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Cualquier mirada o análisis sobre Venezuela debe tomar en cuenta la naturaleza de su principal actividad económica desde el año 1914: La extracción y exportación de recursos minerales, especialmente petróleo, al mercado internacional. Actualmente el país posee las mayores reservas de hidrocarburos y gas de América Latina y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es la cuarta empresa energética en importancia a nivel mundial y la primera en la región latinoamericana.
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El petróleo no solamente ha sido el sustento de la economía venezolana sino que ha modelado las formas de hacer política y de relaciones entre la gente en su territorio. La existencia de un recurso bajo tierra, que sin esfuerzo ni valor agregado proporciona amplios beneficios a la nación, ha creado una cultura de dependencia de la renta petrolera cuyas consecuencias negativas ha motivado a intelectuales del país a calificar este recurso como “el excremento del diablo”. Desde 1945 todos los proyectos de gobernabilidad dentro del país se han basado en la apropiación y uso de sus ganancias.
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Desde 1936, cuando el escritor Arturo Uslar Pietri ideó la frase “sembrar el petróleo”, ha existido un intenso debate sobre la utilización de las ganancias de la exportación de petróleo como motor del modelo de desarrollo y progreso para la nación, así como en la ejecución de políticas redistributivas de la renta petrolera entre las mayorías. Los extremos de este debate son el propio Uslar Pietri, de un lado, y Juan Pablo Pérez Alfonso, del otro. El primero sostenía la conveniencia de mantener y ampliar las relaciones con el capital extranjero para utilizar las ganancias en una labor de modernización acelerada del país, en base a un esquema de beneficios mutuos. Por su parte, Pérez Alfonso desde 1945 promovía el control del Estado nacional del proceso para que Venezuela concurriera de manera directa e independiente al mercado internacional prescindiendo de los intermediarios.
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Salvo el período que va desde 1994 a 1998, conocido como el de la “apertura petrolera” antes y después en Venezuela ha existido un amplio consenso sobre la necesidad y el valor geoestratégico del control del Estado de la industria energética del país. En 1975 se estatizó la actividad petrolera mediante un decreto de nacionalización, creando la estatal PDVSA. A partir de 1995 las compañías transnacionales vuelven para ejecutar los llamados convenios operativos, realizando actividades de outsourcing para PDVSA. Desde marzo del año 2006 estos convenios migraron a la figura de “empresas mixtas”, con el que empresas como Repsol, Chevron y ENI se hacen socias del Estado venezolano, por contratos de duración entre 20 y 40 años, conservando este la mayoría accionaria.
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Las ganancias de la economía extractivista, entre otras razones permitieron que Venezuela, a partir de 1958, experimentara un período democrático ininterrumpido que en la época contrastaba con las dictaduras militares y las guerras civiles padecidas por buena parte de los países latinoamericanos. Los dos partidos que se alternaron en el poder a partir de esa fecha, Acción Democrática (socialdemócrata) y Copei (socialcristiano), aprovecharon los ciclos de altos precios petroleros para redistribuir un porcentaje de la riqueza petrolera entre amplios sectores de la población, disminuyendo así el margen de actuación de la izquierda. El proceso de reforma agraria, estímulo al pleno empleo, la concesión de diferentes derechos civiles y la aplicación de políticas de inclusión social, con todas sus limitaciones, -además de la represión- lograron desarmar a la insurgencia revolucionaria que tuvo su período de mayor beligerancia entre 1960 y 1969. La Constitución de 1960 establecía la gratuidad de la educación y la salud. A nivel de la matrícula primaria, por ejemplo, hubo un aumento de la tasa anual de crecimiento de 7%, para mediados de la década de los años cincuenta, a un 20% tras el inicio del período democrático. De esta manera, para 1972 las tasas netas de matrícula en primaria eran 83%, aumentando a 85% en 1989342. Esta ampliación también fue palpable para la educación universitaria. Entre 1958 y 1998 la matrícula estudiantil a nivel superior se incrementó notablemente: en 1950 era de apenas 6.900 estudiantes, en el 58 era de 11.000 y subió treinta años después, en 1981, a 331.100 alumnos (48 veces mayor que 1958), en 1990 era de 513.000 y para el 2001 era de unos 770.000 estudiantes, o sea, 114 veces mayor que la registrada a comienzos de los años sesenta.
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El ciclo progresivo de políticas públicas inclusivas ejecutadas por la suigeneris democracia petrolera venezolana llegó hasta 1982, fecha en que una devaluación de la moneda inaugura una situación desconocida para muchos habitantes en el país: La crisis económica. La pérdida del poder adquisitivo de las mayorías más la contracción presupuestaria estatal erosionaron el pacto de gobernabilidad democrático acordado en 1958. Siete años después, en 1989, la longeva crisis económica cataliza la crisis política expresada en el sacudón popular conocido como “El Caracazo”, una respuesta a la aplicación de un paquete de medidas de inspiración neoliberal que trastocaban los hábitos populistas incubados por el Estado durante décadas en la sociedad venezolana. La inestabilidad del modelo demandaba una oxigenación de la democracia representativa y la aparición de nuevos liderazgos en el país. Hugo Chávez apareció en este contexto.
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La década de los noventas en Venezuela fueron años de transición de un modelo basado en la alternancia en el poder de dos partidos tradicionales a su gestión por parte de una figura carismática que revigorizaba el mito fundacional del Estado nacional: Simón Bolívar. No obstante, a pesar de la renovación burocrática de la administración estatal el modelo de desarrollo continuaba siendo el mismo para el país: La dependencia de la economía primario-exportadora de recursos energéticos, sin mayor valor agregado. En el año 2007 el presidente Hugo Chávez calificó su proyecto como el “socialismo petrolero”.
