El Gobierno estadounidense tachó de “falsa e infundada” la acusación presentada por el alto mando político del Psuv de que el recién designado embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker, estuvo involucrado en un plan de “magnicidio” y “golpe de Estado” contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Cualquier acusación de ese tipo es infundada y falsa”, dijo a EFE una fuente del Departamento de Estado respecto a las denuncias.

“Hemos visto muchas veces que el Gobierno venezolano intenta distraer de sus propias acciones al culpar a Estados Unidos o a otros miembros de la comunidad internacional de acontecimientos que ocurren dentro de Venezuela”, añadió la fuente, que pidió el anonimato.

La acusación “refleja una falta de seriedad por parte del Gobierno venezolano a la hora de lidiar con la grave situación que enfrenta”, y Venezuela “debería estar centrado en dar respuesta a las quejas legítimas del pueblo venezolano”, concluyó la fuente estadounidense.

Según Jorge Rodríguez, la ex diputada dijo en uno de los mensajes: “Ya Whitaker me reconfirmó el apoyo”.

En contra. El ex embajador Diego Arria reaccionó a través de Twitter sobre los señalamientos presentados por el alto mando político del Psuv en su contra. Reconoció que el correo electrónico indicado por Rodríguez sí le pertenece, pero que el correo mencionado no es de su autoría. “Accedieron a mis cuentas de correo y redes sociales y fabricaron mensajes que no han sido escritos por mí”, aseveró, luego de que su teléfono celular fuera robado.

Por su parte, Pedro Mario Burelli indicó a través de la misma red social: “Prueba de la desesperación de estos golpistas es que no les queda más que inventar golpes y falsificar correos. La verdad se impondrá”.

Últimas Noticias

En 11 años de control de cambio las distorsiones en el régimen se han agudizado y las importaciones a un tipo de cambio barato han estimulado prácticas como la sobrefacturación.

La semana pasada el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, señaló que la instancia que se encarga de verificar el uso correcto de las divisas detectó que entre 2011 y 2013 hubo diferencias entre las liquidaciones de dólares y los productos que ingresaron al país, y por esa investigación, confirmó que cerca de 20 millardos de dólares se orientaron a las empresas de maletín.

Pero las compras ficticias no solo se registraron en esos tres años mencionados. Desde el inicio del régimen cambiario se han presentado esas prácticas y cálculos de Ecoanalítica revelan que entre 2003 y 2012 la sobrefacturación de importaciones no petroleras alcanzó los 69,5 millardos de dólares.

Los datos no incluyen las cifras de 2013, porque todavía los entes oficiales no han terminado de actualizar la información correspondiente a ese ejercicio.

La firma luego de cotejar las compras externas de 10 años con los niveles de inventarios y las salidas de capitales, determinó que el promedio anual de sobrefacturación estuvo en 6,9 millardos de dólares.

Analistas explican que el control de cambio se asocia con importaciones baratas, por lo tanto, el subsidio cambiario, producto de la brecha entre la paridad oficial y la no oficial, induce a esos procedimientos.

Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, señala que los voceros gubernamentales mencionan que las diferencias entre las liquidaciones de dólares y las importaciones que llegaron al país están desde el 2011, sin embargo, las cifras muestran que esa situación comenzó en 2003 y con los años se ha acentuado.

Las irregularidades con las adquisiciones de bienes en el exterior se observan tanto en el sector público como en el sector privado. La firma calcula que las importaciones públicas ficticias entre 2003 y 2012 fueron 22,7 millardos de dólares. Las compras externas artificiales del sector privado fueron 46,8 millardos de dólares.

Oliveros apunta que la sobrefacturación de las importaciones públicas representa un tercio del total, y esa proporción se debe a que la aceleración en las compras de los entes oficiales se ha estado presentado en los últimos cinco años.

El Universal

Cuando el gobierno toma alguna medida económicamente sensata es deber respaldarla. En muchos casos ese respaldo incomoda y hasta ofende a algunos. Si se está constantemente demandando un mejor manejo de la política económica seríamos inconsistentes al criticar la adopción de medidas necesarias. Llevar los boletos aéreos a tasa Sicad II era necesario y es solo el comienzo, a medida que pase el tiempo se irán migrando muchos más gastos a esta tasa. Como hemos venido diciendo desde hace ya varios meses, la realidad económica llegó para mordernos la pantorrilla, cerrar los ojos no ayuda, va a doler.

Hasta hace algunos días la preocupación con las líneas aéreas era que cesaran su operación en el país. Hasta esa especie de Indecu sin fondos públicos que es Anauco, se había venido quejando del posible cese de los vuelos con un argumento tan tirado de los cabellos como que la suspensión de vuelos menoscaba el derecho al libre tránsito. Ahora que de alguna manera se están adoptando medidas para que las aerolíneas continúen operando comenzamos a quejarnos por el precio. Es necesario que entendamos que en el mundo real hay dilemas. No podemos tener vuelos baratos calculados a un tipo de cambio ficticio con un gobierno que no honra sus compromisos y pretender que la oferta de ese servicio se mantenga indefinidamente. Sencillo, ya no hay dólares para subvencionar el turismo internacional como se ha venido haciendo en los últimos años. No ha habido dólares desde finales de 2012, el año pasado lo cubrieron las aerolíneas que ya han dicho basta. Los boletos baratos al final le han salido inmensamente caros al país, esos dólares pudieron ser empleados en actividades más productivas. En Venezuela operó un subsidio efectivo al viajero internacional, vuelos baratos y además cupo Cadivi. Esto se acabó.

