El tipo de cambio se mantuvo igual en comparación al cierre del pasado jueves.
La cifra se ha mantenido en 49 bolívares desde el 31 de marzo del año en curso.
La sexy Brandi Brandt deberá pasar 6 años en prisión en EEUU por traficar cocaína desde Australia
Brandt, quien estuvo casada con el bajista de Motley Crue Nikki Sixx, se declaró culpable en abril de asociación ilícita para importar drogas. Los fiscales dijeron que fue parte de una mafia que escondió paquetes de cocaína en vuelos de pasajeros de Qantas y United Airlines de California a Sídney en 2007.
Empleados de una compañía de catering para aerolíneas presuntamente recolectaban los paquetes luego de que los aviones aterrizaran.
La ex modelo de 45 años, nacida en California, fue acusada de asociación ilícita para importar cocaína entre julio y diciembre de 2007. El viernes, el juez del Tribunal de Distrito Peter Zahra dijo que el papel de Brandt fue “sustanciamente menor” que el de otros involucrados.
El abogado defensor Phillip Boulten pidió misericordia al reconocer que Brandt había tomado algunas malas decisiones y argumentó que su clienta tuvo una vida difícil mientras crecía en el seno de una familia disfuncional.
“Ha sido duro para ella, tuvo una niñez bastante confundida”, dijo a la corte durante una audiencia este mes. “Consumía drogas de adolescente, su padre usaba drogas. (…) Ella imitó, en cierto modo, el estilo de vida de sus padres”.
En los años que pasaron entre la desarticulación de la red y su arresto y extradición a Australia en 2013, había reformado su vida, dejado las drogas y conseguido trabajo, dijo Boulten. “Es poco probable que vuelva a meterse en problemas”, añadió. Brandt será elegible para recibir libertad condicional en noviembre de 2016.
El hemiciclo del Palacio Federal Legislativo es la imagen que cualquiera pudiera tener al pensar en la Asamblea Nacional, sin embargo, el grueso del trabajo legislativo está en sus comisiones permanentes. Durante el primer período de sesiones del 2014 este trabajo fue deficiente, tal y como se puede recoger tanto en declaraciones de diputados, como en información oficial de los balances de gestión de enero a agosto.
De acuerdo al artículo 45 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento las comisiones permanentes (en total 15) se deben reunir al menos dos veces al mes, en las sedes de las comisiones. Esto se traduce que en los siete meses de actividad legislativa (desde el 5 de enero al 15 de agosto) cada comisión debió realizar al menos 14 reuniones.
No obstante, de las principales comisiones sólo dos cumplieron con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento. La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico superó con creces las 20 reuniones, impulsada principalmente por la necesidad de aprobar créditos adicionales que serían llevados a sesión plenaria, cifra que en total alcanzó los 194 créditos por un monto de 278,7 millardos de bolívares, monto equivalente al 50% del presupuesto nacional para el 2014.
Por su parte, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración cumplió con el mínimo al realizar 15 reuniones. En las mismas se aprobaron 12 leyes aprobatorias y se autorizó la designación de seis embajadores ante otros países.
En lo que respecta a la Comisión de Política Interior, durante el primer período de sesiones sólo se realizaron seis reuniones ordinarias. La Comisión de Contraloría sesionó en 10 oportunidades; la Comisión de Defensa también lo hizo en diez oportunidades; mientras que la del Poder Popular y Medios de Comunicación hizo efectivos 12 encuentros en su seno.
En una mesa de análisis parlamentario organizada por Cedice, el diputado Stalin González (UNT- Distrito Capital), coordinador de la bancada de la Unidad en la AN, criticó la labor que tuvieron la mayoría de las comisiones. Recordó que en algunos casos se instalaron apenas en marzo, las reuniones no fueron constantes e incluso hubo reuniones sin trabajo real y sólo se convocaron para pasar lista y sumarla al récord de asistencia, esto último en el caso específico de la Comisión de Defensa de la cual forma parte.
