del otro extremo de la barricada, motorizados y funcionarios castrenses se preparaban para un nuevo ataque. Primero vinieron las lacrimógenas, luego los perdigones; al cabo de un minuto estaban sitiados por uniformados y civiles armados.

Los jóvenes se refugiaron en los edificios y mientras los efectivos militares ingresaban al complejo habitacional y lanzaban sus municiones antimotines hacía las ventanas de los apartamentos, los colectivos también accesaban junto a la fuerza pública, se dirigieron a los estacionamientos, prendieron fuego a cinco vehículos y causaron destrozos en al menos una docena más.

Los gritos que denunciaban la irregularidad hacían eco en todo el urbanismo. “Es indignante ver lo que están haciendo con nosotros. Los guardias entran con los colectivos. Estos muchacho tienen casi dos meses en protesta, luchando por el país y esta la única forma que consiguen para callar su reclamo es la violencia”, expresó una vecina de la torre dos de Palaima mientras se arrastraba en el piso para evitar ser alcanzada por los proyectiles.

Heridos y detenidos

Durante el enfrentamiento, Fabricio Hernández, vecino de Residencias Palaima recibió una puñalada en la espalda por parte de un integrante de los colectivos. Los funcionarios castrenses detuvieron al joven y lo trasladaron al Hospital Militar junto a su progenitor quien también resultó lesionado en el ataque. Un tercer manifestante fue capturado por los uniformados.

Aproximadamente a las 8.00 de la noche el fuego cesó, sin embargo los colectivos rondaban en caravanas las adyacencias del conjunto de edificios. Representantes del Foro Penal Venezolano lograron ingresar a la zona para iniciar las conversaciones con las autoridades castrenses.

Manuel Graterol, comandante del Core 3 de la Guardia Nacional Bolivariana, ingresó a Palaima con para negociar con los jóvenes en protesta, no obstante, ante la impotencia e indignación expresada por los manifestantes, luego de observar las irregularidades cometidas por los uniformados, no fue posible un diálogo efectivo.

“¿Por qué dejaron pasar a los colectivos?, ¿por qué no hicieron algo para evitar los destrozos y la quema de los carros?”, preguntaban los jóvenes. A lo que Graterol respondió: “Yo no sabía lo que acá estaba ocurriendo, cuando yo llegué ya esto estaba prendido”.

Anarquía

A pesar de que los refuerzos de funcionarios de la fuerza pública no dejaban de ingresar a Palaima y de disparar contra los edificios, los alrededores del conjunto residencial se encontraban totalmente anarquizados. Los grupos violentos se trasladaron hacia la urbanización La Trinidad, saquearon apartamentos e incendiaron cuatro vehículos.

Efectivos de Polimaracaibo lograron ingresar al conjunto residencial y controlar la situación. 14 personas fueron capturadas por el cuerpo policial durante los saqueos. Parte de los artículos robados lograron ser recuperados por la policía municipal, entre ellos un vehículo.

Durante los hechos violentos en La Trinidad un hombre identificado como Enderson Bravo, quien presuntamente sometió a una joven para violarla, resultó gravemente herido al recibir un golpe en la cabeza con un bloque.

La Verdad

El censurador

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eleazardiazrangel

Entre una cosa y la otra es necesario no olvidar que una de las causas y banderas de la protesta estudiantil ha sido por el derecho a la libertad de expresión. Es pertinente recordar que el creciente cerco que se le ha impuesto a los medios de comunicación por distintas vías ha sido parte de la estrategia de poder absoluto de eso que para ahorrarnos explicaciones denominamos chavismo, y un tema recurrente de sus críticos y opositores.

La evidente maniobra de cesura informativa por parte de las plantas de televisión a la ola nacional de protestas y la supresión de la señal por cable de un canal extranjero, alimentaron la indignación ciudadana y han contribuido a cimentar la imagen internacional del gobierno de Maduro como un régimen al que cada vez es más difícil no denominarlo como una dictadura.

