Utilizar agentes encubiertos se ha vuelto un patrón en los casos en los que se detiene a personas por hechos relacionados con las manifestaciones desde el 12 de febrero. Tal es el caso de Marcelo Crovato, abogado colaborador del Foro Penal Venezolano, que “está detenido por una supuesta grabación en la que un sujeto declara que en una reunión del Foro Penal se instigaba a los ciudadanos a continuar con las guarimbas”.

Así lo explicó su abogado Aníbal Ruiz Alvarado, quien asegura que el caso está lleno de irregularidades. La primera, que la persona que incrimina a Crovato sea un agente encubierto: “No había justificación legal para utilizar agentes encubiertos, pues solo se pueden emplear cuando se trata de casos graves como terrorismo, trata de blancas, legitimación de capitales, drogas o tráfico de órganos”.

Por ninguno de esos delitos imputaron a su defendido, aseguró, sino por instigación a delinquir, obstrucción de la vía pública y posesión de elementos incendiarios. Aclaró que Crovato no tiene que ver con los delitos que se le imputan.

Otra irregularidad es que se detenga a un abogado mientras ejerce su trabajo, pues Crovato asesoraba a los ciudadanos Ignacio Porras y Marling Márquez cuando allanaban su vivienda en Chacao.  Funcionarios del Cicpc le pidieron luego que los acompañara y fue detenido junto con Porras y Márquez en la División Antiterrorismo del Cicpc.

Ruiz recordó que cuando se usan agentes encubiertos deben tener un nombre temporal durante el proceso judicial, pero en el expediente de su defendido solo aparecían como “agente 1” y “agente 2”.

“No se puede usar agentes encubiertos en este tipo de casos. Los funcionarios tienen una responsabilidad civil, penal y administrativa; no tienen una patente de corso”, expresó.

Patrón

Ruiz aseguró que existe un patrón de utilización de agentes encubiertos en las detenciones de personas por las manifestaciones. “Hay un patrón de testigos que se identifican como agentes encubiertos y nunca se sabe quiénes son. Pasó en Chacao, en el caso del hotel Savoy, en El Valle, en Chacaíto y en Sabana Grande cuando han hecho allanamientos a viviendas”, señaló.

Indicó que su defendido fue director de una cárcel con este gobierno, por lo que no puede ser trasladado a una prisión común; sin embargo, lo llevaron al Rodeo.

El 22 de abril el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dijo ese día en la madrugada hicieron tres allanamientos en Chacao, en los que decomisaron “armas y drogas”. En uno de esos procedimientos fue detenido Crovato. “Soy abogado del Foro Penal. Fui a atender a una persona que la estaban allanando por guarimba. Ahora me quieren detener”, escribió en su cuenta de Twitter alrededor de las 9:00 am.

Agresiones

El Colegio Nacional de Abogados anunció que marchará en mayo para rechazar las agresiones contra  agremiados por cuerpos de seguridad del Estado.

Un ejemplo de las agresiones que rechazan las vivió Tailandia Márquez Rodríguez, integrante del Colegio de Abogados, que denunció que el 16 de abril sufrió torturas de funcionarios del Cicpc cuando se disponía a asistir a un defendido (que no puede nombrar).

Señaló que cuando trató de ponerse en contacto con su defendido, la mandaron a esposar, la llevaron a una sala y tres mujeres la golpearon. Aseguró que le halaron el cabello, que un hombre le hizo una llave en el talón y le ocasionó un esguince y que luego la llevaron a la subdelegación de El Paraíso, donde le hicieron un examen toxicológico. Ibeth Lugo, presidente del Colegio Nacional de Abogados, exigió a la Fiscalía que se investigue y se establezcan las responsabilidades del caso. Dijo que no es la primera vez que reciben una denuncia de ese tipo, que se ha repetido en varios estados del país.

El Dato

William Jiménez, del equipo de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, dijo que en todo el país se han registrado más de 10 agresiones contra agremiados que defienden a personas detenidas por las manifestaciones. Denunció que funcionarios evitan que los imputados escojan a su defensor de confianza, lo cual viola el COPP.

El Nacional

El Gobierno venezolano informó hoy que se apoyará en denuncias hechas por los consumidores para inspeccionar los precios de los comercios de todo el país, dentro de la segunda fase de la denominada “ofensiva económica” para dar respuesta a los problemas económicos de la nación.

“El 40 % del plan de fiscalización va estar referido precisamente a las denuncias que nosotros recibamos de nuestro pueblo”, anunció hoy a periodistas la titular de Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), Andreína Tarazón.

