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CIDH: Inseguridad atenta contra los derechos de los venezolanos

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El organismo afirmó que salida de la Corte IDH contraría la integración regional.

En 2012 el Gobierno reconoció que en Venezuela se cometieron 16.072 homicidios, es decir unos 54 por 100 mil habitantes, lo cual colocó al país entre los más violentos y peligrosos del mundo. Estos números preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que denunció que el auge delictivo “resulta en una afectación al goce y disfrute de los Derechos Humanos de los venezolanos”.

El señalamiento lo realizó la instancia en su informe de actividades correspondiente a 2013, el cual su presidenta, la comisionada Tracy Robinson, presentó ayer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA),

Pero el organismo no solo se mostró alarmado por los índices delictivos, los cuales en 2013 crecieron, según le confesó el Gobierno en un escrito que le envió el 20 de diciembre pasado con las observaciones a este reporte, sino también por iniciativas como el Plan Patria Segura, con la cual se pretende revertir la situación.

“El entrenamiento militar no es adecuado para el control de la seguridad interna, por lo que el combate de la violencia en el ámbito interno debe corresponder únicamente a una fuerza policial civil debidamente entrenada que actúe en estricto apego a los Derechos Humanos”, afirmó la Comisión, luego de recordar casos como el registrado en Falcón el 8 de julio pasado, en el cual una mujer y su hija perdieron la vida a manos de unos guardias nacionales que les dispararon más de 50 tiros porque los confundieron su vehículo con el de unos criminales que estaban buscando.

El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, anunció el martes que mañana se producirá un nuevo despliegue del Plan Patria Segura, en el cual participan 35 mil uniformados.

En el informe también se objetó los planes del presidente Nicolás Maduro de extender la Milicia para garantizar la paz y la integridad del país.

“Los ciudadanos que reciban entrenamiento militar no deben ser incorporados a las estrategias de defensa interna, así como tampoco debe desvirtuarse el rol de la sociedad en relación con la seguridad de la nación”, zanjó la CIDH.

Más abusos y menos recursos

La Comisión se hizo eco de las denuncias de distintas organizaciones venezolanas sobre el aumento en el número de ejecuciones cometidas presuntos policías y militares, así como también del repunte en la cantidad de ataques contra periodistas y medios de comunicación social.

Asimismo no desaprovechó la ocasión para cuestionar la decisión venezolana de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esta decisión configura un retroceso en la protección de los Derechos Humanos de los habitantes de Venezuela, quienes han perdido una instancia para la protección de sus derechos, y cuentan con menos recursos disponibles para defenderse”, alertaron los comisionados, quienes agregaron que la misma representa un golpe contra “los ideales de la integración de los pueblos de las Américas”.

En septiembre pasado se materializó la denuncia del llamado Pacto de San José, la cual adoptó un año antes el fallecido presidente Hugo Chávez, obviando que la Constitución, en su artículo 21, le da rango constitucional a ese instrumento.

Aunque reconoció que esta medida implica que ninguna violación cometida desde septiembre de 2013 podrá ser conocida por el tribunal regional, la CIDH dejó en claro que Venezuela sigue bajo su supervisión y que ella analizará todas y cada una de las 38 denuncias que recibió en 2013.

El número de quejas de venezolanos que recibió la Comisión el año pasado fue 58,3% superior al de 2012, cuando recibió 24. Estos datos revelan que las afirmaciones de las autoridades, según las cuales la salida de la Corte implicaban también la salida de la CIDH no calaron entre los ciudadanos.

El Universal 

Cipriano Heredia: “Este régimen tiene el récord de violaciones a los derechos humanos en Venezuela”

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“Descargas eléctricas, amenazas de abusos sexual, robo y destrucción de pertenencia, amenaza de muerte, compartir con presos comunes, no permitir ir al baño, impedimento a tomar agua y arrodillarse sobre alcantarillas, son solo algunas de las medidas que aplican los Cuerpos de Seguridad del Estado, a los manifestantes detenidos en dos meses de protestas. Esto sin duda representa el mayor récord histórico de tortura en la historia del país”, denunció el Subsecretario General Nacional del partido Alianza Bravo Pueblo, Cipriano Heredia.