Cancelación de concesiones, multas, cambios legales, restricciones en el acceso a las divisas para la adquisición de papel periódico, persecución contra periodistas y dueños de medios, pasando por la compra de otros por parte del propio Estado o de grupos económicos cercanos al poder, ha sido desde hace años parte del coctel orientado a imponer la “hegemonía comunicacional” en  Venezuela.

Pero nada de eso sería efectivo sin el concurso directo de personas como Eleazar Díaz Rangel ejerciendo el papel de censores.

En este punto el amable lector se habrá percatado a que viene todo esto: el trabajo de la periodista Laura Weffer a propósito de las denominadas “guarimbas” que debía ser publicado 16 de marzo de 2014 en el diario Últimas Noticias, y que fue censurado por él como director de ese medio.

A lo largo de su dilatada trayectoria como comunicador social y académico, Díaz Rangel se ganó  fama como prestigioso profesional, que sin dejar de ser personalmente afable (me consta que lo es) era un serio critico de los gobiernos de turno, siempre consecuente con su posición de izquierda.

Buena parte de su trabajo académico y de formación de opinión pública, así como su actividad como dirigente del gremio de periodistas, se orientó a criticar los defectos de los medios de comunicación social de propiedad y gestión privada, mediatizados por sus propietarios, la publicidad y los grupos de poder político.

No obstante, lo anterior no le ha impedido desempeñar un polémico papel como director de Ultimas Noticias desde 2001, con una serie de incidentes que revelan la continua lucha que se da en todos medios de comunicación en todas partes: quién manda realmente.

Y es evidente que en un medio de comunicación el poder no sólo lo ejercen dueños y anunciantes. También lo ejercen quienes poseen la información que le interese al público o que la sepan buscar. Pero también quienes tengan la potestad de decidir si esa información se publica o no.

Esa es la lucha que se ha dado en la redacción de Ultimas Noticias desde hace varios años.

En el caso del trabajo de Laura Weffer, Díaz Rangel aplicó un criterio muy distinto al que, por ejemplo, recurrió en ocasión de analizar los saqueos de febrero de 1989. Para él se trataba entonces de contribuir en todo lo que fuera necesario para socavar al “régimen democrático y representativo” (Rómulo Betancourt dixit), más que al gobierno de turno. Hoy su idea es censurar todo aquello que puede perjudicar a este. El doble rasero.

Sin embargo, creo que Díaz Rangel ha sido consecuente.

Me explico: no creo que haya cambiado en su punto de vista, sigue siendo el mismo, sólo que de un tiempo para acá se ha puesto en evidencia que el adversario que combatía no eran la las fallas y errores de la libertad de expresión, sino la libertad misma.

La libertad de expresión fue buena mientras le fue útil.

Cualquiera que de buena fe lea el trabajo de Laura Weffer concluirá que no es “una exaltación a las guariambas”, sino un esfuerzo por exponer de manera equilibrada una realidad, aunque resulte complicado poner en una misma balanza a unos muchachos armados con piedras enfrentados a un aparato militar. Pero eso no fue suficiente para Díaz Rangel.

Porque  resulta ser que esa realidad es una cachetada al proyecto político que tiene quince años en el poder, en tanto y cuanto pone de manifiesto un aspecto de la enorme crisis en que está sumergido nuestro país.

Cualquier trabajo periodístico profesional y objetivo (y ese los es) que analice la Venezuela de hoy no puede sino destacar eso. Es lo que el señor Díaz Rangel se niega a admitir, pero por más que censure no puede ocultar.

Pedro Benítez

@PedroBenitezF

Alianza Social por la Salud

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Salud

 

El pasado 24 de marzo se conformó la Alianza Social por la Salud. En ella participan sindicatos, red de sociedades científicas, estudiantes de medicina, organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando el derecho a la salud y comités de personas con distintas patologías. El propósito de la alianza que está abierta a todo el que se encuentre preocupado por la crisis de la salud en el país, es trabajar y exigir se cumpla el mandato de la Constitución que establece la obligación del Estado de garantizar protección de la salud y para ello se requiere un servicio público de calidad.