El Gobierno venezolano desplegó la pasada semana cerca de 1.900 equipos de inspectores que visitarán comercios en todo el país, incluido oficiales de las Fuerzas Armadas, funcionarios del organismo tributario e inspectores de la Presidencia de la República como “un solo cuerpo” para verificar los precios.

Tarazón inauguró hoy dos oficinas de denuncias de la SUNDDE en las que, según dijo, se espera se reciban más de 7.200 denuncias mensuales.

“Vamos a un proceso de expansión rápida de la Superintendencia (…) la incorporación de nuestro pueblo ha sido sorprendente en cualquier rincón del país”, sostuvo.

“Los consejos comunales, hombres y mujeres de manera voluntaria están sumados a este gran esfuerzo nacional por los precios justos y por la estabilidad de la economía”, agregó, en alusión a consejos de organización local.

La también ministra de la Mujer hizo un “balance positivo” en cuanto al despliegue de los inspectores y lamentó que existan comercios que “se rehúsan a cumplir” con el ordenamiento jurídico.

“Nosotros estamos imponiendo sanciones administrativas que como ustedes bien saben va de 200 a 50.000 unidades tributarias” (de 4.000 a 1 millón de dólares), señaló.

La unidad tributaria es una medida de valor creada en Venezuela cuyo objetivo es “equiparar y actualizar a la realidad inflacionaria los montos de las bases de imposición, exenciones y sanciones” del país, que actualmente es de 127 bolívares (20,15 dólares).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó a finales de abril esta nueva “ofensiva económica”, la segunda en seis meses, para tratar de dar respuesta a los problemas de producción, de desabastecimiento crónico y los altos precios y para lo que hizo un llamado a todos los sectores del país.

Banca y Negocios

Un total de 437 ataques de grupos armados pro oficialistas a manifestaciones se registraron entre el 12 de febrero y 15 de abril en Venezuela, de acuerdo con un informe de Provea y Amnistía Internacional, presentado en el estado Táchira.

“De las protestas realizadas entre febrero y abril de este año, 31% fueron atacadas por grupos pro oficialistas. Entre estos hay que diferenciar la actuación de grupos paramilitares con alto nivel de movilización y capacidad de armamento y la de grupos aislados, también oficialistas, que han hecho uso de armas de fuego y otros objetos para agredir manifestaciones”, señaló Inti Rodríguez, vocera de Provea.

Dijo que el despliegue de estas agrupaciones ha coincidido con las declaraciones de altos funcionarios que de alguna manera han avalado su participación en determinados hechos. “Se ha evidenciado que buena parte de esos ataques se han coordinado y sido en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional”, agregó.

Recordó un caso del estado Aragua donde un universitario del núcleo Maracay fue agredido. Las cámaras de seguridad registraron cuando la acción era ejecutada por grupos paramilitares y uniformados de organismos de seguridad.

Según los datos presentados, del total de fallecidos (36 hasta el 15 de abril) en manifestaciones, por lo menos 21 de las muertes han sido causadas por actuación de grupos civiles.

“Es una cifra alta y preocupante porque indica que la presencia de estos grupos se está convirtiendo en un fenómeno bastante peligroso para los derechos humanos en el país, inclusive para el ejercicio de derechos civiles”, señaló.

“31% de las protestas han sido atacadas por paramilitares”

El 31% de las protestas realizadas en el país habrían sido atacadas por grupos “paramilitares”, en complicidad con los cuerpos de seguridad, de acuerdo a un balance manejado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos –Provea- y dado a conocer durante el Foro: “Derechos Humanos en riesgo en medio de protestas”.

El coordinador de medios de Provea, Inti Rodríguez, indicó que de acuerdo a la labor de monitoreo que ellos realizan, se registraron 431 ataques sólo en protestas, sin contar agresiones a urbanizaciones y conjuntos residenciales. Acotó que hay patrones recurrentes de parte de la Guardia Nacional Bolivariana –GNB-, de efectivos del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana –PNB- como principales violadores de derechos humanos con el uso de armas de fuego en manifestaciones, uso de sustancias tóxicas y gases lacrimógenos para dispersarlas, en la mayoría de los casos con años de vencimiento, y la actuación coordinada de éstos con grupos paramilitares para reprimir manifestaciones y atacar conjuntos residenciales, generando intimidación y amenazas.

“Si bien es cierto que el fenómeno del paramilitarismo tiene varios años presentándose en el país, su capacidad de coordinación con los cuerpos armados del Estado es mayor”, dijo.

Rodríguez comentó que comenzarán un proceso de recopilación en Táchira para documentar lo que ha ocurrido, con el fin de incluirlo en un informe de derechos humanos que se está levantando a nivel nacional.

Conflicto VE