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UC presentará la situación a instancias internacionales. Secretario Pablo Aure pernocta en el Rectorado para evitar que lo apresen

El Consejo Universitario ampliado de la Universidad de Carabobo aprobó por unanimidad presentar ante la Asociación Internacional de Universidades, la OEA, la ONU y la Unasur la situación que viven esas casas de estudio en el país.

“Hemos acordado dirigirnos a las instancias internacionales para dar a conocer y denunciar la situación de la universidad venezolana en general, tanto las de gestión privada como las públicas autónomas”, dijo la rectora Jessy Divo de Romero.

A la reunión, en la que estuvieron más de 150 personas, asistieron 5 ex integrantes de organismos directivos de la Universidad de Carabobo, representantes de gremios de profesores, trabajadores y obreros, así como de la Federación de Centros Universitarios.

Divo de Romero señaló que ha habido persecución, acorralamiento y maltrato contra la universidad venezolana.

“Hemos visto hasta la saciedad cómo se irrespeta la legislación universitaria y observamos con mucha preocupación y dolor que se pretende destruir la universidad autónoma, libre, pensante, plural y democrática”, expresó.

En la cita aprobaron un documento que será publicado hoy en medios de comunicación nacionales y regionales.

También decidieron constituir una comisión de alto nivel para la mediación entre la UC y los gobiernos regional y nacional.

“Se aprobó una propuesta que pasa por pedirle al presidente Maduro la renuncia”, dijo la rectora. Solicitarán que el planteamiento formal lo haga la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios.

Las autoridades de la UC fueron ayer a la Fiscalía en Carabobo para solicitar que se investigue la violación de la autonomía universitaria, así como los términos que empleó el gobernador Francisco Ameliach, que los acusó —dijeron— de conspiradores y desestabilizadores.

Campamento. Estudiantes de la UC instalaron en el Rectorado un campamento para quedarse junto con el secretario, Pablo Aure, que permanece en ese lugar para evitar que lo apresen.

El Nacional

Jorge Millán, concejal del municipio Libertador acompañado de vecinos y dirigentes comunitarios de Primero Justicia se pronunció este sábado en torno al incremento de los índices de inseguridad y sobre la grave situación de violencia en  el país.

En un recorrido casa por casa realizado en la parroquia El Valle, el dirigente de Primero Justicia acompañado de la diputada Dinorah Figuera, los concejales Máximo Sánchez, Alicia Figueroa y Jesús Armas presentó un vídeo que muestra la realidad que viven a diario los venezolanos, testimonios  de ciudadanos que han sido víctima de la violencia  y la delincuencia en el país.

“Este es un gobierno que está preocupado de cuidarle la vida a los enchufados, de cuidarle la vida así sea con ollas al Maduro, a los ministros, en este país han desatendido el tema de la seguridad del ciudadano y la obligación que tienes las autoridades de garantizarle la vida a los ciudadanos”.

El concejal aseguró que el incremento de la inseguridad en el país, se debe a las políticas erradas del gobierno nacional  en esta materia.

“Nosotros podemos ver como va el desarrollo de patria segura, apenas se ejecutó financieramente. El 68 % del dinero estaba presupuestado para la supervisión de los planes policiales y sólo el 43 % fue lo que se utilizó en el aspecto físico”.

Millán  emplazó al gobierno de Maduro a ejecutar planes de supervisión para los cuerpos de seguridad  y de esta manera garantizar que los organismos policiales realicen bien su trabajo.

“Frente a esto vemos como el ministro Rodríguez Torres monta ollas, persigue a estudiantes, persigue a políticos y no se ocupa de atender el problema de los ciudadanos de utilizar el tema de la seguridad como una política para promover la paz en el país”.