La Alianza tiene su razón de ser en los artículos 132, 83 y 84 de la Constitución que establecen que es un deber defender los derechos humanos y que en el caso particular de la salud tenemos el deber de participar activamente en su promoción y defensa. Igualmente indica la Constitución que la comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.

Que la prestación del servicio de salud en el país está en terapia intensiva es una realidad que nadie puede ocultar. Tan grave es la crisis, que ya en dos oportunidades el presidente Nicolás Maduro ha tenido que reconocer la gravedad de la situación. El 12.12.13 afirmó que los hospitales del país son “una vergüenza”, pero sin embargo, no se nota la voluntad política de revertir dicha situación.

Una investigación realizada el 19 de marzo por la organización Médicos por la Salud encontró resultados como estos: en el hospital Domingo Luciani el equipo de hemodinamia está dañado y no hay cateterismo y más de 70 pacientes esperan  para que les sean colocados marcapasos. En el hospital Pérez Carreño, Caracas, en el servicio de urología no está en funcionamiento el equipo de eco para la biopsia prostática. En el hospital de Coche el mismo que prometió el 16.02.13 el presidente Nicolás Maduro que en tres meses lo convertiría en hospital modelo no hay sala de hospitalización de toxicología y la sala de medicina interna no funciona. En el Hospital Clínico Universitario de la UCV más de 435 personas esperan por intervenciones cardiovasculares.

La indolencia del gobierno es asombrosa. En el hospital de coche afirma personal de salud de ese centro desde hace un año fue llevado un tomógrafo y no ha sido instalado mientras cientos de personas en su mayoría de bajos recursos tienen que estar pagando en clínicas privadas para la realización de las tomografías. En el hospital materno infantil de Caricuao Pastor Oropeza existe un mamógrafo desde hace 10 años que nunca ha sido puesto en funcionamiento.

Hace pocos meses se incineraron nuevamente miles de toneladas de medicinas vencidas. Ya en 2010 la Contraloría General de la República había llamado la atención sobre la pérdida de medicinas pues ese año constató como se lanzaron al basurero miles de medicamentos que se dejaron vencer o se deterioraron. Y la situación se repite cada año mientras escasean las medicinas en los centros públicos de salud. Cuántas vidas pudieron haberse salvado si esas medicinas en lugar de terminar en un basurero hubiesen llegado a las personas que los requerían.

No sólo todo lo referente a atender las enfermedades está en crisis sino también las políticas preventivas. Según el boletín epidemiológico numero 11 con datos de la semana del 09 al 15 de marzo hubo 1389 casos de malaria en el país. El acumulado de casos para esa enfermedad en lo que va de año es de 15.003 casos. Además se diagnosticaron 998 casos de dengue y en estos tres primeros meses se contabilizan 16.488 casos. Las cifras en sí mismas indican cómo no hay políticas adecuadas en materia preventiva en enfermedades que son relativamente fáciles de prevenir.

Esta crisis de la salud solo será resuelta si la población se moviliza y exige a los responsables adopten de urgencia medidas adecuadas. Si además obligamos a esos funcionarios que se aparten por un momento de la prepotencia con la que gobiernan y escuchan propuestas de las organizaciones sociales. Tú, que ya eres una víctima del problema, puedes ser parte de la solución.

Marino Alvarado

@marinoalvarado

El Universal

Desacatos, juicios expresos

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TSJ

Cada vez que se quiera producir una detención y/o condena, podrá usarse “la vía expresa”

Hasta los novedosos y nada garantistas procedimientos judiciales aplicados por la Sala Constitucional a los alcaldes Enzo Scarano (San Diego, Carabobo) y Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira), en los que los declaró incursos en el delito de desacato, ordenó su encarcelamiento y destituyó de sus cargos como pena accesoria, había sido criterio invariable de esa misma sala del TSJ el siguiente: “en relación con el desacato, ha señalado este alto tribunal que dado el carácter delictual del mismo, la calificación que de este delito se haga le compete al tribunal penal, en el contexto del debido proceso con la garantía del derecho a la defensa” (Caso Aracelys Urdaneta, 31 de mayo de 2001, validando jurisprudencia reiterada desde el 7 de noviembre de 1995, caso Rafael Rivas Ostos).