Ante estos hechos el Diputado al Consejo Legislativo de Miranda, aseguró que la respuesta seguirá siendo la movilización en las calles de Venezuela.  “Si el régimen cree que con estas acciones  van a amedrentar al pueblo, asustar a los estudiantes y  meter en sus casas a quienes estamos dando la lucha por restablecer los valores democráticos, se equivocaron porque no permitiremos que nos inmovilicen para que ustedes se atornillen -al estilo cubano-,  en el poder”.

Elenis Rodríguez, activista de Derechos Humanos de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (FUNDECI), también coincide que “en Venezuela sí se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Además agregó que al usar  sustancias tóxicas y armas de fuego durante las manifestaciones, se quebranta el artículo 68 de la Constitución Nacional.

En su participación en el foro conversatorio  “La grave situación de los DDHH en la Venezuela de hoy”, Rodríguez, denunció la presencia de colectivos armados infiltrados en las manifestaciones, en este sentido,  hizo un llamado a la población a no dejarse persuadir por personas ajenas quienes “nos les importa la democracia ni el derecho a la vida  pretendan desestabilizar las manifestaciones”.

Recordó que estas protestas que comenzaron el 12 de febrero las cuales se  han mantenido por más de 70 días en las calles son “por el alto índice de inseguridad, el desarme de los colectivos violentos y el rescate del hilo constitucional sistemáticamente violado durante estos últimos 15 años”.

Por su parte, el abogado y activista de Derechos Humanos, Antonio Rosich, alertó que en 70 días de protestas “el Estado ha vulnerado los  derechos fundamentales de los venezolanos reconocidos en la Constitución y en los principales tratados universales”, no obstante, su llamado es a seguir en la lucha por el acato a estos convenios. “Los venezolanos tenemos que estar muy claros de que el derecho a protestar no lo podemos negociar ni ceder de ninguna forma”.

Asimismo, criticó que en unos de estos procedimientos fue detenido el activista de Derechos Humanos, Marcelo Crovato, quien se presentó en Chacao ante el llamado de una persona quien necesitaba asistencia ante un allanamiento ilegal. “A este abogado no solo se le desconoció el ejercicio de su profesión, también fue detenido de forma arbitraria  y está por ser presentado ante los tribunales penales de la República, hecho que debe prender todas las alarmas de las ONG en materia de DDHH, en Venezuela y el mundo”.

Diálogo en términos de igualdad

Antonio Rosich, manifestó sus objeciones con respecto al diálogo entre algunos representantes de la MUD y el Gobierno. Cuestionó que no puede haber diálogo sin igualdad ni respeto. “No se puede entablar un diálogo cuando hay agresiones en una de las partes, el que no se acepte la liberación de Ivàn Simonovis y la negativa a una Ley de Amnistía, patea la posibilidad que nos permite creer en un diálogo franco. Es necesario un diálogo sincero y verdadero, en el que se reconozca al adversario y se logre  la recomposición pacifica en términos de unión verdadera y fraterna entre todos los venezolanos”, subrayó el activista de Derechos Humanos.

Con respecto a la posición que ha tomado la Defensora del Pueblo, ante las denuncias de represión, Rosich, aseguró que amparar a la ciudadanía ante hechos de violencia y tortura por parte de los órganos de seguridad del Estado, “no es solo una función que deben realizar los activistas de DDHH, es el deber legal y constitucional de la Defensora del Pueblo y la Fiscal General”. Asimismo, Elenis Rodríguez,  manifestó  que la Defensora del Pueblo “debe desprenderse de su ideología política y defender los derechos fundamentales de  cada uno de los venezolanos  como lo establece la Constitución”. Por su parte el dirigente de ABP, se cuestionó “si estas funcionarias pueden tener la conciencia tranquila al saber que han incumplido con su deber”.

Anauco introdujo recurso de nulidad contra Ley de Precios Justos ante el TSJ

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El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad contra la Ley de Precios Justos, impulsado por el Gobierno Nacional.

“En defensa de todos los venezolanos, hoy estamos acá ante la sala constitucional para representar a esa madre que tiene hacer una cola para comprar un pote de leche para llevarlo a su familia o en representación del padre que tiene que ir a 5 o 6 establecimientos para completar una cesta básica”, declaró Parilli.