En este sentido, el dirigente de la tolda amarilla destacó que en lo que va de año  según cifras extraoficiales en Venezuela  han asesinado a más de 5  mil  ciudadanos a manos de la delincuencia, lo que ubica a Venezuela en el segundo país del mundo con más homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Nosotros acudiremos a los órganos  competentes para exigir que se tomen las sanciones necesarias a estos funcionarios por ineficiencia, por desidia, por atentar contra la vida de cada una de las personas que conforman las comunidades, porque el no ejecutar los planes de seguridad para garantizar la vida de los ciudadanos es ser cómplice de las muertes que ocurren todos los días en Venezuela”.

Existen diferentes maneras de entender la crisis que atraviesan los medios de comunicación en el mundo. Numerosos agentes han intervenido en su pérdida de influencia global. Pero ya no serán como eran. La tecnología (quien iba a creerlo) se ha encargado de colocar las cosas en su sitio.

La aparición de Internet fue como la escena tan celebrada de Hitchcock en Psicosis: una dama difusa aparece en la ducha y asesina a la protagonista al comienzo de la película. La red se convirtió en la peor pesadilla del periodismo.

El impacto fue letal. No era posible ya mirarse el ombligo, manipular candidatos o colocar presidentes, alzar las acciones de tal empresa y acabar con la credibilidad de una persona pública. Tampoco apoyar tal tendencia bélica, ni prejuicios xenófobos para ganar una licitación millonaria.

Una vasta comunidad global entendió que podían escribir, por placer y desde cualquier ubicación, noticias que hasta ese momento redactaban profesionales a sueldo. Pero más aún: comprendieron que ya no querían ser víctimas de los intereses que defendían los medios a su antojo.

Se produjeron fusiones, desaparecieron negocios millonarios de avisos clasificados, los anunciantes se apretaron el cinturón de papel porque surgieron otras ventanas para promover productos. Las empresas vendieron activos, redujeron plantas físicas y nóminas, las redacciones mutaron hacia modelos multimedias…

Algo cambió la vida de todos los seres humanos: ya no hacía falta levantarse de la cama y buscar el periódico, porque estaba en la tableta, muy cerca de las almohadas. Y la noción de noticias del día siguiente voló por los aires cuando despachos breves comenzaron a inundar las pantallas de los celulares a toda hora. Solo los dinosaurios siguieron titulando para mañana como si nada hubiera ocurrido durante estos años.

Hoy en día el mundo se separa entre millones de noticias que circulan cada segundo por infinidad de medios y uno que otro periódico (The New York Times, por ejemplo) que verifica las infamias, la inexactitudes y algunas verdades que se mueven por el espacio. O si se quiere, entre la vastedad adormecedora y la precisión letal.

Frente a este proceso de cambio y actualización, surgió en el horizonte nacional la promesa de varios portales que desarrollarán periodismo de investigación desde la red. Una buena noticia, aunque ya sabemos que de noche todos los gatos son pardos.

Habrá que esperar el desempeño de estos proyectos en el día a día; la capacidad para verificar la información que llueve sobre la redacción; la rentabilidad de sus propuestas financieras. Pero sin duda representan oportunidades en un momento de cambio.

Una paradoja será desconcertante para los antropólogos del futuro: mientras periódicos, radios y canales de televisión vivían su peor crisis histórica, grupos de empresarios fantasmas -relacionados con negocios turbios- compraban medios, con bicicletas financieras apoyadas en el diferencial entre el cambio oficial y el innombrable.

En Venezuela nadie debate, ni la fiscalía abre investigaciones, sobre el extraño fenómeno que ha permitido tasar medios de comunicación venezolanos como si fueran más caros que The Washington Post, uno de los últimos bastiones internacionales en ser puesto a la venta. Una exageración que coloca de bulto la opacidad de las transacciones ejecutadas.

Cada quien está en el derecho de gastar más de la cuenta cuantas veces quiera (sobre todo si no es dinero suyo). Pero la compra de medios sobrevaluados tiene una sola explicación: adquirirlo era una orden, pero se convirtió en un excelente negocio para los intermediarios.

