Ronna Rísquez
Maracaibo
“!El que no se registre no puede comprar productos regulados!”, advertía con determinación una empleada del supermercado De Candido del sector Indio Mara de Maracaibo, uno de los 36 establecimientos del estado Zulia que hasta la semana pasada habían instalado el Sistema Superior de Abastecimiento Seguro ordenado por el Ejecutivo Nacional.
En la entidad fronteriza el uso captahuellas para restringir la compra de 20 productos regulados no es una amenaza ni una promesa gubernamental. Los zulianos que deseen comer arepas de harina de maíz, usar champú para su aseo personal o ponerle pañales desechables a sus hijos tienen que colocar “voluntariamente” sus dedos índices en las captahuellas para registrarse en el sistema biométrico de alimentación, que comenzó como un plan piloto en la región el pasado 14 de julio, para combatir el bachaqueo.
“En realidad esto no es voluntario. No sé porque el Presidente dijo eso. Eso solo confunde al cliente y nos perjudica a nosotros”, aclaró una de las encargadas de coordinar el proceso de registro en el supermercado De Candido.
La mujer se refería al segundo anuncio sobre el tema hecho por el mandatario Nicolás Maduro, el 27 de agosto, en el que advirtió que el sistema biométrico sería “voluntario”. En una alocución previa, el 20 de agosto, el jefe de Estado había informado la entrada en vigencia del Sistema Superior de Abastecimiento Seguro “en todos los sistemas de distribución y comercialización, públicos y privados”. Posteriormente, el martes 2 de septiembre, explicó que sólo se aplicaría en las cadenas públicas y en los estados fronterizos.
“Los comerciantes tienen miedo de hablar. La instalación de las captahuellas no es voluntaria. Ellos están obligados a cumplir con las regulaciones emanadas de los órganos competentes del Estado. No se pueden negar, y si se niegan la situación es más complicada”, dice Gilberto Gudiño, presidente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia, organización que incluye entre sus agremiados a algunos supermercados.
Al sistema biométrico deben incorporarse los 23 miembros de la Asociación Zuliana de Supermercados y Autoservicios (Azusa) y además deben sumarse Farmatodo, Makro, Locatel y Bicentenario. Comenzaron con las sucursales de las cinco cadenas más importes de la región (De Candido, Enne, Centro 99, Súper Tiendas Latino y Supermart). “En el Zulia tienen que entrar todos los negocios que expendan productos regulados”, explicó una representante de la Azusa, que pidió no revelar su identidad. La fecha límite es el 30 de noviembre.
Para el diputado al parlamento regional, Eliseo Fermín, las captahuellas no son más que una mortificación para el ciudadano común “que quiere trabajar para su familia y el Estado no sólo no le garantiza ingresos adecuados sino que además lo trata como un delincuente”, señaló.
“Esto es una locura”, suelta un joven a la salida del supermercado que está en el Ipsfa. Luego dice su nombre y con inocencia revela que es sargento del Ejército: “Yo veo todo igual, sigue la escasez”. Su esposa, con su bebé en brazos, agrega que no se consiguen pañales y se lamenta porque no le permitieron registrar a su hermana adolescente (una chica de 17 años) que la ayuda con las compras.
El grupo familiar se retira del supermercado algo confundido y decepcionado con el procedimiento. Temen que por haber hecho ya la compra permitida por semana de algunos productos su registro quedará inhabilitado hasta la semana siguiente y esto les impedirá adquirir, incluso en otra tienda, los artículos que no encontraron, como los pañales. “Muchos usuarios tienen esa confusión, pero no es así. Solo se bloquea la posibilidad de comprar los rubros que ya adquiriste”, explica la encargada del proceso en De Candido.
Un sistema vulnerable para favorecer al “consumidor honesto”
La lista con los 20 productos regulados elaborada por la Gobernación del Zulia está pegada en las puertas de algunos establecimientos. En un comunicado dirigido a los supermercados, se explica que esta acción forma parte de la segunda ofensiva económica emprendida por el Ejecutivo nacional para “combatir el boicot contra la seguridad alimentaria con medidas que permitan a su vez garantizar a nuestros consumidores honestos acceder oportunamente a los alimentos y productos de su dieta diaria. En tal sentido se ha implementado un plan para regular la dieta de productos”.