El Gobierno promueve desde las fuerzas oficiales el contrabando
Durante un recorrido realizado, este viernes, por el Centro Comercial El Varillal de la parroquia Cecilio Acosta de Maracaibo, el Secretario General Nacional de Primero Justicia y diputado a la AN, Tomás Guanipa, se pronunció en contra de las captahuellas que desde la semana pasada se usan en los establecimientos de venta de alimentos en el estado Zulia.
“La implantación de este sistema es una medida inconstitucional y humillante para el pueblo”.
Las captahuellas son una demostración clara de que el Gobierno no tiene otra forma como resolver los problemas del país sino ejerciendo el control de todo. “Es evidente que no saben cómo enfrentar la crisis económica que está viviendo el pueblo. Este es un mecanismo de control sobre los ciudadanos que lo único que genera es más daño y corrupción, y está destinado al fracaso. El Gobierno no está para distribuir miseria, sino para generar riquezas y distribuir el dinero y las oportunidades a todos los venezolanos por igual”, enfatizó el diputado, Guanipa.
Consideró que esta medida tiene que ser una razón para luchar y para generar un cambio que permita que los venezolanos tengan un Gobierno que sí respete a su pueblo. “Hay que avanzar en un clima distinto al que estamos viviendo. No más racionamiento ni persecución contra el venezolano, no más control contra un pueblo que tiene derecho a escoger que come, que toma y de qué forma se alimenta. Al Gobierno le decimos que estamos en las calles para impedir que las captahuellas sean implementadas y al pueblo venezolano, lo instamos a organizarse para que detengamos el avance de la cubanización de este país”.
Sentenció que todos tienen el derecho y la obligación de oponerse a esta medida. “Estamos recorriendo el país, cada sector, barrio y centro comercial donde exista un supermercado; para decirle al pueblo que por ninguna razón debemos aceptar tanta humillación. Es insólito que específicamente a los zulianos se les catalogue de contrabandistas por no tener que consumir dentro de su estado. El Gobierno ha acabado con la producción nacional y también con los dólares para comprar fuera de Venezuela lo que necesitamos, pero es el pueblo el que paga las consecuencias de tanta ineficiencia. ¡Esto es insólito!”.
Con respecto al cierre de la frontera, el diputado Tomás Guanipa enfatizó que es “increíble” que el Gobierno anuncie que ha cerrado 62 trochas en dos o tres días. “Eso es muestra de que conocen bien donde estaban y quienes utilizaban esas trochas. Saben perfectamente quienes permiten que pasen los alimentos de un lado para otro. No es más que la Guardia Nacional y el Ejercito Venezolano. Si es así ¿porque es el pueblo el que tiene que pagar los platos rotos del contrabando? Es el mismo Gobierno el que promueve desde las fuerzas oficiales el contrabando que está ocurriendo en la frontera del país”.
Falta de Producción
El justiciero sentenció que desde hace mucho tiempo Venezuela no produce lo que consume producto de las erróneas expropiaciones del Gobierno. “El Gobierno calificó las expropiaciones como una medida para defender la soberanía alimentaria, pero al final destruyeron todo el aparato productor de alimentos. Venezuela hoy tiene que comprar maíz en México, los granos en República Dominicana, la carne en Nicaragua y nada de lo que antes exportábamos, hoy se exporta. Es ridículo que el Gobierno saque un decreto para decir que no podemos exportar, cuando aquí no se está produciendo absolutamente nada. Esa es la razón por la que hoy quiere distribuir la miseria a través de una captahuellas”.
Por último, el parlamentario aseguró que la propuesta de Primero Justicia es lograr un país donde se pueda producir lo necesario para el consumo y abandonar la economía de importación. Agregó que han propuesto ante la AN una Ley de Producción Nacional que permita que los venezolanos puedan invertir en sus propias tierras. “Esa es una lucha que tenemos que dar todos los venezolanos podemos aportar al desarrollo del país, pero no lo podemos hacer con un Gobierno que siente como su enemigo a todo aquel que produce algo. Tenemos que luchar por ser un país que abastezca a su pueblo con todo lo que produce”.