Exclamó que esta ley derogó totalmente a la Ley de la Defensa de Derechos de los Consumidores ante la compra de los bienes y servicios, que formaliza un control de regulación de precios estrictos que se han establecidos en el país.

Estimó que esta ley ha “desprotegido” a los consumidores venezolanos, y formaliza prácticas y políticas públicas de control y regulaciones de precios estrictos o rígidos que se han establecido progresivamente en el país.

Asimismo, denunció estar en contra de que “se escondan” los índices de escasez, inflación y desabastecimiento en el país, así como también destacó que los venezolanos quieren “ver ofertas” en los productos y consideró que la transparencia del mismo “encaminará la economía”.

Banca y Negocios 

Inditex trabaja para reactivar operación Venezuela

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La empresa Phoenix World Trade, que tiene la exclusividad de la franquicias de la textil española Inditex en Venezuela, trabaja para reactivar las operaciones en el país tras un inicio de año en que tuvo que reasignar suministros y suspender temporalmente la actividad en tres tiendas.

“Queremos reactivar en todo el sentido de la palabra las tiendas que están abiertas y funcionando y cuando estén reactivadas hacer la apertura de las tiendas que están desde hace tiempo cerradas”, indicó a Efe el presidente de la compañía, Camilo Ibrahim.

Señaló que la empresa suspendió a inicios de enero temporalmente la actividad en tres tiendas en Maracaibo, Barquisimeto y San Cristóbal por los problemas para conseguir los suministros, en un contexto de revisión del sistema de administración de divisas por parte del Gobierno.

“Hemos tenido conversaciones con el Gobierno y acercamientos y mesas de trabajo (…), ha habido muy buena receptividad en las conversaciones y basado en eso es que estamos haciendo nuestro plan de restablecimiento de las operaciones”, señaló Ibrahim.

El directivo descartó que Inditex, que tiene las marcas Zara, Pull&Bear y Bershka, haya pensado en cambiar el modelo de negocio en Venezuela, donde opera únicamente con franquicias a través de Phoenix, ni que vaya a entrar con tiendas propias.

“Desde las dificultades que empezaron a finales del año pasado hemos venido trabajando con la única intención de reactivar todas las operaciones”, señaló.

Explicó que las tiendas que dejaron de operar suspendieron su actividad desde la primera semana de enero, “para ahorrar recursos” y reforzar con producto las tiendas más importantes.

Ibrahim recordó que el año pasado antes de “los problemas” que llevaron a la suspensión de esas tiendas se habían abierto tres tiendas nuevas en Margarita de distintas marcas de Inditex.

El Gobierno venezolano frenó la entrega de dólares a finales de año a las empresas para revisar todo el sistema de administración de divisas en un país en el que existe un control de cambios que deja en manos del Estado el control de la moneda extranjera.

El Nacional 

Estudiantes frente a la sede de la ONU cumplen un mes de protesta

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Los estudiantes que protestan frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalaron este jueves que lo único que garantizará la paz en Venezuela es la renuncia de Maduro y su equipo de gobierno.

Dioris Albarrán, coordinadora de la Organización Nacional de Jóvenes Venezolanos por el estado Miranda, criticó en rueda de prensa que el Ejecutivo realice un llamado al diálogo y a la paz al mismo tiempo que continúa reprimiendo a los manifestantes y tomando presos políticos.

Asimismo, manifestaron su rechazo contundente a la participación en el diálogo de la Mesa de la Unidad Democrática (unión de partidos políticos de oposición), pues consideran que quienes están presentes en las reuniones sólo representan intereses personales y no a un sentimiento nacional.

Ante el clima político y social que se vive en el país, los estudiantes hicieron un llamado a mantenerse en las calles protestando de forma pacífica. “Seguimos llamando a la calle (…) Llamamos a la conciencia nacional, la calle sin retorno”, dijo el dirigente estudiantil.

Por su parte, Gerardo Carrero -coordinador de la Organización Nacional de Jóvenes Venezolanos por el estado Táchira- informó que el movimiento estudiantil convocó a una marcha para este sábado 26 de abril que partirá a las diez de mañana desde Plaza Venezuela, una importante plaza ubicada en el centro-este de la capital.

