Un total de 437 ataques de grupos armados pro oficialistas a manifestaciones se registraron entre el 12 de febrero y 15 de abril en Venezuela, de acuerdo con un informe de Provea y Amnistía Internacional, presentado en el estado Táchira.
“De las protestas realizadas entre febrero y abril de este año, 31% fueron atacadas por grupos pro oficialistas. Entre estos hay que diferenciar la actuación de grupos paramilitares con alto nivel de movilización y capacidad de armamento y la de grupos aislados, también oficialistas, que han hecho uso de armas de fuego y otros objetos para agredir manifestaciones”, señaló Inti Rodríguez, vocera de Provea.
Dijo que el despliegue de estas agrupaciones ha coincidido con las declaraciones de altos funcionarios que de alguna manera han avalado su participación en determinados hechos. “Se ha evidenciado que buena parte de esos ataques se han coordinado y sido en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional”, agregó.
Recordó un caso del estado Aragua donde un universitario del núcleo Maracay fue agredido. Las cámaras de seguridad registraron cuando la acción era ejecutada por grupos paramilitares y uniformados de organismos de seguridad.
Según los datos presentados, del total de fallecidos (36 hasta el 15 de abril) en manifestaciones, por lo menos 21 de las muertes han sido causadas por actuación de grupos civiles.
“Es una cifra alta y preocupante porque indica que la presencia de estos grupos se está convirtiendo en un fenómeno bastante peligroso para los derechos humanos en el país, inclusive para el ejercicio de derechos civiles”, señaló.
“31% de las protestas han sido atacadas por paramilitares”
El 31% de las protestas realizadas en el país habrían sido atacadas por grupos “paramilitares”, en complicidad con los cuerpos de seguridad, de acuerdo a un balance manejado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos –Provea- y dado a conocer durante el Foro: “Derechos Humanos en riesgo en medio de protestas”.
El coordinador de medios de Provea, Inti Rodríguez, indicó que de acuerdo a la labor de monitoreo que ellos realizan, se registraron 431 ataques sólo en protestas, sin contar agresiones a urbanizaciones y conjuntos residenciales. Acotó que hay patrones recurrentes de parte de la Guardia Nacional Bolivariana –GNB-, de efectivos del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana –PNB- como principales violadores de derechos humanos con el uso de armas de fuego en manifestaciones, uso de sustancias tóxicas y gases lacrimógenos para dispersarlas, en la mayoría de los casos con años de vencimiento, y la actuación coordinada de éstos con grupos paramilitares para reprimir manifestaciones y atacar conjuntos residenciales, generando intimidación y amenazas.
“Si bien es cierto que el fenómeno del paramilitarismo tiene varios años presentándose en el país, su capacidad de coordinación con los cuerpos armados del Estado es mayor”, dijo.
Rodríguez comentó que comenzarán un proceso de recopilación en Táchira para documentar lo que ha ocurrido, con el fin de incluirlo en un informe de derechos humanos que se está levantando a nivel nacional.