Las sentencias contra los alcaldes echaron por tierra 19 años de jurisprudencia pacífica y reiterada de la máxima instancia judicial del país, de los cuales 13 corresponden a decisiones de la misma Sala Constitucional. En ellas, la sala se convirtió por primera vez en juez penal y, mediante juicio sumario, evaluó alegatos, en un mismo acto permitió la promoción, admisión y evacuación de pruebas y produjo decisiones condenatorias sin derecho a ser revisadas en ninguna otra instancia.

Con esta actuación se violentó el principio constitucional de ser juzgado por el juez natural. Sólo un juez penal puede conocer de la comisión de supuestos delitos penales. El desacato es un delito. La Sala Constitucional no tiene competencia en materia penal.

También se violó el derecho constitucional al debido proceso. Nuestra legislación no admite juicios penales sumarios para la determinación de la comisión de un delito. El proceso penal, que ha debido ser el que conforme a la jurisprudencia reiterada del propio TSJ se debía aplicar, está concebido mediante una serie de etapas preclusivas según las cuales el demandado debe tener derecho a conocer con exactitud de qué se le acusa, cuáles son las pruebas que sustentan tal acusación, derecho a oponerse y a alegar en contrario, derecho a controlar la promoción y admisión de esas pruebas y derecho a producir las pruebas que a bien tenga en su defensa. Las normas que rigen los procesos judiciales son de orden público. Así, ni las partes ni los jueces pueden subvertir su estricto cumplimiento sin menoscabar derechos fundamentales.

Los alcaldes fueron citados a audiencias orales para defenderse de hechos que no les fueron especificados por la Sala Constitucional y, violando la presunción de inocencia constitucional, se les invirtió la carga probatoria conforme a la cual quien alega un hecho debe probarlo. La sala, en auto que los convocó a dichas audiencias, dio por probados los presuntos desacatos a sus mandamientos de amparo actuando por presuntas informaciones de prensa que en su dicho constituyeron hechos notorios comunicacionales, que no requerían mayor probanza. Con esa presunción los citó para que se “defendieran” de hechos que ya la propia sala daba por probados. No respetó las etapas preclusivas y de orden público referidas al derecho penal y, en esa misma audiencia, produjo fallos condenatorios señalándolos como culpables del delito de desacato, ordenando su encarcelamiento y, como pena accesoria, su destitución.

Además, constituye un principio fundamental del derecho la necesaria existencia de la doble instancia para garantizar a quien se sienta inconforme con un fallo por considerar que la materia de fondo debatida no fue decida conforme a derecho o porque considere que el mismo ha violentado derechos fundamentales, pueda obtener la revisión de esa decisión por otro juez que reestablezca sus derechos vulnerados. Al convertirse la Sala Constitucional en juez penal y decidir como tal el delito de desacato, su decisión no puede ser revisada por ningún otro juez del país, pues sus decisiones no son apelables o revisables en ninguna otra instancia.

La Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda restricción al ejercicio de los derechos políticos debe estar basada en una condena, por juez competente, en proceso penal (Art.23.1). Si conforme a la Constitución Nacional corresponde a la Sala Constitucional del TSJ el control de la constitucionalidad de las actuaciones de los tribunales de la República y el garantizar derechos humanos fundamentales, ¿qué puede hacer un ciudadano cuando las violaciones constitucionales provienen de ella misma? De ahora en más, cada vez que se quiera producir la detención de cualquier ciudadano y su condena, podrá usarse esta vía expresa sin necesidad de acudir a la jurisdicción penal.

Gerardo Blyde

@GerardoBlyde