La movilización “Gran marcha por la libertad” está convocada bajo la consigna “Calle sin retorno” y exigirá la libertad de los presos políticos.

Señalaron que si el pueblo se arma de valor llegarán hasta el Palacio de Miraflores y reiteraron que es necesario que el pueblo se mantenga en las calles.

 

 

Diario De Las Américas 

Julio Borges: “Exigimos un aumento general de sueldos y salarios en torno al 50%”

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 JulioBorges

 

El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, se pronunció en torno a los recientes anuncios del gobierno nacional en materia económica al referir que  “como ya nos tiene acostumbrados, Nicolás  Maduro desde que se encargó del Gobierno, anunció de nuevo  anoche las supuestas acciones que se tomarán en materia económica, pero que nunca se concretan. Ya ha pasado más de un año que se anunció la modificación del sistema cambiario y todavía seguimos con un sistema cada vez más complicado y que ha llevado al dólar oficial  desde 4,30 a casi 50 bolívares”.

“Ahora siguen con la letanía de la supuesta promoción de algunos sectores productivos pero la realidad es que ya van más de dos meses de reuniones y no se ve ninguna acciona concreta. La realidad es que el Gobierno sigue entrampado en un modelo económico fracasado que pretende acabar con la iniciativa privada y lo que ha logrado es destruir la producción nacional. Y esta tragedia continuara hasta que no se asuma que la única vía para lograr derrotar la inflación y la escasez es impulsar a nuestros productores y lograr llenar los anaqueles de productos Hecho en Venezuela”.

Destacó Borges que Maduro insiste “en montar un show con fiscalizaciones a empresas relacionadas con productos básicos pensando que pudiera resultarle beneficioso como el show de los electrodomésticos del año pasado, pero los venezolanos están muy claros que esa no es la solución y terminaremos sin productos que fiscalizar porque no se está produciendo básicamente nada en el país y cada vez importamos más”.

Explicó el parlamentario que la  situación es tan grave que hasta el Presidente del Banco Central “reconoció en estos días que resulta imperativo trabajar con el sector privado para combatir la inflación y la escasez. En contraste, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística,  INE jura que ocultando las cifras económicas logrará acabar con la crisis. Tuvo los riñones de asegurar que la familia venezolana come 5 veces al día y que el ingreso promedio de una familia es de 9.000 bolívares. Como se nota que estos enchufados tienen años que no hacen un mercado ni recorren los barrios de nuestra Venezuela para ver la crítica situación que estamos pasando”.

En este sentido Julio Borges exigió que en los próximos días en el marco del 1ro de mayo se anuncie un aumento general de sueldos y salarios que esté alrededor del 50%, “para intentar paliar en algo la inflación desatada en los últimos tiempos que en el caso de los alimentos supera el 76% y ya vemos los anuncios de nuevos aumentos en productos de Mercal y el transporte público”.

“No podemos seguir con solo aumentos de Salario Mínimo, hay que hacer una revisión del ingreso de los venezolanos para recuperar el poder adquisitivo luego de tanta devaluación del bolívar. El Salario Mínimo hay que llevarlo a 5.000 bolívares por lo menos y nada de aumentos fraccionados porque la inflación no viene fraccionada”.

Borges también exigió que se dupliquen el Cestaticket y “como hemos insistido se otorgue ese beneficio a nuestros jubilados y pensionados que están en el dilema permanente entre comprar comida o sus medicinas. Y para lograr que sean cada vez más quienes puedan tener un salario insistimos con la Ley del Primer Empleo para lograr que los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral y no sigan engrosando las filas de los desempleados que solo les queda matar un tigre a ver si resuelven y tener algún ingreso para llevar a su hogar”.

“Estamos en un momento muy crítico, si el Gobierno no cambia radicalmente su modelo económico y toma las medidas urgentes para reactivar la producción nacional que derrote la inflación y la escasez, seguiremos sumergidos en la peor de las crisis que haya vivido el país y que cada día se agrava más. Por eso seguiremos en las calles de toda Venezuela exigiendo un cambio de rumbo, ya basta de tanta habladera que no queda en nada, exigimos medidas concretas ya”, concluyó Borges.