Ante una audiencia formada por estudiantes, Vladimir Putin ha afirmado hoy que, aunque no quiere un conflicto, Rusia es una de las “potencias nucleares más poderosas”.
En un mismo día, Putin ha vuelto a llamar a la cúpula ucraniana a un alto el fuego, al tiempo que, en una intervención pública en un campamento de verano ha dicho a un grupo de estudiantes que “deben estar preparados para repeler cualquier agresión a Rusia“.
Así mismo, describió a los ucranianos y a los rusos como “prácticamente un solo pueblo”, a pesar de que Ucrania alcanzó la independencia con la disolución de la Unión Soviética.
Rusia sigue negando que sus fuerzas estén en territorio ucraniano prestando ayuda a los rebeldes prorrusos, que han proclamado la independencia de las regiones al este del país de Lugansk y Donetsk. La propia OTAN difundía ayer imágenes satélite que demostraban que tropas rusas estaban desplegadas en Ucrania.
“Los socios de Rusia deberían entender que es mejor no meterse con nosotros”, afirmó hoy Putin ante esta audiencia de estudiantes, frente a los que comparó el “asalto” de Kiev en Donetsk y Lugansk con el sitio nazi a Leningrado durante 900 días en el que murieron un millón de civiles, en lo que es, probablemente, la analogía más poderosa e impactante a la que se puede recurrir en Rusia.
“Pequeños pueblos y ciudades más grandes rodeadas del Ejército ucraniano, que está atacando áreas residenciales con el objetivo de destrozar sus infraestructuras. Me recuerda tristemente los acontecimientos de la 2ª Guerra Mundial, cuando los fascistas alemanes rodearon nuestras ciudades”, dijo Putin.
El presidente ruso afirmó que la única solución al conflicto era que Kiev negociara directamente con los rebeldes, algo a lo que el presidente ucraniano Petro Poroshenko se ha negado hasta ahora, alegando que no tienen legitimidad política.
Separatistas prorrusos aseguraron hoy haber derribado cuatro aviones de caza del Ejército de Ucrania en regiones del este del país, donde las partes libran los mayores enfrentamientos.
Según la fuente, los derribos dejaron muertos y heridos, si bien la información por el momento no fue confirmada por el gobierno central.
Los aviones, aseguran las filas separatistas, intentaron atacar posiciones del “Ejército de la Nueva Rusia” en la autoproclamada República Popular de Donetsk.
Desde el inicio del conflicto en las regiones este del país a mediados de abril se han registrado casi 2.600 muertos, informó hoy Naciones Unidas.
El ajuste rondará el 30% y será retroactivo al mes de mayo, aseveraron los confidentes, los cuales indicaron que en las próximas horas la medida será anunciada por la magistrada Gutiérrez.
Esta semana la Asamblea Nacional le aprobó al máximo juzgado del país un crédito adicional de 1.092 millones de bolívares para “cubrir los gastos del personal del Poder Judicial, que incluye incremento de salarios y homologaciones. Ello, cumpliendo con la aplicación del Decreto Presidencial N 935 sobre el aumento del 30% del salario mínimo mensual en el mes de abril de este año”.
Los fondos adicionales también serán para financiar obras de infraestructura y la dotación de los distintos tribunales.
Los sindicatos judiciales (Sintrat y Sountraj) tienen años exigiendo a las autoridades judiciales que se sienten con ellos a discutir la nueva convención colectiva, pues la última ya tiene siete años vencida. Sintrat realizó semanas atrás una marcha para exigirle al Ministerio de Planificación que presente el informe económico a la propuesta de contrato que presentaron para sentarse a negociar con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM).
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Los periodistas, por supuesto que el periodismo y los medios, siempre han estado en la mira del poder. No hay más que registrar la historia para darnos cuenta del papel que ellos han jugado, ya sea como actores sociales o asumiendo el papel de actores políticos, y comprobar la veracidad de esa afirmación. Los periodistas y los medios asumen compromisos con ciertas causas y hechos; esto hace que se transformen en espejo de la realidad social, política y económica, para convertirse en un actor histórico que pone en jaque al poder en cualquiera de sus formas. ¿Es esta la tarea que deben cumplir? Interrogante para el debate.