En la misma misiva, firmada por Salvador González, Secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación, el ejecutivo regional solicita a los comercios la aplicación de “restricciones” de ventas de productos regulados y a continuación aparece la lista con los 20 rubros de la cesta básica controlados. Además se especifican las cantidades de cada rubro que cada consumidor podrá adquirir por semana, de lunes a domingo.
El compromiso es que cada supermercado instalé de 2 a 3 captahuellas por tienda, explica una representante de la Azusa. “Es falso que estamos trabajando con la data del CNE”, asegura y agrega que cada el usuario debe registrarse con su huella cada vez que va a comprar productos regulados y en cada uno de los supermercados que visite.
Esto significa que el sistema de captahuellas no está interconectado ni siquiera entre las distintas tiendas de una misma cadena. Sin embargo, con la cédula de identidad los supervisores de caja sí pueden verificar qué productos, en qué automercados y en qué fecha fueron adquiridos por el usuario. Por lo que la captahuella funciona más como un mecanismo de intimidación para erradicar una práctica común entre los bachaqueros, como es el uso de distintas cédulas de identidad (falsas incluso) por parte de una misma persona para hacer varias compras.
Pero el nuevo sistema abre otro potencial mecanismo de corrupción. Los cajeros de los supermercados tienen la facultad de registrar y modificar los datos de identidad del usuario. Y fueron detectados los primeros casos de registros fraudulentos que involucran a un cajero de una tienda ubicada en la zona norte de Maracaibo.
Jairo Ramírez, secretario de Seguridad y Orden Público del estado Zulia, informó este fin de semana que fueron detenidas dos personas por intentar violentar el sistema biométrico mediante la usurpación de identidad. Un cajero de un supermercado registró con su huella la cédula de identidad de otra persona, mientras que un usuario registró tres números distintos de cédula con su huella. “La revisión oficial identificó que el 22 de agosto a la 1:48 de la tarde se presentó la irregularidad”, dijo Ramírez. Sin embargo, la ilegalidad se detectó el viernes 5 de septiembre, luego de una auditoría.
Limitando el consumo
El Secretario de Seguridad y Orden Público informó que 88.470 personas se habían registrado con sus huellas a mes y medio del inicio del programa. Esto representa aproximadamente 2% de la población del estado Zulia que es de 4.023.446 habitantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística utilizadas por el CNE en las elecciones municipales de 2013.
La mayoría de las personas consultadas expresaban su desagrado por tener que registrarse en el sistema, pues no creen que sirva para acabar con el contrabando, y les preocupa que sí limita sus consumos. “Creo que no es la solución. Al final los bachaqueros se valen de cualquier cosa para obtener y llevarse los productos”, dice Milagros, mientras hace cola para registrarse en una de las dos cajas habilitadas en Centro 99 de San Jacinto.
“Las captahuellas no nos van a reducir las colas ni a limitar el contrabando. El Gran negocio no está en la captahuella. El gran negocio aquí es sostener el contrabando. Lo que están haciendo es limitar el consumo al ciudadano para seguir llevándose los productos”, dijo el diputado Eliseo Fermín.
Con esa apreciación coincide Migdalia Villasmil, quien es comerciante: “Esto es un atraso en todos los sentidos y me molesta hacerlo. De alguna manera te están obligando a regístrate porque sino no puedes comprar. Además eso no va a ayudar a que se acabe la escasez ni el bachaqueo. Es falso”.
Aunque los empleados de los supermercados aseguran que las colas de bachaqueros para comprar productos de la cesta básica han bajado un poco desde que comenzó a aplicarse el sistema, pero admiten que el procedimiento genera fuerte congestionamiento en las tiendas cuando llegan los productos más demandados. Explican que cuando un consumidor intenta adquirir más productos regulados de los autorizados por la gobernación el sistema arroja un mensaje: “Ha excedido el límite de compra”.
