El nuevo cerco mediático
Uno de los fenómenos políticos que más preocupan en América Latina tiene que ver con la nueva ola de amenazas que se cierne sobre el ejercicio del periodismo. Aunque la historia de limitaciones a la libertad de expresión es larga y diversa, hay un tipo de agresión que viene haciendo carrera desde hace relativamente poco tiempo en la región, cuyo ejemplo paradigmático es la Venezuela chavista.
Poco a poco, y a través de un sinnúmero de mecanismos de presión (directa e indirecta), el Gobierno venezolano ha levantado un cerco comunicativo en la gran prensa y la televisión, con el fin de sacar de circulación pública los contenidos críticos a su gestión.
La efectividad de la censura ha sido indudable. La última operación fue la forzosa salida del aire del programa del comediante Luis Chataing de la parrilla del canal privado Televen, y en el pasado ya habíamos presenciado maniobras como la compra del canal (también privado) Globovisión, que dio un viraje a su línea editorial tradicionalmente adversa al oficialismo.
En países afectos del “proyecto bolivariano”, como Nicaragua o Bolivia, ocurren sucesos similares, aunque han sido mucho menos radicales que en Venezuela. En el Ecuador de Rafael Correa, el Gobierno ha emprendido una estrepitosa guerra jurídica contra los periodistas que se oponen a sus medidas. Recientemente, la Corte Constitucional condenó a 18 meses de cárcel al asambleísta Cléver Jiménez y a los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa por haber “injuriado” al presidente.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner impulsó una Ley de Medios con el argumento de combatir el monopolio mediático en manos de los conglomerados económicos, que en la práctica se convirtió en una licencia para atacar al poderoso Grupo Clarín.
La alternativa: el mundo digital
La creciente difusión de Internet se ha convertido en un buen antídoto contra los impulsos autoritarios de los gobiernos que, incómodos con la pluralidad política, están dispuestos a todo para bloquear las voces disidentes.
En Venezuela estaríamos ante una hegemonía comunicativa sin atenuantes de no ser por la labor de periodistas como Nelson Bocaranda, quien hace tiempo mudó de los medios tradicionales al mundo digital fundando Runrunes, desde donde se ha convertido en un referente periodístico para las audiencias simpatizantes de la oposición. Esta labor la comparten otros medios con una línea editorial crítica del Gobierno como La Patilla, y muchísimos más portales que combinan la labor informativa y el activismo político contestatario.
Los políticos opositores, desplazados de las cadenas nacionales, también han encontrado en internet la manera de conectar con sus bases de apoyo. Por ejemplo, uno de los máximos líderes de la oposición, el excandidato presidencial Henrique Capriles, tiene un canal permanente de streaming llamado Caprilestv. También la gran prensa se ha apoyado fuertemente en Internet, por ejemplo el periódico El Universal, que hace poco anunció que la falta de papel lo había obligado a reducir la paginación de su edición física, ha mantenido su vigencia en parte gracias a su edición virtual.
En Ecuador se dan casos como el de Emilio Palacio, exeditor de opinión del periódico El Universo, asilado desde 2011 en Miami tras ser condenado a tres años de cárcel por “injuriar” al presidente Correa, y quien hoy sigue publicando, cada tanto, sus opiniones políticas en columnas virtuales y a través de su canal de Youtube.
Incluso en Cuba, donde el cerco mediático es casi absoluto (y los periodistas disidentes trabajan desde la clandestinidad, cuando no desde el exilio), la posibilidad de expresar puntos de vista distintos al discurso oficial está en la blogosfera, que tiene como máxima figura a Yoani Sánchez, fundadora del conocido blog Generación Y y más recientemente del portal 14 y medio.
Estos medios digitales tienen sobre todo una incidencia hacia afuera: sirven para llamar la atención de la comunidad internacional. Dentro de la isla, por lo pronto, las posibilidades de crear una audiencia virtual siguen siendo bajas dadas las inmensas restricciones de acceso a la red.
Habría que destacar el papel de las redes sociales, no solo como herramientas que facilitan la organización y la movilización ciudadana, sino también como lugar del ejercicio de la denuncia ciudadana. Como hemos visto a lo largo de las jornadas de protestas que estallaron el pasado 12 de febrero en Venezuela, Facebook y Twitter fueron empleados por activistas de oposición para difundir escenas -grabadas en la calle con dispositivos móviles por reporteros casuales-, de abusos de autoridad, arbitrariedades y represión excesiva. Todas imágenes que el sistema hegemónico de comunicación bolivariana decidió no emitir.