Por todas estas razones, y otras que se indagan en este preciso momento, es que resulta urgente y necesario leer la investigación de varios periodistas, que han reunido datos sobre las escandalosas adquisiciones venezolanas y el reporte del acoso de las nuevas directivas a la línea editorial que tenían esos medios.

Este trabajo organiza documentos de los registros y de las ciudades donde se firmaron las operaciones; anécdotas de las transacciones; testimonios de periodistas que fueron testigos del desembarco de estos novísimos propietarios del sector comunicaciones.

El informe profundiza en las nuevas administraciones que llegaron para censurar toda disidencia. Gente que jamás leyó al hidalgo caballero aún cuando hayan abierto sus páginas: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.

Como diría nuestra historiadora mayúscula, Inés Quintero, esto no es cuento, es historia. Una historia que -como todo lo que ha ocurrido en estos quince años- debe documentarse minuciosamente, para que el futuro conozca el tamaño de la devastación y los actores involucrados en el saqueo.

Sergio Dahbar

@sdahbar

El 11 de Septiembre del 2001 los países miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron el Lima, Perú, con el fin de adoptar la Carta Democrática Interamericana. Lo hicieron para reafirmar el derecho que las personas de nuestro continente tienen a vivir en democracias basadas en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, en elecciones libres y justas, en un ambiente de transparencia y respeto, con un Estado de derecho que limite el poder del gobierno, con separación de poderes entre las distintas ramas del Estado, sin discriminación y con el derecho y la responsabilidad de todos los ciudadanos de un país a participar en las decisiones que hacen a su propio desarrollo.

Desde entonces, Venezuela ha invertido enormes cantidades de tiempo, dinero y petróleo en subvertir los principios establecidos en dicha Carta, tanto dentro del país, a través de una continua destrucción de las instituciones democráticas y de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos; como en el mundo, a través de la captación de los organismos internacionales tales como la propia OEA; o de la creación de nuevas organizaciones, como UNASUR o CELAC. Los resultados de estas acciones, ignoradas por todos e incluso por los Estados Unidos, recién ahora comienzan a materializarse.

Dentro de Venezuela, la situación es evidente para los que la quieren ver: durante los últimos 15 años el país ha padecido la paulatina descomposición de todas las instituciones democráticas. Desde comienzos de año, este proceso destructivo se ha intensificado. El Gobierno de Nicolás Maduro ha atacado sistemáticamente, reprimido y criminalizado las protestas de estudiantes indefensos, en algunos casos mediante la brutal e ilegal práctica de la tortura; ha perseguido y encarcelado, sin proceso judicial, a la disidencia política, hoy convertida en resistencia; ha cerrado medios de comunicación, limitado el acceso a la información, promovido la impunidad, confiscado la propiedad privada, impedido la libre circulación de los ciudadanos, despreciado el derecho a la vida, a la integridad física, a la alimentación y a la educación.

Internacionalmente, la situación se hace evidente al observar el accionar de la Organización de Estados Americanos durante el transcurso del corriente año. A punta de dólares y petróleo, Venezuela ha logrado controlar, casi en su totalidad, los votos dentro de dicha Organización, la cual no solo ha permanecido en silencio respecto a la situación catastrófica que vive la Democracia en el país, sino que ni siquiera ha permitido debatir tal situación en su Consejo Permanente.

Frente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la reacción del régimen venezolano fue diferente: al no poder controlar a la Comisión Interamericana, decidieron retirarse, en una clara señal de falta de respeto a los principios establecidos en la Carta Democrática.

Dentro del sistema de Naciones Unidas, Venezuela parece decidido a continuar el mismo camino. En octubre próximo se elegirán los nuevos miembros al Consejo de Seguridad, y uno de ellos provendrá de América Latina. El Consejo de Seguridad tiene como principal responsabilidad el velar para que los principios fundamentales que guían las relaciones entre los países, tales como la paz, la seguridad, la vida y la integridad física, el respeto a los Derechos Humanos y la protección del medioambiente, sean respetados.