Asociación de Clínicas y Hospitales alerta sobre grave crisis en la salud

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La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH) alertó sobre la grave crisis  “de operatividad” que atraviesan 208 instituciones afiliadas de no ser atendidas debidamente por el Gobierno nacional “como órgano garante del derecho a la salud”.

A través de un comunicado, la organización aseguró que ha denunciado reiterativamente la escasez de suministró irregular de insumos, medicinas, materia médico-quirúrgico, equipos médicos y su repuestos “por las dificultades para la obtención de las divisas  y el retraso en los trámites de importación por parte de nuestros proveedores”.

“Las clínicas no importamos directamente, adquirimos nuestros insumos en el mercado nacional al precio establecido por la cadena de comercialización, siendo el eslabón final que presta el servicio padeciendo junto con nuestros pacientes las consecuencias del agotamiento progresivo de los inventarios”, destacó.

Además, indicó que existe” una Saturación de pacientes con servicios de emergencia congestionados sobrepasando nuestra capacidad de atención, entre otras razones por el desplazamiento de un 38% de los pacientes de los hospitales hacia las clínicas privadas, incluidos, con todo derecho, cerca de 10 millones entre empleados públicos y sus familiares cubiertos por seguros y  fondos auto-administrados del Estado”.

“Esta situación puede traer consecuencias lamentables como  algunas complicaciones y hasta el deceso de venezolanos por no poder ser atendidos con la calidad, seguridad e insumos necesarios para satisfacer el Derecho Constitucional a la Salud consagrado en los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución”.

“En los momentos actuales a las ya conocidas deficiencias de nuestro sistema público, denunciadas repetidamente por diferentes organizaciones involucradas con la salud en el país, ante las instancias competentes, ahora se  agrega la disminución progresiva en la calidad del servicio en las clínicas privadas”, enfatizó la  Asociación Venezolana de Clínicas.

La organización precisó que desde hace 9 meses  y a través de distintos canales han advertido sobre la crisis del Sistema de Salud en Venezuela.

“Hace  mes y medio sostuvimos una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud, donde expusimos estas realidades, asumiendo el compromiso ambas partes de construir una agenda conjunta para promover los mecanismos que permitan resolver la coyuntura con la urgencia del caso. Seis semanas después, no hemos recibido respuestas concretas a ninguno de los puntos planteados, lo cual nos obliga a alertar a la comunidad sobre la crítica situación y la incertidumbre que se vive con la salud en nuestro país pues la salud no tiene ideologías”.

El Universal 

Países de Petrocaribe enfrentan riesgos por turbulencia en Venezuela

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Los países latinoamericanos y del Caribe que se benefician de acuerdos petroleros con Venezuela tienen diversos grados de exposición al riesgo si Caracas reduce o elimina el respaldo financiero que ofrece a través de Petrocaribe, dijo el jueves en un informe la agencia Moody’s Investors Service.

Los países más vulnerables son Cuba, Nicaragua y Jamaica, dijo Moody’s en su informe “Petrocaribe: Respuestas a preguntas frecuentes sobre riesgos a la calidad de crédito en países de Petrocaribe debido a las turbulencias que afectan a Venezuela”, mientras que los menos vulnerables son Las Bahamas, Guatemala, Honduras, Bolivia, Argentina y Paraguay, según reseña Reuters. La evaluación se basa en el análisis de Moody’s de la balanza de cuenta corriente de esos países, la necesidad de recursos petroleros y la dependencia de las importaciones de Venezuela para obtener el crudo. Moody’s explicó que cuando bajó la calificación de Venezuela a ‘Caa1’ con panorama negativo el pasado diciembre, “los motivos clave para la decisión fueron un creciente desequilibrio macroeconómico insostenible y un riesgo materialmente mayor de un colapso económico y financiero”. “Si esos riesgos se materializan, se verán perjudicados algunos socios comerciales de Venezuela”, dijo el informe. Petrocaribe es uno de varios acuerdos petroleros entre Venezuela y otros países latinoamericanos y del Caribe que permiten a los miembros comprar petróleo a precios de mercado bajo condiciones favorables de pago a largo plazo.

El Universal