Lo que sí podemos afirmar es que el periodista y el medio forman parte de la vida pública y por lo tanto inciden en ella junto a otros actores como los políticos, la sociedad civil, las iglesias, las ONG, los sindicatos… Lo que ha venido ocurriendo, no solo en nuestro contexto, sino fuera de él, es que los media y sus periodistas han ocupado la vacante que dejaron otros actores-instituciones y además la ciudadanía –equivocadamente o no– les ha otorgado ese papel de comportamiento ante los diversos problemas públicos.
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Los tiempos que vivimos en el país han sido duros para los periodistas, pero también han sido tiempos difíciles para la industria de los medios. El gobierno de antes y el de ahora le han tenido y le tienen mucho miedo al periodismo porque desde él se transparentan los ineficientes manejos del poder, se proponen los hechos noticiosos de la agenda pública, determinan la deliberación social y ponen en evidencia el mal manejo de la cosa pública. Pero también los massmedia han distorsionado u ocultado información y han intentado ser, en ocasiones, un balance del poder haciendo selección y jerarquía de las noticias, incluso con formas de narrar que se alejan de sus obligaciones ético-políticas.
No es casual entonces que el 13 de agosto se haya presentado ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Comunicación Social. Antes de entrarle a algunos aspectos de ese proyecto, digamos que en la Venezuela del socialismo del siglo XXI hay más de veinte leyes que tocan el tema de la comunicación. Nos encontramos con instrumentos jurídicos que van directamente al tema de los contenidos de diversa temática (políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera), otro grupo que toca el mundo de las comunicaciones comerciales y, finalmente, unas leyes que soportan jurídicamente el llamado Estado comunal y que tienen incidencia en las comunicaciones en general. A manera de ilustrar, digamos que la AN en todo el año 2013 aprobó veinte leyes; 30 % de ellas (6) tiene que ver con el tema de las comunicaciones y sus profesionales.
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Cuando analizamos los contenidos del Proyecto de Ley de Comunicación Social hay que tener presente los referentes anteriores. Ese proyecto no puede ser visto de manera aislada. Los gremios periodísticos han llamado la atención en tres aspectos: el asunto de la colegiación, la Ley de Ejercicio del Periodismo y la formación académica. Ya en 2009 se planteó el tema. En aquel entonces dos diputadas, además periodistas, indicaron que se debía reformar la ley porque “es de vital importancia proyectar el ejercicio del periodismo en este proceso de transformación. Cómo deberíamos orientar una ley que pueda adaptarse a esta nueva realidad”.
El Proyecto de Ley de Comunicación Social vuelve a insistir en lo mismo, pero ahora va más allá. Para el proyecto “todos los humanos” somos comunicadores que debemos estar amparados porque el ejercicio de la comunicación “no puede estar restringido, y menos por una Ley, a un limitado número de personas” El tema radica en diferenciar comunicación de información. La información requiere de unas reglas de presentación, de codificación, de mediación, de producción social, en cuanto producto comunicativo de carácter público. Para ello es indispensable la formación universitaria que le otorga al futuro periodista-comunicador un conjunto de materias primas que le dan valor añadido al producto informativo.
Lo que sí es peligroso es lo que se cuela en el proyecto, y se formula en los artículos 17 y 18. Desde el artículo 17 el periodista no podrá escribir o difundir información sobre una persona sin que esta sepa qué se está informando sobre ella. Censura previa y autocensura. Y el artículo 18 nos dice que es “inexcusable” informar sobre “situaciones irrelevantes”. ¿Quién determina la irrelevancia de un hecho o de una información?
Hoy vivimos en el des-orden impuesto desde el poder que des-gobierna. Ese poder quiere seguir des-ordenando las comunicaciones más de lo que ya están. Esperemos que la sensatez que privó en el año 2009 se haga presente otra vez y se clausure cualquier debate sobre este Proyecto de Ley de Comunicación Social.
Marcelino Bisbal