Si se quiere garantizar el servicio se deberá ajustar el precio pero esa es solo una de las condicionantes. El gobierno deberá dar la certeza de que honrará los compromisos adquiridos y además deberá garantizar a las aerolíneas el acceso oportuno a las divisas a través de Sicad II. Nada se gana permitiendo esta nueva tasa si no se entregan las divisas. Si bien el ajuste permite generar cierto optimismo en cuanto a la solución del problema existente con las aerolíneas, todo depende de la existencia de los dólares. Al final todos los caminos conducen al control de cambio, que a este punto luce como una red que no aguanta un remiendo más. Mención aparte merece el  ridículo comentario del ministro Izarra, luego de tantos años en el gobierno no ha aprendido la cualidad más elemental de un ministro: saber callar.

Si deseamos una sociedad diferente a la que tenemos debemos entender que para lograrla es necesario deslastrarnos de la adicción a los subsidios. Contrariamente a lo que se piensa esta cultura está bastante extendida en la sociedad venezolana. Es entendible  la incomodidad que un ajuste en los precios en bolívares de los pasajes pueda generar pero es necesario entender que la situación del país reclama sacrificios. Quizás lo más difícil de explicar sea tener que decir que el ajuste de las tarifas de los pasajes es solo el comienzo. La farra petrolera ha sido larga, algunos se han beneficiado más que otros y al final alguien tendrá que pagar la cuenta. Por ahora le va tocado a los viajeros, hay gente en cola.

Francisco Ibarra Bravo

@franibar10

Votaron los ciudadanos de San Diego y San Cristóbal. A pesar de la injusticia y los abusos, no se desalentaron y concurrieron en proporción similar al 8 de diciembre, cuando eligieron a Scarano y a Ceballos, los dos alcaldes destituidos para “ejemplarizar” en procesos sumarios más parecidos a un pelotón de fusilamiento que a un juicio.

Ramón Guillermo Aveledo 

@aveledounidad

Últimas Noticias

El Gobierno estadounidense tachó hoy de “falsa e infundada” la acusación del chavismo de que el embajador de EE UU en Colombia, Kevin Whitaker, estuvo involucrado en un plan de “magnicidio” y “golpe de Estado” contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Cualquier acusación de ese tipo es infundada y falsa”, dijo a Efe una fuente del Departamento de Estado respecto a las denuncias que implican a Whitaker.

“Hemos visto muchas veces que el Gobierno venezolano intenta distraer de sus propias acciones al culpar a Estados Unidos o a otros miembros de la comunidad internacional de acontecimientos que ocurren dentro de Venezuela”, añadió la fuente, que pidió el anonimato.

La acusación “refleja una falta de seriedad por parte del Gobierno venezolano a la hora de lidiar con la grave situación que enfrenta”, y Venezuela “debería estar centrado en dar respuesta a las quejas legítimas del pueblo venezolano”, concluyó la fuente estadounidense.

La denuncia sobre Whitaker provino del alcalde de Caracas y dirigente nacional del Partido Socialista (PSUV), Jorge Rodríguez, quien acusó también a la exdiputada opositora venezolana Maria Corina Machado de estar involucrada en la trama.

Rodríguez presentó como prueba varios correos electrónicos supuestamente enviados por Machado a políticos de oposición como Diego Arria y Henrique Salas Romer y que presuntamente forman parte de una “investigación penal y criminal”.

En uno de los mensajes, enviado entre direcciones sin nombres de personas y atribuido por Rodríguez a Machado, la exdiputada se dirige presuntamente al abogado Gustavo Tarre para decirle: “Ya Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos”.

“¿Sabía el departamento de Estado de los EE UU que la ultraderecha venezolana cuando intenta sus eventos criminales (…) pide instrucciones y autorización a un oficial del departamento de Estado norteamericano? ¿Lo sabe el señor presidente Barack Obama?”, se preguntó Rodríguez.

Precisamente hoy, el pleno de la Cámara de Representantes de EE UU, votó a favor de un proyecto de ley para sancionar a funcionarios del Gobierno de Maduro sospechosos de estar vinculados con la violación de derechos humanos durante las protestas en ese país.

La legislación queda ahora en manos del Senado, donde hay otro proyecto de ley similar en consideración. De ser aprobado un texto único requeriría la firma del presidente de EE UU, Barack Obama, cuya Administración se ha mostrado hasta ahora reticente a imponer sanciones a funcionarios venezolanos.

Desde hace más de tres meses, Venezuela vive protestas contra el Gobierno que en algunas ocasiones han derivado en incidentes violentos que han dejado 42 muertos, más de ochocientos heridos y centenares de encausados.

El Ejecutivo sostiene que estas manifestaciones son organizadas con la finalidad de desestabilizar al Gobierno y promover una salida fuera de la Constitución venezolana, algo que la oposición niega.

El Nacional