Hasta cierto punto, podría decirse que el impacto de las redes sociales ha sido tan grande que algunos acólitos del Gobierno en el Parlamento, según se rumora, ya están pensando en promulgar una ley que regule su uso.
Los límites del periodismo digital como contrapeso de la censura
Si bien el periodismo digital aparece como una alternativa promisoria en contextos hostiles para el ejercicio de la libertad de expresión, su alcance sigue siendo limitado. Al menos por cuatro factores:
En primer lugar, en términos del tamaño de audiencia, sus posibilidades de impacto son relativamente bajas: llega apenas a una minoría. Sobre todo considerando que en Latinoamérica, a diferencia de otros medios como la televisión, el acceso a Internet está concentrado en las poblaciones con mayores recursos.
En segundo lugar, es cierto que la dinámica propia de Internet dificulta la censura de las autoridades, quienes pueded despublicar contenidos “prohibidos”, pero bastaría con un puñado de usuarios para republicarlos ad infinitum. Sin embargo, esto no quiere decir que sea un imposible tecnológico imponer restricciones estrictas al uso de Internet. En países como China o Corea del Norte, por no mencionar nuevamente a Cuba, solo es posible consultar páginas autorizadas por el Gobierno.
En tercer lugar, varios estudios han documentado que regímenes autoritarios (tomando como referencia el caso de Asia) han sacado provecho de las herramientas digitales tanto o más que la sociedad civil. Al punto, incluso, que Internet, antes que espacio contestatario contra la censura, es empleado por las autoridades para monitorear a sus ciudadanos, perseguirlos y hasta producir nuevas formas de invadir su privacidad.
En cuarto lugar, no hay ninguna ley que establezca que los medios digitales sirvensiempre para compensar déficits en materia de libertad de expresión. Esto depende de los usos que la ciudadanía haga de las nuevas tecnologías. No es extraño, por ejemplo, que el mundo de los medios digitales y las redes sociales sea colonizado por actores no liberales: movimientos que promueven puntos de vista extremistas, a veces abiertamente antidemocráticos (grupos islamistas radicales o ultra-católicos, de extremas derecha o izquierda).
El conflicto y la violencia armada en otros contextos: Colombia y México
Al revisar el mapa regional de libertad de prensa, elaborado por Reporteros sin Fronteras, destacan, además de los ya mencionados casos de Cuba y Venezuela, las situaciones de otros países como México y Colombia.
Mapa # 1: Situación de la libertad de prensa en el mundo. Fuente: Periodismo sin Fronteras, con datos de este índice global
Mapa # 2: Detalle del mapa anterior: Latinoamérica
Gobierno con vocación autoritaria, sino en presiones severas al libre ejercicio de la comunicación pública por parte de actores violentos. En contextos de guerra, el periodismo se vuelve una profesión de alto riesgo, bajo permanente amenaza de atentados y persecuciones.
Cuando los grupos armados irregulares se disputan el control territorial con el Estado y con otros grupos irregulares, imponen la ley del silencio. En México lo hacen los narcotraficantes y en Colombia, además, la guerrilla, los paramilitares y otras bandas criminales. Daniela Pastrana, periodista especializada en derechos humanos y conflictos sociales, lo resume así: “Los periodistas nos convertimos en corresponsales de guerra en nuestros propios territorios, pero también, en objetivos de guerra”. Con todo, no hay que olvidar que en ambos países el principal actor responsable de las presiones a los periodistas es el Ejército.
Bajo estos contextos el papel de los medios virtuales es mucho menos promisorio. Pastrana sostiene que sirven como “válvula de escape” en las regiones asoladas por la violencia, y lamenta que en México el Gobierno nacional, así como los gobiernos federales, hayan invertido más esfuerzos en regular el uso de Internet que en proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas.
En Colombia, allí donde hay conflicto irregular es muy difícil que surjan medios digitales como escape a la censura. En principio, porque las amenazas contra el periodista pueden subsistir independientemente de si su medio es un periódico local, una emisora comunitaria o una página web. Pero además porque en las regiones apartadas la conectividad es escaza.
Los medios digitales de corte periodístico en el país se concentran en las grandes ciudades (donde la guerra se vive con menor intensidad), como evidencia este mapa. Allí, los medios no son una respuesta a la censura de la guerra, y más bien, ejemplos como La Silla Vacía yLas2orillas apuntan a otro fenómeno igualmente interesante: la búsqueda en el entorno digital de un lugar para evadir el ciclo de autocensura que se observa en los grandes medios tradicionales, que tienden a ser, en términos generales, poco críticos del Establecimiento. No por casualidad, una de las consignas principales de estos portales digitales es el ejercicio de un periodismo “independiente”.
Nicolás Rudas