Lo que preocupa, es que el único país de la región que busca hacerse de esta banca es justamente Venezuela. Fuentes con conocimiento del tema me informan de que a la fecha Venezuela ya habría logrado el respaldo unánime de los 33 países de la región que conforman el Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC).

Lamentablemente, pareciera que la comunidad internacional aún no quiere abrir los ojos ante la realidad social y política que vive Venezuela, comenzando por la violación al Derecho Internacional, el desconocimiento de la justicia internacional y la violación sistemática de los Derechos Humanos. El desinterés o la complicidad de gran parte de los países de la región que sí son democráticos, tales como México, Chile, Perú o Uruguay, puede traer consecuencias aún más graves para la protección internacional de estos principios universales.

La entrada de Venezuela al Consejo de Seguridad sería sin duda una nueva piedra en el zapato para la comunidad internacional, con la que habrá que lidiar al momento de resolver las crisis internacionales que ponen en peligro la paz, la libertad, la seguridad y la democracia en el mundo. Es hora de que los países democráticos de la región pongan fin al silencio.

Ezequiel Vázquez-Ger

El País

El derroche del gobierno venezolano en los últimos 15 años no ha tenido precedente en nuestra historia. Ningún gobierno ha ingresado por la venta de petróleo la cantidad de dinero que este ha ingresado, y aun así, nos encontramos actualmente en una situación deplorable.

La clave para entender nuestra crisis económica es muy sencilla; el difunto presidente y su combo han manejado este país como una taguara, gastando dinero sin tener ningún tipo de control.

Para no sonar amarillista ni exagerado y poder probar mi punto, es necesario que recordemos la revelación del Vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, hace tan sólo 4 meses en el programa de José Vicente Rangel. En ese espacio, el ministro dijo lo siguiente: “Nosotros tenemos que ver cuántas divisas tenemos y cómo las vamos a utilizar. Lo que estaba sucediendo antes es que veíamos cuántas divisas teníamos pero su utilización estaba sin una planificación, no quiero decir ni siquiera adecuada, sino que no existía planificación”.

Esta falta de planificación dio pie a una cantidad escandalosa de guisos, perdón, quise decir negocios, entre nuestro gobierno y otros países. Nuestro país pasará a la historia como el único que está haciendo trueques en pleno siglo XXI; es común leer noticias donde vemos que cambiamos por petróleo desde blue jeans hasta caraotas.

En ese aire de guisos e intercambios comerciales, es que evaluamos nuestra última transacción con Haití. La semana pasada el  presidente de Petrocaribe, Bernardo Álvarez,  visitó el parque industrial de Puerto Príncipe donde se ensamblan las tabletas de Surtab y ahí anunció que el encargo  de las 10.000 tabletas de Venezuela al país caribeño son una “muestra de las relaciones de amistad y cooperación” entre ambos países.

Ya va, no se alarme ni se moleste estimado lector. Aunque usted no lo crea, en Haití hacen tabletas. No sé quién, aparte de nosotros, se atreve a comprarlas, pero eso es otra historia.

Cada tableta cuesta 100 dólares, es decir, que por este encargo de amistad nuestro país pagó una módica suma de 1 millón de dólares. Pero nuestra transacción no se queda hasta ahí, resulta que cuando el primer ministro haitiano, Laurent Lamothe, estuvo en nuestro país en Marzo, nuestro ilustre presidente dijo que iba a encargar en total 2,6 millones de unidades. En otras palabras, Venezuela le va a pagar a Haití 260 millones de dólares para comprar tabletas.

La cantidad de personas involucradas en este guiso se los dejo a su imaginación. Lo que resulta lamentable es que ahora, en este momento tan crítico, estemos regalando lo único que nos hace falta…

Más pimentón para este guiso por favor…

Tomas Horacio Hernández

@TomasHHR