El 12 de diciembre de 2013 el entonces presidente de la Comisión de Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez (PSUV), expresó que una de las tareas pendientes para 2014 era revisar el Código de Ética del Periodismo, la Ley de Comunicación del Poder Popular, la Ley de Responsabilidad Social para la Radio y la Televisión.
El objeto, según el diputado larense, era “engranar todo esto, en coordinación con el Poder Ejecutivo, en una ley de comunicación que pueda sintetizar una comunicación liberadora, como lo pensó el comandante supremo Hugo Chávez”. Similar intención revisionista ha expresado en un par de ocasiones este año la actual presidente de la comisión, Tania Díaz (PSUV).
El editor, dueño de impresos y ex diputado Gastón Guisandes consignó ayer en la instancia parlamentaria un “proyecto de ley de la comunicación social” que considera innecesario cursar estudios de periodismo para ser comunicador y ejercer el trabajo de informar.
El proyecto podría acarrear la supresión de la ley de periodismo actual. Además, crea una instancia denominada colegio nacional de comunicadores sociales que por sus funciones podría sustituir al actual Colegio Nacional de Periodistas.
Mandatos opuestos. El texto, que consta de 18 artículos, señala que “la transmisión de información es una de las vertientes que enriquecen el ejercicio de la comunicación social” y que la colegiación profesional, exigida en la vigente Ley de Ejercicio del Periodismo “es contraria a la inteligencia, a la razón y al orden natural”.
El artículo 105 de la Constitución establece que “la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones para ejercerlas, incluyendo la colegiación”. Y el artículo 2 de la actual ley de periodismo estipula que para ejercer el periodismo se requiere un título universitario en periodismo o comunicación social y estar colegiado. Aunque Guisandes insistió en que su iniciativa “no implica la derogación de la ley actual, porque podrían coexistir”, si se aprueba la propuesta, tal como fue presentada, la ley vigente quedaría derogada de hecho, pues no puede haber en el mismo marco jurídico dos normas que contengan mandatos opuestos sobre el ejercicio de la profesión.
Acreditación. La propuesta Guisantes ampara a locutores, conductores de programas, narradores de noticias, talento creador de mensajes publicitarios y “a todo el que desde su ordenador y por las diferentes vías y maneras que este le permite” ejerzan la comunicación social, entre otros.
Los artículos 4, 5, 6, 7 y 15, y la disposición final, se refieren al colegio nacional del comunicador social, el cual acreditará a todos quienes quieran ejercer la comunicación social, incluidos los corresponsales internacionales. No se especifica el mecanismo de nombramiento de sus autoridades. Una “comisión promotora y organizadora de 25 miembros”, cuyo método de escogencia no se especifica, será la encargada de ponerlo a funcionar y redactar el reglamento.
“No es una ley punitiva y al contrario es una ley que protege al periodista o comunicador social de la acción penal y civil si emite una rectificación, pues se presume la buena intención”, matizó Guisandes.
Autónoma. Durante el debate Díaz aclaró que la iniciativa no era partidista y que se trataba de una idea promovida por Guisandes de manera autónoma. La parlamentaria anunció que el texto sería remitido a la Subcomisión de Medios para su revisión y observaciones.
Los diputados de oposición dijeron que estaban dispuestos y atentos a la orientación del instrumento. “Esperamos que la ley no desvalore una noble profesión como la del periodismo”, expresó Biagio Pilieri (MUD).
El proponente enfatizó que su idea nació de la preocupación de amparar a gran cantidad de personas que son comunicadores sociales autodidactas, que fue consultada y que goza del respaldo “de muchos periodistas, de muchos comunicadores y ha sido discutida con cantidad enorme de productores de TV”, de quienes no dio referencia alguna.