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Durante sus primeros meses de gestión, el presidente Hugo Chávez tuvo la voluntad política de institucionalizar una serie de demandas que el movimiento popular venezolano había realizado a partir de 1989, convocando a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna. El resultado fue un texto ampliamente garantista en materia de derechos sociales que, por otro lado, ofrecía las mismas garantías a la inversión extranjera que las disfrutadas por la inversión local. La Constitución de 1999, producto de un proceso amplio que la legitimó, fue duramente cuestionada por los sectores de los partidos opositores que finalmente la derogaron por varias horas en abril del año 2002, cuando el golpe de Estado protagonizado por el empresario Pedro Carmona Estanga.
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A partir del año 2007, tras la primera reelección de Hugo Chávez en la presidencia, ocurre el primer alejamiento importante de un sector del movimiento bolivariano por parte de actores que le realizaban el cuestionamiento, desde la izquierda, de alejarse del proyecto de país plasmado en la Constitución de 1999 a otro más personalista calificado como “Socialismo del Siglo XXI”. A finales de ese año el presidente Chávez formula una serie de reformas a la Carta Magna que alguna vez calificó como “la mejor del mundo”, la cual no fue aprobada por el voto popular. Empero, diferentes aspectos de estas propuestas comenzaron a ser implementados por otros mecanismos, derivando por la vía de los hechos en una Constitución diferente.
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A partir del año 2004, coincidiendo con un período de altos precios petroleros en el mercado internacional por la invasión a Irak, el presidente Chávez promueve una serie de políticas públicas de corte social que denominó “Misiones”. Estas iniciativas logran aumentar varios índices de exclusión y disminuir la cantidad de familias en situación de pobreza en el país. A pesar que eran una continuación de las políticas redistributivas históricas suspendidas en 1982, los partidos políticos opositores las cuestionaron agriamente.
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La polarización política expandida en Venezuela desde el año 2002 sólo permitió la expresión de dos, y sólo dos, identidades políticas: “Chavista” y “opositor”. Quienes no se identificaban con ellas les era negado algún lugar en el debate político público. No obstante, las encuestas electorales diagnosticaron una franja de electores no polarizados que llamaron mediáticamente “Ni-ni” (Ni con el chavismo, ni con la oposición). En esta zona gris, sin relación orgánica ni expresiones organizativas, se comenzaron a ubicar los sucesivos desprendimientos del proyecto bolivariano a partir del año 2007.
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Como consecuencia de su formación militar, el presidente Hugo Chávez lideriza desde su llegada al poder un progresivo proceso de militarización del país, que tuvo como secuencia el otorgamiento al derecho al voto a los miembros de la Fuerza Armada, la gestión del ejército de las primeras políticas sociales redistributivas implementadas (Plan Bolívar 2000); el nombramiento de militares activos en roles de dirección en diferentes niveles de la administración pública; la militarización de los movimientos sociales de apoyo al bolivarianismo; el entendimiento del conflicto con sus críticos en claves de guerra, la alta erogación presupuestaria destinada a las Fuerzas Armadas; la creación de diferentes zonas del país como “zonas de seguridad” donde se prohíbe el ejercicio de derechos constitucionales como la manifestación y la huelga; la promoción de milicias campesinas, estudiantiles y obreras y la criminalización de la protesta en general, y de la disidencia y la opinión disidente en particular.
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El presidente Chávez fallece meses después de lograr una tercera reelección a la presidencia de Venezuela, en medio del secretismo de la enfermedad que padecía. El modelo de gobernabilidad que creó durante casi década y media, basado en el culto a la personalidad, su sintonía con amplios sectores populares y la disponibilidad de amplios recursos financieros para la promoción de políticas de corte social desaparece junto con él. El sucesor que designa, un operador burocrático cuya principal virtud fue la lealtad política hacia su persona, no posee su carisma y hereda una economía que entra en un período de recesión debido al exponencial aumento del gasto público, la ausencia de controles en el uso de los recursos y el retroceso de los precios petroleros internacionales.
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Tras cumplirse el primer año de la presidencia de Nicolás Maduro a la tradicional exclusión política ejercida por el bolivarianismo en el poder se suma una progresiva exclusión social. Las propias cifras oficiales han confirmado el aumento de los índices de pobreza y el estancamiento, cuando no retroceso, de algunas de las políticas sociales implementadas por Hugo Chávez. Paradójicamente, la economía de encuentra dolarizada y dependiente de las importaciones para satisfacer las necesidades alimenticias y de otros rubros de consumo masivo de los venezolanos.
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Venezuela se encuentra en un nuevo período de transición de una sociedad gobernada por una persona, Hugo Chávez, a la gestión por parte de un cuerpo colegiado necesitado de alianzas y acuerdos para el ejercicio del poder. Esta mutación, conflictiva y traumática como todas las transiciones, derivará en un nuevo acuerdo de gobernabilidad donde el chavismo perderá la hegemonía del control político del país mas no su ascendencia sobre los diferentes poderes. Los chavismos, en plural, continuarán siendo actores importantes en la gestión estatal a corto plazo, y protagonistas de peso en el mediano plazo de la sociedad venezolana. Le guste o no le guste a los factores de oposición.
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Hay quienes, en este escenario, apuestan por la reconstrucción de la autonomía de los movimientos sociales de base para la generación de alternativas enfrentadas tanto a la oposición de los partidos políticos tradicionales como a la gestión del bolivarianismo realmente existente en el poder. El autor de este texto es uno de ellos.
Rafael Uzcátegui
Centro Gumilla Sic Semanal
