La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas-Caracas deplora, condena y rechaza todo tipo de atropello contra los colegas Hernán Lugo Galicia, secretario general adjunto del CNP-Caracas y la colega Sofía Nederr, periodistas del diario El Nacional, por la cobertura noticiosa del caso Hugo Carvajal, el domingo 27 de julio.

A continuación el comunicado:

“Todo señalamiento a estos dos periodistas constituye una grave falta a la libertad de expresión y al ejercicio profesional del periodismo, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética del Periodista Venezolano, visto que en todas las informaciones expresadas en el trabajo periodístico, referidas por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, en su programa Con el mazo dando, el jueves 31 de julio, fueron sustentadas por los profesionales del periodismo, y corroboradas antes de su publicación por diversas fuentes.

“Invitamos al diputado Cabello a interponer por ante CNP-Caracas sus discrepancia contra el trabajo de los periodistas, aunando los canales regulares. Así también le invitamos a reunirse con nuestro gremio, en nuestra sede, a fin de que disipe cualquier duda, más le exigimos, en nombre de nuestros representados, respeto absoluto para Lugo Galicia y Nederr, en el entendido de que el periodismo es y debe ser crítico: refleje la verdad expresada por las fuentes, expone los distintos puntos de vista de una misma realidad y que sirve solo al pueblo, no a las líneas políticas o editoriales, porque es un servicio público y con este la gente podrá sacar sus justas conclusiones, en ningún momento los trabajos periodísticos pueden ni deben servir para satisfacer intereses personales, políticos o doctrinarios de ningún sector público o privado.

Dando cumplimiento a nuestro inflexible deber de defender nuestra Constitución Nacional,  las libertades de expresión, de prensa y el derecho que por ley nos corresponde de informar de forma verás e íntegra, quedamos siempre atentos al diálogo para encontrar puntos de entendimiento, haciendo énfasis en el respeto y en el cumplimiento cabal de las normas y leyes vigentes en nuestro país.

El Nacional

“¡Exprópiese!”, fue una de las tantas expresiones que popularizó el presidente Hugo Chávez. La palabra, jocosa en momentos para el mandatario, resumía una política de Estado que comenzó tímidamente en 2002 y se mantuvo hasta su muerte el 5 de marzo de 2013. Si bien durante el gobierno de su sucesor han sido menos las intervenciones, Nicolás Maduro no ha vacilado en amenazar a las industrias y utilizar las confiscaciones como mecanismo sancionatorio, advierten los expertos.

Como prueba de ello en enero de 2014 aprobó la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual establece que el Ejecutivo puede iniciar un proceso expropiatorio “cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos, procuren la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la nación”.

“Si encontramos unidades económicas violando la Ley de Precios Justos voy a tomar las medidas más radicales. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo”, expresó Maduro en un acto público, 10 días después de que la legislación apareció enGaceta Oficial.

“El gobierno de Nicolás Maduro no ha brindado garantías de que van a cesar las expropiaciones. Todo lo contrario, la nueva ley de precios justos la utiliza como una sanción”, señaló Tomás Arias castillo, abogado y profesor universitario experto en temas regulatorios.

Añadió que de este modo la confiscación se convierte en una “amenaza permanente” a la propiedad privada y es posible que más adelante haya una escalada de expropiaciones en áreas donde no se habían visto antes y en las que el gobierno tenga interés en determinado momento. “Es un elemento ideológico contra la propiedad privada”.

Experiencia fallida. Luis Alfonso Herrera, abogado especialista en Derecho Administrativo y coordinador del Observatorio de Derechos de Propiedad, programa de Cedice; y el presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia, coincidieron en que las expropiaciones generaron efectos negativos. “Después de que esas empresas pasaron a manos del gobierno se acentuaron más los problemas de acceso a los bienes y servicios en el país”, señaló Herrera.

Garmendia aseguró que ninguna de las empresas expropiadas ha elevado su rendimiento. “Ni siquiera muestran el mismo nivel de producción que tenían cuando eran privadas, todas disminuyeron significativamente. Ejemplos son Sidor, con una producción alrededor de 40% de su capacidad, Lácteos Los Ándes y Fama de América, cuyos productos faltan con frecuencia en los establecimientos”.

Ulises Rodríguez, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores y miembro del sindicato de Venezolana de Cementos -antigua Cemex- precisó que en 2008, el último año que la planta de cemento operó en manos de la transnacional mexicana, produjo 4,5 millones de toneladas de clinker (materia prima del cemento). No cree que para el cierre de 2014 la fábrica llegue a elaborar 2,3 millones de toneladas del producto.

Rodríguez, que trabaja en esa compañía desde 1998, explicó que el motivo del drástico descenso (48,8%) se debe a la desinversión en la empresa.

Deuda pendiente. Entre 2002 y 2012 hubo 1.243 intervenciones a la propiedad privada, según Conindustria. Empresas, estacionamientos, galpones, fincas, locales e inmuebles residenciales fueron engordando la lista de expropiaciones del gobierno.

En ese período, la orden de expropiación de Chávez abarcó desde negocios pequeños a  multinacionales, entre las que destacan el Banco de Venezuela, que formaba parte del grupo español Santander; las cementeras Cemex, Lafarge y Holcim (México, Francia y Suiza); Sidor, cuyo principal accionista eran las argentinas Ternium Techint; la red de supermercados Cadena Éxitos (de origen francés y colombiano); la Cantv; La Electricidad de Caracas y, entre otras, las  petroleras Exxon, Statoit, Total y Chevron.

Todas estas compañías, según Ecoanalítica, fueron indemnizadas. Pero otro grupo numeroso de pequeños comerciantes que fueron despojados de sus locales, estacionamientos, galpones o terrenos y que aún espera por el pago correspondiente de sus propiedades.

Herrera  aclaró que la expropiación implica una indemnización justa por los bienes. Sin embargo, de acuerdo con  Ecoanalítica, el costo de las nacionalizaciones de los últimos años llega a 25,5 millardos de dólares, de los cuales el Estado aún no ha honrado 12,5 millardos de dólares, 48% de la deuda.

Conindustria indica que en 2013 hubo 41 intervenciones y hasta junio de este año 4. Esta evidente desaceleración durante el gobierno de Nicolás Maduro, a juicio Herrera, también obedece a razones políticas y electorales. “No se trata de que el gobierno no tiene recursos para mantener la política, porque eso nunca ha sido prioridad. Todavía hay muchas intervenciones a la propiedad sin pagar”, dijo.

Las Cifras

12,5 millardos de dólares debe el Estado a empresas nacionalizadas, de acuerdo con Ecoanalítica

374 intervenciones se registraron en 2009, el año en el que más hubo, según el Observarotio de la Propiedad Privada

El Nacional